La publicación hace varias semanas de un artículo de Richard Webb dio origen a un debate en los medios con relación a la vigencia del SPP y la eficiencia de las AFP, que luego ganó fuerza con la publicación de un estudio por profesores de la Universidad del Pacífico, y que ahora espero que continúe con la próxima publicación de un libro de este servidor por el Fondo Editorial de la PUCP.

Felipe Morris llamó “tonto útil” a Richard Webb y calificó de “indecente” la propuesta de reforma del Sistema Privado de Pensiones hecha por la UP. El Sr. Kuczynski habló en RPP de una comparación “mañosa” entre la rentabilidad privada de las AFP y la rentabilidad de los fondos que administran. Aunque el uso de tales adjetivos puede no tener intención ofensiva, es evidente que el ambiente está caldeado.

De hecho, las AFP tienen un problema de reputación que se refleja en la continua atracción de nuevos afiliados por el Sistema Nacional de Pensiones, y que se hizo más evidente cuando el gobierno se vio forzado a dar marcha atrás en su plan de obligar a los independientes a afiliarse al SPP.

La baja popularidad de las AFP resulta sobre todo del hecho que nadie tiene un amigo o pariente jubilado por el SPP que esté feliz con su pensión, y aun cuando podemos aceptar que la principal razón es que tales jubilados han aportado solamente unos 20 años al SPP, claramente la cosa es más complicada, y presentamos aquí algunas razones que indican que, en gran medida, las mismas AFP son las responsables de las bajas pensiones (y de su exigua reputación).

Primero, que los afiliados que se están jubilando actualmente aportaron previamente al SNP, y recibieron por ello bonos de reconocimiento por montos irrisorios y de rentabilidad cero, lo cual fue tomado muy despreocupadamente por las AFP, sin pensar que eso afectaría negativamente el monto de las pensiones de sus afiliados.

Segundo, las altas comisiones cobradas por las AFP hicieron –tal como lo mostramos en nuestro libro– que la rentabilidad neta real acumulada por los fondos tipo 2 durante los diez primeros años del SPP fuese nula; es decir, toda la rentabilidad que recibieron los afiliados la usaron para pagar las comisiones cobradas por las AFP.

De manera similar, cálculos que hemos realizado indican que la durante los 20 primeros años del SPP la rentabilidad neta real promedio del fondo tipo 2 fue aproximadamente 5% o 6% anual, lo cual no está mal. El problema es que la baja tasa de descuento aplicada al cálculo de una pensión vitalicia es de solamente 3.85%. Esto es particularmente grave porque dicha tasa equivale a la rentabilidad del fondo del afiliado una vez que se jubila. O sea, justo cuando el afiliado tiene el mayor capital acumulado ve caer la rentabilidad real de su fondo a prácticamente cero (si asumimos una tasa de inflación anual de poco más de 3%).

Finalmente, fueron las mismas AFP las que promovieron la reducción de la tasa de aportación para ganar competitividad frente al SNP. De hecho, la tasa de aportación permaneció por diez años en 8%, y ahora mismo no es 10%, sino solamente 8.6% si tomamos en cuenta que los trabajadores no aportan sobre sus gratificaciones de julio y diciembre. La menor tasa de aportación también han tenido como resultado fondos acumulados de menor valor y pensiones más bajas.

Pues bien, como diría Milton Friedman, no hay lonche gratis: si bien la reforma del sistema de pensiones le resultó al Estado muy barata, y a las AFP muy rentable –es decir, todo el peso de la creación del SPP fue descargado sobre los hombros de los trabajadores– pues ahora el Estado y las AFP tienen que pagar por ello

El SPP viola una regla básica del libre mercado, la libre elección, pues al afiliado el gobierno le fija la cantidad que tiene que comprar (la tasa de aportación), y las AFP le fijan el precio que debe pagar (la comisión), estableciendo de esa manera una relación totalmente asimétrica entre las AFP y sus afiliados. Uno de los resultados de esto fue que, por ejemplo, durante el periodo 1998-2012 las AFP obtuvieron una rentabilidad anual promedio de 40.2%, mientras que la rentabilidad nominal promedio de los fondos tipo 2 fue de solo 12.4%.

La creación del SPP debió manejarse como la concesión por el Estado de un servicio público (con un mercado cautivo) a empresas del sector privado, a las cuales no se les debió otorgar total libertad para fijar sus comisiones abusando de su poder oligopólico. Ahora se está tratando de corregir eso en alguna medida con la introducción de la licitación de afiliaciones, pero eso ya podría ser muy tarde.

Finalmente, es necesario tomar en cuenta que el propósito fundamental de un sistema de pensiones como el SPP es aumentar la tasa de ahorro de los trabajadores, y que esa es una tarea que no puede ser entregada por completo a las AFP. Es decir, se pueden tomar otras medidas, totalmente independientes del SPP, que promuevan el aumento del ahorro de las familias, sobre todo las de menores ingresos.

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La desaceleración de la economía peruana empezó el año pasado como consecuencia de los precios más bajos de los minerales, lo cual ha afectado uno de los pilares básicos del crecimiento económico, cual fue el aumento del valor de las exportaciones de materias primas. Este año, la saturación del mercado inmobiliario y la carga de deuda que soportan las familias están afectando otro de los pilares del crecimiento de los últimos años, cual fue el crecimiento del crédito inmobiliario y de consumo. Las familias tienen ahora que pagar esas deudas, y deben reducir su gasto de consumo.

