Estos días el gobierno dice estar tratando de flexibilizar el mercado laboral, eliminando o reduciendo una serie de beneficios en el caso de los jóvenes, con el supuesto propósito de aumentar la contratación de trabajadores (jóvenes) por parte de las empresas.

Digo “supuesto” porque en realidad no creo que las autoridades (funcionarios del MEF, sobre todo) sean sinceros. Ellos, se supone, han tomado y aprobado sus cursos de microeconomía (el ministro Segura en la Universidad Católica y en alguna universidad extranjera), y no creo que no entiendan que el argumento que presentan carece de sentido.

El análisis económico más sencillo (el equilibrio parcial) aplicado al mercado de trabajo nos dice que el nivel de empleo está determinado simultáneamente por la oferta de los trabajadores y la demanda de los empleadores (las empresas), de tal manera que, si el mercado de trabajo estuviese libre de distorsiones podría alcanzarse el pleno empleo, situación bajo la cual, a un salario dado, todo aquél que quisiera trabajar conseguiría empleo, y todas las empresas que quisieran contratar encontrarían los trabajadores que necesitan.

En una situación de ese tipo, la única manera de aumentar el nivel de empleo sería aumentando la oferta y/o la demanda de trabajo. Un aumento de la oferta de trabajo implicaría que, dado un salario, podría conseguirse un mayor número de trabajadores, o que, dado un nivel de empleo, podría pagarse un salario más bajo. Un aumento de la demanda de trabajo implicaría que, dado un salario, las empresas van a querer contratar más trabajadores, o que, dado un nivel de empleo, las empresas van a estar dispuestas a pagar un salario más alto.

Ahora bien, podrían existir distorsiones que afecten el mercado de trabajo. Por ejemplo, un impuesto al salario introduciría una brecha entre el salario pagado por la empresa y el salario recibido por el trabajador, siendo la diferencia entre ambos el impuesto en cuestión (salario recibido = salario pagado menos impuesto), de tal forma que la eliminación del impuesto permitiría no solo el aumento del empleo, sino también la reducción de los costos laborales para las empresas y el aumento del salario recibido por los trabajadores.

Sin embargo, lo que el Ministerio de Economía pretende hacer no es eliminar un impuesto al salario, sino una serie de beneficios percibidos por los trabajadores. Tal medida no afectaría la demanda de trabajo por las empresas, la cuales van a seguir dispuestas a contratar el mismo número de trabajadores si es que incurren en los mismos costos salariales.

La única manera, entonces, de obtener un aumento en el nivel de empleo sería esperar un aumento en la oferta de trabajo como resultado de la eliminación de los beneficios, y eso es algo tonto de esperar, pues la única manera en que eso podría ocurrir es asumiendo que los trabajadores no consideran tales beneficios como parte de lo que ganan.

Se puede argumentar, sin embargo, que, como resultado de distorsiones, existen jóvenes desempleados dispuestos a trabajar sin percibir los beneficios que están siendo eliminados. La única manera en que eso puede estar ocurriendo sería si las empresas no tuvieran otra manera de reducir sus costos salariales, si no es eliminando los beneficios, lo cual podría resultar, por ejemplo, de la existencia de un salario mínimo. Pues bien, entonces, la reducción de los beneficios sería una manera alternativa y encubierta del gobierno de reducir el salario mínimo, lo cual es algo que no se atreve a hacer abiertamente por los costos políticos que ello conllevaría.

Pero, aún si el gobierno pudiese (y se atreviese) a reducir el salario mínimo, el resultado final podría no ser el esperado. Habría que suponer, para empezar, que efectivamente existen jóvenes desempleados dispuestos a trabajar por un salario real más bajo. Pero ello no tomaría en cuenta que la decisión de un joven de entrar al mercado de trabajo es básicamente una decisión económica, por lo que salarios más bajos podrían simplemente inducir a los jóvenes a no trabajar y seguir dependiendo de sus padres. O a buscar otras formas de sobrevivencia, como, por ejemplo, la delincuencia.

Podríamos darle al gobierno el beneficio de la duda, y creer que su propuesta es sincera, y que de veras creen que de esa manera pueden aumentar el nivel de empleo. En parte eso tiene que ver con la confianza casi supersticiosa de los economistas que con medidas de política pueden resolver cualquier problema económico.

El problema del empleo en nuestro país, sin embargo, es muy complicado, pues bien podría ser que el equilibrio de nuestro mercado de trabajo, en la ausencia de toda distorsión, conlleve un salario real por debajo del nivel de subsistencia. Bajo esa situación no existen soluciones mágicas. De todas maneras, lo que se debe buscar es reducir los costos en general, y no los costos salariales en particular, y eso puede hacerse, por ejemplo, reduciendo la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV). De la misma manera, una forma de aumentar el nivel de actividad es amentando el ingreso (y el gasto) de las familias, y a ello se puede contribuir pagando la deuda que el gobierno tiene con los fonavistas.

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Las últimas elecciones municipales han mostrado que uno de los problemas que más preocupa a los limeños es el transporte, y –más específicamente– la congestión del tráfico, y el aumento del número de accidentes de tránsito y de la contaminación ambiental que resulta del mayor número de vehículos motorizados en circulación.

