La minería es una de las actividades más dinámicas en América Latina, no solo ha crecido en los países tradicionalmente mineros como el Perú, Bolivia Chile y México, sino que se ha expandido al resto de del sub continente. Ecuador parece haber iniciado el tránsito hacia la minería conforme declina el horizonte petrolero, algo parecido ocurre con Colombia y con México. En Centroamérica la minería aumenta su presencia, lo mismo que en Argentina y Brasil.
De acuerdo con los datos de la Cámara de Minería del Ecuador las inversiones mineras equivalen en valor a precios de agosto del 2011, a US$ 151,287,559,583 dólares, casi tres veces el actual PBI ecuatoriano. Todos estos recursos serían explotados por siete empresas (1)

Como muestra de ello reproducimos aquí un artículo de El País “Ecuador apuesta su crecimiento a la minería a gran escala”

“Vamos a pasar a una nueva era, la era minera”. “Ecuador podría tener la segunda mina de cobre más grande del mundo”. “No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro”. El presidente Rafael Correa ha hecho grandes anuncios en las últimas semanas en torno a los proyectos de minería que se apresta a concretar Ecuador. Pero mientras él lo presenta como un gran paso adelante, organizaciones indígenas y sociales preparan su “resistencia”.

Correa espera firmar en las próximas semanas dos grandes contratos con mineras internacionales dentro de los cinco megaproyectos, todos al sur del país, que el Gobierno tiene previstos. Se trata de los proyectos Fruta del Norte, a cargo de la empresa canadiense Kinrros Aurelian, y Mirador, concesionado a la china ECSA (Ecuacorriente), los cuales buscan explotar reservas de oro y cobre, respectivamente, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe.

El viceministro de Minas de Ecuador, Federico Auquilla, asegura a EL PAÍS que los dos contratos citados se suscribirían “en este primer trimestre” de 2012, y significarían en los primeros dos años una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares.
Auquilla prevé que se firme un tercer proyecto este año, denominado Río Blanco, concesionado a la canadiense San Luis Minerales (International Minerals Corporation) para la extracción de oro en la provincia del Azuay, en la sierra sur del país.

Los otros dos megaproyectos que impulsa el gobierno ecuatoriano son Quimsacocha, con la canadiense IAMGOLD, para la extracción de oro en Azuay(2), y San Carlos Panantza, en la provincia amazónica de Morona Santiago, a cargo de la china ECSA. A este último proyecto se refirió el presidente Correa al hablar de la segunda mina de cobre más grande del mundo, pues tendría unos 6,3 millones de toneladas.

Para el analista económico Walter Spurrier, Ecuador ha estado rezagado en comparación con otros países andinos en cuanto a la minería. “Ecuador tiene buenas reservas petroleras, pero que se van a agotar en un lapso relativamente corto. Y por ello dentro de la estrategia de crecimiento de largo plazo del país, la actividad minera es muy importante”, opina Spurrier.

Las autoridades ecuatorianas habían anunciado la firma de los primeros contratos mineros para fines del año anterior, en especial el relacionado al proyecto Fruta del Norte, que presenta reservas certificadas de 6.4 millones de onzas de oro, una inversión inicial de 1.100 millones de dólares y una renta minera para Ecuador del 52%. Sin embargo, la revisión de detalles contractuales y técnicos ha demorado la firma.

Spurrier señala que uno de los temas sensibles sería la determinación de los mecanismos de arbitraje en caso de que se produjeran controversias. El viceministro Auquilla, no obstante, asegura que las mineras han aceptado el cumplimiento de la disposición constitucional que prohíbe celebrar contratos internacionales “en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional”, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) (3).

Pero el principal reto que tendrán los planes mineros del Gobierno de Rafael Correa será la oposición de organizaciones indígenas y sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), la cual ha expresado su preocupación por que la minería a gran escala genere contaminación del agua, alto impacto ambiental y afectación de derechos colectivos.

