VACUNAS, ESTADO, ÉTICA Y COMPORTAMIENTOS

Efraín Gonzales de Olarte

Los peruanos estamos consternados por el comportamiento de un grupo de personas que -teniendo poder político, poder administrativo, información privilegiada o “vara”- han utilizado vacunas aún no certificadas por la DIGESA, para inmunizarse, antes que comience el proceso oficial de vacunación.

La pregunta que quisiera responder es: ¿por qué lo hicieron?, o de manera más general ¿por qué los peruanos nos comportamos de cierta manera, en determinadas circunstancias? Tratando de responder a estas preguntas quizá es posible entender lo difícil que nos ha sido construir una sociedad civilizada durante los 200 años que tratamos de ser una república peruana moderna.

Siempre es importante entender primero el contexto en el que nos desenvolvemos. En primer lugar, estamos dentro de una pandemia mortífera de nivel mundial, con una primera ola fatal, una segunda más recia y quizás una tercera o más. En segundo lugar, una crítica situación económica que ha reducido el empleo y azota a los más pobres. Luego, una crisis política que debilita progresivamente al precario Estado que tenemos y, encima, un proceso electoral con 19 candidatos, todo un record de atomización política. Nos movemos en este ambiente de atomización social y política, de debilidad de las instituciones y de incertidumbre general, es decir no podemos prever lo que pueda suceder mañana o pasado.

En este contexto nos comportamos en función de nuestros instintos, nuestros principios éticos, las instituciones y las normas legales existentes.

El instinto básico es el de sobrevivencia, el del miedo a la muerte y a la enfermedad, que nos lleva a un comportamiento primario. Este instinto lo tienen igualmente los pobres y los ricos, los débiles y los poderosos. Nuestra primera actitud es: ¿cómo me salvo?, primero yo y luego mi familia o algún amigo íntimo.

Sin embargo, tenemos códigos de comportamiento social que provienen de la ética, es decir, de algunos principios como: la confianza, la verdad, el egoísmo, el altruismo, la solidaridad, la caridad, que son propios de los humanos. Principios forjados en el proceso de la convivencia social a partir de nuestra parte racional e inteligente, como personas. La naturaleza humana oscila entre el egoísmo y el altruismo, influidos por los comportamientos primarios y por las reglas éticas y por las normas legales.

Las costumbres, en nuestro caso los códigos de comportamiento social, son la fuente del Derecho. Es decir, nos organizamos como sociedad formalizando y legislando sobre la base de nuestras costumbres y proyectando nuestra cultura hacia una convivencia basada en los principios éticos señalados. Esto nos lleva a tener un estado que nos organiza como país y a un gobierno que maneja el estado. El estado nos permite reducir muchas incertidumbres y poder comportarnos aminorando los temores primarios. Es importante entender que el estado -más allá de su organización, sus reglas, sus procedimientos- lo llevamos en la mente, es decir, asumimos que nos proveerá de su seguridad, justicia, identidad y en los estados modernos: salud, educación y servicios básicos, y si no lo hace tenemos un estado débil, en el que confiamos poco. Pero para ello, también debemos tener la obligación de pagar impuestos y cumplir las normas.

Nosotros tomamos decisiones basados en nuestros instintos primarios, nuestra moral cotidiana, las normas establecidas por el estado y en la capacidad y calidad del estado que tenemos. Por ello, el comportamiento de un alemán será distinto al de un nigeriano o al de un peruano. En Alemania nadie se muere de hambre y el que no tiene empleo tiene un seguro de desempleo, es decir las necesidades básicas están aseguradas, por otro lado, la ética protestante es parte de la cultura alemana, decir la verdad es un imperativo moral, pagar los impuestos es una obligación social, pero también recibir bienes y servicios del estado es un derecho que se verifica diariamente, es decir, el estado de derecho y de bienestar funcionan como un reloj. Por ello, sería muy difícil que en Alemania Angela Merkel se vacune a ocultas y sin decirle a la población que lo está haciendo, pues lo hará como parte de la vacunación de toda la población, sin distinciones.

Nuestro caso es, desafortunadamente muy distinto. Por un lado, la pandemia nos ha mostrado que un país con muchos pobres y con grandes desigualdades sociales el instinto de sobrevivencia está a flor de piel sobre todo de los sectores vulnerables. Frente a la pandemia, nuestro estado se ha mostrado enormemente débil en la gestión: las dificultades de repartir bonos, alimentos, la falta de oxígeno, y, sobre todo, su incapacidad de hacer cumplir las normas.

Las dificultades de conseguir vacunas a nivel internacional, en buena parte por la falta de información sobre la evolución de la pandemia y la falta de precaución hizo que la adquisición de vacunas haya sido y seguirá siendo una tarea que no garantiza que todos los peruanos sean vacunados. Si a esto incorporamos la cultura peruana que privilegia el egoísmo, sobre todo por razones de sobrevivencia, y la escasa confianza en el Estado peruano – el estado como pacto social no ha entrado en nuestro disco duro-, en consecuencia, no tenemos ninguna seguridad de lo que podamos recibir de él. El resultado es nuestro código de comportamiento social que se expresa en: sálvese quien pueda, pepe el vivo, los cojudos se joden, el que no corre vuela, no seas lorna. Encima la justicia para penalizar a los infractores funciona tarde o nunca. Lo que lleva a una pugna entre las reglas establecidas por el gobierno durante la pandemia y los comportamientos que no las cumplen. Total, un estado tan débil tampoco me va a aplicar la justicia.

Si todo esto se da en el contexto descrito, no hay que sorprenderse que los involucrados en el “vacuna-gate” se hayan comportado como lo han hecho. No justifico su comportamiento, pero habría que preguntarse si cualquiera de nosotros no habría hecho lo mismo en su lugar. Es probable que los principios morales hayan caído frente a los temores primarios.

Aquí es donde aparece las razones de fondo de dichos comportamientos, que tiene que ver con la poca credibilidad que tiene el estado que tenemos y que no hemos logrado integrarlo en nuestras mentes, como un pacto social, que supeditaría el egoísmo al altruismo, y que por ejemplo nos asegurara una salud pública y una jubilación decente. No creemos en el estado que tenemos y, más bien lo asediamos, pues no es nuestro, es del que se lo apropia. El resultado: no confiamos en que todos recibiremos la vacuna.

Luego viene nuestra cultura, nuestra ética y nuestros comportamientos, que oscilan entre los instintos primarios (yo como funcionario de salud de primera línea tengo alta probabilidad de infectarme con la COVID19 y de morir, entonces me vacuno) y las normas formales que te dicen que tu turno vendrá de acuerdo al plan de vacunaciones, pero tú no le crees, pues no crees en nuestro estado y tienes un “pata” en el ministerio que te puede ayudar a conseguir la vacuna.

El otro componente de nuestra situación, que es una herencia colonial, es que si tienes algo de poder en el estado lo vas a utilizar en tu provecho. Esta es la historia de la corrupción tan bien documentada por Alfonso Quiroz. La corrupción es parte de nuestros códigos de comportamiento social, que son sólo contrarrestados si se tiene fuertes convicciones cívicas, una moral religiosa o política que piense en el otro y en el bien común.

