En el diario El Comercio, Manuel Marticorena publica hoy -Lunes 4 de Julio del 2011- un artículo sobre los “Conflictos en cuestión” que nos parece importante compartir. Nuestro interés es contribuir a la discusión de políticas públicas.

El tratamiento de los últimos conflictos sociales ha demostrado la falta de una estrategia para enfrentar este tema por parte del Gobierno. La pérdidas productivas también cuentan

Pese a que, según la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales están disminuyendo, los que subsisten son cada vez más notorios y violentos. Gran parte de ellos están relacionados con el actuar de empresas mineras y petroleras. Las comunidades temen que sus fuentes de agua sean contaminadas; que las empresas invadan sus territorios afectando su medio ambiente y cultura; mientras que en otros casos, buscan un pago justo por el uso de sus suelos.

La solución de estos conflictos, en los últimos años, ha tenido una constante: la imposición de las condiciones de las comunidades. En la minería, han logrado suspender proyectos ya en camino de desarrollo (como el de Tía María, en Arequipa); detener concesiones mineras o incluso cancelarlas, como es el caso del proyecto minero Santa Ana, en Puno.

Según una fuente del Ministerio de Energía y Minas, las comunidades han logrado bloquear proyectos por alrededor de US$3.800 millones en los últimos diez años, siendo el caso de Tía María el mayor de ellos. Se trata de un proyecto minero donde Southern Copper espera invertir US$1.000 millones.

TENSA RELACIÓN
Carlos Gálvez, gerente de finanzas de la Compañía de Minas Buenaventura, recuerda que en noviembre del 2004 una marcha pacífica de un grupo de personas contra el campamento del proyecto minero La Zanja (en Cajamarca) concluyó con la toma y destrucción del campamento y resultó incluso una persona muerta.

Tras casi seis años de sucedido este incidente y luego de muchos acuerdos con las comunidades, la minera logró culminar la construcción de la mina y está lista para empezar a operarla.

Carlos Gálvez señala que el hacerlo le llevó mucho esfuerzo a la empresa para convencer a las comunidades de que la minería les traerá beneficios. Gálvez señala que desde el inicio de los desa-cuerdos entre la empresa y la comunidad no intervino el Gobierno y su presencia solo se circunscribió al incidente. Nada más.

“Nos demoró quince años desarrollar el proyecto, todo eso tiene un costo que la empresa tuvo que pagarlo, cuando era labor del Gobierno mantener la tranquilidad social en la zona”, dice.

Gisell Huamaní, especialista en el tema de manejo y gestión de conflictos y consultora del Consorcio de Investigación Económica y Social, indica que el Estado solo atiende estos casos cuando se ha incendiado la pradera, pues no hay una perspectiva de prevención en estos temas.

“Cuando conocen el problema lo hacen muy tarde. Varias de estas demandas tienen años y solo son tratadas cuando hay desestabilización social”, refiere.

Los especialistas señalan una evidente falta de estrategia para enfrentar los conflictos, pues estos son atendidos cuando las comunidades solicitan la formación de una comisión de alto nivel, que atienda sus discrepancias con las empresas, cuando esto pasa las comunidades tienen ya poca disposición a la negociación.

Si bien hay una Oficina de Gestión de Conflictos adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, poco ha podido hacer en materia de prevención, pues cuenta con apenas una veintena de personas para atender los 227 conflictos sociales en todo el país, reportados por la Defensoría del Pueblo.

Huamaní agrega que casi todos los ministerios tienen algún tipo de oficina o equipo que atiende los conflictos relacionados con su sector. Lo extraño es que ninguno de ellos tiene el mismo rango y rol, lo que les impide hacer coordinaciones, trabajar eficientemente y ser dinámicos para atender los conflictos en la medida en que se van suscitando.

“En el Ministerio del Ambiente el agente que está trabajando es un asesor y está al costado del ministro; en la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura, la oficina está en el sótano y tiene poca capacidad de impacto en las políticas del sector, y en el Ministerio de Energía y Minas hay una Oficina de Gestión Social que atiende todos los problemas del sector”, explica.

Ricardo Morel, director del Instituto de Desarrollo Social, manifiesta que la única estrategia conocida e implementada por el Estado es la de formación de comisiones de alto nivel, la cual ha sido un fracaso. Asimismo, concuerda que la prevención casi no ha existido y las oficinas relacionadas con este tema en los distintos ministerios no han realizado un trabajo descentralizado para articular puentes, conocer a los protagonistas y trasladar con mayor velocidad la información y los reclamos.

El presidente Alan García ha defendido la actuación de su gestión frente a los conflictos sociales indicando que en muchos casos han sido impulsados por intereses políticos; sin reconocer que muchas veces la falta de prevención respecto a estos temas ha dado como resultado actos violentos y la paralización de las inversiones. Ronald Ibarra, jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM, por su parte, prefirió no comentar el tema.

Lo cierto es que muchas veces para solucionar el problema el Gobierno se ha saltado la institucionalidad jurídica para tranquilizar los reclamos sociales perjudicando a las empresas, aspecto que podría llevar incluso a arbitrajes internacionales. Bear Creek, la dueña del proyecto Santa Ana en Puno, ha indicado que iniciará un arbitraje contra el Estado por haberle levantado la concesión a su proyecto. Mientras Southern Copper ha deslizado la posibilidad de interponer un recurso de amparo para no perder la concesión de Tía María.

PÉRDIDA MUTUA
La falta de un enfoque preventivo y de un trabajo más articulado está haciendo que no solo pierdan las empresas, sino la población. En el caso de Tía María, se suspenderá la construcción de una represa que permitiría disponer de más agua para los agricultores de la zona.

Morel sostiene que si bien el próximo gobierno deberá desarrollar una estrategia eficaz para la solución de los conflictos, muchas empresas tampoco han hecho bien su trabajo de articularse socialmente, pese a que hay buenos ejemplos a seguir, como en las minas Cerro Verde, Tintaya, Minas Conga y la propia La Zanja, las que han visto que ganan más invirtiendo en la tranquilidad social, antes que ponerse a esperar que el Estado solucione el tema.