Aunque los conductores suelen acusar de las malas condiciones del tráfico principalmente a la alcaldesa Susana Villarán (pero también a los microbuses, combis, taxis, mototaxis y motocicletas), obviamente el asunto es más complicado, y hay muchos otros factores que contribuyen al problema, como son los malos hábitos de los conductores; el mal estado de las pistas; los numerosos “rompemuelles” (que no existirían si los conductores estuvieran más predispuestos a cumplir con las normas de tránsito, especialmente los PARE y los límites de velocidad); la ocupación no solo de las aceras, sino también la calzada por las empresas constructoras, etc.

El Tamaño del Parque Automotor

Pero, en realidad, la principal causa de la congestión del tráfico (los embotellamientos) ha sido el rápido crecimiento del parque automotor. En el Perú hay actualmente entre 2.5 y 3 millones de vehículos (sin incluir motocicletas), según cuál sea la fuente que utilicemos (Ministerio de Transportes, INEI o SUNARP), de los cuales aproximadamente un 60% circula en Lima Metropolitana, siendo alrededor de un 70% vehículos ligeros de uso no comercial. Por otro lado, según ARAPER, la venta anual de vehículos nuevos está alrededor de 200,000 unidades, cuando hace 10 o 12 años no pasaba de 10,000.

El crecimiento del parque automotor, a su vez, tiene varias explicaciones: el crecimiento de la población y su mayor poder adquisitivo; los menores precios de vehículos nuevos y usados (un vehículo usado en condiciones operativas puede obtenerse en Lima por menos de 1,000 dólares); el gran número de marcas (casi 100) que resulta en una gran fuerza de ventas; la facilidad con que se obtienen los créditos vehiculares en los bancos; etc. El hecho es que el auto, al igual que el teléfono móvil, ha dejado de ser un lujo, aunque sigue siendo un importante símbolo de status.

Pero la congestión del tráfico resulta no solamente del mayor número de vehículos, sino también de la mayor frecuencia del uso del vehículo propio, la cual a su vez se ha visto favorecida por una serie de factores, tales como el precio relativamente bajo de los combustibles (especialmente el gas); el libre estacionamiento de los vehículos en la vía pública (pues no hay parquímetros); el bajo costo de las infracciones de tránsito; el gran número de grifos (Petroperú subsidió la instalación de grifos de gas en Lima); la mala calidad del transporte público (incluyendo el servicio de taxis); y, por cierto, el hecho que para los limeños es un sueño ir a trabajar conduciendo un auto propio (a pesar de las malas condiciones del tráfico).

Con el propósito de aliviar el problema de la congestión vehicular se viene invirtiendo en infraestructura (puentes y túneles vehiculares, puentes peatonales, semáforos, etc.), muchas veces a costa de áreas verdes, buscando de esa manera facilitar la circulación de vehículos motorizados, sin tomar en cuenta que de esa manera también se incentiva el uso del vehículo propio, por lo que el resultado final podría ser contrario al efecto buscado.

El Problema de la Contaminación Ambiental

Otro resultado del aumento del transporte motorizado en Lima es la mayor contaminación ambiental que está provocando. En el caso de la contaminación del aire, un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que hace un análisis de la calidad del aire en 1,600 ciudades de 91 países, encontró que Lima es la ciudad de América Latina que presenta los niveles de contaminación de aire más elevados. Para ello la OMS midió la cantidad de partículas contaminantes PM 2,5 (las más pequeñas y más perjudiciales, ya que pueden penetrar directamente en los pulmones), encontrando que el nivel general de la ciudad es de 38 microgramos de PM 2,5 por metro cúbico, cuando el nivel “razonable” de estas partículas es una media anual de hasta 10 microgramos por metro cúbico.

La contaminación del aire producida por los vehículos motorizados está ligada no solo a su uso de combustibles fósiles, sino –o sobre todo– a la baja eficiencia termodinámica del motor de combustión interna, cuyo diseño básico data de hace 150 años. Dicha eficiencia mide la relación entre la energía contenida en el combustible consumido y el trabajo mecánico que produce el motor. En el caso del motor de combustión interna, el ratio trabajo producido/energía consumida es de solo 20%; el 80% de la energía restante se pierde básicamente en el aumento de la temperatura del motor. La pérdida resulta aún mayor si tomamos en cuenta la potencia que pierde el vehículo al enfrentar la resistencia del viento. Es más, si tomamos en cuenta una relación de 10 a 1 entre el peso del vehículo y su carga útil (el conductor y un pasajero), tenemos que la eficiencia neta de un automóvil es de menos de 2%, lo cual es absurdo.

Por supuesto, el problema se agrava por el uso de vehículos enormes (camionetas SUV), con motores de más de 3 litros y que pueden pesar más de 2 toneladas. Este problema afecta menos a los vehículos motorizados ligeros (como las motocicletas), en los cuales la relación peso del vehículo/carga útil puede ser menor que 1, pero el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para dicho tipo de vehículos suele costar más de 5 veces lo que cuesta para los automóviles.

Otro tipo de contaminación ambiental es el ruido, sobre todo las bocinas, que son usadas por muchos conductores no como medio de advertencia y prevención, sino generalmente con el propósito de hostigar a otros conductores, de tal manera que solo manifiestan su exasperación por las condiciones del tráfico, así como también su muy mala educación.

