Democracia y Desarrollo Económico en Latinoamérica y el Perú (a mis ojos según el Latino barómetro 2016)

Hace unos días, un destacado economista 1 escribió que hay tres recetas que vienen transformando radicalmente el mundo: el crecimiento económico y la democratización. Agrega que una tercera se está imponiendo: los derechos humanos. Pero, ¿podemos hablar válidamente de la existencia de está receta?, ¿Existe directa, automática, real vinculación entre la democracia y el progreso económico? ¿Qué opina el ciudadano latinoamericano este año?

El artículo de opinión que da origen a esta reflexión señalaba que, según el profesor Bruno Seminario, la producción económica peruana creció a una tasa de 4% anual, desde fines del siglo XIX, lo que mejoró las condiciones, como por ejemplo que, la esperanza de vida del peruano pasó de 43 años en 1950, a 74 años en el 2012. Y por ello el autor comentado nos indicaba que el Perú ha sido beneficiario de ésta afirmación: “En términos históricos, en poco más de un siglo el mundo se ha liberado de su condición histórica de esclavitud, efecto de la pobreza económica y la dominación política. Hoy el crecimiento productivo y la democracia son las bases de casi todo discurso político”.

El destacado economista también afirma que “…erraron los presagios de un conflicto entre democratización y crecimiento productivo. (…) No obstante, el tiempo ha venido reforzando el argumento contrario: que existiría más bien un refuerzo mutuo entre la democracia y el crecimiento. Así, se observa que los casos de éxito económico sin democracia se han venido prolongando y consolidando a través de tendencias democratizantes, como la educación y la participación ciudadana”.

Nosotros discrepamos con esta segunda afirmación, así de contundente, pues significaría que en los países o naciones con altos niveles de pobreza, desigualdad, exclusión social, sería difícil que impere y se mantenga un régimen o ideal democrático.

Nosotros entendemos que países como nuestro Perú, donde hay altos niveles de pobreza, desigualdad, exclusión social, es más propenso a generar una crisis del régimen democrático, que se manifiesta en: fragilidad de los partidos políticos, volatilidad electoral, candidaturas personalistas y de uotsiders (Tanaka 1998, Roberts y Arce 1998, Cotler 2000, Morón y Sanborn 2007) 2.

Desde 1959 diversos autores3 sostenían que, atender las demandas ciudadanas, las necesidades instrumentales de justicia, seguridad, servicios básicos, mediante un desempeño eficaz de las instituciones estatales, de las instituciones y reglas políticas, es lo que ayudaba a consolidar las instituciones y reglas de juego del sistema político, a legitimar la democracia, a desalentar las pretensiones antidemocráticas y autoritarias, y es lo que favorece la continuidad del sistema democrático, aun imperfecto.

Sen4 y otros autores señalan que, la democracia, como forma de gobierno:

.- Tiene normas y procesos deliberativos que inducen, incentivan a una mayor voluntad de cooperación entre los actores que están en la esfera política.

.- En las sociedades heterogéneas, ofrece los mejores canales para definir y priorizar intereses, distribuir recursos, resolver conflictos.

.- En el largo plazo, permite una mayor predictibilidad de crecimiento económico.

.- En el corto plazo, permite una menor volatilidad en el desempeño económico.

.- Permite, ante shocks externos, un mejor manejo de la economía.

Todo lo anterior nos puede servir para entender algo que resulta paradójico: que, en los tiempos en que la calidad de vida de los peruanos estaba seriamente afectada por la crisis económica y la ineficiencia de los servicios públicos que prestaba Estado, y la calidad del régimen democrático que vivía Perú, era seriamente cuestionada, la “democracia” entre 1995-2000 gozaba de mejor aceptación en la percepción ciudadana.

Cuadro según el Latinobarometro:

Año Apoyo a

la democracia 1/

Satisfacción con la democracia 2/
1995 Fujimori

1996

1997

1998

2000 Fujimori

2001 Toledo

2002

2003

2004

2005 García

52%

63%

60%

63%

64%

62%

55%

52%

45%

40%

44%

28%

21%

17%

24%

16%

18%

11%

7%

13%

Esto daría la razón a quienes sostienen que el éxito político del Presidente Fujimori estaba en que, a pesar de esas crisis generalizada, supo reinventar el Estado para satisfacer necesidades sociales básicas, proveyendo de bienes y servicios esenciales a la ciudadanía (Roberts y Arce, 1998; Wise 2003 5 ).