La triste celebración de nuestro segundo centenario de la independencia es que no hemos logrado construir un estado de todos y para todos, una república con la cual nos identifiquemos colectivamente y no nos comportemos primariamente, con la desconfianza como norma de relacionamiento social y con la incapacidad cumplir las normas legales que tenemos.

Quizás la mejor manera de conmemorar el bicentenario es promover la reconstrucción del estado, el desarrollo económico basado en un balance adecuado del bien individual y del bien común y, sobre todo, promover una ética social capaz de convertirse en ideología del desarrollo humano.

Febrero, 2021

DESIGUALDADES SOCIALES Y PENSIONES DE JUBILACIÓN EN EL PERÚ

Efraín Gonzales de Olarte

¿Es posible establecer un sistema de jubilación equitativo en un país con gran desigualdad socio-económica entre personas, familias y regiones y altos índices de pobreza? En verdad proponer una solución es bastante difícil, dadas estas condiciones de inicio.

Según el INEI, en el año 2019 el ingreso promedio mensual del 20% más pobre del Perú era de 1,112 soles, mientras que el 20% más rico era de 9,820. Una diferencia de 1 a 8 entre estos quintiles. Adicionalmente, el 20.2% de la población total está en condición de pobreza y tiene un ingreso menor a 1400 soles al mes, que es el mínimo vital para una familia de cuatro personas. En el ámbito rural, el 40.8% de la población está por debajo de este ingreso mínimo vital y en la sierra rural este porcentaje sube a 45.2%. Estos datos nos dan una idea de la gran desigualdad de ingresos y de los altos niveles de pobreza aún existentes. Es sobre esta base que hay que ver las posibilidades y características de un sistema de pensiones de jubilación. Estas desigualdades y esta pobreza nos hacen presumir que los principios que deberían estar en la base para un sistema de pensiones deberían ser: la solidaridad redistributiva y la eficiencia financiera. Principios, que en general no son fáciles de conciliar.

Adicionalmente, el Perú tiene una alta informalidad laboral, según el INEI la informalidad urbana en el Perú el 2019 oscilaba entre 79.9% en Huancavelica y 58.7% en Lima. Somos uno de los países más informales del hemisferio. Lo que obviamente, complica el establecimiento de un sistema de pensiones, pues la informalidad laboral significa que la mayor parte de trabajadores del Perú no tienen un registro laboral formal, o sea no tienen seguro social de ningún tipo y probablemente no son pagados a través de planillas registradas en el Ministerio de Trabajo.

Bajo estas condiciones para establecer un sistema de pensiones equitativo y sostenible requiere de varios ingredientes y, sobre todo, de una estrategia de corto y largo plazo.

En el corto plazo lo que cabría es establecer un proceso de transición entre el múltiple sistema de pensiones que existe en el Perú (SNP, SPP, Sistema de pensiones de las fuerzas armadas y policiales) y un nuevo sistema integrado. Obviamente, una tarea así requeriría de un proceso de información a los potenciales pensionistas y de una decisión política fuerte.

Por ahora sólo me ocuparé de las posibilidades de establecer las condiciones que requeriría un sistema integrado de pensiones en el largo plazo, a partir de los niveles de ingreso (pobreza), de las desigualdades sociales y regionales existentes y de los altos niveles de informalidad.

Asumimos que las familias de los dos quintiles más pobres no están en condiciones de ahorrar, es decir, aquellas que tienen un ingreso menos a 2000 soles al mes, en consecuencia, no tendrían capacidad de aportar a cualquier sistema de pensiones. Sólo a partir del tercer quintil las personas podrían ahorrar y/o cotizar a un sistema de pensiones, en consecuencia, es necesario encontrar un sistema que, por un lado, pueda generar subsidios cruzados de los quintiles ricos a los quintiles pobres y, al mismo tiempo, favorecer mayores pensiones relativas a quienes tienen mayores ingresos. La idea es tener un lado redistributivo y, por el otro, uno que premie los mayores ingresos relativos con mayores pensiones.

Para ello, es necesario definir una pensión mínima universal, que recibirían todos los pensionistas, con un nivel que pueda asegurar un consumo mínimo vital al jubilarse, en el caso peruano podría ser de 1,400 soles al mes o de 16,800 al año. Sobre esta base los trabajadores de los tres quintiles superiores recibirán una pensión adicional en función de sus aportaciones anuales. Sin embargo, sus aportaciones tendrían dos destinos un 20% iría al fondo común de pensiones de jubilación FCPJ y 80% a sus fondos individuales. El FCPJ sería complementado por aportes del estado provenientes de los impuestos directos y por el manejo financiero del fondo, de tal manera que asegure la pensión de jubilación mínima. La condición sine-quanon para tener derecho a una pensión es estar formalizado, es decir, registrado como contribuyente con RUC o RUS, o estar en planilla electrónica.

Adicionalmente, todo aportante al sistema de pensiones tendrá un seguro de salud que seguirá vigente al jubilarse. Este tema es crucial para el éxito de un sistema de jubilación.

Es obvio, que este sistema tendrá éxito en la medida que la economía tenga una tasa de crecimiento capaz de crear nuevos empleos y capaz de aumentar la productividad del trabajo en todos los sectores. Esto implica que el sistema de pensiones tiene que estar conectado a la dinámica económica sectorial y regional. Para ello se requerirá no sólo políticas macroeconómicas estables, que generen simultáneamente baja inflación y empleo, para ello la política monetaria y fiscal de corto plazo deberán tener metas de mediano plazo en términos de empleo y de productividad. Complementariamente, y de manera crítica serán necesarias políticas sectoriales que promuevan aquello sectores con mejores posibilidades de crecimiento en producto, productividad, empleo y en exportación interregional o internacional.

En el caso peruano una jubilación decente sólo será posible si se reduce en el mediano plazo las desigualdades familiares (personales) y regionales, y se elimina la pobreza. Por ello, un sistema de pensiones no será exitoso si no está imbricado en un sistema económico que genere crecimiento (producción y productividad) empleo y redistribución de los frutos del desarrollo. Quien crea que se puede crear un sistema de pensiones al margen del modelo de desarrollo está haciendo demagogia.

Febrero 2021

LA CONSTITUCIÓN, EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ

Efraín Gonzales de Olarte

En la actual coyuntura política se ha puesto en cuestión la actual constitución. Algunos la quieren reformar y otros la quieren cambiar. Lo cierto es que la constitución vigente, aprobada por el régimen fujimorista en 1993 después del “auto-golpe de estado”, dio el marco al funcionamiento de la economía basada en la empresa privada y a un rol subsidiario del estado, acorde con la corriente ideología neo-liberal de los años 90 del siglo pasado.

El así llamado modelo neo-liberal, generó un crecimiento inédito hasta más o menos el 2015, redujo la pobreza, pero no la desigualdad, sin embargo, no hubiera obtenido estos resultados si la coyuntura económica y financiera internacional no hubiera sido tan favorable. En cuanto el crecimiento mundial comenzó a declinar la economía peruana, dependiente de precios y de la demanda internacional por las materias primas y productos agrícolas, comenzó a declinar y a hacer más agudas las desigualdades y el aumento de los niveles de pobreza. Por otro lado, la reducción del estado por las reformas neo-liberales no permitió que los recursos fiscales fueran suficientes para compensar las desigualdades generadas por el modelo económico. Es muy importante entender que el neoliberalismo genera crecimiento con desigualdad, sólo corregible si, por ejemplo, la presión tributaria es mayor al 20% del PBI.