Algunas Medidas de Solución

Parte de la solución es reducir el tráfico de vehículos motorizados encareciendo el uso del carro propio, para lo cual se pueden adoptar una serie de medidas, tales como: prohibir el uso de combustibles baratos (como la gasolina de 84 octanos y el diesel 2 que generan mayor contaminación y que están prohibidos en otros países); implantar el desguace (chatarreo o descarte) de vehículos viejos; instalar parquímetros o cobrar un derecho a la gente que compra vehículos nuevos sin demostrar que tienen cochera propia (pues van a dejar el auto en la calle, generalmente mal estacionado); cobrar peajes para el ingreso de vehículos motorizados a ciertas vías o zonas de la ciudad; introducir un impuesto específico a los combustibles; castigar con más rigor las infracciones de tránsito (se puede imponer un cepo a los vehículos infractores, sin necesidad de llevarlos a un centro de retención); hacer más rigurosas las revisiones técnicas, prohibir la importación de vehículos usados; etc.

Conjuntamente al encarecimiento del uso del carro propio se debe promover el uso de medios alternativos, no motorizados, de transporte urbano, tales como la bicicleta. De hecho, en grandes urbes alrededor del mundo (sobre todo en Europa y Estados Unidos), no solamente se ha levantado infraestructura (pueden tener cientos, e incluso miles de kilómetros de ciclovías) sino también se han implementado programas especiales, tales como el uso compartido de bicicletas como una manera de estimular su uso. Básicamente en casi todas las calles de Lima hay un carril usado por carros estacionados, que en muchos casos podrían ser convertidos en ciclovías.

Si bien proveer la infraestructura apropiada –ciclovías; barras de aseguramiento de bicicletas en edificios, colegios y supermercados; etc.– y tomar otro tipo de medidas puede ser muy útil, la mejor manera de promover el uso de la bicicleta es hacer que los niños descubran la magia del ciclismo, y eso no debería ser difícil en una ciudad como Lima, pues –por sus características naturales– Lima es un paraíso para el ciclismo: la ciudad es básicamente plana y a nivel del mar, no llueve, no corre viento, no hace ni el frío ni el calor que hace en casi cualquier otro lugar del mundo, no existen cambios abruptos en el estado del tiempo, y el brillo solar nunca incomoda a pesar que Lima está en medio de un desierto. Además, el suave viento que corre en realidad es beneficioso para el ciclismo, pues en general viene de la dirección del mar, o sea que lo tenemos en la espalda cuando vamos de subida. Curiosamente, dos de los factores que hacen ventajoso el uso de la bicicleta (la ausencia de viento y de lluvia) son precisamente los que hacen que el impacto ambiental negativo del transporte motorizado sea más perjudicial, pues no hay lluvia que “lave” el aire sucio, ni viento que se lleve la suciedad.

Lamentablemente, para lograr un sistema de transporte más sano y eficiente, tenemos ante nosotros una tarea cuesta arriba, pues la absurda situación del tráfico evidencia también el desinterés del público por el problema ambiental (lo cual se refleja, por ejemplo, en el hecho que la publicidad de los concesionarios generalmente no menciona el rendimiento del motor (kilómetros por galón de combustible), la emisión de CO2, ni la relación peso/potencia).

Necesitamos, pues, entre otras cosas: educar al público sobre el peligro de la contaminación del aire (es de veras indignante ver a policías de tránsito –generalmente mujeres– dirigiendo el tráfico sentadas en medio del aire tóxico); aconsejar a los ciclistas que no se dejen expulsar de la calzada, amedrentados por los vehículos motorizados (y que los lleva a usar las veredas); hacer notar a los peatones que no deben permitir que los grifos rompan las veredas para ponerlas el nivel de la calzada y facilitar el acceso de los vehículos (con el peligro que ello conlleva para los transeúntes); exigir a las autoridades que parte del servicio de vigilancia policial se haga en bicicletas; no dejar que las farmacias y restaurantes presten su servicio de delivery en motocicletas cuando bien lo pueden hacer en bicicletas; etc.

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La publicación hace varias semanas de un artículo de Richard Webb dio origen a un debate en los medios con relación a la vigencia del SPP y la eficiencia de las AFP, que luego ganó fuerza con la publicación de un estudio por profesores de la Universidad del Pacífico, y que ahora espero que continúe con la próxima publicación de un libro de este servidor por el Fondo Editorial de la PUCP.

Felipe Morris llamó “tonto útil” a Richard Webb y calificó de “indecente” la propuesta de reforma del Sistema Privado de Pensiones hecha por la UP. El Sr. Kuczynski habló en RPP de una comparación “mañosa” entre la rentabilidad privada de las AFP y la rentabilidad de los fondos que administran. Aunque el uso de tales adjetivos puede no tener intención ofensiva, es evidente que el ambiente está caldeado.

De hecho, las AFP tienen un problema de reputación que se refleja en la continua atracción de nuevos afiliados por el Sistema Nacional de Pensiones, y que se hizo más evidente cuando el gobierno se vio forzado a dar marcha atrás en su plan de obligar a los independientes a afiliarse al SPP.

La baja popularidad de las AFP resulta sobre todo del hecho que nadie tiene un amigo o pariente jubilado por el SPP que esté feliz con su pensión, y aun cuando podemos aceptar que la principal razón es que tales jubilados han aportado solamente unos 20 años al SPP, claramente la cosa es más complicada, y presentamos aquí algunas razones que indican que, en gran medida, las mismas AFP son las responsables de las bajas pensiones (y de su exigua reputación).

Primero, que los afiliados que se están jubilando actualmente aportaron previamente al SNP, y recibieron por ello bonos de reconocimiento por montos irrisorios y de rentabilidad cero, lo cual fue tomado muy despreocupadamente por las AFP, sin pensar que eso afectaría negativamente el monto de las pensiones de sus afiliados.