El Latino barometro 2016 nos enseña que6:

1.- El “apoyo a la democracia” viene en bajada por cuarto año consecutivo de medición (del 61% en el 2010, bajo al 58% el 2011, al 56% el 2013, se mantuvo en 56% el 2015 y bajó al 54% este 2016), y en Perú bajó 3% con respecto al año pasado, mostrando un 53% (1% menos que el promedio latinoamericano)

2.- En el “apoyo a la mano dura” la percepción de un “no viene mal” tuvo un 59% en 1995, 64% el 2004 y un significativo 61% este 2016, mientras que, en esos mismos periodos, el “no se necesita” tuvo 33%, 30% y ahora un 34%.

3.- El apoyo a un “no me importa si un gobierno no es democrático si resuelve los problemas” mostro un 51% el 2002, un 55% el 2005, un 53% el 2008 y ahora muestra un 47% (el Perú refleja un 39%).

En conclusión:

1.- No existe receta que diga que, a la implantación de un régimen democrático, le sigue el desarrollo económico, de modo automático o determinista.

2.- Vinculando la democracia con el desarrollo, debemos decir que la democracia tiene importancia para el ciudadano latinoamericano por dos motivos, que son los que le reconoce la doctrina jurídica y la bibliografía en general:  a) Su valor intrínseco: capacidad de promover la igualdad y la libertad política.   b) Su valor instrumental: puede contribuir al logro de diversos objetivos sociales y económicos. Y a la ciudadanía latinoamericana -y a la peruana-  parece que esto le es muy importante, aun a costa de tener que soportar gobiernos no democráticos.

3.- Al flamante gobierno de PPK, que ha sido calificado de “tecnocrático”, solo le queda cumplir sus promesas y tener éxito en su tan mentada “revolución social”. ¡Y tenerla pronto! 


1.- Transformaciones, de Richard Webb. Diario El Comercio del 4 de septiembre del 2016, Sección Opinión, pág. 29.

2.- Tanaka, Martin. 1998 Los espejismos de la democracia: el colapso del sistema de partidos en el Perú, 1980-1995, en perspectiva comparada. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. ROBERTS, Kenneth M. y Moisés ARCE
1998 «Neoliberalism and Lower-Class Voting Behavior in Peru», en ComparativePolitical Studies, Vol. 31, No. 2, pp. 217-246. MORÓN, Eduardo y Cynthia Sanborn, Los desafíos del policymaking en el Perú: actores, instituciones y reglas de juego, Lima: CIUP, 2007.

3.- LIPSET, Seymour M.
1959 «Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy», en American Political Science Review, Vol. 53, No. 1, pp. 65- 105. MAINWARING, Scott
2006 «The Crisis of Representation in the Andes», en Journal of Democracy, Vol. 17,No. 3, pp. 13-27.

4.- SEN, Amartya
1999 «Democracy as a Universal Value», en Journal of Democracy, Vol. 10, No. 3, pp. 3-17.

5.- WISE, Carol
2003 Reinventing the State: Economic Strategy and Institutional Change in Peru. Ann Arbor: University of Michigan Press.

6.- Se aplicaron 20,204 entrevistas en 18 países, en el periodo 15 de mayo al 15 de junio 2016. Tiene muestras representativas del 100% de la población nacional de cada país y un margen de error del 3%.

SOBRE LAS PROPUESTAS EXISTENTES DE “REFORMA ELECTORAL”

En un artículo anterior debatíamos la necesidad de priorizar entre una reforma electoral o una política. Sosteníamos, coincidiendo con el profesor Carlos Meléndez que, no solo había necesidad de una reforma sustantiva de las reglas de juego que norman las elecciones y la vida partidaria, sino la urgencia de un “shock institucional” que erija instituciones políticas acordes a los necesidades y desafíos de crecimiento económico y cohesión social. Ahora que ya se constituyó en el Congreso de la República una Subcomisión de Reforma Electoral, ¿vamos en ese camino?