En consecuencia, se comenzó a asumir que la incapacidad del modelo para favorecer a todos los peruanos de manera más o menos pareja, además de la constatación que los ingresos y bienestar de los grupos sociales pertenecientes al 10% de la población crecían a tasas claramente más elevadas que el 50% de la población, era una realidad incuestionable. Además, se ha deducido que el modelo neoliberal y el estado no tienen la capacidad de revertir los efectos del ciclo económico y financiero internacional.

Debido a estos factores, se ha inferido que parte del problema es la constitución vigente que ha reducido la capacidad y la calidad del estado –tal como hemos constatado durante la pandemia del COVID19- en consecuencia, es necesario cambiarla o reformarla. Lo cierto es que la constitución fujimorista ha sido funcional mientras la coyuntura económica internacional fue favorable, ahora que viene la época de las vacas flacas parece que ya no lo es.

Es importante tomar en cuenta que: la diferencia entre reformar y cambiar la constitución es equivalente a reformar el pacto social existente o crear uno nuevo. Hay que recordar que la constitución es, en primer lugar, el resultado de un pacto social, a través de la deliberación de las fuerzas políticas que representan a la población electoral, que plasman los acuerdos bajo la forma de un conjunto de normas esenciales para el funcionamiento de la sociedad, la política y la economía, dentro de un sistema democrático.

Los partidarios de la reforma de la constitución son aquellos partidos y movimientos políticos que parten de la idea que el modelo neoliberal puede perfeccionarse si se hacen los ajustes necesarios. Su inspiración se basa en la experiencia de otros países y en la doctrina constitucional que propone “enmiendas” periódicas, en la medida que los problemas socio-económicos van cambiando con el tiempo.

Los que proponen una nueva constitución argumentan por su reemplazo, postura que es promovida por sectores de izquierda que creen que una nueva constitución podría ayudar a cambiar el modelo económico y el tamaño y el rol del estado. De alguna manera, proponen la refundación del orden jurídico y económico. En esta corriente hay mucho de voluntarismo y, hasta cierto punto, de demagogia. Proponer un drástico cambio de la constitución requeriría de una muy amplia mayoría para que la nueva constitución tenga la legitimidad y pueda realmente funcionar. Situación que en el Perú no existe, dada la atomización no sólo de la política sino de la sociedad.

Los que opinan que el cambio de constitución es para volver al modelo estatista, al chavismo que ha fracasado, tampoco tienen razón, es simplemente una oposición ideológica de los que apoyan el neoliberalismo. Dados los cambios estructurales acaecidos en el Perú en los últimos treinta años, existen algunas estructuras que no es fácil ni deseable cambiar, por ejemplo: tener una política macro-económica que mantiene una baja inflación, bajos déficits fiscales y una moneda fuerte, por otro lado, la cultura emprendedora es un activo importante para el desarrollo, la apertura de la economía y la globalización hace parte del contexto cotidiano de las personas.

La sociedad y la economía peruana funcionan hoy sobre la base de estos parámetros, en consecuencia, presumo que quienes quieren cambiar la constitución tendrían que tomar en cuenta estos factores, sobre cuya base habría que hacer propuestas innovadoras que utilicen estas bases para, por ejemplo, reducir la desigualdad social y regional, reorientar el papel del estado. En consecuencia, también el cambio de la constitución es, en la práctica una reforma en una dirección mucho más social y de crecimiento más equitativo.

A estas alturas del siglo XXI no cabe otra cosa que proponer un sistema económico más productivo y, sobre todo, mucho más equitativo. Para lograr ello, lo mejor sería que las fuerzas de la derecha, de centro y de la izquierda se pongan de acuerdo sobre los ajustes en la constitución que llevarían a desarrollo con equidad y sostenibilidad y a un estado igualador de desigualdades, para lo cual debería proponerse su reforma. Este si sería un pacto social que haría que la constitución tenga legitimidad, genere cohesión social y promueva el desarrollo humano en el largo plazo.

Lima, 29 enero 2021

KEYNES ESTÁ DE VUELTA PARA SALIR DE LA CRISIS COVID19

Efraín Gonzales de Olarte

Cuando se dio la enorme crisis de 1929, los economistas neoclásicos discutían como salír de ella, sin dar pie en bola. Hasta que John Maynard Keynes propuso una teoría según la cual la intervención del estado sería crucial para salir de la crisis. El gasto público sería la clave para reactivar la demanda y, en consecuencia, la economía. Su receta tuvo un éxito sin precedentes antes y después de la segunda guerra mundial, cuando los países beligerantes quedaron devastados económicamente y había que reconstruirlos.

La teoría keynesiana se constituyó así en la salvadora del capitalismo y hoy que tenemos una crisis económica de gran dimensión, aunque con un origen distinto a las crisis del 29 y de la pos guerra, Keynes está de vuelta para enfrentar la paralización impulsada por el covid19 y por el neoliberalismo, que redujo el estado a su mínima expresión y, recién ahora, nos damos cuenta que la mano invisible del mercado no puede arreglar una crisis, tiene que ser la mano muy visible del estado, pero de un estado que funcione. Nuevamente al salvataje del capitalismo.

La pregunta que uno se hace es ¿tendrán éxito las recetas keynesianas en el Perú? No me cabe duda que en otros países las tendrán por varias razones que explicaré.

El reciente discurso del Presidente Martín Vizcarra es un buen reflejo de la vuelta del keynesianismo, pues buena parte de su discurso aludió a mayor gasto público, mas bonos de emergencia, mayor inversión, crédito al sector privado. Es decir, la salida de la crisis económica pasa por reactivar la demanda, dado que la oferta –la capacidad productiva- ha sido poco afectada por la pandemia.

La intención es buena y seguramente van a funcionar en los países con un estado eficaz y eficiente, que no es el caso del Perú. Hemos sido testigos de las grandes dificultades de gasto que han tenido los gobiernos regionales y el propio gobierno central durante la pandemia, ya sea por incompetencia administrativa, por temor a tener problemas judiciales, o simplemente porque los gobiernos regionales y locales no están diseñados ni equipados para acometer sus propias funciones y menos una pandemia. En este sentido, la descentralización impulsada por el gobierno de Alejandro Toledo ha sido un fracaso, en otras razones por problemas de diseño y de secuencia en su aplicación.

Por ello, si se quiere que las políticas keynesianas funcionen en el Perú, la primer regla es que sea ejecutada totalmente por el gobierno central, la segunda regla es que cree un comité de ejecución de gasto integrada por técnicos –economistas, abogados y politólogos- de probada capacidad técnica y moral, para que sea los que califiquen con rapidez los proyectos de inversión del estado y la ejecución de los gastos extraordinarios destinados a la lucha contra la pandemia y al proceso de reactivación progresivo. Para ello habrá que flexibilizar la normatividad que se tiene para la aprobación del gasto público, que está basado en la extrema desconfianza sobre los funcionarios públicos y sus fáciles tendencias a la corrupción. Constatamos cuán importante es la moral pública para administrar políticas estatales, en casi ningún modelo económico se considera los comportamientos inmorales o amorales como una variable relevante. En el Perú si lo es.

