Fuente: RPP.COM.PE
Ante esta sentencia, el abogado Jorge Avendaño anunció que la casa de estudios está considerando acudir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para exigir que se enmienden las consecuencias de esta arbitrariedad.
En diálogo con RPP, consideró que el Tribunal Constitucional ha incurrido en una usurpación de funciones porque se ha pronunciado sobre temas que se discuten actualmente en tribunales ordinarios.
“Por ejemplo, una materia hereditaria, interpretar el testamento de Riva Agüero, eso no es competencia del Tribunal Constitucional, eso lo resuelven los tribunales ordinarios. Acá se planteó un amparo en defensa de los derechos fundamentales de la universidad a la propiedad y a la autonomía universitaria, eso no está tratado. No se da cuenta el tribunal que con esto está violando la autonomía universitaria”, manifestó.
Avendaño refirió que lo que la PUCP rechaza es que el Arzobispado de Lima pretenda administrar todos los bienes de dicha casa universitaria.
“Esta es una oportunidad que ha encontrado el Arzobispado para de algún modo controlar la universidad. Eso no va a pasar, porque por último que llegue un representante del arzobispo habrá 15 mil alumnos en la puerta”, enfatizó.
Por su parte, el abogado Natale Amprimo lamentó que Avendaño amenace con sacar a miles de alumnos de la universidad con tal de no cumplir el fallo del Tribunal Constitucional.
En ese sentido, explicó que la voluntad de Riva Agüero, en su testamento de 1938, era que sus bienes fueran administrados de por vida por una junta en la que participe el Arzobispado de Lima.
“En el año 1957 la Universidad Católica inicia un trámite judicial que concluye con una resolución que dispone que el testamento que regula los temas sucesorios de Riva Agüero es el año 1938. Eso permitió que la Universidad inscriba la propiedad de los bienes antes de cumplidos los 20 años”, indicó.
Por ello, discrepó con la opinión de su colega ya que es contraria a lo que en el año 1957 sostuvo la propia casa de estudios, el rector y lo que resolvió el Poder Judicial.
