El tamaño del parque automotor de Lima Metropolitana es actualmente de más de 1.5 millones de vehículos, y está creciendo a una tasa anual de 15%, la cual –de mantenerse- hará que dentro de 5 años el número de unidades se duplique a 3 millones.

En gran medida como resultado de este crecimiento del parque automotor, han surgido una serie de problemas que hoy parecen imposibles de resolver; problemas tales como la lentitud del tráfico, el agravamiento de la contaminación ambiental, y el aumento del número de accidentes provocados básicamente por los conductores (la gran cantidad de “rompemuelles” en la ciudad nos dice de la poca disposición de los conductores para respetar voluntariamente las reglas de tránsito).

Esta situación resulta en parte del hecho que, por mucho tiempo, se ha incentivado el uso de vehículos motorizados mediante las normas de tránsito, la provisión de infraestructura (puentes peatonales), y otras reglas de juego (importación de vehículos usados; pasajes escolares y universitarios).

La gravedad de los problemas asociados a la circulación de un elevado número de vehículos motorizados ha llevado a muchas ciudades en el mundo a tomar una serie de medidas, tales como prohibir la circulación de vehículos por cierto número de días a la semana, o por su antigüedad, buscando de esta manera reducir el tráfico de vehículos.

Sería más eficiente, sin embargo, reducir el tráfico de vehículos motorizados aumentando el precio del combustible, instalando parquímetros, castigando con más rigor las infracciones de tránsito, haciendo más rigurosas las revisiones técnicas, etc.

Pero más eficiente aún sería promover el uso de medios alternativos, no motorizados, de transporte urbano, tales como la bicicleta. De hecho, en grandes urbes alrededor del mundo (sobre todo en Estados Unidos y en Europa), no solamente se ha levantado infraestructura sino también se han implementado programas especiales, tales como el alquiler compartido de bicicletas como una manera de facilitar su uso.

Si bien proveer la infraestructura apropiada –ciclovías, barras de aseguramiento de bicicletas, etc.– y tomar otro tipo de medidas puede ser muy útil, la mejor manera de promover el uso de la bicicleta es hacer que los niños y jóvenes descubran la magia del ciclismo, y eso no debería ser difícil en una ciudad como Lima, pues –por sus características naturales– Lima es un paraíso para el ciclismo: la ciudad es básicamente plana, no llueve, no corre viento, no hace ni el frío ni el calor que hace en casi cualquier otro lugar del mundo, y no existen cambios abruptos en el estado del tiempo.

En estas circunstancias, puede ser muy fácil lograr que muchos jóvenes sueñen con volverse ciclistas profesionales, simplemente haciéndoles montar una bicicleta de buena calidad, bien preparada y con ruedas de alta presión para que descubran que pueden pedalear, en una superficie plana y con la ropa adecuada, a una velocidad de 25km/h, sin mayor esfuerzo y sin cansarse. Y esas pruebas deberían ofrecérseles en los colegios.

El problema es que los colegios no tienen ni una sola bicicleta, ni proveen a los jóvenes de ningún tipo de educación ciclística, en que se
les enseñe a dar importancia al buen mantenimiento de sus bicicletas en cuestiones tales como el balanceo y la presión de las llantas, la altura correcta del asiento, la distancia apropiada entre el timón y el asiento, o la geometría y rigidez del cuadro o chasís de sus bicicletas en general. Ni siquiera se les enseña sobre el uso correcto de sus bicicletas, particularmente de los cambios de velocidad. De esta manera, los jóvenes en Lima no solo montan bicicletas de mala calidad y pésimo mantenimiento, sino que ni siquiera las usan bien.

Tenemos también el tremendo problema de que el ciclismo ha desaparecido como deporte en el Perú, y ya no se realizan las competencias que había en el Campo de Marte de Jesús María, y en el velódromo de San Martín de Porres. Es más, el ciclismo prácticamente no existe en los programas deportivos de la televisión.

Otro gran problema es la seguridad de los ciclistas, pues a los conductores no se les enseña a respetar a los ciclistas, y su reacción frente a un accidente que lastime a un ciclista es simplemente darse a la fuga. Es más, en el proceso de emisión de licencias de conducir por el Touring Club ni siquiera se advierte a los conductores sobre las precauciones que deben tomar en relación a los ciclistas.