El Ministro de Economía Luis Castilla está aprovechando la distracción de la Copa Mundial de Fútbol y usando la desaceleración económica como pretexto para tomar una serie de medidas que, según él, servirán para promover la inversión privada. Dichas medidas comprenden la condonación de deudas tributarias por 20,000 millones de nuevos soles, la “flexibilización” de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la reducción de las regulaciones ambientales.

Es obvio que no solo la efectividad, sino también la legitimidad y transparencia de dichas medidas son fuertemente cuestionables. Eso nos hace pensar que el ministro Castilla, sabiendo que la fiesta del crecimiento ya se está acabando, en realidad está pensando en renunciar, pero antes de hacerlo quiere otorgar algunos jugosos beneficios a sus amigos en el sector privado, para los cuales seguramente irá ahora a trabajar.

En el caso de la condonación de deudas tributarias, 20,000 millones de nuevos soles es un montón de dinero, casi 4% del PBI, o sea, más de lo que crecería la economía peruana este año. Se aduce que habrían unos 180,000 beneficiados, lo cual implica un promedio de más de 100,000 soles por beneficiado, lo cual nos hace pensar que mientras algunos podrían beneficiarse con algunos miles de soles, otros podrían hacerlo con cientos de millones. Un mínimo de transparencia exigiría ahora que se publique qué empresas resultarán beneficiadas y en qué montos. Alguien debería advertir al ministro Castilla que, si va adelante con su proyecto, podría terminar en una situación como la que enfrenta actualmente Alan García por los “narcoindultos” que otorgó.

En el caso de la “flexibilización” de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las regulaciones ambientales, se busca básicamente eliminar el derecho de los trabajadores a controles y exámenes médicos periódicos y –por otro lado– otorgar a las empresas mineras el libre derecho a intoxicar el medio ambiente en el que operan. El ministro Castilla sabe perfectamente que este tipo de medidas son fuertemente impopulares, y que deben tomarse tratando de no llamar la atención del público, lo cual nos hace pensar en la Copa Mundial de Futbol.

Obviamente, las medidas del ministro Castilla cuentan con el apoyo de gremios empresariales como la Confiep y de sus mastines en los medios. La jerga que usan ya la conocemos: promover la “confianza” del inversionista, eliminar costos regulatorios que son “confiscatorios”, reducir “sobrecostos” laborales, “favorecer” a las pequeñas y medianas empresas, etc. El fariseísmo de esta gente es impresionante: ya no exigen ahora estabilidad jurídica, como lo hacen cuando lo que está en discusión son medidas que podrían perjudicar sus intereses.

Uno de los problemas más importantes del capitalismo es que carece de mecanismos automáticos de defensa propia, que protejan su legitimidad. De esta manera, si el mayor beneficio de las empresas requiere en el corto plazo de salarios miserables, condiciones de trabajo indignas y altas tasas de desempleo, pues eso será lo que el libre mercado producirá. Y, lamentablemente, el largo plazo es simplemente la suma de los cortos plazos.

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La propuesta de aumentar el salario mínimo casi ha provocado una crisis política en el país. Visto por un extranjero, este problema podría parecer muy extraño, pues le llamaría la atención, por un lado, que el salario mínimo vigente fuese tan bajo (750 nuevos soles mensuales) y, por otro lado, que se haya rechazado un aumento de cualquier nivel, por más pequeño que fuera, con el argumento que ello afectaría negativamente el empleo.

Un problema con el modelo económico vigente en el país ya hace casi 25 años es que un gran sector de la población no ha percibido mayores beneficios, y eso empieza a inquietarlos. Esta inquietud se ha agravado recientemente con la duplicación del sueldo de los ministros de estado, que pasó de 15,000 a 30,000 soles mensuales; esto es, 40 veces un salario mínimo. De esta manera, lo que gana un ministro en un día (1,000 soles) es más que lo que gana un trabajador en un mes.

Los signos de inquietud se han venido dando ya hace un buen tiempo, y sus manifestaciones más claras han sido las huelgas de maestros y de médicos. La calma se ha mantenido en cierta medida como resultado del aumento del crédito de consumo (que permite a la población de menores ingresos aumentar temporalmente su nivel de gastos) y de una inflación relativamente baja (aunque evidentemente mayor que la reconocida oficialmente por el INEI).

A pesar de tales signos de inquietud, la reacción de la élite económica del país en relación a la propuesta de aumentar el salario mínimo ha sido la de no hacer concesiones de ningún tipo, independientemente de cuál sea el actual nivel y cuál el monto del aumento (es obvio que si el salario mínimo fuese de 100 soles, su elevación a 120 soles no tendría ningún efecto negativo sobre el empleo). Esta reacción aparentemente revela una ideología de rechazo a cualquier interferencia con el funcionamiento supuestamente libre de los mercados.

Pero dicha reacción también refleja un interés económico, pero no porque el costo de los mayores salarios los pueda afectar directamente (las empresas de los líderes de CONFIEP no pagan salarios mínimos), sino más bien porque un aumento del salario mínimo puede aumentar las expectativas de los trabajadores, y llevarlos a exigir mayores concesiones, lo cual afectaría la “confianza” de los inversionistas.

Y decir que un aumento del salario mínimo afectará el empleo en las pequeñas empresas y fomentará la informalidad es una simpleza (o una simplonada, como decimos nosotros, por no decir otra cosa), pues supone un mercado de trabajo con una oferta y una demanda de mano de obra dadas, en la cual la única variable de ajuste es el precio (el salario). Esta visión no toma en cuenta, por ejemplo, que mayores salarios pueden atraer a jóvenes del sector informal hacia el sector formal, moderno y capitalista de la economía.