La vuelta de Keynes nos lleva a otro tema. La combinación de neoliberalismo extremo como ha sido el caso del Perú con pocos comportamientos morales, no sólo ha achicado al estado si no que lo ha convertido en tremendamente ineficiente y corrupto. En este sentido el neoliberalismo extremo también ha fracasado en el Perú. Lo que pasa es que no solamente es un problema del tamaño del estado sino que aún sigue teniendo las taras del estado colonial, cuyos niveles de corrupción han sido convenientemente analizados por Alfonso Quiroz.

El siguiente paso, después de la pandemia, será la de reformar el estado en sus tres niveles de gobierno, lo que significa rehacer la descentralización.

Lima, 29 de julio 2020

EL LABORATORIO PERUANO Y LA ATOMIZACIÓN POLÍTICA:

Efraín Gonzales de Olarte

La atomización de la política en el Perú, mostrada en las elecciones congresales recientes, con 21 organizaciones políticas compitiendo por 130 curules en el congreso, es un hecho digno de la mayor atención y preocupación, por sus repercusiones sobre la gobernabilidad y sobre el desarrollo del Perú.

Este proceso electoral puede ser visto como un experimento social, casi de laboratorio, que consiste en cómo elegir 130 congresistas –por un año y medio- que representen los deseos, las expectativas, las frustraciones y las esperanzas de más de 20 millones de electores. Es necesario, sin embargo, tomar en cuenta que el contexto en el cual se dieron las elecciones tenían cuatro grandes componentes que ciertamente han condicionado la votación. En primer lugar, venimos de una crisis política de representación,  que concluyó en la disolución del congreso de la república, luego vivimos un período inédito de lucha contra la corrupción con fiscales que tienen investigados a los ex presidentes de la república y algunos políticos notables, en tercer lugar, la economía ha comenzado a estancarse en parte por factores externos – guerra comercial USA versus China- y por factores internos la incapacidad relativa del gobierno de ejecutar sus presupuestos de inversión, y finalmente vivimos en una atmósfera de inseguridad ciudadana y de violencia de género y delictiva inédita en el Perú. Con estos grandes problemas en mente, se inscribieron 21 organizaciones electorales de las cuales máximo tres podrían ser acreditadas como “partidos políticos”, el resto fueron organizaciones con fines electorales, sin doctrina, sin organización, sin todos aquellos atributos que se requiere para aspirar a alterar en política seria.

Normalmente, los países serios tienen sistemas bipartidistas, en algunos tienen hasta cuatro partidos o movimientos políticos que aspiran a gobernar, lo que permite proponer grandes orientaciones de política y de gobernanza. Pero tener 21 organizaciones significa que el sistema político se ha fragmentado al extremo y que las preferencias electorales ya no pasan por las grandes opciones de políticas – conservadora, liberal, social demócrata o socialista- sino por las pequeñas necesidades de la población, que en el caso peruano son muchas.

Estas elecciones experimentales nos han mostrado que la inseguridad es un gran problema, por ello la gente ha votado por la organización y por el líder que les ofrece seguridad, por aquellos que representan al peruano olvidado y discriminado que además tiene una ideología religiosa con una ética bíblica, pero también han votado por aquellos que están descontentos con las estructuras económica y políticas, que en el extremo proponen gobiernos de “mano dura”, es decir, un grupo importante de peruanos no creen en este estado y quieren uno más autoritario y recio. Pero también han votado por algunas organizaciones con cierta experiencia y con propuestas globales para gobernar el Perú, una de las cuales apunta a la educación superior barata y con cartón. Además, estas elecciones han castigado a los políticos y sus organizaciones que hicieron del congreso una máquina favorable a la corrupción, a la política de baja ley. Esta elección ha sido, pues, un proceso de catarsis social.

En el fondo, todas las propuestas convergen en que se requiere de más estado, pero sobre todo de un estado fuerte en democracia.

Estas elecciones nos dicen, que el Perú está fragmentado al extremo y dado que nadie ha logrado una mayoría más allá del 10%, se presenta la interrogante: ¿será posible que 10 organizaciones políticas se puedan poner de acuerdo sobre una agenda común? No lo sabemos, es una situación inédita e interesante, casi de laboratorio social.

Presumo que una agenda común sería la lista de promesas de cada grupo: lucha contra la inseguridad, políticas de inclusión para los menos favorecidos sobre todo en el ámbito rural, continuidad de la lucha contra la corrupción, más y mejores políticas sociales –educación y salud- y mayor eficiencia y eficacia del estado. Es una incógnita si la necesaria reforma del sistema político y sus partidos, y los mecanismos de elección futura se podrán aprobar rápidamente con este congreso.

El gobierno del presidente Vizcarra tendrá que sintonizar con esta agenda. Sin embargo, este congreso no sólo será de un año y más, sino que además este año comienza la campaña presidencial para las elecciones generales del 2021 y hay varios nuevos congresistas que se sienten presidenciables. Esto me hace pensar que seguiremos más o menos igual, pues se cruzan demasiados escenarios y el tiempo de este congreso y del gobierno es ya corto.

Finalmente, en una situación de atomización de las representaciones políticas y con bastante improvisación, lo que va a contar es quienes son los representantes con nombre propio, de alguna manera los más votados contarán para los posibles acuerdos, más que sus plataformas. Cuando se presentan crisis en las que las instituciones dejan de funcionar, éstas son reemplazadas por lo notables, que en este caso son los más votados.

Volveré sobre el tema en un mes, cuando sepamos la composición del congreso, el gobierno haya tomado nota de los resultados y el Perú haya digerido estos resultados de laboratorio. No puedo dejar de reconocer que pese a todo el Perú está procesando sus crisis manteniendo su sistema democrático, casi un milagro.

28.01.2020

¿UN PAÍS CON UNA GRAN CRISIS MORAL Y ÉTICA PUEDE ASPIRAR AL DESARROLLO?

Efraín Gonzales de Olarte

Los hechos denunciados en el Poder Judicial peruano han dado suficientes pruebas de un fenómeno casi generalizado en toda la administración pública: la corrupción. En el gobierno central tenemos cuatro ex presidentes con juicios por presunta corrupción, hay varios gobernadores regionales en la cárcel o con juicios por uso indebido de los fondos públicos, igualmente decenas de alcaldes, es decir es casi una bacteria que ha estado infectando la administración pública y, obviamente, ha contaminado  a la sociedad que, para recibir servicios del estado, se confronta a funcionarios cuya moral pública y personal va en contra de los principios éticos sobre los cuales se fundan la Constitución, las leyes, el Estado peruano y la educación cívica de las personas.

Obviamente, la pregunta que se plantea es: ¿Qué ha sucedido en el Perú, que tanto el estado como la sociedad han pasado a una situación de transgresión ética corrosiva, generando una crisis moral que está cambiado los resultados de las relaciones sociales y, sobre todo, está alterando los códigos de conducta social?