Por último, debemos tener en cuenta que la bicicleta es el medio de transporte que le corresponde al 80% de la población limeña por su nivel de ingreso, la cual podría llegar de sus hogares a sus centros de estudio o de trabajo más rápidamente que usando el transporte público –y, de paso, entreteniéndose y ejercitando para mantener un buen estado físico.

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La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, acusó hace unos días a los países ricos de estar desarrollando un “tsunami monetario”, y expresó su preocupación por las políticas monetarias expansivas de esos países, sus bajas tasas de interés, y su afán por devaluar sus monedas. Ello es confirmado por el aumento récord de 20% de la oferta de dinero (M1) por la Reserva Federal el año pasado, el reciente incremento por un total de $1.43 billones (millones de millones) de fondos de rescate por el Banco Central Europeo y el FMI, y la resistencia de los gobiernos europeos a equilibrar sus cuentas fiscales.

¿Qué exactamente buscan con ello, y por qué puede ser esto un problema para otros países? Las respuestas pueden no ser muy sencillas, dado lo complicado de los problemas que están detrás. Podemos decir, sin embargo, que son dos los objetivos básicos que se persiguen o se deben perseguir: ordenar los mercados financieros y cerrar algunos desequilibrios fundamentales.

Para ordenar los mercados financieros es necesario primero repartir entre los bancos y los deudores las pérdidas económicas causantes de –y causadas por– la crisis. Y el reciente caso de Grecia es un ejemplo muy claro de ello: los bancos han tenido que negociar con Grecia qué porcentaje de la deuda debían condonar para evitar que el país se declare en quiebra (dejase de pagar).

El monto gastado hasta ahora para rescatar la economía mundial es estimado en $14 billones (unas 80 veces el PBI peruano), y nos da una idea de la magnitud de esas pérdidas, provocadas en gran medida por la desregulación, la financiarización y la globalización de los últimos 30 años, fenómenos que facilitaron un enorme crecimiento y mayor sofisticación de los mercados financieros, pero también dificultaron tremendamente su administración.

Actualmente, el problema básico detrás del desorden financiero es la carga de deuda que agobia a los sectores públicos y privados en muchos países ricos, sobre todo Estados Unidos y los países de Europa Occidental con la excepción de Alemania, deuda que está en manos de China, los Tigres Asiáticos y los países exportadores de petróleo.

Un problema con los mercados financieros es que lo que es un activo para unos es un pasivo para otros, por lo que su crecimiento puede agilizar el funcionamiento del sector real de la economía, pero no constituye por sí solo un aumento de la riqueza neta de un país. De esta manera, estos mercados deben sufrir graves problemas si esos activos (y pasivos) terminan por estar distribuidos de una manera totalmente dispareja. Y eso es lo que ha terminado por ocurrir durante los últimos 30 años.

Tomando en cuenta que la deuda pública –que no es (o tiene que ser) igual a la deuda externa de un país– de muchos países ricos sobrepasa el 100% de su PBI, y dado que las tasas nominales de interés ya no pueden caer más, se requiere ahora aumentar los niveles de precios para reducir tanto el valor real de la deuda como el costo de su servicio. Economistas tan destacados como Paul Krugman y Kenneth Rogoff han coincidido hace poco en reconocer que puede ser necesario un poco de inflación. Y aumentar la oferta de dinero es una manera de lograrlo. Esta salida es una manera de hacer que los acreedores (o ahorristas) a nivel mundial paguen una parte del costo de la crisis.

Pero tanto o más necesario que ordenar los mercados financieros es corregir algunas distorsiones de precios, con el fin de eliminar algunos desequilibrios fundamentales que afectan actualmente la economía mundial, el más importante de los cuales son los déficits en Cuenta Corriente que los Estados Unidos ha mantenido por tres décadas. Devaluar el dólar en términos reales es una forma de lograr ese objetivo, pero eso va a ser muy difícil de lograr dado que requiere que la tasa de devaluación sea mayor que la de inflación, lo que a su vez requiere una menor demanda mundial por dólares.

Otro desequilibrio fundamental es el que en la literatura económica se denomina “exceso global de liquidez”, y que se refiere al crecimiento desproporcionado de la liquidez mundial con relación al valor nominal del producto mundial, y que se refleja en la caída de las tasas de interés, lo cual a su vez induce un manejo muy relajado de los fondos financieros. Este es un problema que se va a complicar si Estados Unidos sigue aumentando su oferta de dinero sin producir una devaluación del dólar; o sea, sin lograr que baje la demanda por su moneda.

