Hace unas semanas la comisión de “Justicia y Derechos Humanos” del Congreso de la República desestimó el proyecto de ley denominado Unión Civil, el mismo que otorgaba derechos económicos y patrimoniales a un considerable número de compatriotas de la comunidad LGBT. Esta semana, la misma comisión ha desestimado el proyecto de ley que despenaliza el aborto producto de una violación. Sin embargo quien se ha robado las cámaras ha sido el presidente de dicho grupo de trabajo, el congresista arequipeño Juan Carlos Eguren, quien en un ataque de sinceridad dogmática ha señalado de que “es poco probable que una mujer quede embarazada producto de una violación callejera”.
Estas declaraciones han merecido la crítica y desprecio por parte de casi toda la sociedad peruana, a excepción de sus correligionarios del Partido Popular Cristiano (PPC) quienes han justificado y reafirmado las declaraciones de Eguren.
Para quienes conocemos las canteras de formación del PPC y su estrecho nexo con el lado más conservador de la Iglesia Católica, estas declaraciones no nos han sorprendido. Sabemos que es exactamente lo que piensan. Tras esta “revelación” se esconde el pensamiento machista y misógino no solo de Eguren, sino de todo el PPC y de esa derecha bruta, achorada y ahora estúpida (DBAE). Tras estas afirmaciones se esconde la minimización de la mujer, quien no tiene la capacidad para decidir y que por lo tanto esa prerrogativa le corresponde al Estado. ¿Estaríamos en este debate si fuésemos los hombres quienes quedemos embarazados? Claro que no, de ser ese el caso, nosotros si tendríamos la capacidad e inteligencia para poder decidir.
El aborto, al igual que la violación son sucesos por los que ningún ser humano quisiera pasar; pero una cosa es el mundo ideal y otra muy diferente, el mundo real. Y la realidad es que el Perú es el país con mayores tasas de violaciones en América del Sur y la realidad es que cada año mueren cientos de mujeres que se realizan un aborto clandestino. Con el pasar de los años las penas son cada vez más severas, sin embargo los indicadores parecen mostrar que este aumento en las penas no ha sido tan efectivo. por lo que hay que pasar de combatir las causas a minimizar las consecuencias.
El aborto, a pesar de ser un hecho médico, refleja las profundas desigualdades sociales del Perú. Mientras que una mujer de clase media alta, que ha sido violada, puede irse al extranjero a someterse a un aborto en los países donde si es legal hacerlo; las mujeres de clase media baja que han pasado por la misma traumática experiencia, tienen que aceptar su destino y tener a un hijo que les recordará (con su sola presencia) el terror vivido o, peor aún, se harán un aborto clandestino, poniendo en riesgo sus vidas. ¿Acaso estas desigualdades no deberían ser tomadas en cuenta por los congresistas?
Bajo el pretexto de la defensa del derecho a la vida, se intenta poner en riesgo la vida de la mujer. Por otro lado, la defensa de los “antiabortistas” es tan pueril que se atreven a hacer afirmaciones como las de Eguren, ante el hecho de haberse quedado sin argumentos racionales y lógicos. Pero no es culpa de ellos. Eguren y el PPC tienen que defender sus intereses y seguir al pie de la letra lo que el cardenal Cipriani les ordena hacer. Por eso la necesidad, cuanto antes, de un verdadero Estado laico. Los congresistas no deben legislar desde y para sus dogmas religiosos, deben elaborar leyes para el beneficio de todos y todas.
Finalmente, resulta sospechoso el silencio de las autoridades del ejecutivo: Ministro de Salud y Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este es el momento preciso para que el presidente Humala se las juegue por la inclusión social.