Artículo tomado de: Análisis de las Industrias Extractivas en América Latina, Octubre y Noviembre 2011. producido por RWI.

Las actividades extractivas (exploración y explotación de minerales e hidrocarburos) se han extendido en varios países de América Latina, ya que los gobiernos buscan beneficiarse de los altos precios del petróleo y de los minerales en el mercado internacional. Incluso en países en donde anteriormente las actividades extractivas no eran tan significativas, ahora se debate la posibilidad de desarrollar proyectos mineros y petroleros.

No obstante, el aumento de la actividad extractiva ha encontrado resistencia y oposición en muchas de las comunidades locales donde se desarrolla estos proyectos, que han dado lugar a protestas sociales y manifestaciones populares en contra de estas actividades en varios países de la región.

Basados en lo que establece el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que reconoce internacionalmente el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas antes de que se desarrolle cualquier actividad en las tierras que estas tradicionalmente ocupan, las poblaciones locales –incluyendo muchas que no son propiamente indígenas; reclaman que se respeten sus derechos a ser consultados adecuadamente sobre la puesta en marcha de estos proyectos. Como esto no ocurre, o no se hace adecuadamente, las relaciones entre las poblaciones y las empresas (y los gobiernos que apoyan estos proyectos) se deterioran rápidamente, y dan lugar a protestas y conflictos.

En respuesta a la expansión de estos proyectos, las organizaciones de la sociedad civil [muchas veces con la participación de las autoridades locales y gobiernos subnacionales] empiezan a demandar mecanismos de participación para decidir si los proyectos son viables o no. La respuesta de la gente ante la ausencia de procesos de consulta efectivos, ha sido el conflicto y en muchos casos la radicalización de la oposición a las inversiones en cuestión.

Dos ejemplos de la relación entre proyectos de inversión, decisiones de gobierno y reacciones de la población pueden ilustrar la complejidad de la situación.

En el caso del proyecto minero Tía María de la empresa minera Southern Cooper Corporation, ubicada en la provincia de Islay en la región de Arequipa, la población venia expresando su oposición al proyecto, pero el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) insistió en reconocer audiencias públicas de consulta del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa. El conflicto fue escalando hasta que, de un lado, los municipios locales organizaron una consulta en la que el proyecto fue masivamente rechazado, mientras que el MINEM quiso desconocer un informe técnico hecho por las Naciones Unidas (NNUU) que señalaba gruesas fallas del EIA de la empresa Southern. Al final, en Noviembre del 2010 el EIA fue rechazado por el MINEM en medio de una protesta social masiva con costo de varios muertos y heridos.

Recientemente, en el mes de octubre, ocurrió un hecho similar en Ecuador. El gobierno determino que los proyectos mineros Quimsacocha y Rio Blanco son estratégicos para el país, y por lo tanto dio luz verde para que las empresas mineras I Am Gold e International Mineral Corporation iniciaran la etapa de explotación de dichos proyectos, que se ubican en la provincia de Azcuay al sur de Ecuador, y comprenden la concesión de 14 mil hectáreas para la explotación de oro, plata y cobre.

Las organizaciones campesinas de Azuay convocaron a una consulta popular a las poblaciones de Tarqui y Victoria Portete, principales comunidades impactadas por la futura actividad minera, para que se pronuncien en contra o favor de estos proyectos que ya habían sido aprobados por el gobierno. Los resultados de la consulta indicaron que el 92,38% de los votantes estaba en contra de los proyectos. Sin embargo, el gobierno declaró ilegal la consulta realizada por los pobladores de Azuay, basado en que es el Estado quien se encarga del proceso, y no las comunidades. Este criterio también fue respaldado por el sector empresarial minero.

Con todo, fue la primera vez que se lleva a cabo alguna forma de consulta previaen Ecuador para saber si la comunidad aprueba o no la actividad minera pese a que la Ley minera vigente establece que se aplique la consulta previa en todas las fases del proyecto, aunque esta no sea vinculante.

Eventos similares en distintas partes de la región han hecho que las comunidades potencialmente impactadas por grandes proyectos de inversión demanden ser consultadas. Así por ejemplo tenemos el caso de la Carretera que atraviesa el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis) en Bolivia; el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina en México; y más recientemente, el Proyecto Conga en el Perú. Precisamente en Perú, el gobierno aprobó en agosto de este ano la ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, con el objetivo de disminuir la conflictividad alrededor de las actividades extractivas, mientras que en el resto de países de la región ya se debaten que otras reformas legales e institucionales se pueden sumar a la Consulta Previa para respetar el derecho de las comunidades y preservar el medio ambiente.