Para tratar de responder esta difícil pregunta es necesario recordar los recientes orígenes de la corrupción. Si bien este fenómeno tiene una larga historia, analizada por Alfonso Quiroz, este nuevo ciclo de corrupción comenzó el año 1990, cuando el Perú estuvo a punto de colapsar cuando, durante el gobierno de Alan García, se combinaron tres crisis: la hiperinflación y la incapacidad de pago de la deuda peruana, la crisis política y el debilitamiento de los partidos políticos y la guerra terrorista interna desatada por Sendero Luminoso y el MRTA. De dicha crisis se salió, gracias al apoyo internacional, a la aplicación de las reformas propuestas por el Consenso de Washington y al sufrimiento del pueblo peruano.

Es importante señalar que los ajustes económicos efectuados coincidieron con un ciclo económico internacional muy favorable, lo que permitió superar la crisis financiera, pero sobre todo, las reformas neoliberales -que promovieron las privatizaciones de las empresas públicas- comenzaron a atraer los capitales del exterior y, el gobierno, tuvo ingresos extraordinarios por las privatizaciones, que en parte fueron utilizadas para distintos programas de pobrezas, pero una buena parta fue utilizada de manera “poco santa” por el gobierno fujimorista y su principal asesor Vladimiro Montesinos. Los peruanos vimos cómo dicho asesor comenzó a sobornar a congresistas para que pasen a las filas oficialistas, pagar sueldos extraordinarios a funcionarios del estado por fuera de la administración normal, etc. Es decir, un primer componente para que haya corrupción ha sido la bonanza de las finanzas del estado.

Un segundo componente fue el carácter quasi dictatorial del gobierno que no era fiscalizado por ningún otro poder del estado, lo que permitió un desarrollo de la corrupción sobre todo en la cúpula gubernamental y en las autoridades que se supone debían fiscalizar al gobierno, el congreso, la contraloría, el ministerio público, estuvieron no sólo cooptados por el ejecutivo sino sumisos a él.

Bajo estas circunstancias las principales instituciones del estado se debilitaron, debido al asedio interno, pero sobre todo asistimos a una declinación alarmante del respeto por las normas éticas y, consecuentemente, la conducta moral de gobernantes y funcionarios se contagiaron al punto de generar una de las peores crisis éticas de los últimos tiempos en el Perú. La crisis ética originada en negocios turbios hechos desde el gobierno, ha sido probablemente el peor resultado de un ajuste neoliberal combinado con una pseudo democracia y una total ausencia de equilibrio de poderes (checks and balances) en el estado peruano. Esta primera etapa concluyó con la renuncia intempestiva del Ing. Fujimori en el extranjero, ante la amenaza de juicios y probable vacancia de su presidencia. El resultado de felonía mayor es que el asesor Montesinos había expatriado fondos estatales abriendo cuentas bancarias personales millonarias tanto en Suiza como en Luxemburgo. Hoy sigue en prisión este asesor y el ex presidente fue juzgado y puesto en prisión por temas de derechos humanos, pero no por temas de corrupción.

Luego del impecable gobierno de transición presidido por el Dr. Valentín Paniagua, las elecciones del 2001 favorecieron al Dr. Alejandro Toledo, quien tuvo la suerte de entrar al gobierno durante la fase más expansiva del ciclo económico internacional, lo que obviamente hizo que las finanzas del estado se recuperan después de los últimos años malos del gobierno anterior. Nuevamente, las finanzas del estado florecieron y el gobierno central, los gobiernos regionales (creados por este gobierno) y las municipalidades volvieron a tener ingresos extraordinarios, en consecuencia, el primer requisito para la corrupción –recursos fiscales extraordinarios – estaba dado.

Pero ya habíamos heredado la crisis moral bajo la forma de una cultura proclive a la corrupción, a la impunidad y a aprovecharse del estado. Es sobre esta base que empieza una nueva fase.

La principal puerta para la corrupción de esta nueva etapa fue las múltiples obras de infraestructura que emprendieron los tres niveles de gobierno. Pero la mayor parte de estas inversiones se hicieron desde el gobierno central y apareció en el escenario las empresas brasileñas encabezadas por Oderbrecht, que generaron un modelo de corrupción en los niveles donde se tomaban las decisiones de inversión que generó casi un protocolo de corrupción organizada a nivel internacional. El resto de la historia es conocida. Obviamente, la capacidad de fiscalización de las instituciones que deberían haberlo hecho –contraloría, poder judicial, el ministerio público- simplemente no existió y, en muchos casos, contribuyeron a formalizar las coimas y demás pagos ilegales e inmorales.

El problema es que, actualmente, el Perú se encuentra en una encrucijada que podría ayudar a resolver el problema, si los que participan en las reformas propuestas por el gobierno del presidente Martín Vizcarra no tuvieran intereses particulares que defender frente a la justicia y, aún peor, si no tuvieran la ambición de llegar al gobierno para que las cosas sigan como están y se siga medrando del estado, aunque probablemente con otros métodos.

Mi conclusión es bastante pesimista, pues las bacterias de la corrupción han permeado a casi toda la “clase política” y se ha convertido en una especie de “modos operandi” que es difícil extirpar sin un liderazgo fuerte, un apoyo decidido de la población, una recomposición política y una participación de la intelligentzia mucho menos temerosa y más activa. Un país sin reservas morales es un país sin futuro. Necesitamos de un rearme moral.

Lima, octubre 2018

REFORMA CONSTITUCIONAL, CONGRESO Y DESCENTRALIZACIÓN

Efraín Gonzales de Olarte[1]

La reforma constitucional que está en proceso, propone tener dos cámaras (diputados y senadores) y pretende cambiar la representación de la población en el congreso de manera territorial (regiones y provincias). Es una buena ocasión para conectar el estado con la economía de manera descentralizada, con el propósito de promover un desarrollo descentralizado y redistributivo, además de consolidar el sistema democrático descentralizado.

La idea central que propongo es relacionar las economías regionales y locales con el Estado peruano a través de un nuevo sistema de representación en el gobierno nacional, de tal manera que en el Congreso de la República los diputados y senadores representen a los habitantes de las regiones económicas, para que se den iniciativas legislativas, se fiscalice y se promueva una coordinación del gobierno central con los gobiernos regionales y locales.

La economía fiscal se basa en los impuestos que cobra el estado en sus diferentes niveles de gobierno. Es decir, depende de la base tributaria de cada lugar del país y ésta, a su vez, se basa en la economía regional y local, es decir una región con altos niveles de producción y de ingresos ha de generar los impuestos necesarios para financiar el gasto público tanto nacional como regional y local. Por ello, es imprescindible que la representación política no sólo tome en cuenta aspectos sociales y políticos, sino también que represente los intereses económicos de las poblaciones asentadas en las distintas regiones y localidades del Perú.