Segundo, las altas comisiones cobradas por las AFP hicieron –tal como lo mostramos en nuestro libro– que la rentabilidad neta real acumulada por los fondos tipo 2 durante los diez primeros años del SPP fuese nula; es decir, toda la rentabilidad que recibieron los afiliados la usaron para pagar las comisiones cobradas por las AFP.

De manera similar, cálculos que hemos realizado indican que la durante los 20 primeros años del SPP la rentabilidad neta real promedio del fondo tipo 2 fue aproximadamente 5% o 6% anual, lo cual no está mal. El problema es que la baja tasa de descuento aplicada al cálculo de una pensión vitalicia es de solamente 3.85%. Esto es particularmente grave porque dicha tasa equivale a la rentabilidad del fondo del afiliado una vez que se jubila. O sea, justo cuando el afiliado tiene el mayor capital acumulado ve caer la rentabilidad real de su fondo a prácticamente cero (si asumimos una tasa de inflación anual de poco más de 3%).

Finalmente, fueron las mismas AFP las que promovieron la reducción de la tasa de aportación para ganar competitividad frente al SNP. De hecho, la tasa de aportación permaneció por diez años en 8%, y ahora mismo no es 10%, sino solamente 8.6% si tomamos en cuenta que los trabajadores no aportan sobre sus gratificaciones de julio y diciembre. La menor tasa de aportación también han tenido como resultado fondos acumulados de menor valor y pensiones más bajas.

Pues bien, como diría Milton Friedman, no hay lonche gratis: si bien la reforma del sistema de pensiones le resultó al Estado muy barata, y a las AFP muy rentable –es decir, todo el peso de la creación del SPP fue descargado sobre los hombros de los trabajadores– pues ahora el Estado y las AFP tienen que pagar por ello

El SPP viola una regla básica del libre mercado, la libre elección, pues al afiliado el gobierno le fija la cantidad que tiene que comprar (la tasa de aportación), y las AFP le fijan el precio que debe pagar (la comisión), estableciendo de esa manera una relación totalmente asimétrica entre las AFP y sus afiliados. Uno de los resultados de esto fue que, por ejemplo, durante el periodo 1998-2012 las AFP obtuvieron una rentabilidad anual promedio de 40.2%, mientras que la rentabilidad nominal promedio de los fondos tipo 2 fue de solo 12.4%.

La creación del SPP debió manejarse como la concesión por el Estado de un servicio público (con un mercado cautivo) a empresas del sector privado, a las cuales no se les debió otorgar total libertad para fijar sus comisiones abusando de su poder oligopólico. Ahora se está tratando de corregir eso en alguna medida con la introducción de la licitación de afiliaciones, pero eso ya podría ser muy tarde.

Finalmente, es necesario tomar en cuenta que el propósito fundamental de un sistema de pensiones como el SPP es aumentar la tasa de ahorro de los trabajadores, y que esa es una tarea que no puede ser entregada por completo a las AFP. Es decir, se pueden tomar otras medidas, totalmente independientes del SPP, que promuevan el aumento del ahorro de las familias, sobre todo las de menores ingresos.

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La desaceleración de la economía peruana empezó el año pasado como consecuencia de los precios más bajos de los minerales, lo cual ha afectado uno de los pilares básicos del crecimiento económico, cual fue el aumento del valor de las exportaciones de materias primas. Este año, la saturación del mercado inmobiliario y la carga de deuda que soportan las familias están afectando otro de los pilares del crecimiento de los últimos años, cual fue el crecimiento del crédito inmobiliario y de consumo. Las familias tienen ahora que pagar esas deudas, y deben reducir su gasto de consumo.

El Ministro de Economía Luis Castilla está aprovechando la distracción de la Copa Mundial de Fútbol y usando la desaceleración económica como pretexto para tomar una serie de medidas que, según él, servirán para promover la inversión privada. Dichas medidas comprenden la condonación de deudas tributarias por 20,000 millones de nuevos soles, la “flexibilización” de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la reducción de las regulaciones ambientales.

Es obvio que no solo la efectividad, sino también la legitimidad y transparencia de dichas medidas son fuertemente cuestionables. Eso nos hace pensar que el ministro Castilla, sabiendo que la fiesta del crecimiento ya se está acabando, en realidad está pensando en renunciar, pero antes de hacerlo quiere otorgar algunos jugosos beneficios a sus amigos en el sector privado, para los cuales seguramente irá ahora a trabajar.

En el caso de la condonación de deudas tributarias, 20,000 millones de nuevos soles es un montón de dinero, casi 4% del PBI, o sea, más de lo que crecería la economía peruana este año. Se aduce que habrían unos 180,000 beneficiados, lo cual implica un promedio de más de 100,000 soles por beneficiado, lo cual nos hace pensar que mientras algunos podrían beneficiarse con algunos miles de soles, otros podrían hacerlo con cientos de millones. Un mínimo de transparencia exigiría ahora que se publique qué empresas resultarán beneficiadas y en qué montos. Alguien debería advertir al ministro Castilla que, si va adelante con su proyecto, podría terminar en una situación como la que enfrenta actualmente Alan García por los “narcoindultos” que otorgó.

En el caso de la “flexibilización” de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las regulaciones ambientales, se busca básicamente eliminar el derecho de los trabajadores a controles y exámenes médicos periódicos y –por otro lado– otorgar a las empresas mineras el libre derecho a intoxicar el medio ambiente en el que operan. El ministro Castilla sabe perfectamente que este tipo de medidas son fuertemente impopulares, y que deben tomarse tratando de no llamar la atención del público, lo cual nos hace pensar en la Copa Mundial de Futbol.

