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Por Grupo Propuesta Ciudadana
INTRODUCCIÓN
Los días 5 y 6 de diciembre del 2007, el Grupo Propuesta Ciudadana, Revenue Watch Institute y Oxfam Internacional, organizaron en la ciudad de Lima el seminario internacional Recursos naturales, desarrollo y democracia en América Latina que contó con el auspicio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El seminario se propuso como un espacio de encuentro, reflexión y debate entre autoridades, académicos y técnicos, representantes de las empresas extractivas y de la sociedad civil de distintos países, sobre las oportunidades, problemas y desafíos que trae el auge de las industrias extractivas para el desarrollo del continente. Organizado alrededor de siete mesas de trabajo en las que participaron dieciséis expositores, el evento contó con la intervención de más de 150 participantes de distintos países. El diálogo resultante del esfuerzo realizado, se inscribe en la construcción de una agenda compartida sobre la relación de las industrias extractivas con el desarrollo y la democracia en nuestros países. A continuación se exponen las principales conclusiones e ideas que fueron compartidas en el evento.
1. Recursos naturales, desarrollo y democracia en el siglo XXI; una perspectiva global y latinoamericana
Fernando Sánchez Albavera destacó las nuevas oportunidades de la explotación sostenible del patrimonio natural que resultan del cambio tecnológico, la existencia de un renovado marco institucional y de regulaciones que son funcionales para aprovechar las ventajas naturales, así como la existencia de menores barreras de entrada para la explotación de los recursos naturales, acompañadas por regulaciones ambientales más estrictas. Ello, en un escenario en el que se observa una mayor internacionalización de las cuestiones ambientales, un mayor protagonismo de la sociedad civil y una creciente demanda de nuevos países industrializados, lo que obliga a un mayor cuidado del patrimonio cultural.
En el caso del petróleo y el gas, se observa un fortalecimiento del “capitalismo nacional” que responde al pasado de América Latina, donde hubo un traslado mayoritario de las rentas de explotación al sector privado y un reducido valor retenido en las economías locales. En los últimos años, las empresas estatales y las privadas nacionales son las que tienen mayores exportaciones y ventas (74.7% el año 2006), siendo las primeras las que están realizando las mayores inversiones, destacando significativamente los casos de PEMEX, PETROBRAS y PDVSA. Sólo en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, la inversión extranjera en esta actividad superó la inversión estatal. Ello habla del mayor control que existe de las empresas nacionales en la explotación de este recurso.
En contraste con esta situación, en la minería, predominan las transnacionales dadas las ventajas naturales de la región que concentra el 24% de los gastos de exploración minera (2006) y el 34% de los proyectos de inversión en cartera en la minería mundial. En este escenario la apertura de la inversión extranjera no ha significado un recorte del dominio, que las constituciones regionales, le confieren al Estado sobre las riquezas naturales; además los países de América Latina compiten por absorber capitales extranjeros, resultando preocupante que el grado de competitividad se defina en muchos casos, en la reducción de la participación estatal en las rentas de explotación, lo que refuerza la débil percepción de los beneficios de la explotación de estos recursos y el reducido impacto social del uso fiscal de las rentas que genera.
Finalmente, según Sánchez Albavera afirma que para que los países aprovechen mejor la explotación de sus recursos naturales, es necesario precisar los factores de sustentabilidad de las relaciones públicas-privadas, entre los que destacó el indispensable consenso que se debe construir nacionalmente sobre la explotación de los recursos naturales, la importancia del desempeño estatal y un escenario económico estable, la administración de la vulnerabilidad económica y social que obliga a una interacción permanente entre los distintos actores involucrados para disminuir la percepción de riesgo, el respeto a la integridad patrimonial y la responsabilidad social empresarial que supone, entre otras cosas, la inserción de la empresa en el desarrollo económico local, además de la legitimidad del régimen político y la eficacia social del Estado.
Terry Lynn Karl , por su parte, propuso una lectura de la perspectiva global de la relación entre recursos naturales, desarrollo y democracia, desde un enfoque de derechos y seguridad, precisando que las industrias extractivas son indispensables para el desarrollo mientras no se encuentren alternativas, al extremo que ninguna economía moderna puede funcionar sin un acceso adecuado a ellos. El problema, que históricamente fue leído como uno de relaciones entre el Norte y el Sur, tiene que replantearse en un contexto en el que distintas economías en desarrollo y transición son altamente dependientes de sus exportaciones de estos recursos, enfrentándose directamente a un doble desafío para su desarrollo: capturar el valor de aquellos y hacer el mejor uso de la renta que generan, asegurando su gestión y redistribución efectiva.