Dadas las funciones vigentes de los gobiernos regionales y locales, los primeros deben promover el desarrollo regional, sobre todo a través de la inversión pública y en estrecha asociación con el sector privado. Los segundos deben promover el bienestar de la población local a través de las funciones municipales establecidas. En consecuencia, es importante los aspectos económicos macro-regionales tengan una voz en el Congreso, sobre todo en el senado, y los intereses locales lo tengan en la cámara baja, de tal manera que haya una representación de estos niveles de población en el legislativo para mejorar la supervisión, la coordinación y la promoción del desarrollo regional y del desarrollo humano. Esto además permitiría mejorar la coordinación con al gobierno central, en la medida que los representantes de las regiones provincias tendrían acceso a los altos niveles del gobierno y, en general, del estado.

Por ello, la reforma constitucional debería definir no sólo el número de senadores y de diputados que representen a regiones y provincias, sino también las funciones de ellos en su conexión con sus representados regionales y provinciales, además de su relación con los gobiernos regionales y locales. Es decir, la reforma constitucional debe contribuir a redefinir las relaciones del congreso con los pobladores de las regiones y las provincias, así como con los gobiernos sub-nacionales. Esto permitiría mantener el carácter unitario establecido en la Constitución del Perú y, al mismo tiempo, permitir un ejercicio parlamentario con una proyección descentralizada, de tal manera que el congreso nacional cumpla mejor sus funciones en favor de las regiones y provincias.

El siguiente tema es cómo definir las regiones para que sus senadores respondan a las necesidades de la población regional y a los intereses económicos de cada región. Para ello es necesario pensar en economías regionales, definidas como espacios geográficos de dos o más departamentos, con una o más ciudades de más de 500 mil habitantes, con poblaciones de más de 2 millones de habitantes y, sobre todo, con un mercado regional donde se produce, intercambia y consume entre 2/3 y 4/5 de la producción de la región. Es decir, estamos hablando de economías articuladas territorial y económicamente que tienen potencialidades para crecer y desarrollarse y que tienen una demanda interna con escalas suficientes para promover la inversión, con acción concertada de los tres niveles de gobierno y del congreso.

Obviamente las 25 regiones definidas actualmente (los ex – departamentos) no tienen los requerimientos necesarios. Por ello y basado en nuestros estudios[2] proponemos 9 “regiones integradas”: 1. Piura-Tumbes, 2. Lambayeque-Cajamarca-Amazonas, 3. La Libertad-Ancash, 4. Ica-Ayacucho-Huancavelica, 5. Arequipa-Moquegua-Tacna-Puno, 6. Junín-Pasco-Huánuco, 7. Cusco-Apurímac-Madre de Dios, 8. Loreto-San Martín- Ucayali, 9. Lima-Callao.

Así, el número de representantes en las dos cámaras debería estar en función de la población y del número de electores por cada región. Si fuere así, en el siguiente cuadro presentamos dos hipótesis, A. Una representación política de 130 (30 senadores y 100 diputados) y B. Otra con 180 (120 diputados y 60 senadores), distribuida en las 9 regiones integradas, con sus respectivos números de representantes por región.

Un tema adicional que quedaría por definir es el reparto de senadores y diputados en cada región. Se puede seguir el criterio anterior, sin embargo, para que la representatividad sea equitativa, la hipótesis B de 120 diputados y 60 senadores, es la que más se adecúa, pues cada región actual (ex –departamento) debería tener por lo menos un senador y los diputados serían elegidos en listas agregadas por regiones, de tal manera que los candidatos tengan la obligación de conocer las necesidades de su región actual y de las otras a la que pretende representar. Queda claro que tener dos cámaras con el mismo número de representantes actuales (130) no es ni técnicamente aceptable y menos políticamente viable.

Finalmente, el peso de Lima-Callao se ve en el número de senadores y diputados, sin embargo, resulta siendo minoría frente a la representación regional.

[1] Profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú

[2] Ver: Efraín Gonzales (2003): “Lineamientos económicos y políticos para la ley de incentivos para la conformación e integración de regiones”, en: Walter Alejos (compilador): Regiones Integradas, Fondo Editorial del Congreso del Perú

¿LA POLÍTICA IMPORTA PARA LA ECONOMÍA, EN UN PAÍS ENVENENADO POR LA CORRUPCIÓN?

Efraín Gonzales de Olarte

Hemos sostenido en este Blog, que la economía está desconectada de la política en el Perú. Es decir, mientras la actividad económica tiene su ruta propia, lo que sucede en la política apenas la afecta. El Perú es un barco que ha escogido un rumbo y el timón está en manos del MEF y del BCRP, quienes sólo controlan que la dirección sea la misma. Cualquier variación de la economía viene del exterior, ya sea por subida o bajada de los precios de los minerales, del petróleo, por la variación de la tasa de interés americana o de la bolsa de valores de NY. En cambio, la política, por muy turbulenta que sea, no tiene algún efecto sustantivo sobre el proceso económico, incluyendo la política del gasto. La pregunta es ¿por qué?

Curiosamente, los Estados Unidos de Trump se está pareciendo al Perú en este aspecto, pues la turbulencia desatada por varios libros publicados y el artículo anónimo del NY Times sobre el presidente americano, no ha afectado en nada ni la bolsa, ni las expectativas de corto plazo. Si esto es así, un eventual impeachment tampoco afectaría las tendencias de la economía americana, porque el origen de su dinámica proviene de decisiones tomadas por la anterior administración del presidente Obama y, sobre todo, por las decisiones de los agentes económicos frente a precios relativos pre-Trump y en un mundo con menos proteccionismo. Claro el presidente americano, oportunista como es, se atribuye la buena performance de la economía como si fuera efecto de las decisiones que ha tomado su gobierno. Más bien es muy probable que, en cuanto las medidas proteccionistas que ha tomado comiencen a tener efecto, la tasa de crecimiento de la economía americana comience a declinar. Esto es lo que varios analistas prevén.

Obviamente, hay algo que ha cambiado en los últimos tiempos que hacen que la política no esté conectada con la economía. La principal razón de esta ausencia de causalidad es el grado de institucionalidad que tiene tanto el Perú como EEUU. Curiosamente en el Perú la desconexión se debe básicamente a que las instituciones políticas y gubernamentales son débiles, en cambio en EEUU se debe a que son fuertes. ¿cómo explicar esta paradoja?

La respuesta obvia es que Perú no es EEUU, no sólo porque somos una economía pequeña primario exportadora, sin mucha industria y mayormente informal, mientras que EEUU es todo lo contrario. Es decir, el Perú tiene una economía incompleta[1] y un desarrollo institucional precario, mientras que EEUU tiene una economía con sectores primarios, industriales y de servicios articulados con grandes escalas, es decir una economía completa y tiene una estructura institucional –normas y organizaciones- que funcionan cualquiera que sea el gobierno, es decir tiene un estado fuerte. En el caso peruano la principal institución, el Estado, apenas puede recaudar el 15% del PBI y su gasto público no tiene el impacto suficiente para, por ejemplo, hacer variar el nivel de actividad económica de manera importante, con lo cual su impacto en el ciclo económico es realmente pequeño y aún menor en el empleo. En EEUU una variación de la tasa de interés por la FED tiene impacto tanto en los niveles de consumo e inversión, como en el empleo, es decir tiene un impacto político.