Debemos notar que este exceso global de liquidez fue alimentado en gran medida por el creciente endeudamiento (déficits en Cuenta Corriente) de Estados Unidos, a su vez hecho posible por un sistema monetario internacional asimétrico, donde la creciente demanda mundial por liquidez se traduce en una mayor demanda por dólares y valores norteamericanos (en lo cual el Banco Central peruano ha puesto su granito de arena acumulando más de $50,000 millones en reservas internacionales durante los últimos 20 años). Esto sugiere la necesidad de reformar el sistema monetario internacional, de tal forma que la liquidez global sea administrada por consenso internacional.

Pero también debemos tomar en cuenta que la caída en las tasas de interés asociada al exceso global de liquidez refleja al mismo tiempo el hecho que los sectores reales de las economías no encuentran la manera de hacer un uso productivo de los fondos de inversión. Ello obviamente tiene que ver con la caída en la competitividad de los países ricos con relación a las economías emergentes. Es necesario, entonces, que los países ricos aceleren su progreso tecnológico, bajen sus salarios reales y reduzcan el poder monopólico de las grandes corporaciones. Obviamente, eso no es nada fácil.

Finalmente, debemos hacer notar que aun cuando se tomen las “medidas correctas”, el proceso de recuperación no va a ser fácil. Hay mucho dinero que ya se ha perdido, y ahora hay que pagar por ello (y encontrar quién lo va a hacer). Debe también estar claro que si no se toman las medidas correctas, ello no debe implicar necesariamente una gran hecatombe, pero sí un crecimiento vegetativo de la economía mundial por mucho tiempo.
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El presidente Humala parece haber decidido renegar de sus promesas electorales concernientes a la consulta previa a que iban a estar sujetos los grandes proyectos mineros en el país. La declaración del estado de emergencia en Cajamarca así lo revela.

Esto no es algo que debe llamarnos la atención. Ya tuvimos dos casos de “cambio de opinión” de candidatos, con Fujimori en 1990 y con García en el 2006. La clase propietaria peruana no necesita sacudirse de su indolencia política para tener el gobierno que más apetece. Solo tiene que “palabrear” al candidato ya elegido.

Tampoco nos debe llamar la atención la insistencia de Yanacocha en llevar adelante un proyecto que enfrenta la férrea oposición de la población. El aumento del precio del oro hace que la rentabilidad del proyecto haya subido de manera extraordinaria.

Tampoco nos debe llamar la atención la actitud general de la prensa peruana, que usa el término “antiminero” para referirse a la población opuesta a la actividad minera, en contraste -por ejemplo- con el uso de la expresión “nuclear activists” empleado por la prensa europea para referirse a los movimientos opuestos a la expansión de la red de plantas nucleares. Si para la clase propietaria no es muy difícil convencer a un presidente, ganar la simpatía de los medios de comunicación debe ser algo muy sencillo.

Lo que sí podría llamarnos la atención es la antipatía general de los pueblos de la sierra hacia las grandes empresas mineras. Sin embargo, las razones también son aparentes.

Una de ellas son los costos ambientales de la minería, sobre todo en perjuicio de la agricultura. Y comparado con los costos ambientales, el valor agregado que las empresas mineras dejan es muy pequeño. La población es consciente de los grandes beneficios obtenidos por las mineras y siente que no está recibiendo la parte que le corresponde. Este asunto gana importancia como consecuencia del aumento de las expectativas del público como resultado de la elección de Humala. Fenómenos de este tipo son muy temidos por las clases propietarias de todo el mundo.

Existe una antigua tradición entre los pequeños mineros en el Perú de “pagarle” al cerro del que van a extraer el mineral, con el fin de ganar su simpatía y poder llevar adelante sus labores provechosamente. Se suele, por ejemplo, enterrar en el cerro algún animal preparado que sirva de alimento al cerro. Es posible que la tradición haya sido originalmente sugerida por los pobladores de la zona –ansiosos por también beneficiarse de la extracción de recursos que consideraban suyos–, los cuales durante la noche desenterraban el regalo para su propio consumo. Las empresas mineras deberían seguir ese ejemplo, pagando mayores salarios, construyendo infraestructura, colegios, hospitales, etc., en las zonas donde desarrollan sus actividades.

