Lima, ciudad democrática

En noviembre de 2011 recibí el encargo de conducir la elaboración del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025 “Lima somos todos”. Pese al intento de revocarla, la Alcaldesa Susana Villarán continúa apostando por la ciudad y su futuro. 41 de los 42 alcaldes distritales participaron de la mano de sus equipos y vecinos. Este Plan es una brújula que servirá a las autoridades en función de propuestas técnicas viables valoradas por los ciudadanos. Un gran equipo técnico multidisciplinario junto con más de 18 mil ciudadanas y ciudadanos y 345 actores metropolitanos (gremios empresariales y de trabajadores, universidades, asociaciones, Iglesias, congresistas por Lima, etc.) participaron en cerca de 100 eventos públicos y mesas de trabajo.

El próximo miércoles 12 expondré éste trabajo a la Asamblea Metropolitana para su discusión y aprobación. No será un libro que termine durmiendo en una biblioteca. Se entrega una página web (www.planlima.gob.pe) que registra la intervención de cada ciudadano, a lo que sigue el Plan con diagnósticos, políticas, metas, entre otras herramientas al servicio de todos.

¿Qué nos presenta éste Plan? Que somos la ciudad con más tuberculosos de América Latina y del Perú (180 casos por cada 100,000 habitantes). Que el 56% de sus trabajadores son informales. Que 110,000 de sus niños, entre 6 y 13 años trabajan y el 28.9% de sus mujeres son jefas de hogar. Que 1 millón 662,793 de limeños no tienen acceso a la red pública de agua potable y desagüe y 1 millón 416,755 son pobres (más que los pobres de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica juntos). Que el tiempo de viaje promedio en transporte público es de 44.9 min a una velocidad de 16.8 km/h y si no hacemos nada hoy en el 2025 el tiempo será de 64.8 min y la velocidad de 7.5 km/h…etc.

Asimismo, el Plan sincera el presupuesto. Mientras que todo el Estado tiene un gasto corriente en Lima de S/. 787 per cápita e invierte S/. 242 por persona, en el resto del país tiene un gasto corriente de S/. 1,632 por poersona e invierte S/. 974 per cápita. Sin embargo, Lima aporta el 50% del PBI nacional.
Lima es una ciudad de emprendedores, con muchas oportunidades, pero presenta serios problemas de gobernabilidad. Junto con 42 alcaldes distritales, es a la vez provincia y región. Las leyes no fijan bien quién hace qué. Varios Ministros se sienten “alcaldes sectoriales de la ciudad” y hay una competencia populista entre niveles de gobierno por ganarse a la gente financiando obras que no les competen. Tras eso, hay una visión injusta que financia a la ciudad de abajo hacia arriba. Por ejemplo, la PNP y COFOPRI cumplen parte de sus funciones con recursos que aportan las municipalidades distritales para tener algo más de policías o títulos de propiedad. Otro problema en este tema, es la división de Lima y Callao; una sola ciudad que desde el siglo XIX la ley dividió. Callao es el puerto y aeropuerto de Lima y Lima es la ciudad de Callao, pero se crearon “diferencias artificiales” que desaparecen al cruzar una calle. Las cuencas que alimentan los ríos de Lima y Callao se administran desde un tercer gobierno regional: Lima Provincias.
Hay sólidas esperanzas como lo muestran los vecinos. Este Plan presenta una visión de la Lima que deseamos y necesitamos. Luego se plantean grandes políticas, objetivos y metas, todas viables, con el fin de que podamos incrementar nuestro bienestar político, social y económico al 2025. Agradezco este año en que la iniciativa de la alcaldesa me permitió revivir lo esencial de mi vida política: recibir la cálida, dura y constante iniciativa de los peruanos de a pie, los más sencillos. A El Comercio debemos agradecer 4 audiencias interdistritales donde los vecinos protagonizaron el debate.
Sigue leyendo →

Publicado en El Comercio

Sigue leyendo →

Todo Estado, en la historia, tiene como punto de partida la seguridad de sus habitantes. Por varias razones esta función se cumple mal, ni alcanza a todos ni participamos responsablemente en crear las condiciones para que las cosas vayan mejor.