La alta concentración de estos recursos en pocos países (10 de ellos tienen más del 80% de las reservas petroleras probadas) y la vinculación establecida por Estados Unidos en su política exterior entre acceso al petróleo, gobernabilidad y seguridad, que llega a sostener el derecho militar de ocupación ante el peligro de desabastecimiento de recursos naturales por control político, constituyen una combinación dramática, máxime si asumimos que 12 países que detentan el 68% de las reservas petroleras tienen indicadores muy pobres de gobierno, mientras que los cinco que aparecen con mayor gobernabilidad, controlan apenas el 5%.
En este contexto, en el que adicionalmente los precios de los recursos naturales se están multiplicando, alentados entre otras cosas por el rápido crecimiento de la demanda de países como China e India, se hace indispensable una mirada más profunda y más allá de la volatilidad histórica de los precios de los minerales y del alza más permanente y estructural de los de los combustibles. Relacionar hoy recursos naturales, desarrollo y democracia, obliga a entender los distintos sentidos de la denominada “maldición de los recursos” que alude a la relación inversa entre crecimiento y abundancia de recursos naturales. En esa relación, fundamentada en el hecho que entre 1970 y 1993 los países pobres en recursos naturales crecieron 4 veces más que aquellos ricos, hay que ser claros, que la diferencia no la determinó el recurso natural sino la distribución de la renta; la dependencia en petróleo y minerales de los segundos, les dificultó grandemente su inversión en agricultura e industria, generando efectos perversos en términos de su desarrollo económico y su gasto social (países rentistas y altos índices de pobreza).
En tanto que los recursos naturales, el petróleo en especial, se convierten en el principal generador de la renta de estos países, relacionada directamente a la capacidad de gasto de sus Estados, se desvinculan la productividad y los gastos y se rompe la indispensable asociación entre tributación y gasto, alterándose las formas de representación, participación y transparencia de la democracia que descansan en la relación entre ciudadanía y tributación. Por esta vía, la dependencia de los recursos, políticamente se vincula con el autoritarismo, la concentración de poder en el Ejecutivo y la corrupción. Finalmente, es innegable que la dependencia del recurso petrolero y minero está fuertemente asociada con la guerra, tanto civil (16 casos) como entre países, alentando el inútil gasto militar y la formación de aparatos represivos.
Dada la acumulación de distintos problemas ambientales y sociales que resultan de esta dependencia, Lynn Karl señaló la necesidad de un pacto social internacional sobre el uso de los recursos, que aliente una institucionalidad que acabe con el rentismo (servicio civil y organización de la carrera pública y la meritocracia), que aliente la transparencia y la rendición de cuentas, promueva la participación justa y la distribución de rentas y que consagre estándares internacionales para proteger los derechos humanos.
2. La distribución global y regional de la renta del sector extractivo: una perspectiva internacional
Humberto Campodónico mostró los resultados del análisis de las rentas petroleras y mineras en distintos países de la región, ofreciendo un panorama de éstos y aportando una metodología para la medición. La renta de los recursos naturales, definida como la diferencia entre su valor a precio internacional (volumen por precio) menos los costos de producción, obliga a precisar esta variable.
Más allá de las particularidades de cada país, es evidente que la renta petrolera y minera es nuevamente importante en la región lo que hace necesario que los países obtengan una porción adecuada de ella para financiar gasto social y de infraestructura, promover la competitividad y enfrentar la pobreza a través de una distribución equitativa. El carácter cíclico de ambas actividades obliga a pensar en un impuesto a la sobreganancia porque los precios obtenidos no guardan relación con la inversión o el avance tecnológico de las empresas, a la vez que es indispensable resolver el reparto interno de la renta que obtiene el Estado, para no caer en el rentismo ni en la “enfermedad holandesa”.
