Afinando la puntería
La nueva Ley Universitaria, Ley 30220, fue la hija no deseada de la comunidad universitaria del país. Con clara excepción de su principal impulsor, Daniel Mora, esta Ley fue rechazada desde su concepción y mucho más desde su nacimiento, el 9 de setiembre de 2014. Obviamente, los primeros en fruncir el ceño con su aparición fueron las universidades privadas, y lo más sorprendente fue la reacción de las públicas, a las que supuestamente favorece, pues fueron sus propios Rectores quienes más alzaron la voz e incluso formaron asociaciones para negar a la hija no deseada.
Era de esperarse el rechazo, pues por más de una treintena de años, el mundo de la educación superior en nuestro país estuvo enmarcada en una Ley, la 23733, que fue sinónimo de la decadencia y luego degeneración de la universidad peruana. Esta situación, obviamente, no era aceptada por el sistema universitario (autoridades, administrativos, profesores e incluso estudiantes), pues se conformaron, acomodaron y muchos medraron de esa realidad que hizo de nuestras universidades, en su gran mayoría, instituciones donde las trapacerías nacionales se adornaban con el falso cartel de “académicos”.
Es por esta razón que una nueva Ley que pondría fin a todo esto debería ser rechazada, mucho más por quienes encontraron la fórmula perfecta entre seguir medrando con una universidad degradada y, de paso, coquetear con la política para, incluso, tentar la mismísima presidencia del país. Por eso se explica por qué desde el propio Congreso de la República se formaron bloques opositores a la nueva Ley; bloques integrados por congresistas que son propietarios de universidades o tienen estrechas ligazones con éstas.
Es decir, las universidades convertidas en los nuevos bolsones o plataformas políticas, ya sea para financiamiento o presión destinados a satisfacer los apetitos de poder. Por eso se explica por qué, sin rubor alguno, varios candidatos presidenciales prometieron eliminar la Nueva Ley Universitaria, intención que sigue vigente, mucho más en la bancada fujimorista y sus socios.
La nueva intentona está protagonizada, esta vez, por la bancada aprista al presentar un proyecto que busca la modificación de nueve artículos de la Ley Universitaria y que apunta, principalmente, a tirarse abajo la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. De ocurrir eso, se anularía lo avanzado en la implementación de la ley, como por ejemplo, los cambios de autoridades elegidas universalmente, los nuevos estatutos, el licenciamiento, los nuevos grados académicos para acceder a la docencia, etc.
La nueva intentona se da en medio de una huelga indefinida de los docentes de la universidad pública que, a decir verdad, tampoco miran con buenos ojos la Nueva Ley, pues considera que atenta contra el derecho laboral al retirarlos cumplidos los 70 años y, principalmente, contra la autonomía universitaria, el eterno sanbenito sindicalista de las universidades nacionales.
Mientras tanto, cumplidos los tres primeros meses de la gestión PPK, nada se sabe respecto a política universitaria. En el apurado mensaje evaluatorio del gobierno por sus 100 días, nuestro mandatario no dio ni siquiera señas que el tema le importa. Todo lo contrario a los que sí están detrás del objetivo de tumbarse la ley y vienen afinando su artillería. Hoy son los apristas y mañana vendrá el regimiento mayor, los fujimoristas que cuentan con todo el poder político para concretar ese objetivo. En el otro bando, no hay señas que garanticen, por lo menos, una defensa honrosa. Ojalá me equivoque, pues, sin pretender que la Nueva Ley es de lo mejor, sería penoso que la Universidad Peruana regrese a la situación ominosa en que se encontraba.
Tal vez seria conveniente considerar que la SUNEDU tiende a convertirse en un limite a las autocracias universitarias, una especie de INDECOPI especializado en educación univercitaria.
Desde mi punto de vista, la Ley universitaria se creo con la finalidad de mejorar la calidad de la educación universitaria; sin embargo, dicha norma, en primer punto, estaría vulnerando la autonomía de la universidad, ya que se está imponiendo un órgano con la SUNEDU, que se encontraría en la facultad de conducir la educación e imponer acciones que afectarían la autonomía de las universidades.
Asimismo, también se estaría afectando la libertad de cátedra, lo cual considero que no tendría ese fin, porque esta norma no busca vulnerar el derecho de cátedra ni la autonomía universitaria. Lo único que la SUNEDU va a verificar dentro de sus funciones, es que se den las condiciones mínimas de lo que se va a enseñar, bajo un sistema de regulación de las condiciones mínimas de calidad, más no en la intromisión de contenidos.