Comenzando por la seguridad ciudadana: hay confusión de roles, falta de recursos y problemas que afectan a la población y se reflejan como reclamo prioritario en todas las encuestas. El presidente Ollanta Humala acaba de declarar que la seguridad ciudadana es responsabilidad de los alcaldes y esa declaración o es un error o es una nueva ?soplada de pluma? a los alcaldes, que no concuerda con la ley y la realidad operativa.

¿Quién es el responsable de la Policía Nacional? El presidente, que actúa con su ministro del Interior y ambos nombran al director general de la policía, quien manda sobre toda la policía, la que persigue a terroristas y criminales y la que captura a rateritos de cualquier ciudad.

Una anécdota ilustrará. La víspera de Navidad me visitaron una de las hijas de mi hermano y su esposo. Al salir del edificio donde vivo vieron que un ladronzuelo le robaba la computadora a una jovencita del edificio vecino. Mi sobrino se le abalanzó e inmovilizó al ratero mientras mi sobrina llamaba al serenazgo, que llegó en cinco minutos. Sin embargo, los serenos le pidieron que siguiera reteniéndolo porque debían esperar a que llegara la policía, ya que ellos no tenían autoridad para detenerlo y llevarlo a la comisaría. Algunos me han dicho que lo hubieran podido retener, lo que hizo mi sobrino bajo su responsabilidad y terminó con una pierna magullada por el forcejeo. No especulo sobre quién falló. Demuestro que la autoridad que proviene del alcalde no puede ni detener a un raterito, esos que más angustian a los ciudadanos de a pie.

No dudo de que los alcaldes son los únicos que pueden organizar al vecino para que con su participación coopere, observe, avise, se organice para la seguridad. Pero eso no significa que sean responsables de la seguridad ciudadana, aunque son la autoridad (elegida) de su localidad y la representan sobre cualquier funcionario público. Pero eso no significa que estos les hagan caso: hay muchos ejemplos en todos los alcaldes, hasta el relatado por Alberto Andrade en el Congreso tras la tragedia de Mesa Redonda.

Lima tiene la mayor tasa delictiva del país. Su población percibe la seguridad ciudadana como el primero de los tres problemas principales de la ciudad, por encima de la contaminación ambiental y el transporte público. El distrito que más invirtió en seguridad ciudadana (2006) fue San Isidro con el 18,6% de su presupuesto total. Le siguen Miraflores, La Molina, Surco y el Cercado, a cargo de la Municipalidad de Lima. En el 2011 había 106 comisarías con 9.778 policías nacionales, es decir, un policía por cada 854 habitantes, cuando la norma internacional es un policía por cada 250 habitantes. Con ese parámetro, el déficit policial en la capital sería de 23 mil policías.

Sin embargo, parte de la inversión municipal es pagar policías, de franco cada 24 horas, para que pueda tener alguna autoridad el serenazgo, que ni porta arma ni puede detener y llevar a la comisaría a un raterito. Ciertamente, los distritos más pobres son los que tienen menor número de policías, también por esta razón.

¿No sería mejor distinguir y especializar funciones, a la vez que se fortalece a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen? ¿Tiene que ser la Policía Nacional la que dirija el tránsito? Me lo preguntaba a lo largo de la avenida Javier Prado, donde si dejaran solos a los semáforos habría menos atoros y colas. Sigue leyendo →

Cuando concluyó su trabajo de investigación, la Comisión de la Verdad entregó el primer ejemplar de su voluminoso informe al Presidente Toledo. Horas después recibí en la Presidencia del Congreso el segundo ejemplar. Me sorprendió cuando los comisionados fueron abucheados en la entrada del Congreso por personas que trajeron dos congresistas sin haber leído, ninguno de ellos, una línea del informe. Este comportamiento dura hasta nuestros días y algunos creen que los insultos y calificativos pueden sustituir el estudio, el análisis riguroso y la propuesta alternativa razonada en una investigación.

Las últimas semanas un error informativo del gobierno hizo creer a algunos que tenían a la mano un error destacable para sus objetivos de desprestigiar a la CVR pero el nombre fue luego desmentido. Así hubiera sido cierto sería un error puntual que no desnaturaliza el informe, pero provocó titulares y hasta una moción de congresistas que en este tema tienen “rabo de paja”, pues se negaron a ver los crímenes del grupo Colina La moción pretendía formar una comisión investigadora sobre la CVR. Es como si en otro momento el Congreso nombrara una comisión investigadora para evaluar un libro de historia o cualquier trabajo académico. No quieren entender que el camino está abierto y todos somos libres de investigar lo ocurrido en nuestra sociedad y discrepar con cualquier versión de la historia. Obviamente hay métodos y se requiere rigor que el mundo académico conoce de sobra y que deja en el olvido lo que no se hace con seriedad.