En el escenario global de precios altos del petróleo y de los minerales que se observa hoy día, es indispensable buscar buenos resultados económicos y una adecuada captura nacional de la renta generada por la explotación de estos recursos. Paul Mitchell , en este contexto, planteó la necesidad de analizar la perfomance histórica de distintas economías exportadoras de recursos naturales, para identificar los motivos de sus éxitos y sus fracasos. La Iniciativa de Dotación de Recursos fue un esfuerzo alentado por el Banco Mundial y el ICCM para identificar los factores críticos para el éxito en el rendimiento socio económico en 33 países, en el período 1983-2003. Usando 6 variables (crecimiento económico, crecimiento del PIB no mineral y una medición de distintos factores sociales como el porcentaje de población que llega al umbral nutricional) se determinó que sólo el 45% de los países tuvieron una perfomance relativamente buena.
La misma, reforzada por los estudios de caso en cuatro países (Ghana, Tanzania, Chile y Perú) con resultados muy distintos en su reducción de la pobreza, identifica los elementos cruciales que supuestamente los explicarían. Así, en el terreno del manejo macroeconómico se enfatiza en la competitividad de las tasas de cambio y los impuestos, el control de la inflación, la reducción del déficit fiscal hasta tornarlo manejable y la capacidad de repatriación de las ganancias. En el terreno legal, se destacan el respeto al derecho de propiedad, la claridad y la agilidad de los procedimientos, la estabilidad jurídica y la capacidad de resolución de disputas. En ambos campos, el rol adecuado del gobierno fue fundamental. La buena administración macroeconómica y un marco legal eficaz fueron indispensables; la transparencia en la asignación de los recursos y en el flujo de ingresos, así como un uso eficaz de la actividad económica en los momentos de crecimiento, incluidos los ingresos públicos, también. Los gobiernos que fueron capaces de emprender reformas en esta perspectiva, que tuvieron necesidades de desarrollo bien definidas, prioridades sociales y no de consumo y efectividad y coordinación en el planeamiento e implementación, -Chile y Ghana- obtuvieron mejores resultados.
3. El rol del Estado y de las empresas privadas en la explotación de los recursos naturales
Roque Benavides señaló que en el Perú la minería tiene un triple aporte: a la descentralización del país, la generación de oportunidades de negocio y la atracción de inversión extranjera directa. Se trata de una de las pocas oportunidades por encima de los 3,500 metros de altura sobre el nivel del mar, donde vive 20% de la población nacional que se beneficia de una inversión que a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de países de la región, tiene un significativo origen nacional. Su actividad aporta adicionalmente 2,700 millones de dólares en compras, 85% de las cuales se hacen nacionalmente.
A pesar de su importancia, se observan importantes limitaciones en el accionar del Estado frente al sector, a lo que se suma que la ausencia de Estado que lleva frecuentemente a malinterpretar el rol de la empresa a la que se le asigna la responsabilidad del desarrollo de la comunidad, confundiendo funciones y responsabilidades que le competen a aquél. En este escenario, desde el sector empresarial se cree en un plan de desarrollo sostenible, que incluye entre sus objetivos la implementación de prácticas ambientales y el desarrollo sostenido de su actividad, incluyendo a las comunidades. El sector empresarial está comprometido a trabajar con estándares internacionales, realizando un manejo responsable de sus actividades e integrando las dimensiones económicas, sociales y ambientales en su toma de decisiones. En relación al vínculo con las comunidades en las áreas de intervención de las empresas, Benavides subrayó la importancia de desarrollar prácticas de buen gobierno corporativo (transparencia en la información y respeto por sus stakeholders), respetar la cultura y las costumbres de las comunidades y alentar relaciones de cooperación con el Estado y las comunidades.
De cara a un desarrollo sostenido, en este esquema, el Estado debe garantizar un mejor control ambiental, formalizar a la minería artesanal, consolidar un marco legal más realista y asegurar una mayor presencia. El Estado tiene como rol incentivar el desarrollo minero y atraer nuevas inversiones, mientras la empresa debe aprovechar nuevas oportunidades del mercado y fomentar el desarrollo del país, incluyendo a las comunidades.
Desde la perspectiva del Estado y su rol, William Donaire presentó la política de hidrocarburos boliviana que ha supuesto la recuperación de dichos recursos y la refundación de la empresa estatal que ha suscrito contratos de operación, aprobados por el Congreso y por lo tanto transparentes, con empresas petroleras privadas, al amparo de la nueva legislación vigente desde el 2005. La nacionalización de los recursos bolivianos supone la recuperación de su propiedad para combinar una política interna que garantice el abastecimiento nacional de gas, petróleo y derivados, así como una política externa que consolide sus mercados de exportación y afirme a Bolivia como centro gasífero en América del Sur.