El país debe tomar en cuenta que ni siquiera necesita que el oro sea extraído para aumentar su riqueza. Dejando al oro en sus yacimientos el país ya está ganando dinero, pues el valor de nuestras reservas va subiendo con el aumento del precio real del oro en los mercados internacionales.

También debemos ser conscientes que la amenaza de las mineras de llevarse su dinero del país no puede tomarse en serio, pues simplemente no tendrían adónde llevarlo. Si hay algo que sobra en todo el mundo en estos momentos son fondos de inversión. Lo que falta, más bien, son oportunidades de inversión rentables.
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¿Han escuchado alguna vez de algún individuo que se acerque a una farmacia y pida ¼ de kilo de Viagra? Probablemente no. Ningún hombre necesita una dosis tan elevada del producto para llevar adelante su actividad sexual satisfactoriamente. Existe, sin embargo, la posibilidad de que el individuo exista. Podría, por ejemplo, querer dar la impresión que tiene una profusa actividad sexual. Lo más probable, sin embargo, es que piense que requiere una dosis muy alta para poder cumplir a plenitud con su mujer; e incluso la idea podría haber sido originalmente de ella. Pero, obviamente, tal dosis podría ser peligrosa para él (no digamos para ella también).

La acumulación de $50,000 millones de reservas internacionales por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), un nivel nunca antes alcanzado por el Perú, sea en términos absolutos o relativos, refleja una actitud similar a la del tipo que quiere comprar ¼ de kilo de Viagra en la farmacia. Efectivamente, aunque el BCR esgrime varios argumentos buscando justificar la acumulación desmedida de reservas –como veremos–, ninguno de ellos es válido, ni compensa al país por los costos y riesgos que dicha acumulación implica.

El principal argumento a favor de dicha acumulación es que ésta es necesaria para “blindar” la economía peruana frente a las vicisitudes de la economía mundial, esto es, de la posibilidad de que caigan los precios de nuestras exportaciones –básicamente minerales–, o de que se origine una repentina y masiva fuga de capitales del país. Sin embargo, no es razonable pensar que dichas eventualidades vayan a presentarse.

En primer lugar, la probabilidad de una caída significativa de los precios de los minerales en un futuro cercano (y lejano) es muy baja, dada la tendencia al alza de dichos precios en los mercados internacionales; también del hecho de que no se ha dado una burbuja de precios luego de la caída del 2008; y también porque el rol de Asia –y de China en particular– como importadores de minerales durante la última década ha estado creciendo a costa de Estados Unidos y Europa, que son las dos regiones más afectadas por la crisis mundial.

En segundo lugar, la probabilidad de que ocurra una fuga de capitales como resultado de trastornos de la economía doméstica, es también exigua. De hecho, las bajas tasas de retorno y los altos niveles de riesgo en los mercados financieros de Estados Unidos y Europa, provocarán más bien un influjo de capitales hacia nuestros países en un futuro no muy lejano. O sea, aun cuando tuvieran muchas razones para abandonar el país, los capitales no saldrían porque no tienen adónde ir.

En todo caso, con políticas mucho menos costosas –alternativas a la acumulación de reservas– se pueden evitar los flujos súbitos de capitales –y no solamente sus consecuencias. Una de ellas es la introducción de un impuesto a las transacciones financieras, tal como fue sugerido originalmente por James Tobin, Premio Nobel de Economía, con el fin de restringir los flujos de fondos especulativos de corto plazo. Este tipo de impuesto, tal como nos hacía notar Paul Krugman recientemente, es aplicado incluso por dos países que son considerados como los de mayor libertad económica en el mundo, como son Hong Kong y Singapur. De manera similar, existen otros instrumentos alternativos que se pueden usar con el propósito de atenuar la volatilidad excesiva de los flujos de capital. Entre ellos podemos mencionar la tasa de interés de referencia del BCR; el límite máximo de fondos a ser invertidos en el extranjero por las Administradoras de Fondos de Pensiones; el requerimiento de reservas por depósitos bancarios en moneda extranjera; etc.

Otro argumento con que el BCR justifica un elevado monto de reservas es que eventualmente necesitará usarlas para atenuar la volatilidad del tipo de cambio mediante su intervención en el mercado cambiario. Sin embargo, es discutible que se necesite un monto tan elevado de reservas para cumplir con tal propósito, pues –por ejemplo– los Bancos Centrales de Chile y Colombia, países que tienen sectores externos mucho más grandes que el Perú tienen un menor volumen de reservas. En efecto, mientras que las reservas internacionales del Perú representan actualmente un 80% del valor total de su comercio exterior –valor de las exportaciones + importaciones anuales de bienes y servicios–, en el caso de Chile equivalen a solo 25%, mientras que en el caso de Colombia equivalen al 48%.