Pero el proyecto de ley de negacionismo presentado por el gobierno al Parlamento puede ser usado para penalizar a quien discrepe de la versión oficial de la historia del terror en el Perú, pues cualquiera puede ser la versión que apliquen los gobiernos. El informe de la CVR no es vinculante y si hay algo constatable en sus más feroces críticos, durante tantos años, es que en ellos prima la subjetividad y se hacen escuchar con fuerza los que sólo quieren ver un lado de la moneda, el de los crímenes de Sendero Luminoso y el MRTA. ¿y los crímenes del grupo Colina? ¿Y lo sucedido en Acomarca o Putis?

Quien me ha convencido de que el proyecto de ley de negacionismo es endeble, es el propio Presidente del Consejo de Ministros al responder con tres requisitos que pone ese proyecto, en una entrevista de una hábil periodista local. Con o sin esos requisitos, por varios lados, el proyecto deley puede afectar la libertad de discrepar si lo maneja un hábil abogado y un juez formalista.

Este no es un camino para derrotar a los defensores del terrorismo, es la manera de relativizar principios esenciales en una democracia y así muchos jóvenes les darán la razón a los que la relativizan o no creen en ella. El camino, que tampoco es fácil, puede ir por la legislación sobre apología del terrorismo pero no avanzará si no construimos ciudadanía y por tanto partidos y asociaciones capaces de defender nuestra verdad y combatir ideas con ideas, en vez de poner bozal a las que nos enfrentan penalizando interpretaciones de lo ocurrido o de lo que ocurre. He combatido a Sendero enfrentándolo cara a cara no sólo en las aulas, también en las calles, eso requiere ejercicio de ciudadanía y organización política ¿creen que lo reemplazará una ley ambigua?

En el último Latinobarómetro escandaliza el desencanto y la desconfianza de los peruanos en las instituciones democráticas. Esta manera de hacer política, que agiganta odios y calificativos entre quienes están de este lado de la mesa y no del lado del terror, es uno de los factores que tienen que superarse para no poner en peligro la libertad de discrepar sin la cual no existe ni libertad de prensa ni democracia.
Sigue leyendo →

Su primer año de gobierno se agotó políticamente en el conflicto de Conga que mostró que con métodos autoritarios y reacciones típicas de los aparatos militares no funciona un régimen democrático. En el mayor aislamiento visto al comenzar un gobierno, Humala llamó a dos religiosos como facilitadores y cambió el gabinete, cambio positivo con gente calificada pero aún no hay indicadores de un cambio de política. Humala nos ha recordado, explícitamente, que él dirige la política general del gobierno. Más claro ni el agua, todo premier es un segundo. Es el Presidente quien debe cambiar de política.

Lo que todos debemos entender es que las democracias son regímenes que no funcionan sin diálogo y negociación. El “todo o nada” no funciona. Claro es que no sólo el gobierno actúa así, pero una política más abierta y con iniciativa hace tiempo que hubiera dejado sin juego a Santos.

Pero es evidente que el Presidente, por su formación militar “cree” en lo que le dice la DINI, o los servicios de inteligencia. Lo que allí se hace no sólo está lejos de ser objetivo y mezcla distintos opositores en un mismo saco sino es la peor manera de tener relaciones con autoridades subnacionales o con la sociedad civil. En otros países hay agencias civiles especializadas, con todo tipo de profesionales de las ciencias sociales, que se ocupan de dar la información al gobernante y de construir una red de relaciones que acerca espacios y mundos culturales diferentes a la orbita de un gobierno nacional. Aquí el ministerio del Interior es un ministerio de policía y se han destruido muchas entidades dejándonos un estado incapaz de planificar y formular democráticamente políticas públicas.