Dentro de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, se ha instaurado una Subcomisión de Reforma Electoral, y ello ha abierto la cancha para que el debate público sobre el tema se abra, y ya se tiene la base para ello, pues tenemos sobre que debatir.  En efecto, según el Jurado Nacional de Elecciones, la reforma electoral comprende cuatro leyes que buscan mejorar el sistema electoral peruano: la nueva Ley de Partidos Políticos, la nueva Ley de Derechos de Participación Ciudadana y Control Ciudadano, el Código Electoral y el Código Procesal Electoral.

En base a lo anterior, en noviembre del 2011 el JNE presentó los proyectos de Nuevo Código Electoral y Nuevo Código Procesal Electoral6 y después, en mayo del 2013, la ONPE y el RENIEC presentaron los proyectos de la Nueva Ley de Partidos Políticos y la Nueva Ley de Participación y Control Ciudadanos. Y siguiendo con las propuestas de “reforma electoral”, hace unas semanas, la Asociación Civil Transparencia, presentó al Congreso de la República, una propuesta de 32 iniciativas, para hacer cambios en la legislación electoral.

Hoy vamos a referirnos  al Proyecto de Ley de Partidos Políticos que, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, mediante Oficio N 1826-2013-P/JNE del 03 de diciembre del 2013, dirigió al entonces Presidente del Congreso de la República Fredy Otárola Peñaranda, donde ponía en su conocimiento que:  “luego del trabajo conjunto entre los organismos electorales, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, se ha consensuado una iniciativa que propone sustituir la Ley N 38094, Ley de Partidos Políticos. Esta propuesta tiene como objetivo central fortalecer los partidos políticos peruanos creando el marco adecuado para su desarrollo en mejores condiciones de institucionalidad, democracia interna, equidad y transparencia”.

En efecto, reiteramos: este proyecto correspondía al documento que, mediante el Acuerdo del 30 de octubre de 2013 suscrito por los cinco integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, aprobaba la propuesta de Proyecto de una nueva Ley de Partidos Políticos, que consta de la respectiva Exposición de Motivos y de un cuerpo legal compuesto por 41 artículos, pues el citado documento precisa: “La iniciativa legislativa derogaría la Ley N 28094 y sus modificatorias, y la reemplazaría por una nueva Ley de Partidos Políticos”.

Como dijimos lineas arriba, el referido Oficio N 1826-2013-P/JNE, también está suscrito por el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE, y el Jefe del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil-RENIEC.    En conclusión, el Proyecto de Ley N 3060-2013-JNE ha sido elaborado y aprobado por el Pleno del JNE, pero ha sido hecho suyo por los Jefes de la ONPE y del RENIEC[, y en consecuencia representa el diagnostico, análisis y propuesta de cómo es y cómo debe ser y funcionar un partido político y el sistema de partidos, desde la perspectiva de todos y cada uno de los organismos integrantes del Sistema Electoral.

Por cierto, la lectura del referido Proyecto nos sirve para explicar también, cual es la visión -o cosmovisión- que tienen y manejan actualmente los que dirigen los organismos electorales, al momento de interactuar con la vigente Ley de Partidos Políticos N 28094 y eso puede explicar el mal desempeño de estas instituciones electorales en las Elecciones Generales 2016.

Ahora que las autoridades electorales hablan de “reforma electoral”, que incluso dictan conferencias sobre ese tema (como la que hizo el JNE en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos), y que varios de hábiles abogados que trabajaron como destacados profesionales en el JNE opinan favorablemente sobre este y otros proyectos de reforma electoral, me limito -modestamente- a  realizar dos cosas:

1.- Recomendar a ud. querido lector, que lea con cierto detenimiento estos proyectos de ley, con ojo crítico  y mente abierta, y verá que todo el esfuerzo se basa en tratar de normar partidos políticos como lo fueron el APRA, AP, DC u otros, en sus mejores momentos (es decir, a mediados del siglo pasado)

2.- Adherirme plenamente a la visión realista, crítica expresada en la  opinión del profesor Carlos Meléndez en su artículo Reformas bicentenario, en la página A31 de el diario El Comercio del 10 de septiembre del 2016 donde señala que:

“Nuestras instituciones políticas y el debate de los “reformologos” están anclados en el siglo pasado. Para mas inri, las “recetas” importadas para solucionar nuestra aguda crisis de representación terminan siendo inútiles y dañinas, pues corresponden a estadios de crisis menores que anteceden a nuestra situación actual”.  