Mediante los nuevos contratos de operaciones, el Estado es el propietario, la empresa estatal controla toda la cadena, tiene la propiedad de los activos, las empresas privadas no son propietarias de los hidrocarburos producidos siendo remuneradas en efectivo por sus servicios, YPFB actúa como único cliente y tiene el derecho de construir y operar ductos para transportar su producción y la de terceros, actuando como único comercializador de la producción y pagando regalías, participaciones e impuestos directamente.
Como resultado de estos cambios, las empresas que pagaban antes un 18% de regalías, están contribuyendo por distintas vías, con una renta que llega al 50%. El Estado les reconoce a aquellas todos sus costos, dividiéndose su utilidad con éste. Distintas empresas petroleras (12) han suscrito ya contratos de operaciones, habiéndose reservado áreas de interés hidrocarburífero en zonas tradicionales y no tradicionales para futuras actividades de exploración y explotación de manera directa, mediante sociedades de economía mixta o a través de licitación internacional. La nacionalización boliviana recupera la propiedad petrolera (boca de pozo), la posesión y el control total de los recursos, nacionaliza las empresas petroleras capitalizadas y privatizadas en Bolivia y asume el control y la dirección de la cadena hidrocarburífera, a través de la empresa estatal. Por esta vía, desde el 2005, los ingresos estatales se han incrementado de 250 millones de dólares a 1,350 millones, creciendo así la renta a distribuir en el país.
4. La distribución interna de la renta extractiva entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales; la situación en América Latina
Germán Alarco presentó el caso de la distribución de la renta petrolera mexicana y los retos que se plantean para la gestión pública de los recursos energéticos. Por su dimensión –el quinto país productor mundial de crudo, responsable del 1.4% de la producción mundial de gas, la décima empresa petrolera internacional y simultáneamente la principal empresa mexicana- la importancia del caso es innegable. Por lo demás, PEMEX vende 97,000 millones de dólares anuales, la renta petrolera que genera es de 54,000 millones y sus utilidades ascienden a los 4,000 millones. Además la empresa genera el 40% de los ingresos públicos y el 12% del total de las exportaciones del país.
La experiencia mexicana de gestión pública de los recursos energéticos deja algunas lecciones importantes. En principio hay que señalar que se desaprovecha la disponibilidad de hidrocarburos como instrumento de negociación internacional, eludiendo el crecimiento de la demanda y los conflictos internacionales y aceptando la agenda impuesta desde Estados Unidos. En segundo lugar, la perspectiva general es economicista y rentista; la actividad petrolera se concentra en la exploración y la explotación de crudo, anulando, por ejemplo, las posibilidades de la industria petroquímica y desaprovechando las ventajas de la posición natural de los recursos. Tercero, el país se somete a una política fiscal frágil, basada en el recurso natural que permite una presión tributaria de apenas 15.2% del PIB, que sin el petróleo llega a sólo 8%. En cuarto término, se elude la problemática central de los hidrocarburos vinculada a los niveles mínimos de reservas probadas y de extracción asociadas a éstas. Adicionalmente se omite el desarrollo de articulaciones internas y no se asume el tema de los encadenamientos en la industria de hidrocarburos. Finalmente, el Estado tampoco atiende la necesidad de políticas macroeconómicas sectoriales y regionales complementarias a la gestión de estos recursos.
En el caso peruano, Vladimiro Huaroc , ubicó el tema en el proceso de descentralización en curso, uno de cuyos componentes es la distribución de la renta de los recursos naturales a través del canon generado por la renta de la minería, el gas y el petróleo, en un país que confirma la paradoja de la nombrada “maldición de los recursos” que se concentran en sus regiones más pobres. En ese contexto, el gobierno central basa su expectativa de crecimiento económico en las inversiones en las industrias extractivas, pretendiendo imponer una vocación productiva en importantes áreas del país, subordinando su riqueza en biodiversidad y cultura a dicha pretensión.
El modelo imperante en el Perú, basado en la extracción de RRNN, además de los frecuentes conflictos que genera con las comunidades campesinas al desconocer sus derechos, en especial al acceso y uso del agua, está afectando a otros sectores por la caída del dólar. En este contexto, siendo la descentralización un gran desafío y encontrándose los recursos naturales en las regiones del interior, la renta extractiva debiera orientarse a la descentralización productiva, institucional y de infraestructura de servicios, apostando por una convivencia armónica de la agricultura y la minería, a partir de un nuevo marco jurídico que aliente una minería responsable que extraiga el recurso, aliente la transformación nacional de éste y genere empleo, explorando la posibilidad de algunos proyectos en asociación con las comunidades locales, concluyó Huaroc.