En economía no ha habido sorpresas ni grandes cambios. La incapacidad de gasto persiste y se da en el gobierno nacional y en los gobiernos regionales, obviamente porque las reglas del MEF están hechas para que no se pueda gastar. El mensaje presidencial demostró que se persiste en entender la inclusión social a partir de acciones asistenciales —indispensables pero insuficientes— y que se hace un esfuerzo por mejorar la calidad de éstas, pero la inclusión social exige mejorar la calidad del empleo y las capacidades para éste. Eso toca masivamente a la pequeña y micro empresa, al empleo rural y a encadenamientos productivos y de comercialización que extiendan las oportunidades para más peruanos.

En el horizonte acechan conflictos a los cuales hay que adelantarse y negociar, como bien se hizo en Quellaveco. En vez de estigmatizar al opositor hay que atraerlo y buscar salidas comunes. El horizonte internacional es complicado, en economía y en la vecindad, lo que obliga este año a una enorme dosis de racionalidad. Pero lo peor que puede pasarle al gobierno de Humala es terminar estafando a sus electores, que se la jugaron por el cambio. La ruta de Lula que pereció ofrecer Humala sólo es viable con enormes inversiones que se midan por su capacidad de inclusión. No se ven todavía. Debieran incluir reformas puntuales que integren a peruanos excluidos hasta de la representación política y que hagan algo más interesante el descolorido parlamento. Tampoco en esto hay indicios de avance.

En perspectiva no hay que olvidar que el régimen democrático se aleja de los extremos del espectro político y peligra si éstos se refuerzan. Tanto el Movadef como el fundamentalismo de derecha están avanzando ante un gobierno sin iniciativa política y con enormes dificultades de comunicación. Arrasan con lo que pueden en la sociedad mientras el gobierno aparece “de costado” cuando tiene que hacer que la ley peruana se cumpla y hay —además— reiterados fallos en la justicia que abonan en la peor de las direcciones. Puede aparecer así un nuevo escenario de autocracia que sería lo peor para el Perú. Sigue leyendo →

Publicado en El Comercio

El país respiró aliviado cuando el Arzobispo Cabrejos y el Padre Garatea aceptaron facilitar el diálogo sobre Conga. Tras ocho meses de soberbia autoritaria en el gobierno y violencia irresponsable en los actores antimineros, este es el resultado. La espiral de violencia, primero verbal y luego incendiando y disparando, dejaron un saldo de muertes injustificables. Así es imposible aplicar una política pública o hacer empresa.

El gobierno, interrumpió el diálogo que intentaba el Premier Lerner, cambiándolo por el Premier Valdez cuya línea dura, vertical y autoritaria deja ocho meses después al Presidente Humala acorralado y al país ante un nuevo desborde autoritario.

La derrota es por errores políticos del gobierno, no por capacidad de la oposición antiminera que sólo puede triunfar con un creciente baño de sangre que acabará con ellos mismos y de paso con la institucionalidad democrática. Que un Presidente que aún no cumple un año de gobierno tenga que recurrir a la labor facilitadora de la Iglesia Católica para buscar rendijas del diálogo indispensable para trazar políticas públicas es la prueba del fracaso, aunque todos valoremos el gesto presidencial, tardío pero capaz de detener por un momento la espiral de violencia.

Leer lo que declaran actores y analistas de uno y otro bando es comprobar la polarización extrema a la que hemos llegado. Como en la guerra, los principios y valores son arrasados. La abusiva captura de uno de los actores antimineros, golpeando a quien no ofrecía resistencia sino gritaba “no me peguen”, no es aplicación de la ley en ninguna democracia del mundo, pero es tal la polarización que sus adversarios, que se creen demócratas, no se indignan sino la ven como una maniobra para quedar como víctima. De la misma manera los alcaldes que tratan de dialogar con el gobierno son vejados y los ciudadanos que no son antimineros en Cajamarca son amenazados y chantajeados desde antes del paro. La polarización lleva a declaraciones extremas como la de Arana afirmando que no está dispuesto a negociar. Entiendo que haya “sangre en el ojo” de Marco Arana pero él y todo el país debemos entender que quien no está dispuesto a negociar no es un demócrata. Recuerden las frases de Fujimori, el autócrata que no negociaba con nadie.

