A fines del año 2011, con el apoyo de JICA, el CIES publicó un estudio sobre las “Barreras del crecimiento económico en Cajamarca”, texto que ha sido resumido en el artículo “Los conflictos y la falta de vías afectan el crecimiento económico de Cajamarca” e impreso en El Comercio, del 2 de octubre de este año.

Los autores, Waldo Mendoza (*) y José Gallardo (**), ambos economistas, consideran en el texto cuatro factores como los limitantes del desarrollo, aun cuando en el artículo presenten solo tres: la poca articulación vial en la región que resta oportunidades de acceso y reduce las oportunidades del crecimiento de la economía de mercado; la alta conflictividad social principalmente en torno a la minería; las limitadas capacidades de las instituciones públicas para hacerse cargo del desarrollo; y finalmente la fuerte emigración de sus miembros más talentosos.

La desarticulación vial de Cajamarca es un tema recurrente en la discusión sobre el desarrollo de la región que no fue solucionado por el centralismo, ni por la regionalización, pese a que existen planes para enfrentarlo. Este es un tema de falta de voluntad política, no es un problema de recursos económicos.

La conflictividad social vinculada a la minería tiene que ver, según los autores, con la mala relación entre la población y la actividad minera, sea por sus efectos ambientales o principalmente por prácticas inadecuadas, cuyo pasivo se carga a pesar de haber sido en gran medida corregidas por la inversión subsiguiente. Y la real vinculación entre la producción de oro de Yanacocha y el crecimiento del PBI regional. Este sin embargo me parece más un problema de falta de institucionalidad para canalizar los conflictos, que una reacción “tardía” frente a las malas prácticas de algunas empresas. En otras regiones, los conflictos no han detenido las inversiones.

Sobre las limitadas capacidades de las instituciones públicas, coincidimos en la falta de Estado y de Gobierno Regional, producto de la ausencia de una élite política o una clase dirigente local/ nacional con algún norte que pueda articular a la mayoría de la población. Podría además argumentarse que 11 años de regionalización no son suficientes para lograr los objetivos que esta se propone, pero ese es otro tema.

Finalmente, está el tema de la emigración. Cajamarca no retiene población, la expulsa, y como siempre ocurre, los que se van son los que están en mejores condiciones para establecerse en otros lugares que le brinden condiciones algo más favorables que las de su lugar de origen. La causa es entonces la falta de oportunidades en la región, asunto que tiene que ver con el bajo efecto multiplicador del empleo de la inversión minera, y nuevamente la incapacidad institucional para generar espacios de desarrollo en otras áreas y sectores económico.

Pero dejemos los comentarios y veamos que dicen los autores de este interesante trabajo sobre el tema del desarrollo y la minería en el Perú:

Los conflictos y la falta de vías afectan el crecimiento económico de Cajamarca

Cajamarca es una de las regiones con los peores indicadores socioeconómicos del país. A diferencia de otras, en los últimos años su crecimiento ha sido modesto. Paradójicamente, posee gran cantidad de población -con cerca de millón y medio es la cuarta región más poblada del país-, una buena dotación de recursos naturales: tiene 870 mil hectáreas cultivables (8%de la superficie agrícola nacional), y una importantísima dotación de recursos minerales.

Sus niveles de productividad son inferiores a los de otras regiones, pero dentro de su sector es la minería la que posee el nivel más alto de valor agregado bruto (VAB), algo más de S/.71.600 per cápita. Los bajos niveles de productividad y la escasa dinámica de crecimiento en los sectores que generan empleo han determinado que Cajamarca sea la región que históricamente ha tenido la mayor cantidad de emigrantes del país. Según el censo del 2007, más de 600 mil cajamarquinos viven en otras regiones. La situación de la productividad está fuertemente asociada con la de los indicadores de educación, salud e infraestructura, que en la región presentan un sustancial rezago.