Sin embargo, los acontecimientos recientes en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura y en la Fiscalía de la Nación, nos han mostrado que una de las principales razones porque las instituciones no funcionan es la corrupción, es decir, la corrupción ha hecho que la política ayude a la desconexión de la política de la economía, en la medida que ésta altera los resultados esperables de la justicia, en función de intereses particulares de quienes la administran. En otras palabras, se tiene la sensación que la justicia tiene un precio, en el mercado informal de la corrupción. En consecuencia, estamos frente a un problema moral y ético, que está en la base de la debilidad institucional, pues es obvio que esta cultura corrupta se ha generalizado a casi todos los niveles del estado, en el gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades y muchas empresas. La consecuencia es que todo aquello que podría resolverse por las vías legales tiene dos caminos: la corrupción o la informalidad, que permiten evadir impuestos o generar enriquecimientos ilícitos. Un país con estos dos atributos es muy difícil que se pueda desarrollar y, peor aún, es muy probable que su democracia se debilite progresivamente, tal como ya está sucediendo.

Si bien la corrupción parece ser una “herencia colonial” pues según Alfonso Quiroz ésta existe hace dos o tres siglos, lo que si hemos comprobado es que el pasado gobierno fuji-montesinista potenció la corrupción a niveles tales y tan evidentes, que hoy el Perú se ha convertido en un país donde el comportamiento corrupto se ha vuelto una regla, mientras que la probidad y la honradez es una excepción. Los casos de Oderbrecht, el club de la construcción, las coimas en el poder judicial, las licitaciones fraudulentas en gobiernos regionales y locales, nos ilustran este proceso y desgraciadamente la corrupción parece haberse instalado para quedarse. Pero lo más peligroso es que la heredera de Fujimori maneja el Congreso siguiendo las lecciones y los estilos dejados por su progenitor y su asesor. Lo que significa que se van a oponer a cualquier reforma que vaya en contra de la corrupción, pues, su cálculo político para llegar al poder, y obviamente medrar, se verá comprometido. La peor herencia que dejo el gobierno de Fujimori es la crisis moral que asuela al Perú.

Por estas razones, la iniciativa del Presidente Vizcarra, de reformar el poder judicial, es algo que no sólo hay que apoyar, sino que de no hacerse el Perú se convertirá en una republiqueta dirigida por Pepe el vivo y apañada por Juan el indolente. Es decir, un país chicha y sin futuro civilizado. Pero no basta con reformar el poder judicial, que será verdaderamente una gran tarea, habrá que reformar también el sistema congresal, dotándole de dos cámaras y, lo más importante, siendo más estrictos con los valores morales de quienes quieren llegar al congreso. Luego habrá que encarar también la reforma de la administración del ejecutivo, perfeccionando la descentralización, fortaleciendo la contraloría y dotando a la ciudadanía de una capacidad de vigilancia mayor. Hoy esto es posible con un adecuado uso de las redes sociales y de las tecnologías de la información. Sólo con un poder ejecutivo moderno y eficiente, un congreso realmente representativo de diputados y senadores aptos, tanto en sus niveles de educación, pero también en sus valores éticos y morales, y con un poder judicial confiable, es que podremos hablar del “equilibrio de poderes” que tienen las democracias avanzadas y que permiten una gobernabilidad moderna. Quizás en aquel momento la política se vuelva a conectar con la economía, pues el bien común definido desde el estado y la política deberá dar el marco institucional y legal para que la economía de mercado asigne eficientemente los recursos y reduzca las desigualdades.

[1] Ver mi libro con el mismo nombre, Fondo Editorial PUCP 2015

LA POBREZA NACIONAL Y LA POBREZA REGIONAL
Efraín Gonzales de Olarte

Al parecer, la reducción de la pobreza en el Perú está relacionada con el crecimiento económico, siempre que sea por lo menos 4% al año. Si baja de esa cifra la pobreza vuelve, como parece que ha sucedido el 2017. El problema es que no sabemos a ciencia cierta a qué se debe el crecimiento, hay varias interpretaciones. Por un lado, hay varios macroeconomistas que sostienen que el crecimiento depende del sector exportador, sobre todo minero, el cual a su vez depende de los precios internacionales. Si esto fuera así el 2018 es probable que se reduzca la pobreza. Por otro lado, hay quienes incluyen, entre los factores del crecimiento, la forma como se maneja la política económica, sobre todo la política del gasto público, que bien utilizado puede activar la economía. Esto quiere decir que probablemente el año 2018 no retroceda la pobreza, en la medida que hay que reducir el déficit fiscal que alcanza un preocupante 3% del PBI. Luego, hay un sector, de ideas básicas, que sostiene que la inversión es el principal factor de crecimiento, lo que haría que el 2018 tampoco se reduzca la pobreza.
Creo que todas estas hipótesis son válidas y hay que hacerlas funcionar en conjunto. Si lo hacemos, probablemente encontremos algunas contradicciones entre una y otro entrada. Por ejemplo, si se requiere más gasto y más inversión, obviamente choca contra cómo reducir el déficit fiscal. Este es uno de los temas críticos que deberá resolver el nuevo ministro. Está claro que si las exportaciones aumentan, tendrán un impacto positivo en la recaudación fiscal y, como corolario, en el gasto público y probablemente en los programas sociales y en la inversión pública. Esto quiere decir, que la reducción de la pobreza dependerá de los precios de los minerales, lo que hace del Perú un país muy vulnerable a la coyuntura internacional y la pobreza un fenómeno cíclico.
Sin embargo, hay algunos temas que no son tomados en cuenta. El primero, es cómo explicar que la región más pobre, según el índice último, tenga la mina más rentable de oro y que genera buena parte de las divisas y de los impuestos a la renta. El segundo, la región que más se ha empobrecido es el Cusco que tiene un flujo turístico que no ha disminuido, al contrario ha aumentado. ¿cómo explicar estas paradojas?
La respuesta está en la débil integración entre sectores y provincias de las regiones del Perú, es decir, lo que suceda en los sectores dinámicos –minería o turismo- no incide en los pobres del campo (que son la mayoría de los pobres). En un estudio nuestro encontramos que no hay relaciones de causalidad entre la dinámica urbana (ciudades grandes) y el entorno rural de las principales regiones del Perú, es decir, si las ciudades crecen no repercute sobre sus entornos. Una explicación de esta situación es que debido a las exportaciones mineras y de gas, el sol peruano se ha convertido en una moneda fuerte, es decir tenemos un dólar barato, lo que hace que sea más fácil importar que producir varios productos de consumo básico y, como consecuencia, los productores de las regiones no puedan competir y en consecuencia, no puedan generar mayor producción, mayor empleo, mayores ingresos y, en consecuencia, reducir la pobreza. Una segunda explicación, es que no ha habido políticas sectoriales para conectar las actividades agrícolas y hacerlas más rentables.
Por estas razones, está claro que en la base de los determinantes de la pobreza están las estructuras productivas de cada región, con productividades muy heterogéneas y muy bajas en los sectores intensivos en mano de obra.
Creo que las políticas para reducir la pobreza pasan por políticas que promuevan la inversión y nuevas tecnologías en las regiones, sobre todo en aquellas que tienen más pobres. Desde nuestro punto de vista estas políticas deben estar orientadas a integrar las ciudades con sus entornos rurales. Si esto se logra la pobreza se reducirá progresivamente y de manera permanente y no estaremos esperando a que suban los precios del oro o el cobre para que esto suceda.
Ojalá, que la nueva administración –con gran presencia de ex gobernantes regionales- sea consciente de esta posibilidad.
Abril 2018