Obviamente, las medidas del ministro Castilla cuentan con el apoyo de gremios empresariales como la Confiep y de sus mastines en los medios. La jerga que usan ya la conocemos: promover la “confianza” del inversionista, eliminar costos regulatorios que son “confiscatorios”, reducir “sobrecostos” laborales, “favorecer” a las pequeñas y medianas empresas, etc. El fariseísmo de esta gente es impresionante: ya no exigen ahora estabilidad jurídica, como lo hacen cuando lo que está en discusión son medidas que podrían perjudicar sus intereses.

Uno de los problemas más importantes del capitalismo es que carece de mecanismos automáticos de defensa propia, que protejan su legitimidad. De esta manera, si el mayor beneficio de las empresas requiere en el corto plazo de salarios miserables, condiciones de trabajo indignas y altas tasas de desempleo, pues eso será lo que el libre mercado producirá. Y, lamentablemente, el largo plazo es simplemente la suma de los cortos plazos.

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La propuesta de aumentar el salario mínimo casi ha provocado una crisis política en el país. Visto por un extranjero, este problema podría parecer muy extraño, pues le llamaría la atención, por un lado, que el salario mínimo vigente fuese tan bajo (750 nuevos soles mensuales) y, por otro lado, que se haya rechazado un aumento de cualquier nivel, por más pequeño que fuera, con el argumento que ello afectaría negativamente el empleo.

Un problema con el modelo económico vigente en el país ya hace casi 25 años es que un gran sector de la población no ha percibido mayores beneficios, y eso empieza a inquietarlos. Esta inquietud se ha agravado recientemente con la duplicación del sueldo de los ministros de estado, que pasó de 15,000 a 30,000 soles mensuales; esto es, 40 veces un salario mínimo. De esta manera, lo que gana un ministro en un día (1,000 soles) es más que lo que gana un trabajador en un mes.

Los signos de inquietud se han venido dando ya hace un buen tiempo, y sus manifestaciones más claras han sido las huelgas de maestros y de médicos. La calma se ha mantenido en cierta medida como resultado del aumento del crédito de consumo (que permite a la población de menores ingresos aumentar temporalmente su nivel de gastos) y de una inflación relativamente baja (aunque evidentemente mayor que la reconocida oficialmente por el INEI).

A pesar de tales signos de inquietud, la reacción de la élite económica del país en relación a la propuesta de aumentar el salario mínimo ha sido la de no hacer concesiones de ningún tipo, independientemente de cuál sea el actual nivel y cuál el monto del aumento (es obvio que si el salario mínimo fuese de 100 soles, su elevación a 120 soles no tendría ningún efecto negativo sobre el empleo). Esta reacción aparentemente revela una ideología de rechazo a cualquier interferencia con el funcionamiento supuestamente libre de los mercados.

Pero dicha reacción también refleja un interés económico, pero no porque el costo de los mayores salarios los pueda afectar directamente (las empresas de los líderes de CONFIEP no pagan salarios mínimos), sino más bien porque un aumento del salario mínimo puede aumentar las expectativas de los trabajadores, y llevarlos a exigir mayores concesiones, lo cual afectaría la “confianza” de los inversionistas.

Y decir que un aumento del salario mínimo afectará el empleo en las pequeñas empresas y fomentará la informalidad es una simpleza (o una simplonada, como decimos nosotros, por no decir otra cosa), pues supone un mercado de trabajo con una oferta y una demanda de mano de obra dadas, en la cual la única variable de ajuste es el precio (el salario). Esta visión no toma en cuenta, por ejemplo, que mayores salarios pueden atraer a jóvenes del sector informal hacia el sector formal, moderno y capitalista de la economía.

Es más, manifestar preocupación por la informalidad revela hipocresía porque, si en realidad les interesase el problema de la informalidad, lo primero que deberían estar pidiendo es que se reduzca el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es uno de los más altos del mundo (18%), a cambio de aumentar el impuesto a la renta y al capital, que son impuestos directos, y que afectan más a la clase de mayores ingresos.

¿Cómo explicar, entonces, la radical actitud de los gremios empresariales peruanos frente a la propuesta de aumentar el salario mínimo?

En primer lugar, un sistema capitalista de libre mercado, basado en la propiedad privada de los medios de producción, no es un sistema perfecto, como algunos quisieran que creyéramos: si va a haber un mercado de productos de consumo popular masivo, la economía requiere que se paguen salarios decentes, pero eso está en contradicción con el interés particular de cada capitalista, y si todos hicieran lo mismo para aumentar sus beneficios (pagar salarios más bajos) el sistema no funcionaría. Existe, pues, una contradicción entre el interés individual de cada empresario, y el interés conjunto de la clase capitalista.

Este problema, sin embargo, no tiene mayor importancia en países como el nuestro, embarcados en un modelo de exportación de materias primas, puesto que el tamaño de la demanda (extranjera) no depende del monto de los salarios que se pague a los trabajadores en nuestro país. De esta manera, salarios más altos solo implican mayores costos, pero no una mayor demanda. Esto en parte explica, pues, la actitud de los gremios empresariales peruanos al aumento del salario mínimo.