El citado autor agrega que, es necesario cambiar las premisas desde donde se piensa la reforma política y abandonar los falsos dilemas que entrampan el debate: “Ninguna de las iniciativas de las autoridades electorales y de las ONG (Transparencia) incorporan estos objetivos sine qua non en sus propuestas.

El primer paso es cuestionar los axiomas sobre los partidos políticos contemporáneos y su relación con la ciudadanía. Los partidos no volverán a ser jamas estructuras piramidales cohesionadas en torno a grandes dogmas o ideologías, sino “marcas partidarias” mas ligeras en cuanto a organización y semblante programático. Los militantes partidarios, también eclipsados, han sido reemplazados -en el mejor de los casos- por simpatizantes eclécticos cuya “lealtad” ha de conquistarse permanentemente.

El segundo paso es tira bajo falsos dilemas, correspondientes a una visión anticuada y caduca de las instituciones políticas. ¿Unicameralismo o bicameralidad?, ¿Listas abiertas o listas cerradas para la elección de parlamentarios?, ¿Financiamiento público o financiamiento privado?, ¿Partidos fuertes o partidos débiles? Las propuestas e iniciativas de reforma yerran al decantarse a críticamente por alguna de las opciones anteriormente demarcadas.

(…)

El poscolapso partidario del Perú  actual es el futuro hacia donde se proyectan países latinoamericanos con baja institucionalización política. Tenemos, entonces, la posibilidad de innovar soluciones institucionales y el deber de hacerlo con tecnicismo, mesura y sin prejuicios”

En siguientes artículos, expondremos nuestra visión crítica con respecto a cada una de las propuestas realizadas por los organismos electorales, las ONG y las contrastaremos con el decir de los “reformólogos” y los “opinólogos”, con quienes discrepamos.

 

 

VAMOS DEFINIENDO POR DONDE EMPEZAMOS: ¿REFORMA POLÍTICA O ELECTORAL?

En estos momentos, a fines de agosto 2016, mucho se está hablando de la necesidad de iniciar una “reforma electoral” con miras a las Elecciones Regionales y Locales en el 2018, pero no estoy seguro si debemos privilegiar los mecanismos y procedimiento de elección de nuevas autoridades. La población exige que las autoridades (cualesquiera sean) venzan la inercia e incompetencia estructural que restringe el efectivo goce de sus derechos, y se pongan a trabajar para terminar con los problemas que aquejan a la sociedad peruana. ¿Nos dedicamos a ver las formas o el fondo de lo que necesita la sociedad peruana?

“Reforma” es entendida por la Real Academia de la Lengua Española[1] como “aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo”.

 

Luego del proceso electoral 2016, me queda claro que, éste término se utiliza frecuentemente para dar idea de enmienda, puesta en orden o cambio de la situación parcial, en un objeto, régimen u orden social, político o económico establecido, sin afectar o perturbar los rasgos fundamentales, utilizando los procedimientos institucionales establecidos (constitucionales o legales).

 

Política” es una palabra con múltiples acepciones, pero para los fines de este trabajo lo entenderemos conforme la RAE como: “7. f. Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados. 8. f. Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos.9. f. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo”.

 

Por todo lo expuesto, “Reforma política” hace alusión a un conjunto de medidas orientadas a modificar a fondo la estructura organizativa de una situación socio-económica determinada o de una institución pública, pero siempre respetando sus líneas fundamentales y sin que se produzca una ruptura de continuidad en la administración pública o la esfera gubernamental.

 

Cuando uno revisa las estadísticas, como la Novena Encuesta Anticorrupción, realizado por Ipsos Publics Affairs para Proetica, y encuentra que, año tras año, los principales problemas del Perú para la ciudadanía son: la delincuencia (62%), la corrupción (46%), el consumo de drogas (30%), la pobreza (25%) y el desempleo (21%), entre otros.  