Es más, manifestar preocupación por la informalidad revela hipocresía porque, si en realidad les interesase el problema de la informalidad, lo primero que deberían estar pidiendo es que se reduzca el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es uno de los más altos del mundo (18%), a cambio de aumentar el impuesto a la renta y al capital, que son impuestos directos, y que afectan más a la clase de mayores ingresos.

¿Cómo explicar, entonces, la radical actitud de los gremios empresariales peruanos frente a la propuesta de aumentar el salario mínimo?

En primer lugar, un sistema capitalista de libre mercado, basado en la propiedad privada de los medios de producción, no es un sistema perfecto, como algunos quisieran que creyéramos: si va a haber un mercado de productos de consumo popular masivo, la economía requiere que se paguen salarios decentes, pero eso está en contradicción con el interés particular de cada capitalista, y si todos hicieran lo mismo para aumentar sus beneficios (pagar salarios más bajos) el sistema no funcionaría. Existe, pues, una contradicción entre el interés individual de cada empresario, y el interés conjunto de la clase capitalista.

Este problema, sin embargo, no tiene mayor importancia en países como el nuestro, embarcados en un modelo de exportación de materias primas, puesto que el tamaño de la demanda (extranjera) no depende del monto de los salarios que se pague a los trabajadores en nuestro país. De esta manera, salarios más altos solo implican mayores costos, pero no una mayor demanda. Esto en parte explica, pues, la actitud de los gremios empresariales peruanos al aumento del salario mínimo.

Y esta actitud, en general, refleja un grave problema que afecta al sistema capitalista en todo el mundo, cual es que no tiene mecanismos automáticos que le permitan mantener su legitimidad frente a la mayoría de la población. En efecto, si bien el libre mercado puede permitirnos crecer más rápido, eso no significa necesariamente que todos se beneficien, mucho menos por igual, de dicho crecimiento. Es más, la economía puede crecer porque el aumento en el ingreso de unos pocos es mayor que lo que pierden los que conforman la mayoría.

Es decir, un modelo basado en la maximización de las ganancias de las empresas privadas puede tener como resultado pobreza mayoritaria y desigualdades absurdas, que terminarán socavando la legitimidad del modelo, pero que el funcionamiento del libre mercado por su cuenta no va a contrarrestar. Y si el mercado no lo puede hacer, se requiere, entonces, de una clase capitalista con una visión de largo plazo, que esté dispuesta a respaldar medidas de política económica que busquen sustentar la legitimidad del modelo.

Finalmente, si bien partir del supuesto que cualquier interferencia con los mecanismos del libre mercado debería tener un efecto global negativo es una simpleza, y que se deberían buscar políticas redistributivas que no afecten las libre señales del mercado, las propuestas de vincular el salario mínimo a la UIT, o el salario de los ministros al salario mínimo, no pasa de ser una idea bien intencionada.

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El día 12 de noviembre, el diario Gestión publicó un reportaje titulado “Riesgosa Baja Inflación”, elaborado por la revista The Economist. El reportaje hace notar una serie de efectos indeseados de una inflación baja: impide la desvalorización de las deudas de las familias, empresas y gobiernos; induce una disminución del gasto de los consumidores, por sus expectativas de precios decrecientes; y entorpece el ajuste a la baja de los salarios reales, en caso que este sea necesario.

Pero el efecto al cual el reportaje da más importancia se refiere a que una inflación baja también socava la capacidad de los bancos centrales para combatir las recesiones mediante la disminución de las tasas de interés, pues al estar estas cercanas a cero –como lo están actualmente– la única manera de disminuir la tasa de interés real es haciéndola negativa vía un aumento en el nivel de precios.

Luego reconoce que no es que no se haya hecho nada, pues desde el 2008 los balances de los bancos centrales (la base monetaria) de los países ricos han explotado, pero advierte que el resultado no ha sido un aumento en los precios de los bienes y servicios, sino más bien de los activos financieros, en lo que puede ser el inicio de una nueva burbuja. A pesar de eso, se limita a sugerir como solución que los bancos centrales continúen administrando sus tasas de interés, pero aumentando sus metas de inflación y reduciendo sus metas de desempleo.

Pues bien, un primer comentario que podemos hacer al artículo de The Economist es que reconoce abiertamente que las políticas de expansión monetaria de los países ricos no apuntan tanto a aumentar el nivel de actividad (la producción), sino más bien el nivel de precios.

Por otro lado, el artículo no discute las causas de la inflación baja, la cual viene de muy atrás, y que es solo parcialmente explicada por políticas monetarias restrictivas, tipo “inflation targetting”, siendo otro factor el impacto de las manufacturas asiáticas baratas, y la acumulación de reservas por China y otros países que impidió la devaluación del dólar. De la misma manera, un efecto de la baja inflación que no se reconoce –probablemente porque no se le considera un problema– es la financialización de la economía global, al prevenirse la devaluación de los activos financieros con niveles de precios estables.

