La mayor recaudación de los beneficios de la minería a favor del estado peruano aparece como un logro de la nueva política minera a la que se comprometió el presidente Humala. A ella se suma la promulgación de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas cuyo reglamento debe promulgarse en breve, así como la intención de fortalecer Petroperú para convertirla en una gran empresa pública competitiva. No hay sin embargo señales respecto de lo que pasará con el marco institucional desde donde se regulan las actividades extractivas, ni sobre la necesidad de establecer en que lugares del territorio se pueden desarrollar o no actividades mineras. Dicho de otra manera el gobierno tiene respuestas de corto plazo, pero tanto el mediano como el largo plazo aparecen aún borrosos.

¿Qué impacto ha tenido sobre el sector extractivo? Los inversionistas esperan tener la nueva visión de conjunto para iniciar nuevas exploraciones o proyectos, mientras tanto se mantiene la inercia definida con las reglas de la etapa anterior. Por otro lado, los conflictos sociales relacionados con la minería y los hidrocarburos se mantiene funcionando también dentro de los parámetros anteriores como muestra el reciente conflicto en torno a las inversiones de Yanacocha en el proyecto Conga (Cajamarca) en el que participan Newmont Mining Corporation (51,35%), Compañía de Minas Buenaventura (43.65%) e International Finance Corporation – IFC (5%).

En la reciente publicación de Javier Arellano, ¿Minería sin fronteras? Señala que las actividades referidas a la minería adolecen de tres problemas fundamentales: El primero tiene que ver con la captura que las empresas han hecho del estado, captura que quedaría en suspenso a partir del gobierno de Humala. Esta captura se expresa en algo tangible, a saber la incapacidad del estado para asumir, al menos en parte, los intereses de los afectados. El segundo se refiere a los condicionantes de una incapacidad de os gobiernos regionales y locales, que orienta el desarrollo de sus intereses en beneficio de quienes circunstancialmente los dirigen. Un tercer nivel de problema se sitúa a nivel de los conflictos sociales mismos, en la incapacidad de las instituciones públicas para hacer efectivo el cumplimiento de la ley.

Lo anterior configura una situación de equilibrio precario de los acuerdos entre las empresas y las comunidades, o poblaciones locales. Al respecto Arellano hace un aporte importante, la fragilidad de la relación resulta de un pacto de corto plazo en el que hay por lo menos tres actores, las autoridades locales, las nacionales y las empresas. Al contrario de lo que puede opinarse, no parce haber una oposición de los pueblos a la industria extractiva en particular. De lo que se trata para las partes es de cómo establecer la relación más beneficiosa en el corto plazo. Los conceptos de relación con las “generaciones futuras”, o límites al deterioro del medio ambiente como mecanismo de contención al cambio climático, son ideas o conceptos ausentes. Los pobladores buscan el mayor provecho y en esa medida utilizan los instrumentos de presión y negociación que tienen a la mano: la exigencia de una consulta popular, la protección de los medios de vida consuetudinarios, mejores condiciones al diseño de modo que procuren el mayor beneficio local, el aumento de las oportunidades laborales a nivel local, y finalmente elementos de planificación territorial que definan de mejor manera los límites de la actividad.

Si afectamos las causas definidas por Arellano el resultado sería el de acuerdos de mediano o largo plazo en los que participan el estado (en sus diferentes niveles de acción), las empresas y los pobladores. Falta entonces para caminar en esa dirección que las instituciones reguladoras se fortalezcan y que por ejemplo la realización de los Estudios de Impacto Ambiental tenga financiamiento independiente y su aprobación no dependa del mismo organismo que aprueba las concesiones, como lo es en la actualidad; se requieren de fortalecimiento de las organizaciones regionales, de aumento de las capacidades de gestión pública; además de un sistema de consulta basado en una relación abierta e informada con los pobladores; y finalmente que sean las organizaciones públicas y de pobladores los que construyan planes de desarrollo local en los que las empresas son un actor más.

ffr