“Para nosotros esto es el continuismo de un modelo extractivista, que destruye la naturaleza y no está dando respuesta a la humanidad”, dice el presidente de CONAIE, Humberto Cholango.

Frente a ello, el viceministro Auquilla afirmó que los proyectos mineros que prepara Ecuador contemplan estudios ambientales y de utilización del recurso hídrico, y señaló que existe “la garantía del Estado de que las tecnologías utilizadas por las empresas sean las menos contaminantes, y que los impactos que se van a dar sean corregidos en el tiempo”.

La controversia entre el Gobierno del llamado socialismo del Siglo XXI y varios dirigentes indígenas y sociales además tiene que ver con la disposición que establecen la Constitución ecuatoriana y la Ley de Minería de que las comunidades y los pueblos indígenas ubicados en los sitios donde se ejecutarán los proyectos mineros sean consultados sobre dichos planes.

Al respecto, el viceministro de Minas señala que el Gobierno ha efectuado “procesos de información”, como talleres y mesas de diálogo, en las zonas de influencia directa de los proyectos, y afirma que la Constitución habla de consultas, no de un consentimiento previo.

Humberto Cholango, sin embargo, afirma que las comunidades involucradas no han sido ampliamente consultadas y que ningún representante del Gobierno se ha acercado a la dirigencia indígena para hablar del tema minero. Su organización se declarará, junto a dirigentes sociales, en “resistencia” frente “a los planes extractivistas del Gobierno”. “Nosotros vamos a ir a la resistencia. Esto va a generar conflictos muy grandes, movilizaciones y protestas”, advierte el presidente de la mayor organización indígena del país.

NOTAS
(1) Ecuacorriente ; Dynasty Metals and Mining; Kinross Gold Corp; El Condor Minerals Inc.; IAMGOLD; International Minerals; Salazar Resources
(2) Puede consultarse también el trabajo de Jennifer Moore, “Azuay: a site for mining expansion in Ecuador’s South”
(3) Algo que no ha sido usual en el resto de la región.
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Artículo tomado de: Análisis de las Industrias Extractivas en América Latina, Octubre y Noviembre 2011. producido por RWI.

Las actividades extractivas (exploración y explotación de minerales e hidrocarburos) se han extendido en varios países de América Latina, ya que los gobiernos buscan beneficiarse de los altos precios del petróleo y de los minerales en el mercado internacional. Incluso en países en donde anteriormente las actividades extractivas no eran tan significativas, ahora se debate la posibilidad de desarrollar proyectos mineros y petroleros.

No obstante, el aumento de la actividad extractiva ha encontrado resistencia y oposición en muchas de las comunidades locales donde se desarrolla estos proyectos, que han dado lugar a protestas sociales y manifestaciones populares en contra de estas actividades en varios países de la región.

Basados en lo que establece el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que reconoce internacionalmente el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas antes de que se desarrolle cualquier actividad en las tierras que estas tradicionalmente ocupan, las poblaciones locales –incluyendo muchas que no son propiamente indígenas; reclaman que se respeten sus derechos a ser consultados adecuadamente sobre la puesta en marcha de estos proyectos. Como esto no ocurre, o no se hace adecuadamente, las relaciones entre las poblaciones y las empresas (y los gobiernos que apoyan estos proyectos) se deterioran rápidamente, y dan lugar a protestas y conflictos.

En respuesta a la expansión de estos proyectos, las organizaciones de la sociedad civil [muchas veces con la participación de las autoridades locales y gobiernos subnacionales] empiezan a demandar mecanismos de participación para decidir si los proyectos son viables o no. La respuesta de la gente ante la ausencia de procesos de consulta efectivos, ha sido el conflicto y en muchos casos la radicalización de la oposición a las inversiones en cuestión.

Dos ejemplos de la relación entre proyectos de inversión, decisiones de gobierno y reacciones de la población pueden ilustrar la complejidad de la situación.