 

A diferencia de lo anterior, cuando uno revisa la encuesta realizada por el Grupo de Análisis Político 50+1 para la Universidad ESAN, para los flamantes congresistas los principales problemas son totalmente distintos a los expresados por la ciudadanía. En orden descendente: educación, corrupción, medio ambiente, seguridad ciudadana y delincuencia, inflación, narcotráfico, etc.

 

De lo anterior parece evidenciarse que, los ciudadanos tienen otras necesidades y reclamos, a las que manejan sus representantes políticos.

 

“Reforma electoral” Según un video del Jurado Nacional de Elecciones, la reforma electoral comprende cuatro leyes que buscan mejorar el sistema electoral peruano: la nueva Ley de Partidos Políticos, la nueva Ley de Derechos de Participación Ciudadana y Control Ciudadano (sobre la revocatoria), el Código Electoral y el Código Procesal Electoral. Según la ONPE, la reforma pasa por la búsqueda de “mayores niveles de transparencia, probidad y responsabilidad de los partidos políticos, sus líderes y candidatos; y de esa manera contribuir también a la gobernabilidad del país[2].

 

Es en base a lo anterior que, en noviembre del 2011 el JNE presentó los proyectos de Nuevo Código Electoral y Nuevo Código Procesal Electoral6 y después, en mayo del 2013, la ONPE y el RENIEC presentaron los proyectos de la Nueva Ley de Partidos Políticos y la Nueva Ley de Participación y Control Ciudadanos.7

Y siguiendo con las propuestas de “reforma electoral”,  hace unos días, la Asociación Civil Transparencia, presentó al Congreso de la República, una propuesta de 32 iniciativas, para hacer cambios en la legislación electoral[3].

 

Por todo lo expuesto con anterioridad, consideramos que la reforma política y electoral se pueden clasificar en tres tipos:

  1. a) La reforma que proponen los políticos.
  2. b) La reforma que proponen los técnicos y/o académicos.
  3. c) Las reforma que pide la ciudadanía, la población.

 

Y ya teniendo claro el sentido de los términos “reforma política” y “reforma electoral”, ¿cuál debemos privilegiar?.  

Es importante lo señalado por el Prof. Fernando Tuesta[4], quien señala que lo importante no es privilegiar una u otra, sino como y para que se hace:

Si bien la reforma política y electoral por sí sola no cambia la realidad, para su éxito debe contar con el apoyo de la voluntad política de las élites políticas.

El tema es preguntarse qué es lo que se quiere reformar y para qué, pues atribuirle fracasos cuando no ocurren los efectos esperados en el corto plazo, es un error. De nada valen controles, por ejemplo, sobre fiscalización del dinero mal habido en la política, si la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y la Contraloría no hacen bien su trabajo (…)”.

 

Coincidimos en mucho con las enseñanzas del Prof. Carlos Meléndez, quien apuesta  por un “shock institucional”, es decir,  por un paquete de reformas que erijan instituciones políticas a la altura de nuestros desafíos de crecimiento económico y cohesión social, entre las cuales podríamos contar: Reformas sustantivas para potenciar el alcance de la descentralización, de los mecanismos de participación ciudadana, y del sistema de fiscalización de las autoridades estatales (especialmente de las electas).

 

Personalmente, siendo que las encuestas reflejan que la ciudadanía expresa múltiples necesidades y afectaciones a sus derechos políticos, civiles y sociales, considero que es importante iniciar prioritariamente las reformas políticas que permitan al Estado atender y satisfacer esas exigencias sociales, y así legitimarse con la gestión. Las reformas electorales pueden esperar, pues están referidas a mecanismos de elección de nuestras autoridades políticas regionales y locales (2018) o nacionales.

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[1] www.rae.es

[2] https://www.onpe.gob.pe/elecciones/reforma-electoral/

[3] arepublica.pe/impresa/politica/797668-senalan-urgencia-de-hacer-modificaciones-la-reforma-electoral-del-2015proponen-que-el-congreso-se-elija-en-la-fecha-de-la

[4] http://peru21.pe/opinion/fernando-tuesta-soldevilla-y-reforma-politica-2255713