Comenzaré repitiendo el viejo aforismo de que crisis significa también oportunidad para tratar este asunto de Conga y del futuro de las industrias extractivas en el Perú. En primer lugar creo que está claro que el modelo (Arellano, 2011) de relación estado, empresa, comunidad (un nuevo triángulo sin base podría decir Cotler), que dejaba toda la responsabilidad de desarrollo local a lo que pudieran hacer las empresas a cambio de las mayores ventajas para la realización de sus actividades, no va más.

El modelo funcionó en los 1990 cuando el Perú salía de una guerra, el Estado no tenía recursos, los riesgos de inversión eran altos, y el tejido social estaba hecho girones en todos los niveles. A inicios de siglo este el modelo se expande no sin mostrar los síntomas de la crisis actual, y un aumento de la conflictividad social. Ya hacia finales del gobierno de García (2006-2011) varios proyectos se habían detenido, a una empresa se le quitó el permiso para operar utilizando las aguas de la Laguna de Conococha en Recuay, la Southern no pudo dar inicio al proyecto Tía María en Arequipa por un tema relacionado con el uso del agua, en Puno los campesinos marcharon contra la minería informal que contaminaba las aguas del Ramis. Los argumentos de los pobladores y sus representantes utilizaban con más frecuencia y radicalidad los argumentos ambientales. No había ninguna razón para que Conga no fuera diferente.

De otra parte el modelo fue tan inorgánico que casi podríamos decir que alentó la minería informal, apoyada ciertamente por los intereses inmediatistas que suelen animar a los gobiernos regionales ávidos de apoyo y de algunos ingresos extra, creando con ello nuevos problemas que producen nuevos espirales de violencia.

En resumen, el modelo de industria extractiva en el Perú está en cuestión, y al parecer ha llegado la hora de modificar las reglas del juego. Esto ha pasado muchas veces en nuestra historia, y en la de los países vecinos, y hemos tomado todos los caminos, menos el de ponernos a trabajar juntos para solucionar los problemas.

Apuntando en esta dirección es que presentamos una metodología de trabajo para evaluar nuestra minería es que queremos en este artículo dar a conocer la experiencia del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IIDS) que en 2003 publicó “Siete preguntas para evaluar la sostenibilidad” un trabajo diseñado por Donald Berg y en el que además de expertos participaron las más importantes compañías mineras del mundo, varias de las cuales operan hoy en el Perú.

Las preguntas que se plantea el documento giran en torno a generar criterios e indicadores que permitan evaluar la compatibilidad de los proyectos mineros, independientemente de su fase de ejecución, con los principios del desarrollo sostenible. Es decir que sean compatibles con el desarrollo de otras actividades, permitan mejorar las condiciones de vida de la población del entorno, y sean amigables con la naturaleza. Y de esta manera contribuir a mejorar el sistema minero y a crear las bases para la cooperación e interrelación de los diversos grupos de interés vinculados a los diversos proyectos.

La primera lección que aparece luego de su lectura es que debemos considerar al conjunto de las actividades mineras en cada país y, determinar la fase y características de cada uno de ellas. No se trata de tomar a los proyectos en conflicto, o cuestionados, hay que revisarlo todo. Esto supone plantearse cuando menos los siguientes paquetes de preguntas:

A. ¿Cuál es el perfil de la minería peruana hoy? ¿Qué tipo de empresas participan? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué importancia tienen en la economía del sector?
B. Tomando en cuenta la perspectiva de los diferentes actores involucrados ¿Cuál es la contribución y relaciones de la minería con la población, sus comunidades, ecosistemas, tradiciones y economías? ¿Qué cambios se han producido en el tiempo?
C. ¿Cuáles son los principios, criterios y/o indicadores prácticos que puedan ser utilizados para dirigir o comprobar la exploración, diseño y operación de proyectos individuales y monitorear su desempeño? ¿Cuáles de ellos existen y son compatibles con los conceptos de sostenibilidad, y cuáles debe generarse? ¿Cómo y a través que mecanismos se hace el monitoreo para que sea efectivo?
D. ¿Cómo elaborar una agenda con medidas y fechas para que opere el cambio en las industrias extractivas en el que se encuentren y trabajen juntos los diferentes grupos de interés?
E. ¿Existen procesos de compromiso? y, si así fuera, ¿son eficaces? ¿Se mantendrá o mejorará el bienestar de la población? ¿Se está garantizando la integridad del medio ambiente a largo plazo? ¿Se ha garantizado la viabilidad económica del proyecto u operación y la economía de la comunidad y la economía en general mejorarán como resultado del proyecto u operación? ¿Están integradas de manera aceptable para las comunidades locales las actividades tradicionales y comerciales que realizan? ¿Existen reglas, incentivos y programas, así como las habilidades necesarias, para hacer frente a las consecuencias del proyecto o de las operaciones? ¿Existe una síntesis completa que muestre si el resultado neto será positivo o negativo a largo plazo, y habrá reevaluaciones periódicas?

Hay una minería en operación y otro paquete de proyectos por comenzar, si queremos que esta actividad sirva para el desarrollo del país en el corto y largo plazo, requerimos ponernos de acuerdo, fijando incluso los plazos para la revisión de lo que podamos acordar hoy y tengamos que cambiar en el futuro. Finalmente hay que agregar que ya contamos con experiencias, materiales y normas –como la ley de consulta- para iniciar esta evaluación, y así tomar decisiones sobre los cambios a realizar.

FFR
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ARELLANO, Javier (2011) ¿Minería sin fronteras?. PUCP, IEP UARM.
IIDS (2003) “Siete preguntas para evaluar la sostenibilidad”. ISBN 1-895536-78-2