Y esta actitud, en general, refleja un grave problema que afecta al sistema capitalista en todo el mundo, cual es que no tiene mecanismos automáticos que le permitan mantener su legitimidad frente a la mayoría de la población. En efecto, si bien el libre mercado puede permitirnos crecer más rápido, eso no significa necesariamente que todos se beneficien, mucho menos por igual, de dicho crecimiento. Es más, la economía puede crecer porque el aumento en el ingreso de unos pocos es mayor que lo que pierden los que conforman la mayoría.

Es decir, un modelo basado en la maximización de las ganancias de las empresas privadas puede tener como resultado pobreza mayoritaria y desigualdades absurdas, que terminarán socavando la legitimidad del modelo, pero que el funcionamiento del libre mercado por su cuenta no va a contrarrestar. Y si el mercado no lo puede hacer, se requiere, entonces, de una clase capitalista con una visión de largo plazo, que esté dispuesta a respaldar medidas de política económica que busquen sustentar la legitimidad del modelo.

Finalmente, si bien partir del supuesto que cualquier interferencia con los mecanismos del libre mercado debería tener un efecto global negativo es una simpleza, y que se deberían buscar políticas redistributivas que no afecten las libre señales del mercado, las propuestas de vincular el salario mínimo a la UIT, o el salario de los ministros al salario mínimo, no pasa de ser una idea bien intencionada.

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El día 12 de noviembre, el diario Gestión publicó un reportaje titulado “Riesgosa Baja Inflación”, elaborado por la revista The Economist. El reportaje hace notar una serie de efectos indeseados de una inflación baja: impide la desvalorización de las deudas de las familias, empresas y gobiernos; induce una disminución del gasto de los consumidores, por sus expectativas de precios decrecientes; y entorpece el ajuste a la baja de los salarios reales, en caso que este sea necesario.

Pero el efecto al cual el reportaje da más importancia se refiere a que una inflación baja también socava la capacidad de los bancos centrales para combatir las recesiones mediante la disminución de las tasas de interés, pues al estar estas cercanas a cero –como lo están actualmente– la única manera de disminuir la tasa de interés real es haciéndola negativa vía un aumento en el nivel de precios.

Luego reconoce que no es que no se haya hecho nada, pues desde el 2008 los balances de los bancos centrales (la base monetaria) de los países ricos han explotado, pero advierte que el resultado no ha sido un aumento en los precios de los bienes y servicios, sino más bien de los activos financieros, en lo que puede ser el inicio de una nueva burbuja. A pesar de eso, se limita a sugerir como solución que los bancos centrales continúen administrando sus tasas de interés, pero aumentando sus metas de inflación y reduciendo sus metas de desempleo.

Pues bien, un primer comentario que podemos hacer al artículo de The Economist es que reconoce abiertamente que las políticas de expansión monetaria de los países ricos no apuntan tanto a aumentar el nivel de actividad (la producción), sino más bien el nivel de precios.

Por otro lado, el artículo no discute las causas de la inflación baja, la cual viene de muy atrás, y que es solo parcialmente explicada por políticas monetarias restrictivas, tipo “inflation targetting”, siendo otro factor el impacto de las manufacturas asiáticas baratas, y la acumulación de reservas por China y otros países que impidió la devaluación del dólar. De la misma manera, un efecto de la baja inflación que no se reconoce –probablemente porque no se le considera un problema– es la financialización de la economía global, al prevenirse la devaluación de los activos financieros con niveles de precios estables.

Puesto que las políticas monetarias no pueden inducir directamente un aumento de la producción, sino solo a través de un aumento en el gasto agregado, una cuestión central es explicar la inefectividad de las políticas monetarias expansivas para inducir un aumento del gasto de hogares, empresas y extranjeros. En el caso del gasto de las familias, a los dos factores considerados por The Economist – la carga de la deuda y expectativas de precios a la baja– debemos agregar el “efecto riqueza” negativo que resultó de la caída en los precios de los activos, particularmente en el sector inmobiliario, así como también el estancamiento de los salarios reales. Una opción en este caso sería seguir la sugerencia de Milton Friedman de utilizar el “helicopter money”, esto es, que la Reserva Federal imprima dinero no para prestarlo, sino para regalarlo (se supone que desde un helicóptero).

En el caso del gasto de las empresas (la inversión), la única explicación plausible es la baja rentabilidad del capital productivo como resultado de un rezago tecnológico y de la pérdida de competitividad frente a los “Tigres Asiáticos” y la China. En este caso no existen soluciones de corto plazo, y la competitividad deberá ser recuperada mediante una combinación de avances tecnológicos, una reducción de los salarios en Estados Unidos y un aumento de los salarios en las economías emergentes.

En el caso del gasto de los extranjeros (las exportaciones), los problemas pueden ser aún más complicados, puesto que Estados Unidos necesita devaluar el dólar en términos reales, y para eso requiere –dado el nivel de precios del resto del mundo– que su tasa de devaluación sea mayor que su tasa de inflación. El problema es que los países del resto de mundo no solo pueden ver las políticas expansivas de la Reserva Federal como un medio de Estados Unidos para “exportar su inflación”, sino también recurrir a devaluaciones competitivas. En este caso, la solución necesariamente pasa por un aumento del gasto corriente de la China y de otras economías con elevados montos de reservas internacionales y grandes superávits en sus balanzas comerciales (como Alemania).

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En los últimos días, el gobierno de Estados Unidos ha manifestado estar horrorizado por el uso de armas químicas en Siria, acusando de ello al gobierno sirio; y ha anunciado que va a tomar medidas al respecto.