En el caso del proyecto minero Tía María de la empresa minera Southern Cooper Corporation, ubicada en la provincia de Islay en la región de Arequipa, la población venia expresando su oposición al proyecto, pero el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) insistió en reconocer audiencias públicas de consulta del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa. El conflicto fue escalando hasta que, de un lado, los municipios locales organizaron una consulta en la que el proyecto fue masivamente rechazado, mientras que el MINEM quiso desconocer un informe técnico hecho por las Naciones Unidas (NNUU) que señalaba gruesas fallas del EIA de la empresa Southern. Al final, en Noviembre del 2010 el EIA fue rechazado por el MINEM en medio de una protesta social masiva con costo de varios muertos y heridos.

Recientemente, en el mes de octubre, ocurrió un hecho similar en Ecuador. El gobierno determino que los proyectos mineros Quimsacocha y Rio Blanco son estratégicos para el país, y por lo tanto dio luz verde para que las empresas mineras I Am Gold e International Mineral Corporation iniciaran la etapa de explotación de dichos proyectos, que se ubican en la provincia de Azcuay al sur de Ecuador, y comprenden la concesión de 14 mil hectáreas para la explotación de oro, plata y cobre.

Las organizaciones campesinas de Azuay convocaron a una consulta popular a las poblaciones de Tarqui y Victoria Portete, principales comunidades impactadas por la futura actividad minera, para que se pronuncien en contra o favor de estos proyectos que ya habían sido aprobados por el gobierno. Los resultados de la consulta indicaron que el 92,38% de los votantes estaba en contra de los proyectos. Sin embargo, el gobierno declaró ilegal la consulta realizada por los pobladores de Azuay, basado en que es el Estado quien se encarga del proceso, y no las comunidades. Este criterio también fue respaldado por el sector empresarial minero.

Con todo, fue la primera vez que se lleva a cabo alguna forma de consulta previaen Ecuador para saber si la comunidad aprueba o no la actividad minera pese a que la Ley minera vigente establece que se aplique la consulta previa en todas las fases del proyecto, aunque esta no sea vinculante.

Eventos similares en distintas partes de la región han hecho que las comunidades potencialmente impactadas por grandes proyectos de inversión demanden ser consultadas. Así por ejemplo tenemos el caso de la Carretera que atraviesa el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis) en Bolivia; el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina en México; y más recientemente, el Proyecto Conga en el Perú. Precisamente en Perú, el gobierno aprobó en agosto de este ano la ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, con el objetivo de disminuir la conflictividad alrededor de las actividades extractivas, mientras que en el resto de países de la región ya se debaten que otras reformas legales e institucionales se pueden sumar a la Consulta Previa para respetar el derecho de las comunidades y preservar el medio ambiente.

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Artículo tomado de: Análisis de las Industrias Extractivas en América Latina, Octubre y Noviembre 2011. producido por RWI.

El Ministerio de Recursos Naturales no Renovables ecuatoriano, anunció el lunes 3 de octubre que la petrolera estatal chilena Enap la_empresa/mundo.php, suscribió un contrato con el gobierno de Ecuador por medio de la Secretaría de Hidrocarburos y la filial chilena Sipetrol, para ampliar sus operaciones de exploración y explotación de petróleo y gas natural en la costa sur del país, en el Golfo de Guayaquil.

La petrolera chilena prevé invertir alrededor de USD 45 millones en actividades que comprenden estudios sísmicos y perforación de pozos exploratorios durante cuatro años en el bloque 3 Jambelí, el cual tiene una extensión de 400 mil hectáreas, y donde según el ministerio, “no han sido perforados pozos exploratorios ni productores de hidrocarburos”, y por tanto se desconoce su potencial. El monto de inversiones incluso será mayor si se llegara a obtener los resultados esperados, pues en caso de que Enap encuentre crudo, puede explotarlo durante 20 años. En caso de encontrar gas, si deberá firmar un contrato adicional.

Cabe recordar que hace un año, Enap negoció con el gobierno ecuatoriano otro acuerdo, que permite la petrolera chilena extraer crudo en la selva ecuatoriana, unos 15 mil barriles promedio por día. El nuevo acuerdo representa pues, para los gobiernos de Ecuador y Chile, una alianza estratégica en torno a los hidrocarburos, implementada a través de sus empresas públicas.