Puesto que las políticas monetarias no pueden inducir directamente un aumento de la producción, sino solo a través de un aumento en el gasto agregado, una cuestión central es explicar la inefectividad de las políticas monetarias expansivas para inducir un aumento del gasto de hogares, empresas y extranjeros. En el caso del gasto de las familias, a los dos factores considerados por The Economist – la carga de la deuda y expectativas de precios a la baja– debemos agregar el “efecto riqueza” negativo que resultó de la caída en los precios de los activos, particularmente en el sector inmobiliario, así como también el estancamiento de los salarios reales. Una opción en este caso sería seguir la sugerencia de Milton Friedman de utilizar el “helicopter money”, esto es, que la Reserva Federal imprima dinero no para prestarlo, sino para regalarlo (se supone que desde un helicóptero).

En el caso del gasto de las empresas (la inversión), la única explicación plausible es la baja rentabilidad del capital productivo como resultado de un rezago tecnológico y de la pérdida de competitividad frente a los “Tigres Asiáticos” y la China. En este caso no existen soluciones de corto plazo, y la competitividad deberá ser recuperada mediante una combinación de avances tecnológicos, una reducción de los salarios en Estados Unidos y un aumento de los salarios en las economías emergentes.

En el caso del gasto de los extranjeros (las exportaciones), los problemas pueden ser aún más complicados, puesto que Estados Unidos necesita devaluar el dólar en términos reales, y para eso requiere –dado el nivel de precios del resto del mundo– que su tasa de devaluación sea mayor que su tasa de inflación. El problema es que los países del resto de mundo no solo pueden ver las políticas expansivas de la Reserva Federal como un medio de Estados Unidos para “exportar su inflación”, sino también recurrir a devaluaciones competitivas. En este caso, la solución necesariamente pasa por un aumento del gasto corriente de la China y de otras economías con elevados montos de reservas internacionales y grandes superávits en sus balanzas comerciales (como Alemania).

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En los últimos días, el gobierno de Estados Unidos ha manifestado estar horrorizado por el uso de armas químicas en Siria, acusando de ello al gobierno sirio; y ha anunciado que va a tomar medidas al respecto.

En realidad, ya no nos puede sorprender la hipocresía de quienes pretenden estar horrorizados por ataques con armas químicas, y que son los mismos que nunca han pedido disculpas al pueblo vietnamita por envenenar sus bosques con el agente naranja e incendiar con napalm casi todas sus aldeas.

Lo que el gobierno de Obama busca es un pretexto para invadir Siria, y ha encontrado (o fabricado) uno, de la misma manera que el gobierno de Bush fabricó el pretexto de las “armas de destrucción masiva” de Saddam Hussein para atacar Iraq. Dichas armas nunca fueron encontradas.

El gobierno de Estados Unidos quiere invadir Siria y terminar con la guerra civil en ese país porque sabe que sin su intervención, cualquiera que fuese su desenlace, sería necesariamente un perdedor, puesto que no puede ganar en una guerra en la que ambos contendientes son sus enemigos: el dictador Bashar al-Assad es un cercano aliado de Rusia –país al que sigue considerando un enemigo–, y los rebeldes son musulmanes radicales, enemigos de Estados Unidos y de Israel.

La Organización de las Naciones Unidas no ha podido jugar un rol de árbitro por la posición agresiva del gobierno norteamericano, y su situación es realmente penosa: actualmente hay una misión de la ONU que busca constatar si efectivamente se usaron armas químicas en Siria, algo totalmente absurdo, puesto que tanto el gobierno como los rebeldes reconocen que se han usado, y se acusan entre ellos de ser el responsable.

La pérdida de poder político, económico y militar durante los últimos 30 años está llevando a la mafia que gobierna Estados Unidos a perder la compostura, tal como ya lo había mostrado en el caso del ex–agente de la CIA, Edward Snowden; y eso es muy peligroso (de hecho, los ataques contra al-Assad pueden estar buscando simplemente distraer la atención del escándalo mundial desatado por las denuncias de Snowden).

Sin embargo, los mercados financieros pueden estar ya mostrando su preocupación porque saben que el gobierno de Estados Unidos estaría entrando en una guerra que no puede ganar y menos pagar. Y esa puede ser la última barrera que impida que el conflicto finalmente estalle.

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I read somewhere “There are many things we don´t know that we don´t know”. The PRISM program was one of them, at least for most of the people, until Edward Snowden revealed the existence of the program PRISM of the FBI and the NSA that allows U.S. authorities –with the cooperation of the most important internet companies– to spy on virtually anyone in this planet that uses telephones and internet. This information was leaked by Snowden to The Washington Post and The Guardian, who published it on June 6.

The Washington Post said: “The National Security Agency and the FBI are tapping directly into the central servers of nine leading U.S. Internet companies, extracting audio and video chats, photographs, e-mails, documents, and connection logs that enable analysts to track foreign targets, according to a top-secret document obtained by The Washington Post”. (1)

And The Guardian printed: “The National Security Agency is currently collecting the telephone records of millions of US customers of Verizon, one of America’s largest telecoms providers, under a top secret court order issued in April… The order, a copy of which has been obtained by the Guardian, requires Verizon on an “ongoing, daily basis” to give the NSA information on all telephone calls in its systems, both within the US and between the US and other countries”. (2)

But internet companies are not the only companies collaborating with the U.S. government. In effect, a few days later, Bloomberg posted: “Thousands of technology, finance and manufacturing private companies are working closely with U.S. national security agencies, providing sensitive information and in return receiving benefits that include access to classified intelligence, four people familiar with the process said”.(3)

And the U.S. is not the only country carrying out this type of program. In effect, on June 22, Reuters posted: “In its latest article based on information from Edward Snowden, a former contractor for the U.S. National Security Agency (NSA), the Guardian reported a project codenamed “TEMPORA” under which Britain’s eavesdropping agency can tap into and store huge volumes of data from fiber-optic cables”. (4)

For sure, PRISM is not a recent invention of the U.S. government. In effect, although some may see programs like PRISM as a reaction of the U.S. government to 9/11 (the war on terrorism), a former officer of the National Security Agency (NSA) has declared that this type of actions began in the 1970´s (5). And this seems a reasonable assertion: if the U.S. is now fighting a war on terrorism, forty years ago it was fighting a war in Vietnam, and a cold war against the Soviet Block. What is new now is that the information revolution has made extremely easy to collect and process almost any type of information on almost any individual inhabiting this planet.