La polarización lleva a deformar los análisis: sostienen que este es un conflicto entre el gobierno nacional y un Presidente regional. Llueven iniciativas para someter a las autoridades elegidas a nivel regional de modo que no puedan oponerse ni verbalmente al gobierno. Quieren regresar al país del 5 de abril de 1992: no existía autoridad representativa territorial que no caiga por orden del Presidente, ya que sólo éste nombra, se prefieren los sobones, no los críticos. Que eso sostengan los conservadores y autoritarios vaya y pase pero que haciéndolo se consideren liberales y demócratas es una contradicción, porque sin libertad de acción política, prensa incluida, no existe régimen democrática.

Pero el análisis sólo ideológico distorsiona la realidad social ¿la violencia antiminera, con más de 30 días en su último tramo de paralizaciones, es obra de un Presidente regional? Es una parte de la sociedad cajamarquina, mayor fuera de su capital, la que se ha vuelto antiminera, la manera de hacer política del gobierno anterior y el actual han contribuido a eso, pero desde mucho antes hay agravios entre Yanacocha y parte de la población. Hay quienes trafican con eso pero eso existe y es la raíz de la ausencia de licencia social para Conga.

Hay que abrir el diálogo, no son los dos clérigos, queridos y respetados por muchos peruanos, los que dialogarán, su labor facilitadora es muy difícil y hay que apoyarlos. Entendamos, sin diálogo es inevitable la violencia y sin negociación no funciona la democracia.
Sigue leyendo →

No es posible el diálogo si al interlocutor lo amenazamos con una pistola en la sien para que diga sí a lo que queremos. Así veo lo que el gobierno llama diálogo en Espinar y amenaza en convertirse en una “política” a seguir en todas partes. Esta práctica se dio en Conga y se ha radicalizado sin evaluar sus magros resultados. No se puede criminalizar la acción de oposición y los que se rasgan las vestiduras clamando al cielo por la politización de los problemas ambientales o porque los políticos de una región tengan aspiraciones electorales, olvidan que la “libertad de acción política” es uno de los cuatro principios universales de toda democracia o gobierno representativo.

La política y la justicia tienen tiempos distintos y cuando en medio de una confrontación política interviene la justicia contra una de las partes podemos estar seguros que la otra parte, que hoy es el gobierno, ha manipulado la acción fiscal o judicial. Aprendí desde niño que “el que la hace la paga”. No tengo duda que cualquier autoridad que coja fondos públicos para apoyar una movilización popular o una acción de violencia, violando la ley, debe ser juzgada. Pero la justicia no llega en el momento de la lucha o del diálogo para superar la crisis sino bastante después, salvo delito flagrante. No vale, por supuesto, que en el diálogo pacten que no se denunciará judicialmente: es una obligación si se presume delito y el Poder Ejecutivo no puede comprometerse a impedirlo ni meterse en ello.

Pero un Fiscal de la Nación que es incapaz de exigir públicamente al gobierno la protección policial que requieren los fiscales y a cambio sostiene que es preferible llevar a un ciudadano a otra región -sacándolo de su juez natural- por miedo a que el pueblo capture a los fiscales- no está en condiciones de ser el titular de la acción penal.

Pero es evidente que tampoco hay diálogo entre el Presidente y los Congresistas que él propuso a los electores. Éstos no son sus subordinados, como sí lo son los ministros y ya comenzó a perderlos, hay ruptura en Gana Perú que era una alianza, y dejó de serlo, pero ¿Qué es el partido nacionalista? Porque un partido político, aunque esté inscrito, no funciona si sólo existe un caudillo con un entorno que simplemente obedece. ¿Alguien ha visto instancias o estructuras que dialoguen, debatan y se pronuncien?

El gobierno se desgasta aunque las encuestas muestren una importante aprobación presidencial. No debe confundirse opinión pública con participación y apoyo popular. Crecen los desilusionados y los que tienen “sangre en el ojo” por haber sido maltratados o ninguneados. No llegamos al primer año y faltan cuatro. Se frotan las manos los que creen ganar con esto, no votaron por Humala ni en la primera ni en la segunda vuelta pero gobiernan unos y aspiran a hacerlo otros. Y las renuncias ¿pondrán al gobierno en manos de los que perdieron? Creo que el gobierno ya estaba ubicado en ese campo antes de las renuncias. Para probarlo basta comparar cómo se enfrentan los conflictos sociales hoy y en el gobierno anterior y quizás también contar los muertos de ambos antes del primer año.

