El presidente Humala ha promulgado la ley que permite a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones retirar hasta el 95.5 % de sus fondos al jubilarse, y se ha anunciado que el 4.5% restante será transferido a EsSalud.
La aprobación de esta ley responde a la presión de los afiliados, que ven con desconfianza a las AFP, entre otras razones por el bajo monto de las pensiones que se han estado otorgando. Hay, pues, cierto alborozo por parte de los afiliados al SPP, que obviamente prefieren tener la posibilidad de disponer de su dinero al momento de jubilarse. Las AFP y las compañías de seguros, por su parte, han manifestado su disgusto al respecto.
Aparentemente, pues, los grandes ganadores serían los afiliados y los perdedores serían las AFP y los grupos económicos a los que pertenecen. Sin embargo, es claro que si hay un ganador indiscutible, este sería el Estado peruano. En efecto, lo que la ley hace en la práctica es cobrarle un impuesto de 4.5% a los afiliados por tener el derecho a disponer de sus fondos de manera inmediata al momento de jubilarse. Decir que ese 4.5% sería transferido a EsSalud no le quita el carácter de impuesto.
Es más, esta norma no sería sino un caso más del impuesto favorito de todos los gobiernos desde 1990, cual es el impuesto a los sueldos y salarios. Otro caso de impuesto al trabajo vinculado al sistema de pensiones fue el de los Bonos de Reconocimiento otorgados a los afiliados al sistema público (SNP) por un monto inicuo al momento de trasladarse el sistema privado (AFP). Y no solamente se trata del monto inicuo, sino también del hecho que dichos bonos no pagan intereses.
Pero el ejemplo más grosero de un impuesto a la mano de obra vinculado al sistema de pensiones en nuestro país lo constituye el requerimiento de que los trabajadores afiliados al sistema público de pensiones (ONP) deben haber contribuido por lo menos 20 años para tener derecho a recibir una pensión, y eso es un simple despojo para quienes no logran cumplir esa condición.
Podríamos seguir con los ejemplos de impuestos a los sueldos y salarios en nuestro país –el Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI, es otro de ellos– pero es claro pues que los diferentes gobiernos ven a la mano de obra como una de sus fuentes preferidas de ingresos fiscales.
Pero solo la falta de inteligencia y de honestidad puede explicar que las autoridades prefieran otorgar incentivos tributarios al capital -como actualmente se viene haciendo- con el pretexto de reactivar la demanda y contrarrestar la desaceleración económica, mientas por otro lado mantienen o aumentan los impuestos pagados por los trabajadores, quienes constituyen la fuente más importante de demanda que tiene nuestro país.