And for sure, internet and telephone lines are not the only channels, as every type of cards, identification documents, omnipresent cameras, etc. can be used to collect information on you.

As the persecution of Julian Assange, David Snowden and Bradley Manning reveals, the U.S. government has assigned itself the right to spy on you, but won´t allow you to reciprocate. This double standard brings about a question: who gave them the authority to spy on you (and to forbid you from spying on them)? This double standard is at the root of every tyranny and police state: they assign themselves powers, without feeling the need to give any justification.

Programs like PRISM not only infringe on our privacy; they are also very dangerous. Although they may have been originally designed by inoffensive bureaucrats, the information collected is feeding the power of Big Brothers and Dr. Strangeloves, who will use it as an arm in their crusades for their wacky purposes.

Emulators of Big Brother may now emulate Sheldon Cooper, and say “I am not crazy; my mommy had me tested”, but the fact is that acts like the sequestration of Bolivian President Evo Morales, reveal that Big Brother is losing its composure.

For sure, there are things about programs like PRISM that we still don´t know that we don´t know. Snowden´s only revelation has been that THE BIG BROTHER IS WATCHING YOU (6). Well, we should return the favor and keep watching Big Brother. We may become paranoid, but in a situation like this it would be insane not to be paranoid.

(1) http://www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-data-from-nine-us-internet-companies-in-broad-secret-program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845-d970ccb04497_story.html.

(2) http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order.

(3) http://www.bloomberg.com/news/print/2013-06-14/u-s-agencies-said-to-swap-data-with-thousands-of-firms.html.

(4) http://www.reuters.com/article/2013/06/22/us-usa-security-britain-germany-idUSBRE95L09E20130622.

(5) http://blogs.reuters.com/great-debate/2013/06/28/nsa-as-big-brother-not-even-close/

(6) George Orwell uses this expression, in capitals, in the second paragraph of his novel 1984.

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La Sociedad Nacional de Industrias (SIN) ha manifestado que restringir la venta de comida chatarra en los colegios inducirá a los niños y jóvenes a consumir productos informales, con el riesgo que eso significaría para su salud. Pues bien, lo que están haciendo es conceder que la comida que venden es mala y perniciosa, pero que deberíamos consolarnos porque podría ser peor. No nos ofrecen mejorar la calidad de la comida que venden, quieren que nos resignemos a ella.

La reacción de los gremios empresariales es comprensible. Ellos solo están defendiendo su derecho a ganar dinero, aunque al hacerlo puedan poner en riesgo la salud de los demás. Después de todo, ellos no están obligando a nadie a comer su comida chatarra.

Y la reacción frente a la ley por parte de algunos medios en realidad tampoco nos debe ya sorprender. Una ley como ésta, afirman, afrenta nuestro derecho a la libre elección, y puede ser solo un primer paso a restringir nuestra libertad de pensar. Pero esta gente que pretende representar el pensamiento liberal, en realidad solo está defendiendo los intereses de grandes empresas.

Pues, si en realidad defienden la libertad de elegir, y quieren jugar al libre mercado, el interés propio, la propiedad privada y el laissez-faire, ¿por qué, de la misma manera, no se oponen a la prohibición del consumo de drogas? ¿O a las restricciones al consumo del tabaco? ¿O del alcohol? ¿O al control de las armas de fuego? ¿O a la obligación de los trabajadores a depositar sus ahorros en una AFP?

En estos momentos hay 5 millones de trabajadores peruanos obligados a depositar sus ahorros en cuatro AFP, las cuales de esta manera se benefician no solo de las comisiones que cobran, sino también de las ventajas que da el poder manejar 100,000 millones de soles que pertenecen a esos 5 millones de trabajadores. Y el gobierno pretende ahora obligar también a los trabajadores independientes a afiliarse a una AFP. Ese atentado contra la libertad de los trabajadores de elegir cuánto y cómo ahorrar no preocupa a los pretendidos defensores del libre mercado y la libertad de elegir.

Es fácil, pues, llenarse la boca con proclamas de la misma calidad de la comida que defienden, y dársela de muy liberal, pero es un poco más difícil mostrar cierta consecuencia. Todo lo que están mostrando es un fariseísmo vergonzoso y vulgar.

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During the period January 2000-December 2012, the Peruvian central bank intervened in the foreign exchange market, buying an average of 227.5 million dollars each month, and a total of 35,493.1 million dollars during the 13-year period.Considering the net monthly value in soles of the transactions (dollars bought minus dollars sold times the average exchange rate of the corresponding month), we find that the central bank spent a total of 101,638.5 million soles during the that period. Considering, on the other hand, an exchange rate of 2.541 soles per dollar at December 2012, we find that the value of the 35,493.1 million dollars bought during the 13-year period was 91,146.3 million soles (35,493.1 x 2.541).