En realidad, ya no nos puede sorprender la hipocresía de quienes pretenden estar horrorizados por ataques con armas químicas, y que son los mismos que nunca han pedido disculpas al pueblo vietnamita por envenenar sus bosques con el agente naranja e incendiar con napalm casi todas sus aldeas.

Lo que el gobierno de Obama busca es un pretexto para invadir Siria, y ha encontrado (o fabricado) uno, de la misma manera que el gobierno de Bush fabricó el pretexto de las “armas de destrucción masiva” de Saddam Hussein para atacar Iraq. Dichas armas nunca fueron encontradas.

El gobierno de Estados Unidos quiere invadir Siria y terminar con la guerra civil en ese país porque sabe que sin su intervención, cualquiera que fuese su desenlace, sería necesariamente un perdedor, puesto que no puede ganar en una guerra en la que ambos contendientes son sus enemigos: el dictador Bashar al-Assad es un cercano aliado de Rusia –país al que sigue considerando un enemigo–, y los rebeldes son musulmanes radicales, enemigos de Estados Unidos y de Israel.

La Organización de las Naciones Unidas no ha podido jugar un rol de árbitro por la posición agresiva del gobierno norteamericano, y su situación es realmente penosa: actualmente hay una misión de la ONU que busca constatar si efectivamente se usaron armas químicas en Siria, algo totalmente absurdo, puesto que tanto el gobierno como los rebeldes reconocen que se han usado, y se acusan entre ellos de ser el responsable.

La pérdida de poder político, económico y militar durante los últimos 30 años está llevando a la mafia que gobierna Estados Unidos a perder la compostura, tal como ya lo había mostrado en el caso del ex–agente de la CIA, Edward Snowden; y eso es muy peligroso (de hecho, los ataques contra al-Assad pueden estar buscando simplemente distraer la atención del escándalo mundial desatado por las denuncias de Snowden).

Sin embargo, los mercados financieros pueden estar ya mostrando su preocupación porque saben que el gobierno de Estados Unidos estaría entrando en una guerra que no puede ganar y menos pagar. Y esa puede ser la última barrera que impida que el conflicto finalmente estalle.

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I read somewhere “There are many things we don´t know that we don´t know”. The PRISM program was one of them, at least for most of the people, until Edward Snowden revealed the existence of the program PRISM of the FBI and the NSA that allows U.S. authorities –with the cooperation of the most important internet companies– to spy on virtually anyone in this planet that uses telephones and internet. This information was leaked by Snowden to The Washington Post and The Guardian, who published it on June 6.

The Washington Post said: “The National Security Agency and the FBI are tapping directly into the central servers of nine leading U.S. Internet companies, extracting audio and video chats, photographs, e-mails, documents, and connection logs that enable analysts to track foreign targets, according to a top-secret document obtained by The Washington Post”. (1)

And The Guardian printed: “The National Security Agency is currently collecting the telephone records of millions of US customers of Verizon, one of America’s largest telecoms providers, under a top secret court order issued in April… The order, a copy of which has been obtained by the Guardian, requires Verizon on an “ongoing, daily basis” to give the NSA information on all telephone calls in its systems, both within the US and between the US and other countries”. (2)

But internet companies are not the only companies collaborating with the U.S. government. In effect, a few days later, Bloomberg posted: “Thousands of technology, finance and manufacturing private companies are working closely with U.S. national security agencies, providing sensitive information and in return receiving benefits that include access to classified intelligence, four people familiar with the process said”.(3)

And the U.S. is not the only country carrying out this type of program. In effect, on June 22, Reuters posted: “In its latest article based on information from Edward Snowden, a former contractor for the U.S. National Security Agency (NSA), the Guardian reported a project codenamed “TEMPORA” under which Britain’s eavesdropping agency can tap into and store huge volumes of data from fiber-optic cables”. (4)

For sure, PRISM is not a recent invention of the U.S. government. In effect, although some may see programs like PRISM as a reaction of the U.S. government to 9/11 (the war on terrorism), a former officer of the National Security Agency (NSA) has declared that this type of actions began in the 1970´s (5). And this seems a reasonable assertion: if the U.S. is now fighting a war on terrorism, forty years ago it was fighting a war in Vietnam, and a cold war against the Soviet Block. What is new now is that the information revolution has made extremely easy to collect and process almost any type of information on almost any individual inhabiting this planet.

And for sure, internet and telephone lines are not the only channels, as every type of cards, identification documents, omnipresent cameras, etc. can be used to collect information on you.

As the persecution of Julian Assange, David Snowden and Bradley Manning reveals, the U.S. government has assigned itself the right to spy on you, but won´t allow you to reciprocate. This double standard brings about a question: who gave them the authority to spy on you (and to forbid you from spying on them)? This double standard is at the root of every tyranny and police state: they assign themselves powers, without feeling the need to give any justification.

Programs like PRISM not only infringe on our privacy; they are also very dangerous. Although they may have been originally designed by inoffensive bureaucrats, the information collected is feeding the power of Big Brothers and Dr. Strangeloves, who will use it as an arm in their crusades for their wacky purposes.

Emulators of Big Brother may now emulate Sheldon Cooper, and say “I am not crazy; my mommy had me tested”, but the fact is that acts like the sequestration of Bolivian President Evo Morales, reveal that Big Brother is losing its composure.

For sure, there are things about programs like PRISM that we still don´t know that we don´t know. Snowden´s only revelation has been that THE BIG BROTHER IS WATCHING YOU (6). Well, we should return the favor and keep watching Big Brother. We may become paranoid, but in a situation like this it would be insane not to be paranoid.