En todo caso, la acumulación de reservas que ha resultado de la intervención del BCR en el mercado cambiario no puede ser presentada como el resultado de una política de reducción de la volatilidad del tipo de cambio, pues en dicho caso el nivel de reservas pudo haberse mantenido básicamente constante. Es obvio que la intención ha sido más bien evitar la revaluación del sol, esto es, la devaluación del dólar.

Otro argumento usado para justificar el elevado nivel de reservas es que la dolarización de la economía así lo requiere. Sin embargo, la dolarización es precisamente una de las razones por las cuales el país requeriría de un menor nivel de reservas para enfrentar una eventual fuga de capitales. Efectivamente, una fuga de capitales debe generar una menor demanda por moneda extranjera si parte de los fondos ya están inicialmente denominados en dólares. Debe entenderse, pues, que la dolarización de la economía no necesariamente implica una mayor demanda, pero sí una mayor oferta de moneda extranjera.

Pero la obsesión por acumular reservas –que recuerda las políticas mercantilistas de las potencias coloniales europeas a lo largo de tres siglos– no solamente es injustificable, sino que tiene importantes costos para el país. ¿Cuáles son esos costos?

Un primer costo, resulta del hecho que gran parte de que esos $50,000 millones son invertidos por el BCR en el extranjero en activos líquidos que ganan intereses muy bajos, y negativos en términos reales. Además, en gran medida tales activos están denominados en dólares o en euros, lo cual es muy riesgoso por la tendencia a la baja de dichas monedas. En el caso del dólar, el principal interesado en devaluar dicha moneda es el mismo gobierno norteamericano, pues ésta podría ser la única forma que encuentre para cerrar su déficit en cuenta corriente y pagar su deuda pública. En el caso del euro la situación es más complicada, pero similar.

Además, los valores que conforman nuestras reservas internacionales son, a final de cuentas, dinero que nuestro país presta a los países ricos. Y ha sido el mismo presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Ben Bernanke, quien ha mostrado su preocupación por la gran disposición que mantienen nuestros países para prestar dinero a los países ricos, que ahora no tienen con qué pagar sus deudas. Y a ese problema ha contribuido del BCR con su granito de arena.

Un segundo costo resulta del dólar sobrevaluado con respecto a su valor de libre mercado –producto de la acumulación de reservas por el BCR–, y es que contribuye a aumentar las sobreganancias de las corporaciones mineras (y de las mafias de narcotraficantes), a las cuales el Estado luego se niega a cobrar los impuestos que les corresponde pagar por rentas que resultan de la extracción de productos mineros que mantienen altos precios en los mercados internacionales. Y ello expensas del agotamiento de nuestros recursos naturales.

Un tercer costo concierne los elevados costos de administración de dichos fondos; y la depreciación del dólar y de las monedas de los demás países ricos, monedas en las cuales están denominados los valores incluidos en dichos fondos.

Pero el costo más importante del mantenimiento de las reservas es el costo de oportunidad. Efectivamente, invertir por lo menos parte de ese dinero en infraestructura, salud y educación en nuestro país sería no solamente mucho menos riesgoso sino también mucho más rentable. La situación actual es solo una manera de mantener nuestros recursos ociosos (¿recuerdan al “perro del hortelano”?).

Se podría objetar nuestra propuesta argumentando que los dólares que conforman las reservas en realidad no pertenecen al BCR, por lo que no podrían ser gastados. Pero del total de reservas, más de $30,000 millones conforman la posición de cambio del BCR, que excluye sus obligaciones en moneda extranjera con los bancos locales y otros agentes domésticos.

Otra objeción sería que gastar (invertir) parte de las reservas podría causar inflación. Pues, para empezar, cualquier tipo de inversión, incluyendo la inversión extranjera, al aumentar la demanda agregada, es potencialmente inflacionaria, por lo que el riesgo inflacionario no puede ser una razón para oponerse al aumento de la inversión. Lo importante es cuál es el gasto que se realiza y cómo es éste financiado. Además, si se deja de comprar dólares y de acumular reservas, el efecto depresivo sobre el tipo de cambio contribuiría a contener las presiones inflacionarias.