So, as we can see, the Peruvian central bank spent a total of 101,638.5 million soles in buying a stock of dollars whose current value in soles is 91,146.3 million, which give us a loss of 10,492.2 million soles (that is, 4,085.8 million dollars). This loss results from the diminishing value of the dollar during the last ten years: the highest value of the dollar was 3.62 soles in September 2002, and it has since fallen almost continuously to a value of 2.57 soles in December 2012.

It must be recognized that our exercise is not completely accurate, as we are using only the net monthly values of the operations, and the average monthly values of the exchange rate. Besides, we are assuming that the U.S. dollar was the only foreign currency bought or sold by the central bank. Nevertheless, we are confident our estimate gives us a good idea of the relative magnitude of the losses (monthly imports during 2012 had an approximate value of 3,500 million dollars).

Another observation is that these are only balance-sheet losses, and we are not considering the economic effects (gains or losses) resulting from the impact of the central bank operations on the behavior of the real exchange rate.

In any case, our main point is that the Peruvian central bank has been buying dollars trying –as almost every other central bank in the world– to prevent a devaluation of the dollar, that results –in time– from a supply of dollars that is larger than the demand for dollars in the domestic market. A growing portion of the supply of dollars results from the inflow of foreign capitals into our economy, which –in time– has to do with the extremely low (if not negative) returns on capital in the international markets. That is, those capitals are coming in attracted by (what investors see as) the good situation of our economy, seeking refuge from the adverse conditions prevailing in international markets.

And this is a situation from which we should be taking advantage: a tax on short-term capital inflows would be a way to restrict such flows, and equivalent to collecting seigniorage on the capitals coming into our country (and using our currency). But the authorities at the Peruvian central bank prefer to continue paying seigniorage for using a currency whose real value in the mid- and long-term can only go down. In effect, the 10,492.2 million soles lost by the central bank since the year 2000 should be seen as seigniorage paid to the U.S. Federal Reserve.

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Los noticieros en TV y los titulares de la prensa amarilla nos presentaron recientemente los hechos de violencia en La Parada, exagerando la violencia y resaltando la brutalidad de los atacantes, sin hacer notar –por ejemplo– que hubo por lo menos dos personas tratando de contener a los sujetos que golpeaban a un policía tirado en el suelo. Detrás de ello está no solamente la morbosidad de los noticieros en TV, sino también su antipatía por la alcaldesa Villarán. De todas maneras, no debemos menoscabar la importancia de estos hechos, sino más bien examinarlos con cuidado.

Es obvio que tales hechos no son puramente policiales o delincuenciales, y debemos mirarlos como un evento político de importancia, no tanto por sus consecuencias inmediatas, sino porque nos piden prestar atención a un problema muy serio en nuestra sociedad, como es el problema de la marginalidad.

El sector marginal existe tanto en áreas urbanas como rurales, y no debe ser confundido con el sector de independientes e informales, aunque tengan muchas características en común: el color de la piel, bajos niveles de ingreso, exclusión del mercado de trabajo asalariado, bajo acceso a servicios públicos (educación, salud, seguridad) e infraestructura (transporte vial, electricidad, agua y alcantarillado), etc. Estas características establecen una clara distancia o alejamiento entre estos sectores y el resto de la sociedad.

Las características propias del sector marginal son sus carencias aún mayores, que puede llevarlos casi a la indigencia, a involucrarse en actividades ilícitas, incluso criminales si se trata de áreas urbanas, pero sobre todo a un mayor aislamiento del resto de la sociedad y una pérdida total de esperanzas o expectativas, pues no esperan nada ni sienten que le deben nada al orden establecido. No tienen –pues– qué perder, y su renuencia a acatar la ley y las autoridades viene de su disposición a enfrentarse con un orden con el que no se identifican porque sienten que no solo no los beneficia, sino que incluso los perjudica. De esta manera, su distanciamiento del resto de la sociedad es aún mayor.

Ese distanciamiento explica –en el caso de los hechos de violencia en La Parada– la manera cómo la reacción de los comerciantes informales y grupos de marginados sorprende totalmente a la policía, pues ello refleja no tanto la ineptitud o falta de tacto de las autoridades, sino más bien el aislamiento en que viven el sector marginal y el sector moderno –empresas y gobierno– en nuestra sociedad.

Pero la violencia asociada con la marginalidad no es un fenómeno sobre el que tenemos la exclusividad, pues existe incluso en los países ricos, donde en los últimos años se han dado hechos de violencia y saqueos que han durado incluso varios días, siendo el último ejemplo los “riots” de Londres durante cinco días en agosto del año pasado. Tales hechos de violencia también han sido protagonizados por los sectores marginales.

En todo caso, ¿qué es lo que podemos esperar o debemos hacer? Aunque la marginalidad tiene que ver con muchos factores históricos, sociales, económicos, e incluso tecnológicos, el hecho que más destaca actualmente es la incapacidad del sector capitalista moderno de la economía de siquiera empezar a absorber al sector informal e imponer en él sus reglas de juego. Y todo esto, luego de más de veinte años de reformas económicas. Esta incapacidad se refleja en el estancamiento de los salarios reales durante los últimos veinte años, lo cual restringe el interés de los jóvenes por incorporarse al sector moderno de la sociedad.