El potencial de hidrocarburos en Chile es modesto. A la fecha, la Cuenca de Magallanes, región ubicada al sur del país donde se explota hidrocarburos hace 50 años y que está llegando a su etapa “madura”, sigue siendo la única región en donde la explotación de hidrocarburos ha sido comercialmente viable. La producción anual de crudo nacional solo alcanza para abastecer al 2 por ciento de la demanda interna. En efecto, Chile importa alrededor de 98% de petróleo crudo, el cual la mayor parte proviene de Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Reino Unido, y 75% de gas natural, que proviene principalmente desde Argentina.

Debido a esto, Enap adoptó como estrategia invertir en el exterior en actividades de producción y exploración a través de su filial Sipetrol, en países como Argentina, Ecuador, y más recientemente, en Egipto, De ahí la importancia del acuerdo suscrito con Ecuador para extender sus operaciones en ese país. Así mismo, y en respuesta a los menores suministro de gas desde Argentina, Chile puso en marcha la provisión de gas natural a través de dos plantas regasificadoras de gas natural licuado, ubicadas en las bahías de Quintero y Mejillones, ubicadas en la V y II Región, al norte de Chile, las cuales son abastecidas con embarcaciones que transportan gas natural licuado proveniente de Trinidad y Tobago, Egipto y Nigeria, entre otros países productores.

La empresa estatal de petróleo Enap ha logrado mantener dos líneas de negocios en el sector que la han convertido en la principal abastecedora de energía en Chile, puesto que entre el 70 y 80 por ciento de la demanda interna es cubierto por Enap, a pesar de que tan solo produzca 2 por ciento. Por un lado, explora y produce petróleo en otros países, y lo que produce es refinado y distribuido en el mercado nacional, pero también es ofertado a otros mercados, de tal manera que asegura una presencia importante a nivel internacional y cumple con abastecer al consumo interno al mismo tiempo. Los puertos regasificadores de Quintero y Mejillones, que suministran gas regasificado a Chile, también le han permitido convertirse en una opción de provisión de gas a nivel internacional. Por otra parte, Enap también realiza actividades de refinación, logística y comercialización. No obstante, cabe señalar que la importación de hidrocarburos mantiene a Enap en una situación vulnerable frente a la volatilidad de los precios en el mercado internacional, y a las interrupciones o retrasos en el sumi
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Artículo tomado de: Análisis de las Industrias Extractivas en América Latina, Octubre y Noviembre 2011. producido por RWI.
El 12 de octubre la minera estatal chilena Codelco suscribió un acuerdo con la japonesa Mitsui, para financiar, mediante un crédito de USD 6,750 millones, la compra del 49% de las operaciones de Anglo American Sur, sucursal de la minera inglesa Anglo American. AAS es actualmente propietaria de las minas Los Bronces y El Soldado, la fundición de cobre Chagres y los proyectos de exploración Los Sulfatos y San Enrique Monolito, entre otros.

El préstamo otorgado por Mitsui permitiría a Codelco ejercer su derecho a compra próximo a vencer en enero del 2012 y que está vigente desde el año 2008, año en que la Empresa Nacional de Minería (Enami) designó a Codelco como titular del derecho. Con la compra de las operaciones de Anglo American Sur, Codelco esperaba aumentar su producción de cobre anual en 400 mil toneladas, casi un 10 por ciento de su producción actual, lo cual consolidaría a la estatal chilena como la mayor productora de cobre en el mundo.

