Nuestro señor rector, maestro de generaciones universitarias, académico indiscutible, cabeza visible de lo mejor de nuestra alma mater; cuyos libros han sido y son marco directriz de incontables tesis de grado e investigaciones; el mismo que asumió la defensa de la Universidad para todos, en contra de ambiciones oscurantistas; ha sido en esta ocasión, el blanco escogido para afrentar a la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Nos referimos a los escándalos que estos días generaron las denominadas protestas, de las que se ocupa ávidamente  cierta prensa vetusta, a la par que blogueros de conocida tendencia anti democrática y discriminatoria, cuyas motivaciones y/o ambiciones son muy evidentes. Al respecto, debemos recordar, que protestar no puede significar querer tomar una Universidad o parte de su campus de estudios, ni impedir la entrada a los demás miembros de la comunidad universitaria o coaccionar a alguien. Y eso es precisamente lo que han hecho, los señores que pretendiendo cobijarse en sus reclamos, hace unos días interceptaron, trataron de cerrar el paso e impedir el libre tránsito del legítimo rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor Marcial Antonio Rubio Correa.

Se podrá decir  que habría existido una política de cobros excesivos, que no se ceñían a la tasa fijada por la ley de Protección Familiar 27665, respecto a las moras o sobrecargas impuestas por los retrasos o incumplimientos del pago de las pensiones; pero es justo mencionar, en primer lugar a la Autonomía Universitaria, que tiene basamento constitucional y legal y ampara la toma de una decisión de tal  naturaleza,  debidamente ponderada, frente a las necesidades económicas que tuvo que afrontar la PUCP  y en segundo lugar se debe recordar: que la matriz de estos problemas está en la inclemente asonada judicial que fue promovida por sectores ajenos, interesados en tomar el control de la universidad. En este orden de ideas, desde el Equipo Rectoral, a los decanos, profesores y alumnos, todos asumieron estas medidas de urgencia, pues eran vox populi conocida en la universidad y todos tuvieron que cerrar filas, ante la  grave situación creada por la arremetida judicial que sufrió  la PUCP  y  ahora no se puede pretender responsabilizar exclusivamente a la cabeza institucional. Siendo la situación así, cabría hacerse una pregunta vital: ¿cuál sería la política de pensiones, que asumiría un eventual gobierno rectoral de la PUCP, encabezado por sectores verdaderamente autoritarios y elitistas? La cruda realidad nos responderá. El futuro de la PUCP  y de su proyecto humanista, por ello mismo científico y sinceramente democrático,  parece estar lamentablemente en  entredicho.

En cuanto a los vejámenes sufridos por el señor doctor Marcial Rubio Correa, acciones así, como todos sabemos, no constituyen modos legítimos de protestar. Son actitudes de fuerza, de imposición violenta, conductas que solo pueden proceder de concepciones no razonables del mundo y del comportamiento social. Allí están las fotos que perennizan los atropellos perpetrados contra los derechos y la dignidad del maestro Marcial Rubio. Sobre lo cual es imprescindible que se pronuncien todos: autoridades, profesores, alumnos y ex-alumnos. Más aún, si los 15 Decanos de las Facultades de la PUCP, en un reciente comunicado, publicado esta semana,  han reafirmado que: “la formación ética y ciudadana”, constituye “un principio central” del modelo educativo vigente en la Universidad.  Y en este caso, las conductas desplegadas  por un grupo de estudiantes, en perjuicio del señor Rector  y de otras autoridades de la PUCP, no solo son faltas o infracciones gravísimas, que transgreden brutalmente los reglamentos o estatutos universitarios y por tanto  ameritan un proceso disciplinario inmediato; sino que configuran hechos ilícitos que se encuentran expresamente  previstos y sancionados por el Código Penal. Siendo que desde el punto de vista ético y  moral, delinean una afrenta injustificable, para nuestra Casa de Estudios y para todos los que conformamos la comunidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Al término de la redacción de estas lineas, el doctor Marcial Rubio Correa habría renunciado al cargo de Rector. Personalmente, consideramos ello, como la máxima demostración  de ética y dignidad, proveniente de un maestro que ha sido agraviado alevosamente. En consecuencia, conforme a una necesaria proporcionalidad, para poder resarcir debidamente a la Pontificia Universidad Católica del Perú, es justo que los responsables de la agresión sufrida por tan noble maestro, sean debidamente procesados y sancionados, conforme a los estatutos universitarios, sin perjuicio de la sanción penal a que hubiere lugar.