La clase propietaria no se incomoda con la marginalidad porque no se siente amenazada por la violencia, como sí teme el aumento de las aspiraciones de la población por mejores condiciones de vida. Es decir, una clase propietaria que rechaza cualquier aumento de las expectativas de la población en general, va a estar aún menos interesada en que los sectores marginales aumenten sus expectativas, que es la condición básica para la solución de sus problemas. Este temor de la clase propietaria al aumento en las expectativas de la población acaba de ser ilustrada por el ex–presidente de CONFIEP, Roque Benavides, quien en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2012, declaró que los conflictos sociales son producto de las expectativas generadas ante el crecimiento económico, pero que las empresas privadas no tienen la responsabilidad de satisfacer dichas expectativas.

Desde luego, habría que aclararle al Sr. Benavides que las mayores expectativas no vienen solamente de un crecimiento económico que no llega los pobres, sino también de las promesas incumplidas de candidatos presidenciales. Así pues, el problema no es averiguar de dónde salen las expectativas, sino encontrar cómo satisfacer las aspiraciones mínimas de los trabajadores. Visto así, parte del problema es la renuencia de la clase propietaria a considerar horizontes temporales más largos al momento de realizar sus inversiones, que la lleva a concentrar sus inversiones en las actividades más rentables y seguras del corto plazo. Esta es una actitud que podríamos llamar el “Síndrome de Alan García”, en alusión a su proclama “la plata llega sola”.

Una actitud similar a la de los empresarios es la que toma el Estado en lo que concierne a combatir el aumento de las expectativas de los trabajadores. A pesar de su holgura económica, el gobierno ha resistido las huelgas en el sector público, haciendo muy costoso para los trabajadores la obtención de mayores salarios, precisamente con la intención de evitar que cunda el “mal ejemplo” y que aumenten las aspiraciones de los demás trabajadores.

En relación específicamente a los sectores marginados, el Estado se limita a obligarlos a portar un carnet de identificación (DNI) y votar en las elecciones, pero eso nunca va a romper su alejamiento del resto de la sociedad, pues para sacarlos de la marginalidad se requiere –en primer lugar– despertar en ellos la esperanza por una vida mejor.
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La manera como se viene presentando en los medios el problema de la crisis económica europea es muy confusa y enredada, y para muchos es muy difícil entender qué es verdaderamente lo que está pasando (y lo que puede pasar). Por un lado, se da a entender que hay un problema monetario (la “crisis del euro”), que conlleva el riesgo de que la moneda común europea desaparezca, sin quedar claro por qué esto podría ocurrir o constituir un problema económico serio.

Por otro lado, queda claro que el problema tiene que ver con deudas (de hasta 100% o más del valor del producto), déficits externos (de hasta 50% del valor de las exportaciones) y públicos (entre 5% y 10% del producto nacional), recesiones (4 años sin crecer) y desempleo (de más del 10% de la población en edad de trabajar), sin quedar claro cuál ha sido su origen o qué tienen que ver con la “crisis del euro”. Trataremos a continuación de hacer una exposición, en lo posible sencilla y comprensible de estos problemas.

Para empezar, debemos tomar en cuenta que hay varios países europeos (incluyendo no solamente España y Grecia, sino también Italia y Francia) agobiados por las deudas de sus sectores público (gobierno) y privado (empresas y familias), tanto con bancos domésticos como extranjeros. Esta carga de la deuda agrava los déficits y restringe el gasto, tanto público como privado, lo cual afecta negativamente la demanda agregada y, por tanto, la producción y el empleo.

La explicación más general que se puede dar del excesivo endeudamiento es que esos países (sus gobiernos, empresas y familias) se endeudaron porque los bancos les prestaron dinero, y estos les prestaron dinero porque tenían un exceso de fondos. Esos fondos fueron el resultado de una gran expansión de la liquidez internacional durante los últimos 20 o 30 años. A ello hay que agregar los desbalances externos que obligaron a muchos países a endeudarse, y permitieron a otros países como China y los exportadores de petróleo, acumular enormes fondos de dinero que terminaron en las manos de grandes bancos. Estos bancos luego se vieron en la necesidad de colocar dichos fondos, otorgando créditos muy riesgosos. Todo esto fue alentado por el crecimiento de la actividad financiera a nivel mundial, que fue hecha posible –a su vez- por la desregulación y la creciente sofisticación financiera, pero también por las bajas tasas de inflación a nivel mundial.

Pero junto con el gran endeudamiento, también hubo una pérdida de competitividad de los países europeos frente a la competencia extranjera, lo cual les impide no solo revertir sus déficits externos, sino también combatir el desempleo aumentando sus exportaciones y sustituyendo importaciones por producción doméstica. Se puede decir que la causa más importante de esta pérdida de competitividad ha sido la incorporación de China, así como la mayor integración de otros países emergentes, a la economía mundial durante los últimos 20 años (la globalización).

El modelo económico chino pone énfasis en el crecimiento de sus exportaciones, lo cual se hace necesario, y a la vez posible, por el bajo nivel de gasto (o alta propensión al ahorro) de las familias chinas. La competencia china y de otros países emergentes tales como India y Brasil permitió mantener bajas tasas de inflación a nivel mundial, pero ello a costa de perjudicar los sectores manufactureros de los países ricos, los cuales no han sido capaces de competir con los productos de bajo costo provenientes de los países emergentes (un trabajador europeo o norteamericano puede ganar hasta 20 veces lo que gana un trabajador chino).