AGRICULTORES Y PAPAS
Efraín Gonzales de Olarte

Un buen año agrícola es un mal año para los agricultores productores de papa. Parece paradójico, pero no lo es. Veamos porqué. La producción de papa y otros tubérculos tiene algunas características cuyo tratamiento no es tan simple como se cree. Un mal diagnóstico del problema puede llevar a medidas desesperadas como la de comprar los excedentes.
La primera característica es que hay una enorme variedad de papas, se estima que diariamente en los mercados del Perú habría más de cien variedades en venta. La segunda es que la papa se produce desde el nivel del mar hasta casi 4mil m.s.n.m., de ahí las variedades que se adaptan a diversas altitudes y variados eco-climas. La tercera. es el producto por excelencia de los campesinos, sobre todo de los pobres, porque es una fuente alimenticia importante y en general producen para su autoconsumo. La papa es la base de la economía y de la vida de los campesinos. La cuarta es que la papa no se puede almacenar de un año para el otro, como es el caso del maíz, las habas o el arroz, la única manera de hacerlo sería deshidratándola y produciendo chuño o moraya. La quinta es que las unidades productivas –comunidades, familias comuneras, pequeños y medianos agricultores y grandes empresas- rebasan el millón, esto quiere decir que hay productores de papa en cada valle costeño, interandino y en las tierras de ladera. La sexta es que la papa tiene un valor relativamente bajo por kilo y su mercado espacial está limitado por el costo de transporte, es decir, un productor de papa blanca de Huánuco o Junín no puede vender su papa en Tacna o Tumbes, porque las distancias son grandes y los costos de transporte harán que el precio de la papa al llegar a destino sea mucho mayor que la papa producida en los valles de Tacna o el norte. En consecuencia, los mercados de la papa son regionales y, en muchos casos, micro-regionales cuando las carreteras son malas y las productividades bajas.
La agricultura depende en gran parte del clima y de la disponibilidad de agua. Un buen año tiene ambos atributos y el resultado es que la producción es mayor a la esperada, en consecuencia, en el mercado hay una mayor oferta. Sin, embargo por el lado de la demanda de papa hay dos tipos: la demanda para consumo directo, que es la mayor parte de ella, y la demanda para la transformación industrial, que es la menor. Los peruanos tenemos establecido un consumo anual de papa para la alimentación que es más o menos fija, nadie va a comer más papa fresca si los precios bajan, es decir la demanda por papa es “inelástica”. En el mercado nos encontramos frente a una mayor oferta frente a una demanda rígida, la consecuencia no sólo es una disminución del precio sino que, además, se genera un excedente que no se puede vender en el mercado local, pero tampoco se puede vender o exportar en otros mercados, porque en cada región ocurre lo mismo y los costos de transporte limitan el ámbito del mercado, es decir, el kilogramo de papa blanca hoy está a 40 centavos de sol, mientras que una buena papa amarilla o huayro de exportación podría valer 3 a 4 soles, en cualquiera de los casos el costo del transporte por kilo y por cada 100 kilómetros está a casi un sol, obviamente la proporción del costo de transporte es de 250% en el primer caso y de 25% en el segundo caso. Saque sus conclusiones.
El problema adicional para los agricultores modernos y los campesinos tradicionales en un buen año la reducción del precio puede ser tan crítica que no llegan a cubrir los costos de producción, en consecuencia tendrán pérdidas. Un buen año agrícola es un mal año comercial.
Situación como esta no se da todos los años, pero cuando ocurre obviamente los productores de papa están en problemas financieros.
Frente a una situación así surgen varios comentarios. Primero, el número y la heterogeneidad de los productores de papa es tan grande, tanto como la desigualdad de su producción, que los precios se fijan en función de la demanda en cada mercado local, en las ciudades, es decir que los precios son distintos en cada región o microrregión, por lo que las políticas deberían ser sectoriales y, sobre todo, regionales. Se trata pues de mercados acotados por la geografía.
Segundo, el principal problema de la papa es que no se ha logrado industrializarla o darle mayor valor agregado, por ejemplo en las ofertas gastronómicas. La demanda de la papa como insumo tiene una elasticidad demanda mucho más alta, es decir que una sobre producción puede bajar el precio pero no tanto como cuando sólo se usa para el consumo directo. Si por ejemplo, la papa se utilizara para producir etanol y este sirviera como combustible automotor, los precios de la papa serían mayores, muy estables y no habría sobre excedentes. Además, si la economía crece, la demanda por papa crecerá también. Esta sería la solución para erradicar la pobreza de los campesinos. Mientras la papa tenga una baja demanda industrial, el problema de sobreproducción y precios bajos será una constante.
Tercero, una de las principales ausencias en la política agraria es que no hay un sistema de seguros que permita a los agricultores recuperar su inversión en caso de revés comercial. Por alguna, razón la orientación neoliberal de la política económica está en contra de las políticas sectoriales, que en el caso de la agricultura es una necesidad imperativa y que existe en todos los países, salvo en el Perú.
Cuarto, en casi todos los países desarrollados los agricultores son subsidiados por el estado por razones de seguridad alimentaria. La producción que alimenta a una nación debe estar asegurada y el estado, es decir toda la sociedad, asume los riesgos que conlleva la agricultura, tan dependiente de fenómenos naturales no controlables por nadie. Es conocido los cientos de millones de dólares que gastan los Estados Unidos para subsidiar el trigo y la leche o el Japón para subsidiar el arroz. En el Perú la palabra subsidio está vedada por razones ideológicas de los que creen que la economía de mercado se parece a los libros de texto.
Es obvio que hay dos planos en los que hay actuar. En el corto plazo, la compra de los excedentes de papa por el Estado peruano debería estar dirigida a los campesinos más pobres y no tanto a los agricultores comerciales que aprovechan de la ocasión para asediar a un estado débil como el peruano. Hay varios comentaristas que dicen que la compra de estos excedentes se hará con la plata de todos los peruanos (nuestros impuestos) lo que se olvidan es que todos los peruanos estamos comprando papa más barata, es decir hay una compensación. En el mediano y largo plazo, lo que cabe es tener un política agrícola-regionalizada, que incluya el planeamiento de cultivos, el manejo del agua, el acceso al crédito y a seguros de producción, pero sobre todo se requiere de una política que está más allá, en la industria, los servicios y la exportación de papas exóticas y ecológicas cuya calidad puede ser pagada por consumidores externos fácilmente.
Finalmente, es importante la investigación para encontrar nuevos usos a la papa: alcoholes, chips, harina, deshidratación y otras aplicaciones que sólo la investigación puede ofrecer.
La papa fue domesticada por los antiguos peruanos y nosotros lo modernos peruanos no hemos hecho mucho para mejorar su uso.
Lima, febrero 2018