Los resultados del estudio, encargado por la JICA y el CIES, sugieren que es posible identificar por lo menos tres factores limitativos de su crecimiento: la alta conflictividad social, que surge principalmente en torno a la actividad minera; el bajo desarrollo de una infraestructura vial de calidad, sobre todo en la articulación interna de la región, situación que reduce el retorno social debido a la carencia de este importante factor de complementariedad; y las limitadas capacidades del sector público regional y la fragilidad de las instituciones en general.

Conflictos sociales

La desaceleración del crecimiento en Cajamarca está relacionada con la desaceleración de la producción minera y con la escasa dinámica del resto de sectores. A ello se suma la demora de la puesta en marcha de importantes proyectos mineros. Estos aspectos están explicados por la conflictividad social, cuyo origen, a su vez, puede ser hallado no solo en los problemas ambientales y de manejo de recursos asociados a la actividad minera, sino principalmente en las prácticas inadecuadas de la actividad minera en la década de 1990. La situación de conflicto no ha podido ser revertida a pesar del cambio sustancial en el modelo de responsabilidad social y de relación con la comunidad de la empresa minera. Desde sus orígenes, este problema está asociado a la falta de Estado, ausencia que ha forzado a las empresas a desarrollar una serie de funciones en las comunidades, como la promoción del empleo, la construcción de infraestructura, la provisión de servicios de educación y salud, entre otras.

El costo de los conflictos sociales en la minería es alto, medido por el retraso de los proyectos mineros, el pago por diversas modalidades a proyectos en comunidades, los gastos en infraestructura, entre otros. Las inversiones y negociaciones de empresas entrantes son ejemplos de esos sobrecostos. De otro lado, actividades como la agricultura de exportación, la producción láctea o de cal -actividad que incluso tiene efectos ambientales negativos-, que no tienen estos problemas de apropiabilidad, se desarrollan más adecuadamente.

Infraestructura

El déficit en infraestructura vial de calidad limita su crecimiento. Esta carencia reduce el retorno de la inversión privada, lleva a una pérdida de economías a escala debido a que la región no está integrada por la red vial y limita fuertemente la innovación y el emprendedurismo que existirían con un mercado más articulado. Muchos de estos aspectos son desarrollados por sus propios migrantes en regiones vecinas donde se concentran. Cajamarca es una región de difícil acceso: el limitado desarrollo de la infraestructura vial genera un costo excesivo medido en el tiempo necesario para trasladarse a otras regiones o en la región. Por ejemplo, ir de la ciudad de Cajamarca a Jaén, distante en línea recta a 200 kilómetros, toma más de 11 horas; es decir, casi el tiempo de viaje de Cajamarca a Lima.

Gobierno e instituciones

La falta de institucionalidad ha permitido el surgimiento de riesgos sociales y políticos, conflictos sociales, casos de corrupción, incertidumbre en las inversiones, menor acumulación de capital humano, entre otros problemas. Todos estos factores causan una menor apropiabilidad de las inversiones o un menor retorno de estas. Existe consenso sobre la poca pertinencia de la política de gasto gubernamental en el ámbito local y regional y la falta de incentivos adecuados para la inversión, la reducción de las resistencias institucionales al cambio, la tecnificación, la articulación de instituciones, la promoción de investigación básica, entre otras. La ausencia de capacidades en los gobiernos y ciertos atributos en las instituciones afecta negativamente el crecimiento de la región por diferentes vías, entre ellas: (I) limitada capacidad de ejecución del gasto público; (II) inadecuados criterios para la asignación de recursos de la región entre fines alternativos; (III) limitaciones en distintas instancias para una política social que reduzca la pobreza y asegure el acceso a servicios públicos, salud y educación y, (IV) políticas de supervisión y fiscalización ambiental que empiezan tardíamente y se hacen inconsistentes con el paso de estas actividades a un ministerio.

*Jefe del Departamento de Economía de la PUCP. **Coordinador de la Maestría en Economía de la PUCP y director del BCR