El acuerdo de préstamo con Mitsui establecía que Codelco tenía la posibilidad de pagar parte del mismo con la venta de la mitad del porcentaje comprado a Anglo American Sur, a un precio que valoraba el 49% de las operaciones de AAS en aproximadamente en USD 9,760 millones. Es decir, Codelco podía vender a Mistui el 24.5% de las operaciones a USD 4,880 millones. Además, el préstamo no comprometía el plan de inversiones de Codelco para el periodo 2011‐2015, puesto que se pagaría únicamente con los ingresos que genera la participación en Anglo American Sur, y también incluía una cláusula de compra por parte de Mitsui a Codelco de 30 mil toneladas de cobre a precio de mercado por 10 años. Por estas razones, el acuerdo de préstamo suscrito con Mitsui – que haría posible una de las mayores inversiones en la historia de la minería chilena‐ fue considerado por el gremio minero como muy conveniente.

Cabe señalar además que era la primera vez que Codelco compraría de terceros un activo minero operativo, pues antes había desarrollado proyectos nuevos por cuenta propia, o con la participación de otros socios.

No obstante, a inicios de noviembre, la minera Anglo American anunció que vendió el 24.5% de las operaciones de Anglo American Sur a la japonesa Mitsubichi Corporation por un valor de USD 5,390 millones.

Con la venta de Anglo American, Codelco quedó imposibilitada de adquirir el 49% de las operaciones Anglo American Sur, que además se revalorizaron en USD 10,780 millones, de tal manera que el valor del 100% de las operaciones de Anglo American Sur ascendió a USD 22 millones. Como resultado de la compra, Anglo American mantiene un 75,5% de las operaciones de Anglo American Sur y Codelco tan solo la posibilidad de ejercer su compra sobre el 24.5% restante.

Frente a este hecho, Coldeco reclamó a Anglo American por impedirle ejercer su derecho a compra. Sin embargo la minera inglesa respondió que Codelco recién puede ejercerlo a partir de enero de 2012 y no antes. Codelo ha anunciado que insistirá en proteger sus derechos y de esta manera, se ha dado inicio a lo que lo que será una de las batallas legales más importantes en la industria minera a nivel internacional.

La disputa por la compra de las operaciones de Anglo American Sur ha llevado a que ambas partes a acusarse mutuamente de incumplimiento de contrato ante tribunales internacionales. Por lo pronto, Codelco ha hecho uso de su derecho a interponer un recurso de protección, el cual impide a Anglo American realizar alguna venta adicional al 24.5% ya ejecutado y espera además poder exigir algún tipo de reparación por dicha venta. Por su parte Anglo American señala que este recurso no se aplica para diferencias contractuales y acusa a la minera chilena de impedirle ejercer su derecho de venta a terceros. El tema de fondo será la interpretación del derecho de compra de Codelco, pues para la minera chilena este era ejecutable desde julio de este año cuando acordó con Anglo American los términos de la compra, mientras que para Anglo American este es ejecutable a partir del 2012. Sigue leyendo →

La versión original de este artículo la puede encontrar en la página de SOCIETAS (1)

Por, Gerardo Castillo Guzmán (2)

Tal vez la promesa más importante, y uno de los puntos de mayor disputa, del promover proyectos mineros en el país es su contribución al desarrollo social y económico de los territorios y las regiones donde se realizan.

En un extremo, algunas voces sostienen que el crecimiento económico alto y sostenido que ha mostrado el país en la última década se debe principalmente a la inversión minera, la cual ha dinamizado al resto de la economía nacional, además de ser la principal fuente de ingresos de divisas y de recaudación para el Estado. En el otro, se ubican posiciones que cuestionan estos beneficios al señalar que la contribución económica es mucho menor en tanto las actividades extractivas generan poco empleo y no aportan significativamente a la generación de producto interno. Asimismo, el balance sería negativo si se contabilizan los costos ambientales y sociales que el desarrollo de los proyectos mineros ocasiona.

Como suele suceder, la realidad es más compleja y no se resume en posiciones tipo blanco y negro. La primera posición tiene la virtud de enfatizar la importancia del ingreso al país de masivos capitales para la estabilización macro económica y para que el Estado cuente con superávits que puedan –y deban— ser utilizados en cubrir las enormes brechas sociales que presenta el país. En contraposición, la segunda mirada tiene la ventaja de resaltar las dinámicas que se producen en el ámbito nivel local –muchas de las cuales acentúan la desigualdad entre las poblaciones—e insistir en que los marcos regulatorios existentes son insuficientes para asegurar adecuados estándares ambientales y procesos sostenibles de bienestar económico para las poblaciones rurales en las áreas de influencia de los proyectos mineros.

