Las estructuras sociales hacen referencia a la forma en que determinadas unidades o elementos sociales (individuos, grupos, organizaciones, etc.) se relacionan jerárquicamente con otras unidades o elementos sociales. La visión relacional de las estructuras sociales destaca la existencia de parámetros estructurales que señalan ciertos criterios de diferenciación entre las unidades que integran las estructuras sociales.

Los parámetros nominales establecen grupos cuyas relaciones no son jerárquicas; pero los parámetros graduados si marcan un rango ordenado de posiciones. La religión y el sexo son buenos ejemplos de parámetros nominales; por otro lado, la educación y los ingresos serían ejemplos de los parámetros graduados. En teoría los primeros solo generan heterogeneidad social (simples diferencias), los segundos marcan lo que los sociólogos estudiamos: desigualdades sociales.

Por ejemplo, en teoría las diferencias entre varones y mujeres son simplemente eso, diferencias sin ninguna repercusión de carácter social, económica o política. En ese sentido el hecho de ser varón o mujer no debería significar ningún impedimento para acceder a los recursos socialmente valorados (RSV): dinero, poder, educación o salud, por citar algunos de ellos. En teoría, una mujer debería recibir un ingreso económico mensual igual al de un varón, por la misma actividad realizada; en teoría.

La división entre parámetros nominales y graduados es simplemente pedagógica, en la realidad van unidad, de hecho en la mayor parte de casos son los parámetros nominales condicionan a los graduados. Por ejemplo, en el Perú, la diferencia de ingresos (parámetro graduado) depende del sexo del trabajador (parámetro nominal).  Según datos de la Defensoría del Pueblo, una mujer gana, en promedio, S/. 1069; mientras que el ingreso promedio de su par varón es de S/. 1600.

La salud es un recurso socialmente valorado y en nuestro país el acceso a ella también está marcado por las diferencias sexuales. Esta semana el poder judicial a ordenado al Estado a volver a repartir la llamada “píldora del día siguiente”, en el marco de la política de planificación familiar. Dicho anticonceptivo dejó de repartirse gratuitamente hace unos años, so pretexto de ser abortivo. Investigaciones (no opiniones ni pareceres) realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinaron feacientemente que dichas píldoras no son abortivas.

Sin embargo, en el Perú las mujeres, por ese simple hecho, no tienen la capacidad de decidir sobre su cuerpo ni sobre su salud. Seguramente si los varones quedáramos embarazados, este no sería un tema de debate, sino un derecho adquirido por la simple razón de ser varones.

Si al hecho de ser mujer le sumamos pobreza e ignorancia, tenemos un gran problema social; ya que mientras que una mujer con recursos económicos puede comprarse dicha píldora en cualquier farmacia y sabrá para qué y cómo usarla; na mujer pobre no podrá adquirir dicho medicamento y se le negará el mayor derecho que todo ser humano tiene: libertad, libertad de decisión informada y estará condenando a una futura generación a las mismas condiciones de miseria, desigualdad y exclusión social.

En teoría, tanto varones como mujeres deberían acceder al recurso socialmente valorado llamado salud de igual forma y sin ningún tipo de impedimento, en teoría.