No hay, pues, razones válidas para mantener un nivel tan alto de reservas, no solo porque dicha política es costosa y riesgosa, sino también porque implica mantener ociosos nuestros propios recursos.

Ante argumentos que apelan a nuestro sentido común, ¿cómo explicar, entonces, la política obstinada del BCR de acumular más y más reservas? Ya hemos indicado que dicha acumulación tiene que ver –en parte– con la intervención del BCR en el mercado de cambios con el propósito de prevenir la revaluación del sol. Otro propósito, aún más importante, es ganar la simpatía y la confianza de los grandes bancos y corporaciones internacionales, así como de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a quienes les interesa sobre todo nuestra capacidad para cumplir con nuestros acreedores.

De esta manera, el rol de estos bancos internacionales y organismos multilaterales es similar al de la mujer que sugiere al individuo comprar ¼ de kilo de Viagra.
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It has been announced that the new Peruvian government has begun negotiating with mining corporations concerning windfall taxes on extractive industries, currently profiting from the continuous increase of mineral prices in global markets, but that –anyway– remain unwilling to accept any tax increases.

When studying production, international trade and general equilibrium, neoclassical economic theory does not generally distinguish between renewable and non-renewable resources and, apparently, we should not be able to find solid arguments in favor of higher taxes –or a different tributary regime, in general– to be applied to corporations exploiting non-renewable resources.

However, I will try to suggest here some arguments in that sense. A first question to be considered is that the difference between exploiting renewable and non-renewable resources is analogous to the difference between renting and selling a property: when renting a property we remain the owners of the property at the end of the renting contract, which is not the case when we sell it. In effect, although the business press typically uses the term “production” when referring to the extraction of non-renewable resources, it is clear that such resources cannot be produced, and are depleted by their exploitation.

A second question to be considered is that the extraction of non-renewable resources is a case of intergenerational trade: if we consume our non-renewable resources now, future generations will not be able to do the same. Obviously, it can always be argued that we can presently invest the revenue acquired by extracting those resources, thus allowing future generations to enjoy at least part of the benefits. However, there is not only the problem that we will not necessarily invest those resources in a productive way, but also the fact that it would be impossible to find a sensible way to distribute those benefits among different generations.

Going to the point, it is important to understand that a concession to a foreign company for exploiting renewable resources is equivalent to renting a property for which we receive periodical payments, and regain control of the resource at the end of the contract. We can be certain that such operation will have a positive return as the discounted value of the periodical payments will necessarily be larger than zero for any positive discount rate (we are assuming here that the resource does not suffer any deterioration during the concession period).

On the other hand, a concession to a foreign company for exploiting non-renewable resources is equivalent to selling a property for a given price (payment). In order to make the comparison easier, we can assume that the payment is made through a period of time. In this way, we can say that the operation will have a positive return only if the discounted value of those payments is larger than the current value of the resources being sold, and this cannot occur for any positive discount rate.

As we can see, even if we cannot directly compare the rates of return of both operations – to begin with, we do not have the current value of the non-renewable resources being sold, although we are assuming it is positive– we can be certain that the rate of return of the concession of non-renewable resources will not necessarily be positive. Thus, higher taxes on these operations can be seen as a way of increasing the probability we will obtain a positive return.

But we can find even additional reasons for higher taxes to be charged on corporations operating in the extraction of non-renewable resources. One of them is the low domestic value added they generate because of their use of capital-intensive technology –that reduces the demand for labor and, thus, the amount of wages they pay– and the fact that they are usually foreign-owned –which lowers the amount of profits that remain in the country.

Another reason has to do with the environmental damages caused by extractive industries, which imply that the final domestic value added is actually lower, as it is necessary to subtract the cost of fixing such damages. This fact is behind the numerous uprisings of Andean communities in Southern Peru rejecting the entry of mining corporations into their lands.

One more reason is that taxes are usually charged on the corporations’ profits, which can be easily undervalued by the manipulation of transfer prices. Besides, although an exchange rate revaluation is usually brought about by higher export revenues (the “Dutch disease”), which can have a negative effect on their profits –and those of other businesses in the tradable sector of the economy–,central banks’ intervention in foreign-exchange markets usually seek to revert such effect.

One final reason is given by the fact that the prices of minerals and other natural resources will most likely keep on going up because of the larger demand that results from the growth of emerging economies and their closer integration to the global economy; and the higher taxes would be a way for developing countries to receive a fair share of the earnings.

