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Hace unos años, el terruqueo se volvió común. Quienes se oponían a la derecha eran considerados terroristas. Este conflicto alcanzó su punto máximo en las elecciones de 2021, cuando la derecha recurrió al terruqueo contra simpatizantes del profesor Pedro Castillo. Ahora, con la desastrosa gestión de la señora Boluarte, sus aduladores ministros hablan de “terrorismo de prensa” y “terrorismo urbano” para perseguir a la prensa crítica y la delincuencia. Incluso Boluarte creó la categoría de “terrorismo de imagen” para referirse a quienes critican su gobierno. Este uso indiscriminado de un término tan sensible debe generar rechazo en la población. Sigue leyendo
El más reciente escándalo del Cofre Presidencial que involucra a Dina Boluarte ha captado la atención pública debido a las acusaciones de uso indebido de recursos oficiales y el encubrimiento a un prófugo de la justicia. La controversia surgió cuando se reveló que el vehículo oficial de Boluarte fue, presuntamente, utilizado para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido político de gobierno: Perú Libre, durante un operativo policial. Este hecho ha llevado a la Fiscalía de la Nación a iniciar una investigación preliminar para determinar la veracidad de las acusaciones y las posibles implicaciones legales. 
El dicho “Muerto el perro, muerta la rabia” es un proverbio conocido que indica que, al eliminar la causa de un inconveniente, también se suprimen sus efectos. En este contexto, el “perro” simboliza la fuente del problema: la rabia. Así, al quitar al perro, supuestamente se frenaría la expansión de la enfermedad. Este proverbio se emplea para resaltar la relevancia de tratar y solucionar la raíz de un conflicto o dificultad con el fin de prevenir sus consecuencias, en particular las negativas. 
Y pasó lo que tenía que pasar. El ex presidente, autócrata, corrupto y criminal Alberto Fujimori falleció. Sus familiares trataron de hacer larga la noticia, probablemente evitar la irónica coincidencia de morir el mismo día que lo hizo, hace 3 años, el otro criminal y némesis de Fujimori: Abimael Guzmán Reynoso. El destino, caprichoso, quiso que ambos personajes nefastos para nuestra historia hayan muerto, incluso, con la misma edad: 86 años.
El Congreso contraataca nuevamente. Terminamos esta semana con la propuesta del congresista Waldemar Cerrón de crear la Comisión de Fiscalización de Jueces y Fiscales, la cual se encargaría de investigar y sancionar los delitos cometidos por los fiscales y jueces, en una clara, ilegítima e inconstitucional intención política por controlar también al Poder Judicial, violando el principio democrático de la separación de poderes. 
En su mensaje a la nación del pasado 28 de julio, la señora Boluarte hizo un anuncio que para la mayoría de la gente ha pasado desapercibido. Anunció que en el año 2025 se realizaría el XIII Censo Nacional de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas. Dicha noticia sería relevante si no fuera porque aún faltan 3 años para que se deba aplicar un censo. En efecto, el último censo se aplicó en el 2017, por lo que el siguiente se debería ejecutar en el 2027. ¿A qué se debe la premura? ¿Acaso quiere hacer algo importante sin tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos en el tema? 
En nuestra columna del 06 de julio lo adelantamos: existe un plan orquestado desde el fujimorismo y sus aliados de la DBA para que el delincuente condenado por corrupción y violación de derechos humanos, Alberto Fujimori, llegue a ser candidato presidencial en el 2026. 
La semana pasada describía lo que yo consideraba era el plan que tiene la DBA (derecha bruta y achorada) para los próximos 5 años: caos social, desestabilización económica e ingobernabilidad política. La DBA política, junto con sus aliados en las empresas y medios de comunicación siguen con ese plan: no hay cobertura periodística de los pocos logros de este gobierno (tener a más del 50% de población objetivo vacunada es algo a destacar); ahora que el dólar está bajando o se mantiene estable, ningún diario de la derecha saca titulares al respecto y desde el Congreso, con la reciente ley de interpretación de la cuestión de confianza, está supeditando el poder ejecutivo a los antojos del legislativo. ¿Mayores evidencias del plan de la derecha? Por ahora solo eso. 
Por más que uno no quisiera, muchas veces la coyuntura obliga. Uno no quisiera describirlos de manera peyorativa, como ya se ha popularizado; sin embargo, hacen méritos más que suficientes para que los traten así, y para colmo, no les gusta, se enojan. Me refiero a la famosa derecha bruta y achorada (DBA).