Por otro lado, lo que busca esta norma es fomentar la obligación de las universidades públicas y privadas de brindar los medios posibles y aceptables de otorgar a los alumnos una aceptable educación universitaria de calidad Y si dichas instituciones no cumplen con la calidad recomendada, estas sujetas a sanción y si esta sigue siendo recurrente podrían ser cerradas.
En ese sentido, considero que la norma busca mejorar la calidad de la educación universitaria, sobre todo en la privada, porque muchas instituciones educativas, lo han visto como negocio, dejando de lado el compromiso de formar profesionales que contribuyan al desarrollo del País.
SOBRE LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA
Sobre la Nueva Ley Universitaria, el maestrista tiene una opinión muy particular pues tiene el privilegio de laborar bajo contrato en una Universidad Particular, sobre ello puedo expresar:
Desde hace mucho se veía observando (luego del dominio absoluto de la educación escolar pública, que en gran medida ha sido frenado por el acertado impulso de las grandes unidades escolar, propio de los gobiernos de turno) Que la Educación Universitaria se había convertido en una especie de alcancía o nuevo negocio de grandes empresario, que tal cual congregación religiosa, aprovechaban la condición de ser beneficiados enormemente a comparación de otros sectores privados (en cuanto a lo económico y tributario, entre otros), sin media para ello una evaluación concienzuda del perfil profesional con el que se contaba para afrontar la tan difícil tarea de formar verdaderos profesionales que pueda afrontar los nuevos retos que la sociedad demanda.
Lo peor de todo, es que en su mayoría las universidades estatales no eran ajenas a esta debacle académica universitaria, y sin el afán de contrarrestar este endémico problema, procuraban jalar agua para su molino intentando sacarle provecho a cada institución universitaria por ley creada.
Sobre el particular, existen universidades que para poder estar a la exigencia e la nueva ley Universitaria, optaron por agilizar procesos de enseñanzas y tramitar a la brevedad el otorgar el grado de magíster a todo su personal (que era casi un 80%) lo cual no generó un incentivo para la preparación académica docente, si no muy por el contrario ocasionó que estos docentes puedan acceder a nuevos empleos, teniendo que abandonar del todo este fascinante rubro de la docencia universitaria.
Pues bien, los únicos buenos ejemplos que nos quedan, son aquellas universidades sin fines de lucro que pretenden siempre darle realce al tema académico (más allá de sus tendencias religiosas) y una adecuada formación profesional.
Hoy parece ser un tema muy complicado el poder cubrir las exigencias de la Nueva Ley Universitaria, empezando por la exigencia del grado de magíster para poder asumir cátedra (de lo cual estoy totalmente de acuerdo), pero cabe la pregunto, del universo de profesional es ¿Cuántos realmente ostentan dicho grado? Y ¿Cuántos se encuentran aptos para asumir docencia?.
Son muchos temas que tratar si tenemos que hablar de esta Nueva Ley Universitaria, pues a mi parecer aún existen docentes capaces de asumir cátedras de gran nivel pasados incluso los 70 años. El problema sin embargo creo que es la corrupción que siempre existe en determinados grupos políticos (si está de más hablar de lo politizadas que ya se están las universidades estatales) y como la ya mencionada preparación académica (grado de magister) del personal docente que asuma funciones de cátedra.
Modificar la Ley es un tema que quizás se discuta algunas veces con más ahínco y otras dejando esto al vaivén de uno o dos oportunistas, sin embargo realmente el problema considero que es en primer lugar darle la solidez como institución a cada Universidad, y con el respecto de los buenos profesionales que existen en todas las universidades, ya no dar más luz verde a cualquier casa de estudios que funja de serlo por tener un mínimo de condiciones (problema traído por el Gobierno de Fujimori), no pierdo el ánimo de que esto no tiene por qué empeorar, sino todo lo contrario, la exigencia del grado de Magíster es un paso casi de exigencia ante la proliferación de nuevos pseudo profesionales que precisamente nos trajeron estas leyes sin sentido (o quizás más pensando en atender a cierto sector económico o político si no terminan siendo lo mismo).
Como punto final, desde el particular, veo como la aceleración por tener una Universidad que genere ingresos académicos y tras la nueva Ley Universitaria, coadyuvo a que la mayoría de profesionales decida optar por otros empleos, y la mayoría de los alumnos por otras casas de estudios. Una buena reforma sí es posible ponerse en práctica y estoy seguro que luego del desorden que va a generar (propio de cada cambio social) las consecuencias serán positivas y en beneficio de todos los nuevos profesionales. Mientras tanto, estamos a espera de que la exigencia política a grandes niveles no permita retroceder estos pocos pero significativos avances en cuanto a la política educativa universitaria.