Tomado de PUNTO.EDU semana 4 de junio
Lo ocurrido en Espinar es una muestra más de la incapacidad del Estado peruano, las organizaciones sociales y las empresas mineras para evitar los conflictos violentos y promover el desarrollo. Ninguno parece entender que es necesario redefinir el marco institucional sobre el que se organiza tanto la actividad minera, como la distribución y uso de sus beneficios. Hasta ahora se ha optado por dejar que los problemas se arreglen entre las partes de la mejor o, como en este caso, de la peor manera posible.
Esto tiene que ver con nuestra tendencia a ver a los problemas a través de los ojos de los individuos que aparecen en los conflictos, y olvidar la complejidad de las organizaciones y el juego de relaciones en el que están inmersos. Los medios nos presentan el problema como una pelea de box en la que hay dos contendores, en este caso el alcalde de Espinar frente al representante de Xstrata. Cada uno tiene sus “sponsors” que se encargan de atraer al público a su favor utilizando el viejo argumento de la lucha del bien contra el mal, del sensato frente al demente, de la inteligencia frente a la ignorancia, etc.
En el caso que nos ocupa es bueno saber que las organizaciones sociales de Espinar, como en cualquier sociedad compleja, tienen intereses diversos y variables en el tiempo, de modo que siempre habrá los que apoyan y los que se oponen. De otro lado, las empresas pueden parecer monolíticas, pero a nadie debe escapársele que una empresa como Xstrata con negocios en otras partes el Perú y del mundo, que responde ante sus accionistas y compite con grandes corporaciones, contiene intereses y posiciones que se reordenan frente a los conflictos que ponen en riesgo a una o varias de sus partes.
La relación entre las organizaciones sociales de Espinar (Municipio incluido) y las diferentes empresas mineras tiene una larga historia de dificultades que, sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en otras partes han generado diversas instancias en las que se ventilaban sus asuntos, como la mesa de diálogo, el convenio marco, y la Fundación Tintaya. Y todo esto ocurrió sin gran intervención de las autoridades públicas.
Consideremos también que en todos los años transcurridos la situación política, social y económica se ha transformado profundamente. La empresa debe invertir 1,400 millones en un nuevo yacimiento que anuncia su presencia por 20 años, hay nuevas comunidades que se incorporan dentro del ámbito del proyecto, hay información seria sobre niveles críticos de contaminación en algunos ríos, y demandas por estándares ambientales más exigentes, el marco tributario ha cambiado y por tanto los montos respecto del canon y las utilidades, deben redefinirse los espacios para relaves, hay un mineroducto sobre cuyos impactos se conoce poco; y finalmente lo que no ha cambiado es la poca presencia del Estado.
Sumemos a lo anterior las nuevas capacidades que tanto la empresa como las organizaciones han desarrollado, aumentado su incidencia en términos de conocimiento, información, y propuesta. Todos estos elementos podrían permitir una nueva y mejor relación entre ellos, sin necesidad de renunciar a sus propios intereses.
El conflicto sin embargo se concentró en la renegociación del convenio marco de 2003. Y lo hicieron en medio de escaramuzas en las que cada parte buscaba desprestigiar a la otra, sea poniendo una demanda contra la empresa por contaminación en los tribunales peruanos y suizos; o bien avalando iniciativas de revocatoria del alcalde.
Con estos antecedentes las conversaciones se inician, siguiendo las pautas de la negociación nacional, proponiendo cada uno condiciones inaceptables para el otro, y escondiendo sus verdaderas intenciones. Lo único claro para todos, incluyendo autoridades regionales, nacionales y los directivos de empresas, era que la cosa se venía difícil. Desde la perspectiva de las partes iba quedando claro que el municipio no apuntaba a la renegociación del convenio, sino al establecimiento de un nuevo instrumento jurídico que asegure el cumplimiento de los nuevos compromisos; mientras que la empresa pugnaba por mantener la idea de un instrumento menos vinculante, que le permita una mayor flexibilidad y control en el manejo de los compromisos a ser establecidos.
Todo esto estaba claro antes del estallido de violencia, y en realidad la anunciaba. Frente a ello, a mi criterio lo que se requiere es de nuevos marcos institucionales que procuren la recuperación y el desarrollo de la confianza entre las partes, pensando no solo en cómo solucionar cada conflicto que se presenta, sino adelantándose a los mismos proponiendo una revisión del tema del desarrollo y el papel de la sociedad, la minería y el Estado.
Flavio Figallo R.
Coordinador Diplomatura en
Industrias Extractivas Vigilancia y Desarrollo Sostenible