La propuesta de aumentar el salario mínimo casi ha provocado una crisis política en el país. Visto por un extranjero, este problema podría parecer muy extraño, pues le llamaría la atención, por un lado, que el salario mínimo vigente fuese tan bajo (750 nuevos soles mensuales) y, por otro lado, que se haya rechazado un aumento de cualquier nivel, por más pequeño que fuera, con el argumento que ello afectaría negativamente el empleo.
Un problema con el modelo económico vigente en el país ya hace casi 25 años es que un gran sector de la población no ha percibido mayores beneficios, y eso empieza a inquietarlos. Esta inquietud se ha agravado recientemente con la duplicación del sueldo de los ministros de estado, que pasó de 15,000 a 30,000 soles mensuales; esto es, 40 veces un salario mínimo. De esta manera, lo que gana un ministro en un día (1,000 soles) es más que lo que gana un trabajador en un mes.
Los signos de inquietud se han venido dando ya hace un buen tiempo, y sus manifestaciones más claras han sido las huelgas de maestros y de médicos. La calma se ha mantenido en cierta medida como resultado del aumento del crédito de consumo (que permite a la población de menores ingresos aumentar temporalmente su nivel de gastos) y de una inflación relativamente baja (aunque evidentemente mayor que la reconocida oficialmente por el INEI).
A pesar de tales signos de inquietud, la reacción de la élite económica del país en relación a la propuesta de aumentar el salario mínimo ha sido la de no hacer concesiones de ningún tipo, independientemente de cuál sea el actual nivel y cuál el monto del aumento (es obvio que si el salario mínimo fuese de 100 soles, su elevación a 120 soles no tendría ningún efecto negativo sobre el empleo). Esta reacción aparentemente revela una ideología de rechazo a cualquier interferencia con el funcionamiento supuestamente libre de los mercados.
Pero dicha reacción también refleja un interés económico, pero no porque el costo de los mayores salarios los pueda afectar directamente (las empresas de los líderes de CONFIEP no pagan salarios mínimos), sino más bien porque un aumento del salario mínimo puede aumentar las expectativas de los trabajadores, y llevarlos a exigir mayores concesiones, lo cual afectaría la “confianza” de los inversionistas.
Y decir que un aumento del salario mínimo afectará el empleo en las pequeñas empresas y fomentará la informalidad es una simpleza (o una simplonada, como decimos nosotros, por no decir otra cosa), pues supone un mercado de trabajo con una oferta y una demanda de mano de obra dadas, en la cual la única variable de ajuste es el precio (el salario). Esta visión no toma en cuenta, por ejemplo, que mayores salarios pueden atraer a jóvenes del sector informal hacia el sector formal, moderno y capitalista de la economía.
Es más, manifestar preocupación por la informalidad revela hipocresía porque, si en realidad les interesase el problema de la informalidad, lo primero que deberían estar pidiendo es que se reduzca el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es uno de los más altos del mundo (18%), a cambio de aumentar el impuesto a la renta y al capital, que son impuestos directos, y que afectan más a la clase de mayores ingresos.
¿Cómo explicar, entonces, la radical actitud de los gremios empresariales peruanos frente a la propuesta de aumentar el salario mínimo?
En primer lugar, un sistema capitalista de libre mercado, basado en la propiedad privada de los medios de producción, no es un sistema perfecto, como algunos quisieran que creyéramos: si va a haber un mercado de productos de consumo popular masivo, la economía requiere que se paguen salarios decentes, pero eso está en contradicción con el interés particular de cada capitalista, y si todos hicieran lo mismo para aumentar sus beneficios (pagar salarios más bajos) el sistema no funcionaría. Existe, pues, una contradicción entre el interés individual de cada empresario, y el interés conjunto de la clase capitalista.
Este problema, sin embargo, no tiene mayor importancia en países como el nuestro, embarcados en un modelo de exportación de materias primas, puesto que el tamaño de la demanda (extranjera) no depende del monto de los salarios que se pague a los trabajadores en nuestro país. De esta manera, salarios más altos solo implican mayores costos, pero no una mayor demanda. Esto en parte explica, pues, la actitud de los gremios empresariales peruanos al aumento del salario mínimo.
Y esta actitud, en general, refleja un grave problema que afecta al sistema capitalista en todo el mundo, cual es que no tiene mecanismos automáticos que le permitan mantener su legitimidad frente a la mayoría de la población. En efecto, si bien el libre mercado puede permitirnos crecer más rápido, eso no significa necesariamente que todos se beneficien, mucho menos por igual, de dicho crecimiento. Es más, la economía puede crecer porque el aumento en el ingreso de unos pocos es mayor que lo que pierden los que conforman la mayoría.
Es decir, un modelo basado en la maximización de las ganancias de las empresas privadas puede tener como resultado pobreza mayoritaria y desigualdades absurdas, que terminarán socavando la legitimidad del modelo, pero que el funcionamiento del libre mercado por su cuenta no va a contrarrestar. Y si el mercado no lo puede hacer, se requiere, entonces, de una clase capitalista con una visión de largo plazo, que esté dispuesta a respaldar medidas de política económica que busquen sustentar la legitimidad del modelo.
Finalmente, si bien partir del supuesto que cualquier interferencia con los mecanismos del libre mercado debería tener un efecto global negativo es una simpleza, y que se deberían buscar políticas redistributivas que no afecten las libre señales del mercado, las propuestas de vincular el salario mínimo a la UIT, o el salario de los ministros al salario mínimo, no pasa de ser una idea bien intencionada.