Punto final a la presidencia congresal de Ana María Solórzano que será tristemente recordada por una gestión marcada por los escándalos desde su propia designación, pues recordemos que logró el cargo por imposición o capricho nadinista que fracturó más su “partido” y, a partir de allí, lo único noticioso de su presidencia han sido los escándalos (el triángulo rosa que involucró a Patricia Robinson y Víctor Isla, la Ley Pulpin, el desafuero a Yobera y el caso de las billeteras Renzo Costa).

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Balbuciente, inseguro y apurado, así estuvo el Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, anunciando el levantamiento del estado de emergencia de la provincia de Islay. No podía estar de otra manera, porque ni él mismo creía lo que estaba anunciando, pues estuvo cargado de barbaridades, propio de un gobierno que, por lo visto, ya quiere abandonar el barco, a pesar que le falta un año para irse.

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Tenemos 140 universidades (60 menos que Brasil que tiene una población 6 veces más grande que la nuestra) y sólo 5 han cumplido con lo que manda la nueva Ley Universitaria (Ley N° 30220), que hoy cumple su primer año de promulgada  y con la que, supuestamente, se iniciaría la gran transformación que la educación superior necesita  en nuestro país. Al ritmo que vamos, tendríamos que esperar 28 años para que, por lo menos, las universidades cumplan con el primer paso.

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Dictan prisión domiciliaria por 6 meses a Juan Manuel Guillén por colusión desleal agravada. Esa fue la noticia que corrió como reguero de pólvora desde la noche del lunes  y me imagino que muchos, como yo, se entristecieron, pues no sólo se trata del principal personaje de la vida política local de los últimos lustros, sino también de aquel que nos llenó de esperanza sobre la manera de cómo reconstruir la política: con honestidad y con la moral puesta en marcha.

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