(1) http://www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-data-from-nine-us-internet-companies-in-broad-secret-program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845-d970ccb04497_story.html.

(2) http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order.

(3) http://www.bloomberg.com/news/print/2013-06-14/u-s-agencies-said-to-swap-data-with-thousands-of-firms.html.

(4) http://www.reuters.com/article/2013/06/22/us-usa-security-britain-germany-idUSBRE95L09E20130622.

(5) http://blogs.reuters.com/great-debate/2013/06/28/nsa-as-big-brother-not-even-close/

(6) George Orwell uses this expression, in capitals, in the second paragraph of his novel 1984.

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La Sociedad Nacional de Industrias (SIN) ha manifestado que restringir la venta de comida chatarra en los colegios inducirá a los niños y jóvenes a consumir productos informales, con el riesgo que eso significaría para su salud. Pues bien, lo que están haciendo es conceder que la comida que venden es mala y perniciosa, pero que deberíamos consolarnos porque podría ser peor. No nos ofrecen mejorar la calidad de la comida que venden, quieren que nos resignemos a ella.

La reacción de los gremios empresariales es comprensible. Ellos solo están defendiendo su derecho a ganar dinero, aunque al hacerlo puedan poner en riesgo la salud de los demás. Después de todo, ellos no están obligando a nadie a comer su comida chatarra.

Y la reacción frente a la ley por parte de algunos medios en realidad tampoco nos debe ya sorprender. Una ley como ésta, afirman, afrenta nuestro derecho a la libre elección, y puede ser solo un primer paso a restringir nuestra libertad de pensar. Pero esta gente que pretende representar el pensamiento liberal, en realidad solo está defendiendo los intereses de grandes empresas.

Pues, si en realidad defienden la libertad de elegir, y quieren jugar al libre mercado, el interés propio, la propiedad privada y el laissez-faire, ¿por qué, de la misma manera, no se oponen a la prohibición del consumo de drogas? ¿O a las restricciones al consumo del tabaco? ¿O del alcohol? ¿O al control de las armas de fuego? ¿O a la obligación de los trabajadores a depositar sus ahorros en una AFP?

En estos momentos hay 5 millones de trabajadores peruanos obligados a depositar sus ahorros en cuatro AFP, las cuales de esta manera se benefician no solo de las comisiones que cobran, sino también de las ventajas que da el poder manejar 100,000 millones de soles que pertenecen a esos 5 millones de trabajadores. Y el gobierno pretende ahora obligar también a los trabajadores independientes a afiliarse a una AFP. Ese atentado contra la libertad de los trabajadores de elegir cuánto y cómo ahorrar no preocupa a los pretendidos defensores del libre mercado y la libertad de elegir.

Es fácil, pues, llenarse la boca con proclamas de la misma calidad de la comida que defienden, y dársela de muy liberal, pero es un poco más difícil mostrar cierta consecuencia. Todo lo que están mostrando es un fariseísmo vergonzoso y vulgar.

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During the period January 2000-December 2012, the Peruvian central bank intervened in the foreign exchange market, buying an average of 227.5 million dollars each month, and a total of 35,493.1 million dollars during the 13-year period.Considering the net monthly value in soles of the transactions (dollars bought minus dollars sold times the average exchange rate of the corresponding month), we find that the central bank spent a total of 101,638.5 million soles during the that period. Considering, on the other hand, an exchange rate of 2.541 soles per dollar at December 2012, we find that the value of the 35,493.1 million dollars bought during the 13-year period was 91,146.3 million soles (35,493.1 x 2.541).

So, as we can see, the Peruvian central bank spent a total of 101,638.5 million soles in buying a stock of dollars whose current value in soles is 91,146.3 million, which give us a loss of 10,492.2 million soles (that is, 4,085.8 million dollars). This loss results from the diminishing value of the dollar during the last ten years: the highest value of the dollar was 3.62 soles in September 2002, and it has since fallen almost continuously to a value of 2.57 soles in December 2012.

It must be recognized that our exercise is not completely accurate, as we are using only the net monthly values of the operations, and the average monthly values of the exchange rate. Besides, we are assuming that the U.S. dollar was the only foreign currency bought or sold by the central bank. Nevertheless, we are confident our estimate gives us a good idea of the relative magnitude of the losses (monthly imports during 2012 had an approximate value of 3,500 million dollars).

Another observation is that these are only balance-sheet losses, and we are not considering the economic effects (gains or losses) resulting from the impact of the central bank operations on the behavior of the real exchange rate.

In any case, our main point is that the Peruvian central bank has been buying dollars trying –as almost every other central bank in the world– to prevent a devaluation of the dollar, that results –in time– from a supply of dollars that is larger than the demand for dollars in the domestic market. A growing portion of the supply of dollars results from the inflow of foreign capitals into our economy, which –in time– has to do with the extremely low (if not negative) returns on capital in the international markets. That is, those capitals are coming in attracted by (what investors see as) the good situation of our economy, seeking refuge from the adverse conditions prevailing in international markets.

And this is a situation from which we should be taking advantage: a tax on short-term capital inflows would be a way to restrict such flows, and equivalent to collecting seigniorage on the capitals coming into our country (and using our currency). But the authorities at the Peruvian central bank prefer to continue paying seigniorage for using a currency whose real value in the mid- and long-term can only go down. In effect, the 10,492.2 million soles lost by the central bank since the year 2000 should be seen as seigniorage paid to the U.S. Federal Reserve.

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