Según la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), habría 36 filiales autorizadas para funcionar (número mayor, notémoslo, al de la totalidad de universidades públicas existentes). Una vez en funcionamiento, no hay control alguno sobre el alcance y calidad de su cobertura, llegando algunas a tener mayor matrícula que muchas universidades públicas. En esta situación absolutamente irregular y perniciosa para la marcha de la educación universitaria en nuestro país, la estafa pública tiene curso impune (los grados y títulos se otorgan “a nombre de la Nación” y sin señal alguna de las condiciones en que se obtuvieron) y alcanza dimensiones surrealistas, que la estadística de la ANR hace caso omiso, pues el número efectivo de filiales supera holgadamente los tres centenares y discurre en las condiciones más inverosímiles: sin elementales servicios como bibliotecas o hemerotecas; instaladas en talleres, garages, azoteas, mercadillos, colegios públicos (del ministerio respectivo no esperemos opinión alguna; siendo el propio ministro dueño de varias filiales), o simplemente en ningún lugar (bajo modalidades eufemísticamente denominadas “a distancia” o de “educación virtual”), pero otorgando igualmente grados y títulos.