Debemos finalmente agregar que estos problemas de deuda y de falta de competitividad de los países europeos se vieron agravados por sequías (atribuidas al cambio climático) y los altos precios del petróleo (atribuidos al agotamiento progresivo de los recursos naturales no renovables).

En una situación de este tipo, países que son miembros de la Comunidad Europea no pueden aliviar sus problemas de deuda –ni siquiera temporalmente- porque no tienen un prestamista de última instancia (un banco central) propio. De la misma manera, tampoco pueden tratar de recuperar su competitividad devaluando sus monedas, porque no tienen moneda propia. Entonces, gran parte del problema de no poder pagar deudas y de no poder competir tiene que ver con la moneda común (el euro), la cual es administrada por el Banco Central Europeo (BCE).

Una opción de los países europeos altamente endeudados es abandonar el euro, de tal manera de recuperar el control de sus políticas monetarias, y tener un banco central propio que pueda financiar, por lo menos temporalmente, los déficits del sector público y reducir sus tasas de interés, contribuyendo de esa manera a reducir el costo de pagar las deudas y a aumentar el nivel de gasto (y producción). De la misma manera, pareciera ser posible que -si se tiene moneda propia- se puede recurrir a una devaluación para recuperar la competitividad abaratando la producción doméstica en relación a productos extranjeros (con respecto a cuyas monedas se ha devaluado).

Pero el problema es que es un poco difícil llevar adelante ambas tareas simultáneamente. En efecto, una cuestión axiomática en la teoría económica es que los países no pueden manejar independientemente su política monetaria (su oferta de dinero) y su tipo de cambio. La razón es relativamente sencilla: el manejo a voluntad de la oferta de dinero por el banco central debe afectar necesariamente la demanda de moneda extranjera, y por tanto el tipo de cambio. No se puede, pues, manejar a voluntad (de manera arbitraria) ambas variables al mismo tiempo. Una opción en este caso es el control de cambios, pero ningún país puede mantener controles de este tipo sin causar serios problemas económicos.

Aunque deberíamos esperar que las políticas monetarias expansivas también provoquen una devaluación de la moneda, lo más probable es que también haya un aumento en el nivel de precios que impida una devaluación en términos reales. En todo caso, si países como España y Grecia deciden abandonar el euro para tener su propia moneda (y política monetaria), pueden aliviar en alguna medida la carga de la deuda, pero sin poder al mismo tiempo solucionar el problema de la falta de competitividad. Esa es una de las razones por las cuales (todavía) no han tomado dicha decisión. Deben hacer, entonces, un análisis de costo/beneficio. El costo de no abandonar el euro es someterse a las condiciones del BCE (Alemania, básicamente) para recibir ayuda financiera que les permita pagar sus deudas y financiar sus déficits.

Esto último resulta muy costoso para los países deudores porque las condiciones requerirán básicamente –tal como lo hacía el Fondo Monetario Internacional (FMI) con las cartas de intención que firmaban nuestros gobiernos- reducir el gasto público y aumentar los impuestos, agravando con ello los problemas de la recesión y el desempleo. Lo que hay detrás de esto, es que los fondos a ser prestados por el BCE (que recientemente ha creado un fondo de rescate de 100,000 millones de euros) serían utilizados por los países endeudados no para invertirlos sino básicamente para pagar las deudas que tienen con la banca privada. En una situación de este tipo los bancos pierden mucho poder de negociación, porque para los países no es muy atractivo someterse a severas condiciones para recibir dinero que solo les va a servir para pagar sus deudas. Esto explica por qué países endeudados se niegan a recibir “ayuda” o a ser “rescatados” por el BCE. Lo que debe quedar claro, en todo caso, es que los verdaderos beneficiarios de la ayuda serían los bancos acreedores.

Otra razón que tendrían los países deudores para abandonar el euro es que no hacerlo les impediría usar la devaluación para recuperar su competitividad. Pero tampoco nos podemos engañar y ver la devaluación como una solución segura de este problema: a final de cuentas lo que se busca con una devaluación es reducir los costos, y sobre todo los salarios reales. Una manera de recuperar competitividad sin reducir salarios es aumentar la productividad de la mano de obra, mediante el progreso técnico y la mayor calificación, pero esas son opciones disponibles solo en el mediano o largo plazo. Otra opción –esta vez para evitar una mayor caída de los salarios reales- es la migración, fenómeno que al parecer ya está ganando fuerza.

Finalmente, debemos tener muy claro que con la crisis ya se ha perdido mucho dinero, y que el problema ahora es quién paga por ello. Debe ser claro también que la culpa es tanto de los bancos acreedores (por prestar dinero sin evaluar riesgos) como de los países deudores (por malgastar el dinero que les prestaron). Ello implica, pues, que el costo debe ser compartido por deudores y acreedores. El costo que estos últimos tendrían que asumir se daría en la forma de una condonación parcial de las deudas en la forma de reducción de las tasas de interés y refinanciación de los créditos, algo a lo que los bancos privados se oponen tajantemente, afectando de manera negativa la opción de los países deudores por permanecer en la zona del euro.

Esto último en parte explica la posición de Alemania en el manejo de la crisis: gran parte de los bancos acreedores son bancos alemanes. Algún ejecutivo bancario alemán acusaba hace unos meses a los griegos de ser flojos y corruptos. Lo más probable es que él no haya descubierto eso recién en el momento que los griegos dijeron que no podían pagar, y que su opinión de los griegos haya sido siempre la misma. En ese caso, la pregunta sería ¿y por qué les prestaron dinero?

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