El pasado jueves 22, cuatro personas murieron en un incendio en la galería Nicolini del centro comercial Las Malvinas, en el Cercado de Lima. Entre ellos, dos jóvenes –Jorge Huamán, de 19 años, y Jovi Herrera, de 20 años– sufrieron una muerte terrible, pues habitualmente realizaban sus labores diarias encerrados en una estructura metálica por su empleador. Todos nos hemos sentido consternados ante las horrorosas imágenes de un joven entre las llamas, pidiendo auxilio desesperadamente. Dichas imágenes fueron mostradas una y otra vez, de manera morbosa, en los noticieros de la televisión peruana.
Esta tragedia debe llevarnos a hacer –y hacernos– ciertas preguntas. En primer lugar, a los dueños de esas emisoras, y a los productores de dichos noticieros habría que preguntarles por qué en su lugar no nos informan sobre si las autoridades están realizando actividades de prevención para evitar la repetición de este tipo de tragedias. Es obvio que en Lima existe dicho riesgo: hace poco 79 personas fallecieron en el incendio de un edificio de departamentos en Londres, ciudad que obviamente tiene estándares de seguridad mucho más altos que los que tienen las municipalidades en Lima, que han autorizado la construcción de miles de edificios de departamentos los últimos 20 años.
Y una pregunta que deberíamos hacernos a nosotros mismos es ¿cómo es posible que exista ese tipo de condiciones trabajo en nuestro país? Se trata de una suerte de “capitalismo informal”, que resulta de la incapacidad de las empresas privadas –el capitalismo moderno, formal– de absorber toda la oferta de trabajo en nuestro país (y ello a pesar que, según INEI, dos y medio millones de peruanos han migrado al extranjero desde 1990). Los ideólogos del neoliberalismo aseguran que tal incapacidad resulta básicamente de la excesiva intromisión del Estado en la economía, y de los innumerables trámites, controles y licencias que se requieren para establecer y mantener un negocio formal (la “tramitología” criolla o el “red tape” gringo). Y ante la pregunta de por qué existen tantas restricciones y controles, tales ideólogos acusan a la burocracia estatal, corrupta y hambrienta poder, que recibe el apoyo de tontos útiles que repudian el capitalismo y la libre empresa.
Obviamente, el problema es más complicado. Es más, es muy fácil mostrar que dichos controles en gran medida resultan de poca disposición de los mismos empleadores –y empresas en general– a cumplir las reglas de juego básicas (como, por ejemplo, otorgar condiciones de trabajo adecuadas y no engañar a los consumidores con etiquetas tramposas). Podemos presentar una analogía muy sencilla que nos permite entender eso: en las calles limeñas existe una infinidad de “rompemuelles” –una suerte de controles– que son puestos por las autoridades precisamente porque saben que las señales de Pare y de Velocidad Máxima son generalmente ignorados por los conductores. En principio, todo lo que debería ser necesario es que los conductores aprueben sus exámenes de manejo y de reglas de tránsito, y que firmen una declaración jurada comprometiéndose a respetar las señales de tránsito. De la misma manera, los empleadores solo deberían tener que firmar una declaración análoga, comprometiéndose a respetar las normas laborales, sanitarias, de seguridad, de medio ambiente, etc. Todo eso haría que no se requiriesen “rompemuelles” ni otros controles. Pero todos sabemos que eso no es suficiente.
Pero, ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar las condiciones de trabajo en nuestro país? Obviamente, mejores actitudes por parte de los empleadores y de las autoridades deben ayudar en alguna medida. Pero, ¿y qué hay de los trabajadores? ¿por qué están ellos dispuestos a trabajar en condiciones inhumanas? Creo que este es el problema más importante: las expectativas de los jóvenes de bajos ingresos y sus sentimientos de respeto propio son ínfimos. Y, en realidad, el orden establecido lo prefiere así: una clase trabajadora dócil, dispuesta a trabajar por salarios miserables.
El Congreso dela República –que hace poco declaró héroes a los efectivos militares que hace 20 años participaron en el rescate de los rehenes del MRTA en la residencia del embajador japonés en Lima– debería ahora mostrar su respeto por los trabajadores informales y declarar héroes nacionales a Jorge Huamán y Jovi Herrera. Algún consuelo tendremos, y en alguna medida contribuiríamos a elevar las expectativas y el sentido de respeto propio de los trabajadores. No es mucho, pero es un paso que podría ayudarnos a dejar de retroceder y empezar a avanzar.