Un componente central en estas posiciones es el papel que juegan –o deberían de jugar— los recursos financieros obtenidos por los impuestos pagados por las empresas mineras y su distribución en las regiones productoras del mineral. Efectivamente, la distribución y el uso del canon es eje principal en los debates sobre cómo promover el desarrollo regional.

Existe cierto consenso en que tal como funciona actualmente el sistema de canon minero tiene fallos gruesos. A nuestro parecer tres son los mayores:

 Es inequitativo. Según un reciente estudio del Grupo Propuesta Ciudadana(3), cinco regiones –Ancash, Tacna, Moquegua, Arequipa y Cajamarca— concentraron cerca del 65% de los recursos distribuidos en el país por concepto de canon y regalías mineras entre los años 2007 y 2010. Además, al interior de las regiones, la distribución del canon repite esta desigualdad. Por ejemplo, en la Región Cajamarca, la municipalidad provincial de Cajamarca y las municipalidades distritales de Baños del Inca y La Encañada concentraron alrededor del 40% del total de transferencias a las municipalidades de la región en el mismo período.

En contrapartida, en regiones como Lambayeque, Loreto o Ucayali los fondos que reciben por canon minero son nulos.

De esta manera, el sistema actual del canon minero genera enormes desigualdades al interior del país y de las regiones. Además, es una importante causa de conflicto al promover disputas limítrofes entre gobiernos locales por la apropiación del canon, tal es el caso de Moquegua, Puno y Tacna.

 Es ineficiente. Salvo el mandato de que los recursos provenientes del canon deben ser empleados casi exclusivamente en obras de infraestructura no existe ningún criterio ni meta que guíe el gasto.

Por ello, acaso, los resultados son desastrosos. De un lado, el impacto de obras de poca envergadura y sin parámetros de desarrollo claros realizadas por gobiernos locales con pocas capacidades técnicas es bajísimo(4). De otro, las obras son mayoritariamente orientadas hacia las zonas urbanas pues es ahí donde se concentran los electores. Por ello, el gasto de canon no se ha dirigido primariamente a reducir la pobreza, la cual es prevalente en las áreas rurales.

Además de ello, cabe destacar que no existen indicadores actualizados para medir avances en la calidad de vida de las poblaciones. Los datos estadísticos disponibles no se encuentran en el ámbito de distritos y están sumamente desactualizados.

Asimismo, existe una fuerte presión desde el Gobierno Central que encuentra eco en gran parte de los medios de comunicación para que los gobiernos regionales y locales gasten la totalidad del presupuesto. A decir verdad, a pesar de todas las trabas de un sistema mal diseñado de transferencia de fondos y aprobación de gasto, los gobiernos regionales tienen niveles de gasto similares al gobierno central. El gran problema no es la rapidez del gasto(5) sino la calidad del mismo.

 Es discrecional en demasía. Si no existen parámetros claros y precisos que guíen el gasto, los fondos del canon podrán ser utilizados desde lozas deportivas hasta el asfaltado de calles, lo cual puede ser importante para algunos sectores, pero poco contribuye a lidiar con temas cruciales como lucha contra la pobreza, mejoras productivas y eslabonamientos económicos, cerrar brechas de infraestructura, combate a la desnutrición o transformación educativa y tecnológica. Ciertamente, urge decidir qué se busca lograr con la inversión proveniente del canon minero.

