Reproducimos aquí un artículo de Alberto Acosta[1] difundido el 14 de febrero del 2011

“La sentencia más esperada de los últimos 17 años acaba de hacerse pública”. Con esas palabras se difundió la noticia. Nicolás Zambrano, juez de la Corte de Nueva Loja, reconoció que la compañía norteamericana Chevron-Texaco es culpable de la destrucción ambiental y social que provocó en la Amazonía ecuatoriana, durante sus 26 años de operación. El dañó que ocasionó la compañía Chevron-Texaco supera largamente la destrucción que ocasionó la BP en el Golfo de México.

El Juez dictaminó que la Chevron-Texaco debe pagar al menos 8 mil millones de dólares por los daños causados. En la sentencia se dictamina también que la transnacional norteamericana debe pedir disculpas públicas en Ecuador y los EEUU a las víctimas por el crimen cometido. Si no lo hace en 15 días, el monto económico a pagar se duplicaría a más de 16 mil millones de dólares. Esta es, a no dudarlo, otra señal poderosa de la sentencia… el dinero no es todo !!!

La historia de este caso es larga…

Desde la segunda mitad de la década de los sesenta, las actividades petroleras, que se iniciaron con la compañía Texaco en alianza con la Gulf, han atropellado masivamente la biodiversidad y el bienestar de la población de la Amazonía. Las comunidades indígenas y los colonos han sufrido innumerables atropellos a sus derechos más elementales, en nombre del mítico bienestar de toda la población.

Con esta sentencia el discurso sobre la importancia de la región en tanto suministradora de recursos financieros se derrumba ante la realidad de un sistema que la aprecia solamente por la revalorización de sus recursos naturales en función de la acumulación de capital, especialmente transnacional, aún cuando estas actividades pongan en riesgo la vida misma. Esta ha sido una de las mayores necedades de la maldición de la abundancia… de recursos naturales.

Para los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, el choque con la civilización occidental, en su peor versión la petrolera, ha significado un cambio radical en su vida e incluso la perdida de vida. No sólo dichos pueblos, también los colonos de la Amazonía norte del Ecuador han sufrido un sinnúmero de atropellos a sus derechos elementales. Vale anotar que los niveles de pobreza en la Amazonía, sobre todo en las provincias petroleras de Sucumbíos y Orellana, son más elevados que en el resto del país.

La resistencia de las comunidades amazónicas prosperó hasta constituirse en un reclamo jurídico de trascendencia internacional. Es conocido el “juicio del siglo” que han llevado, desde hace 18 años, las comunidades y los colonos afectados por las actividades petroleras de la compañía Chevron-Texaco (Texpet, en Ecuador). Es bueno recordar que de esta resistencia surgió el clamor por una moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana, que cobijó el surgimiento de la Iniciativa Yasuní-ITT.

Los argumentos que se expusieron en contra de Chevron- Texaco son claros: la compañía tuvo responsabilidad directa por los impactos ambientales que produjo la explotación del petróleo, los cuales no sólo han afectado a la Naturaleza sino que también se evidencian consecuencias en la salud de la población. El juez Zambrano de la Corte de Nueva Loja, superando todo tipo de presiones de la compañía Chevron-Texaco y sus abogados, ha dado la razón a los demandantes.

Con este juicio, más allá de su desenlace, se sienta un precedente al encausar a una de las petroleras más poderosas del planeta, que trabajó entre 1964 y 1990 en la Amazonía ecuatoriana. En ese lapso, esta compañía perforó 339 pozos en 430.000 hectáreas . Para extraer cerca de 1.500 millones de barriles de crudo, vertió miles de millones de barriles de agua de producción y desechos, y quemó billones de pies cúbicos de gas.

Sabemos que las primeras fuentes de contaminación en el área de la concesión de Texaco son el petróleo crudo, los lodos de perforación y otros aditivos, así como las aguas de formación que fueron arrojadas en el ambiente desde inicios de 1967. Esta contaminación afectó suelos, agua subterránea y superficial. Es más, esta contaminación persiste en el ambiente hasta la actualidad.

