La universidad propia
Arequipa no está alejada de este problema. Ultimamente, hemos visto, pasivamente, como la ciudad ha empezado a atestarse de universidades, que ofrecen, sin rubor alguno, títulos por doquier con la única condición de “hacer el pago respectivo”. Por otro lado, también hemos sido y somos espectadores pasivos del deterioro sistemático de la universidad pública local.
Detrás de esto aparece uno de los graves problemas de nuestro país: la mediocridad paralizante de la universidad pública, aquella que debiera formar el capital humano para garantizar, desde la ciencia y tecnología, la sostenibilidad del país. De ese drama tampoco se escapan las universidades privadas, muchas de ellas son simplemente, como el caso de Alas Peruanas que conozco más cercanamente, centro tipográficos de títulos; y, lo que es peor, instituciones mafiosas que comprometen, incluso, a congresistas y funcionarios gubernamentales para seguir expandiéndose sólo con un criterio meramente crematístico.
Por lo visto, atrás quedó la promesa presidencial (cuando ocurrió el escándalo de Alas Peruanas) de regular la vida universitaria a través de la acreditación universitaria. Pero más allá de eso, lo que en realidad necesita el país es una nueva ley universitaria con lo cual podría resolver muchos de esos problemas. El asunto es quién se mete con ese monstruo que, incluso, goza de autonomía; es decir, instituciones que se alucinan enclaves, pero que viven a costa de todo el país. ¿Ingresará ese debate en el próximo gobierno? De seguro que no, pues justamente el próximo gobierno lo conformarán mayoritariamente aquellos que creen en sonsonetes como la “universidad popular”, concepto ideológico que no ha hecho otra cosa que desmejorar sistemáticamente la calidad de la educación en nuestro país.