Y ahora el Presidente regional de Cajamarca pide al pueblo que saque al Presidente Humala y el oficialismo quiere criminalizarlo por delito de rebelión. Se hace evidente que sin diálogo no hay democracia posible pero el Premier dice que faltan técnicos para hacerlo. Vuelve al discurso antipolítico propio del fujimorato pero el diálogo es la tarea de los políticos en democracia. Lo que están haciendo desde ambos extremos la pone en peligro. Sigue leyendo →

Al país no le conviene que los ministros sean fusibles. Con un Estado sin planes ni políticas públicas estables y democráticamente trazados, los ministros pueden afectar demasiado la conducción del gobierno y si duran poco es peor. Pero los hechos mandan en política y cuando son graves el cambio es inevitable, con o sin censura, ocurre también en países donde el Parlamento ni interpela ni censura. Un fracaso estrepitoso, un escándalo o una “metida de pata” significativa y el titular, ministro o secretario, cae.

El país está conmovido por lo que ocurre en el VRAE y el detonante ha sido lo que vivieron dos jóvenes policías abandonados ¿Qué Corte Marcial ha juzgado a quienes los abandonaron a su suerte? ¿Qué moral institucional soporta esta práctica? Tantos generales y cargos rimbombantes para que éste sea el resultado? El heroísmo del que murió abandonado y de su padre que lo trajo en brazos, el valor y buen entrenamiento del que logró sobrevivir no callan estos hechos, tan graves como los actos de corrupción en gasolina, chalecos etc. Pero este es sólo el detonante ¿Cuántos años estamos girando en torno al VRAE? ¿Cuánto costó en dinero, en muertos y heridos? ¿de qué nos sirve que políticos y jefes de hoy echen las mayores responsabilidades a los de ayer? Lo único cierto es que el narcotráfico crece y gana cada día más, abre nuevos circuitos y sigue lavando su dinero hasta el punto que muchos nos preguntamos cuánto “aporta” al crecimiento económico, algo ciertamente corrupto y tan dañino.

Por eso el país siente que nos están derrotando y la banda armada que protege a los narcos tiene que ser derrotada ya, lo que obviamente no es una invocación a la barbarie como siguen pensando algunos, los de siempre.

La caída de los dos ministros era inevitable pero es insuficiente. Los comandos militar y policial tienen muy mala nota y todos sabemos que ese no es un cambio “político” que se resuelve poniendo alguien de confianza. Wiston Churchill dijo que la guerra es un asunto demasiado importante para dejarla en manos de los generales y no era antimilitar -condujo a grandes generales- sino defendía el rol de los “estadistas” algo inaudito para los afectados mentalmente por “el pensamiento único”, que destruyeron la capacidad de planificar y trazar políticas públicas, chillando ante todo fortalecimiento del Estado. En el VRAE, no hay Estado y como “todo vacío se llena en la física y en la política”, lo llenaron los narcos y Sendero Luminoso.

Los dos renunciantes eran más voceros que ministros y malos voceros porque ese rol lo restringió el cambio de gabinete reclamando técnicos que no hablen mucho. Un ministro es el líder que conduce la política de su sector en acuerdo con el Presidente pero, esa función se debilita si el Presidente es a la vez “camarada de armas” de los comandantes y tiene asesoría propia de oficiales retirados ¿no son demasiadas manos conduciendo?

Estos ministros eran el núcleo duro del Premier Valdés que no por casualidad amenazó con irse si los censuraban. El gabinete que nació bajo el lema “Conga va” y quiso resolver el problema sin diálogo con los opositores al proyecto, ya está descolocado desde que el Presidente apoyó los cambios propuestos por los peritos sobre dos lagunas porque eso dio la razón al ex ministro Giésecke. ¿Se acuerdan del documento publicado en El Comercio proveniente del Ministerio del Ambiente? Eso decía. Por supuesto que queremos que la empresa se adapte aunque gane menos. Creo haber escuchado a Yanacocha decir que cumplirían con lo que demanden los peritos aunque su socio ya comenzó a chantajear con irse a otra parte. ¿Y si trasladamos la discusión a EEUU para que se defiendan de sus ambientalistas o pasen las que comienza a vivir allá el dueño de Doe Run?
Sigue leyendo →

Sigue leyendo →

Sigue leyendo →