Propuesta ciudadana ha publicado un interesante documento sobre Minería y conflicto en Puno

Entre sus conclusiones señalan que es necesario regular los petitorios mineros de modo que cuando al aceptarse se conviertan en concesión tengan cuando menos la aprobación de los propietarios de las tierras sobre las que se hace la solicitud. Al respecto por ejemplo el formulario actual no exige que el propietario este informado señalando que los datos del propietario y su domicilio se consignan “en caso fuere conocido”.

De otra parte me parece que las concesiones no pueden mantenerse sin realizarse como operaciones mineras de manera indefinida, y solo sujetas a un pago mínimo ($3 dólares por cada hectárea), en la medida que ello promueve la especulación. Deben entonces establecerse otras condiciones de caducidad, y eventualmente involucrar al propietario en la decisión dado que puede verse perjudicado en su derecho de obtener beneficios de una posible inversión.

Otro problema se relaciona con la pequeña minería, sea esta informal o no. Puno es un pueblo minero desde mucho antes de la conquista, tanto que muchas de sus técnicas fueron incorporadas por los españoles. Esta zona puede volverse espacio de informalidad minera en manos de los campesinos de la zona y desarrollarse en condiciones que afecte su salud y la de los demás. Resolver el problema tiene también que enfrentar esta posibilidad. No debe permitirse ningún tipo de minería socialmente irresponsable.

La mejor de las enseñanzas de este conflicto parece ser sin embargo la necesidad de poner en marcha un plan de ordenamiento territorial que distinga las posibilidades de aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables sin que por ello se perjudique a los pueblos o al ambiente.

Finalmente creo que hay un conjunto de problemas relacionados con la organización, representación, legitimidad y ordenamiento jurídico que deben estudiarse para recomponer un tejido social y una institucionalidad más estable y provechosa.