5. Transparencia en el sector extractivo; la experiencia de EITI Global
Francisco Paris presentó la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), que establece un estándar global para la publicación de los pagos de las empresas, producto de la extracción de recursos naturales (minería, petróleo y gas), así como de los ingresos de los gobiernos por este concepto. El motor que propone se ubica en la fase de pago y recolección de impuestos, dentro del flujo típico en las industrias extractivas. La iniciativa es gobernada por una estructura de múltiples participantes que incluyen a empresas, sociedad civil, gobiernos e inversionistas, que se reúnen cada dos años y eligen un Consejo Directivo, encargado de su conducción.
EITI es implementada localmente a partir de cuatro valores centrales: la convicción que la riqueza resultante de los recursos naturales debe traducirse en desarrollo económico y reducción de la pobreza; el compromiso con la transparencia como herramienta basada en la difusión de información completa y comprensible; el respeto a la soberanía de los países y sus leyes y el involucramiento en aquella de todos los participantes significativos. La Iniciativa cuenta actualmente con 15 países adheridos y 11, el Perú entre ellos, que se encuentran en proceso.
Paul Mitchell , señaló que lo más importante para acceder a inversiones para la explotación de recursos naturales es el compromiso del gobierno nacional para efectuar las reformas económicas, legales e institucionales necesarias. Tales reformas deben dar lugar a políticas públicas que fomenten la inversión en recursos, la cohesión social y la seguridad de las inversiones, así como el uso eficaz de los ingresos provenientes de los recursos naturales. En sentido estricto, desde esta mirada, la transparencia no es un prerrequisito para iniciar inversiones en minería que resultarán en beneficios sociales. Más allá de esa fase, sin embargo, ella es importante para la sociedad en su conjunto porque mejora la competencia entre empresas que pugnan por derechos de explotación y aumenta la eficiencia de las negociaciones entre las empresas y los gobiernos, generando mejor opinión pública hacia ellos e incrementando la credibilidad de sus decisiones sobre los contratos. La transparencia ayuda a mejorar la estabilidad política, lo que mejora el acceso de los países al mercado de capitales y los incentiva a un gasto público responsable y a una mejora general en la rendición de cuentas.
En relación a la transparencia, los gobiernos son los actores clave porque deciden el acceso a los recursos y sus condiciones. Las agencias internacionales son importantes para desarrollar capacidades y la sociedad civil, para asegurar el control y la vigilancia, mientras que el papel de las empresas es el de demostrar sus argumentos a través de sus operaciones en terreno.
Finalmente, Javier Aroca , indicó que la extracción de recursos naturales es una de las actividades más importantes en la región, frecuentemente caracterizada por la degradación ambiental, el desplazamiento de comunidades locales, especialmente indígenas, el débil marco normativo, la falta de mecanismos de control y la vulneración de distintos derechos humanos. El desafío, en consecuencia, es grande, máxime cuando las multilaterales han tenido éxito en lo económico al imponer medidas que aceleran el pago de la deuda externa; en lo político el neoliberalismo es hegemónico y se consolida un mundo unipolar gobernado por los intereses de las transnacionales y en lo social, aumentan la pobreza y la exclusión, las brechas entre ricos y pobres y las diferencias entre países y dentro de ellos.
En este escenario, EITI debe alentar una inversión socialmente responsable, que respete los derechos de las poblaciones afectadas por estas inversiones y los derechos humanos reconocidos internacionalmente, ayudando a evitar la corrupción y constituyéndose en aporte para el crecimiento económico y el desarrollo social. En ese marco, a la luz de las experiencias internacionales, OXFAM propone regulaciones internacionales que relacionen las inversiones con los intereses nacionales, fortalezcan las capacidades y los mecanismos de transparencia de los Estados y alienten la zonificación económica y ecológica en cada país para permitir acuerdos ambientales con la participación de todos los actores.