La primera causa de la contaminación encuentra su origen en las operaciones de exploración y explotación conducidas por Texaco. Sus prácticas y políticas ambientales eran inadecuadas. No empleó controles ambientales. Manejó incorrectamente desechos de pozos de producción, descargó el cien por ciento del agua de formación en los arroyos y ríos, quemó gases en la atmósfera, sufrió docenas de derrames por causas diversas… son algunas de las conclusiones que presentaron las decenas de peritos convocados en el juicio.

Los suelos en estaciones de la Texaco y en los pozos de extracción petrolera contienen hidrocarburos de petróleo y metales en concentraciones que son muchas veces más altas que los estándares para limpieza ambiental en Ecuador y en otros países del mundo. El agua subterránea bajo los pozos de desechos está contaminada por encima de los estándares ecuatorianos. Cuando el agua de producción fue arrojada directamente desde las estaciones durante las operaciones de la Texaco, se contaminaron ríos, arroyos, pantanos y suelos con petróleo, metales y sales en concentraciones que eran mucho más elevadas que los estándares ecuatorianos. La vida de seres humanos, de plantas y de animales fue y continúa siendo impactada por la contaminación. La contaminación ambiental está suficientemente documentada.

En el ámbito psicosocial las denuncias son múltiples: violencia sexual por parte de los operadores de compañía en contra mujeres adultas y menores de edad mestizas e indígenas, abortos espontáneos, discriminación y racismo, desplazamientos forzados, nocivo impacto cultural y ruptura de la cohesión social. Se afectó básicamente la territorialidad, alimentación y tradiciones culturales de los pueblos indígenas en el área de la concesión. Es más, sobre Texaco pesa también la extinción de pueblos originarios como los tetetes y sansahuaris, a más de todos los daños económicos, sociales y culturales causados a los indígenas siona, secoya, cofán, kichwa y waorani, además de perjuicio a los colonos blanco-mestizos.

La remediación ambiental, conducida por Texaco entre 1995 y 1998, fue una estafa en toda la línea, contando con la complicidad de las autoridades gubernamentales de ese entonces.

No nos olvidemos que en muchos gobiernos la Chevron-Texaco contó con el respaldo de altos funcionarios y también de una parte de la prensa nacional. Así esta empresa transnacional pudo sostener una intensa y multimillonaria campaña para tratar de demostrar su inocencia, tanto dentro de Ecuador como en los Estados Unidos. Durante la primera fase del proceso pretendía escaparse de las leyes norteamericanas, ahora se empeña en demostrar que la justicia ecuatoriana está politizada y que los datos de los peritos, son “una suma de cifras delirantes sin sustento científico”.

Si bien resulta imposible poner precio a la Naturaleza, pues la vida es inconmensurable, el daño se ha cuantificado en miles de millones de dólares por todos los daños provocados. A las complejas cuentas anteriores habría que añadir materiales utilizados sin pago, el trabajo mal remunerado, así como las enfermedades (los casos de cáncer llegan a un 31%, cuando el promedio nacional es de 12,3%). Los 8 mil o 16 mil millones de dólares son insuficientes para reparar a las víctimas y para la restauración de la Naturaleza.

Esta sentencia, en suma, supera el ámbito amazónico. Rebasa lo que tarde o temprano tendrá que pagar Texaco. Su accionar, como lo haría décadas más tarde la BP y otras tantas empresas extractivistas en diversas partes del planeta, afectó a toda la Humanidad.

Esta sentencia, por lo tanto, constituye una oportunidad para sancionar y frenar la contaminación provocada por la actividad petrolera y minera, que se sostiene por la combinación del poder político con el poder transnacional sobre el discurso que alienta la explotación del petróleo (y ahora en Ecuador de la minería a gran escala) como base para conseguir el desarrollo; discurso que sostiene una política de ocultamiento de la realidad, intimidación de quienes se oponen, de humillación y olvido para las víctimas…

Con esta sentencia emerge con fuerza la necesidad de una justicia ecológica global que haga realidad los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza en el mundo. La vigencia de estos Derechos exige la existencia de marcos jurídicos internacionales adecuados, teniendo en consideración que los problemas ambientales son temas que atañen a la humanidad en su conjunto. Por lo tanto esta sentencia en contra de la Texaco representa un triunfo de la Humanidad.-

[1] Ex-presidente de la Asamblea Constituyente.