Adicionalmente, este sistema ha promovido la creación de un fortísimo clientelismo. Varios gobiernos locales, que manejan importantes fondos del canon, se han convertido en principales empleadores de sus territorios a través de programas de empleo temporal, como es el caso de los municipios de San Marcos en Ancash o los involucrados en las operaciones de Southern Peru Copper Corporation en Tacna y Moquegua. Los resultados son problemáticos: el empleo generado no está ligado a actividades productivas y compite por mano de obra con actividades agrícolas (tal es el caso de los cultivos de café en Echarate, Cusco), no es sostenible, produce alta inflación local y tiende a crear las ya mencionadas relaciones clientelistas. Además, ha surgido la poca transparente figura del funcionario municipal–empresario, quien forma empresas que brindan servicios a los municipios para la ejecución de obras. Las denuncias de corrupción son innumerables.

Finalmente, el ingreso de grandes cantidades de recursos provenientes del canon a los municipios distritales no ha fortalecido el tejido político y social. Por ejemplo, en el distrito de San Marcos, de tan solo algo más de 13,500 habitantes, el número de candidatos al municipio aumentó de cuatro a diez entre 1998 y el 2002. La pugna por el acceso a recursos nunca antes experimentados ha fragmentado aún más la sociedad local.

Ante esta situación, ¿qué alternativas de mejora del sistema de canon existen? Delineamos tres opciones:

 La opción conservadora. En este esquema, el sistema general del canon minero se mantiene, pero se procuran mejoras en las capacidades técnicas de los gobiernos locales y regionales para incrementar la capacidad de gasto y pasar las vallas exigidas por el Gobierno Central. La mayor ventaja de esta opción es que presenta poca resistencia política regional, la enorme desventaja es que no enfrenta ninguno de los fallos indicados y los tiempos necesarios exceden los cinco años del actual gobierno.

 La opción radical. Esta opción implica la eliminación del canon y que la dirección de las inversiones sea asumida por el Gobierno Central. Ello podría, por ejemplo, dirigir de manera masiva inversiones productivas y sociales bien articuladas hacia zonas rurales aledañas a los proyectos. Recordemos que en países como Chile, Noruega o Botsuana –casos exitosos de promoción de industrias extractivas que contribuyen al desarrollo económico y social— no existe un sistema de canon. Es el Gobierno Central el que asume la tarea de dirigir la inversión de acuerdo a ciertos criterios nacionales. La gran ventaja de este modelo es que facilita la inversión social y productiva de manera rápida y con criterios unificados; su desventaja es la gran resistencia política que encontraría en la administración regional, que considera el canon como un derecho adquirido.

 La opción intermedia. Ella concilia el establecimiento de criterios, indicadores y metas unificadas de inversión social y productiva con un manejo descentralizado y el fortalecimiento de los gobiernos sub-nacionales. Así, por ejemplo, los ministerios de economía y de desarrollo social podrían establecer metas de desarrollo, metodologías de intervención, indicadores, etc., en un esquema de inversión compartida con los gobiernos sub-nacionales, de la cual estos últimos son los responsables políticos. Para ello, se debería fortalecer el sistema de planificación nacional y alinear los planes regionales con uno nacional.

En una siguiente entrega se procurará ofrecer un panorama acerca del debate sobre la relación entre industrias extractivas y desarrollo económico y social. En esta oportunidad, lo que buscamos señalar es la urgencia de reformar seriamente el sistema del canon si es que se quiere una relación más positiva entre minería y desarrollo regional. De no tomarse medidas prontas y urgentes, las poblaciones seguirán percibiendo que la actividad minera no genera mejoras sustantivas en sus localidades.

Notas:

(1) Publicado en el blog: http://societasconsultora.wordpress.com/
(2) Director general de Societas Consultora de Análisis Social.
(3) GPC (2011) Para corregir la desigualdad generada por el canon la descentralización fiscal es la mejor opción. Nota de información y análisis.
(4) Para una estimación de los bajos impactos alcanzados, véase el capítulo “Canon minero y desarrollo local” en Arellano (2011) ¿Minería sin fronteras?: Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú. Lima: IEP / PUCP.
(5) No se ha debatido, por ejemplo, la necesidad de crear fondos de estabilización o inter-generacionales que permita contar con ingresos en el largo plazo, cuando los proyectos extractivos hayan disminuido. Sigue leyendo →