6. Transparencia en el sector extractivo de América Latina: Normas instrumentos y mecanismos
Pedro Gamio indicó que no hay desarrollo posible sin la participación ciudadana, la licencia social y la aplicación de normas internacionales como el convenio 169 de la OIT, además de la participación efectiva en la distribución de los recursos. En un país en el que la confianza no es un valor social, como resultado de su historia reciente de conflicto interno, autoritarismo y corrupción, generar transparencia presupuestal es un imperativo que depende antes de la voluntad política de hacerlo que de cambios normativos, más aún cuando no existe una cultura ciudadana afianzada y la institucionalidad se pulverizó en la década pasada, debilitando grandemente al Estado.
El desafío del gobierno peruano hoy, es el mejorar la distribución de la renta de los recursos naturales, teniendo como instrumento básico al canon que, como ha sido propuesto, debe reorientarse parcialmente para ser distribuido directamente (35%) a las comunidades mediante un esquema eficaz que les garantice accesos y beneficios sostenibles. En ese contexto, la transparencia es muy importante por lo que el país, ratificando su compromiso con la iniciativa EITI, anuncia que se mostrarán los resultados de todas las empresas que lo autoricen, que tributan, además de implementar dos programas piloto, evidenciando como se distribuyen los recursos.
Mercedes de Freitas demandó la construcción de sistemas institucionales de integridad, definiendo así las fortalezas necesarias para un manejo transparente y equitativo de lo público, en una región donde distintos procesos políticos promueven cambios aún en diseño, que sumados a los bajos niveles institucionales pueden producir distintos impactos indeseables de las industrias extractivas que llegan donde no lo hace el Estado o son más fuertes que éste, generan ingresos que lo desbordan y pueden convertirse en fondos discrecionales en sus manos, generando relaciones de dependencia entre los ciudadanos y el Estado y abriendo la posibilidad del clientelismo, impactando en la sostenibilidad de nuestro desarrollo. Como lo muestra el caso venezolano, los altos ingresos en manos del Estado suponen una concentración de poder en medio de sistemas de control débiles y coptados. En ese país, la empresa estatal, que asigna hasta el 71% de los programas sociales, genera el 65% del gasto público pero no tiene sistema de rendición de cuentas; su información no es accesible a pesar que el 97.3% de sus contrataciones son por adjudicación directa, alcanzando el 47.9% del monto total.
7. Experiencias de redes nacionales de la sociedad civil sobre el monitoreo de las industrias extractivas en América Latina
Concluyendo el Seminario Internacional, se expusieron tres experiencias de redes nacionales de la sociedad civil que monitorean las industrias extractivas. Destacó la presentación del caso de Vigila Perú, un sistema de vigilancia de la renta de las industrias extractivas que nació el 2004 del trabajo de vigilancia al proceso de descentralización peruano que inició un año antes el Grupo Propuesta Ciudadana, un consorcio de 11 ONG. Epifanio Baca , indicó que el monitoreo que realizan a través de un reporte elaborado por distintos equipos regionales, apunta a desarrollar capacidades de vigilancia ciudadana en distintas regiones del Perú, promover la transparencia de la generación, distribución y uso de la renta de las industrias extractivas e incidir en las políticas públicas y en el debate público. Sus instrumentos y procedimientos fundamentales son cinco: i) una matriz de indicadores; ii) una ruta de actividades que va desde el acopio de datos y la elaboración de los reportes regionales hasta la difusión de los resultados del reporte nacional que fue previamente validado; iii) fichas de registro y reporte de datos; iv) procesamiento y presentación estandarizados; v) fuentes de dato oficiales y de las empresas.
Entre sus principales aportes al debate público estos años, destacan el análisis de la contribución tributaria y no tributaria de las industrias extractivas, la distribución del canon y la inequidad interregional e intrarregional, la gestión de las inversiones en los gobiernos regionales y en los sectores, así como el uso del canon en las universidades. Su trabajo, que tiene una llegada significativa a los medios de comunicación nacionales, es usado por distintos públicos –líderes sociales, autoridades regionales, congresistas y funcionarios públicos- e incide en algunas decisiones del propio Ministerio de Economía y Finanzas, que ayudan a la transparencia económica. Su participación en el grupo EITI Perú, le establece un punto de partida “alto” a partir de los reportes. Adicionalmente, la experiencia aporta al desarrollo de capacidades de vigilancia mediante la producción y difusión de materiales y microprogramas radiales de capacitación en las regiones, así como el aliento a líderes locales para seguir el avance de los distintos proyectos de inversión.
TEXTO COMPLETO RESUMEN SEMINARIO DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
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