Transnational corporations operating in this business have their own counterarguments. The stability-of-the-rules argument is fallacious and used by them because they currently enjoy favorable tributary conditions, and would not be used otherwise. In any case, rich countries have found in the signing of free trade agreements –negotiated bilaterally– an effective way of protecting the interests of their corporations by including this issue among the clauses of those agreements.

The country-risk argument –or the threat of capitals moving out of the country if taxes are increased– is simply nonsense. First, because exporting developing countries can reach agreements concerning similar tributary regimes on extractive industries. Second, because it would be very difficult for those corporations to find alternative activities in which they would be able to obtain the same -or higher- profit rates, as a global depression of such rates is currently being observed.

Because of the support foreign corporations receive from the domestic private sector and corrupt politicians –something that increases their negotiating power– it usually results cheaper for them to defend their interests spending in propaganda, instead of agreeing to pay more taxes or investing in the protection of the environment.

The fact that during the recent presidential campaign in Peru all main candidates expressed their support –some of them perhaps unwillingly– to the introduction of windfall taxes, reveals an increasing public awareness of the problem that politicians will not be able to ignore.
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The Association of Banks –Asbanc– recently announced in its website that in May of this year private-banks’ mortgage credits amounted to a total of more than 17 billion soles, which represents an increment of 27% with respect to May of 2010. According to Asbanc, this rapid increase is the result of “a strong housing demand, given the high deficit of housing”, and that the banks have limited themselves of satisfy such demand “increasing their credit supply”.

Although Asbanc appears to give more importance to the effect of demand, it is obvious that, as in every market, both the price (the interest rate) and the quantity (the amount of credits) are simultaneously determined by supply and demand, and that an increase in the amount of credits can be brought about by an increase in any of them. However, there a very important difference: increases in demand should cause, ceteris paribus, a rise in the interest rate, while increases in supply should result in lower interest rates.

What appears to be happening in this case is that the most important effect is that of an increase in the supply of credit, and that, as a result, we may now have real interest rates that are excessively low to be maintained much longer. In fact, given that the current nominal interest rate charged for mortgage credits is 8.4%, while the value of the dollar with respect to the sol has fallen in seven of the last eight years at an average annual rate of 2.9%, simple arithmetic tells us that the nominal interest rate in soles is only 5.5%, which appears to be low in the case of a nominal, long-term rate.

But the relevant variable in this case is the real interest rate, which can be calculated in two different ways. A first way is subtracting the Central Bank’s “underlying inflation” (3%) from the nominal interest rate (5.5%), which gives a real interest rate of only 2.5%. A second way is subtracting not the “underlying inflation” but the inflation rate of housing prices. In this case –and taking into consideration that, according to the Peruvian Chamber of Construction, Capeco, and the BBVA-Banco Continental, the dollar price of a square meter currently grows at about 15% a year in some districts of Lima– we find that the corresponding inflation rate in soles is 12.1%, which in time gives us a real interest rate in soles equal to -6.6% (i.e., 5.5% minus 12.1%).

Thus, it is apparent that in this case the effect of the increase in supply outweighs that of the increase in demand; and the longer terms at which loans are being granted only corroborates our assertion. As a result, the current real cost of credit may be excessively low, and even negative. Although there has been an increase in demand –caused by the rise in households´ income; and by the de-dollarization process that has led to the substitution of the dollar for real state as a means of saving; and even by the existence of a contained demand–, on the other hand, several factors contributing to an increase in the supply of funds can be identified, the most important one being the low rate of return on financial funds in international markets, caused by a world excess of dollar liquidity.

Although there are several ways of objecting the accuracy and relevance of the figures involved, it appears to be obvious that the behavior of the variables involved –i.e., the rates of interest, inflation and devaluation– cannot be sustained in the medium-, much less long term, and that an abrupt reversion in their evolution may bring about serious problems, and not only to the banks. The aphorism attributed to Milton Friedman “there’s no such thing as a free lunch” should make us understand that if someone is getting credit for free, there must be others that are paying, or will end up paying, for it.

A similar situation (rising housing prices, increasing mortgage credit and low interest rates) took place during the unrestrained growth of financial markets in the U.S. during the years previous to the blowing of the real estate bubble in 2008. However, such growth was made possible by the constant inflows of foreign capital, and this does not appear to be the case in Peru, something that may help us to feel relieved or less worried.
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