02/11/17: Descentralización, corrupción y reconstrucción

DESCENTRALIZACIÓN, CORRUPCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
Efraín Gonzales de Olarte

La prueba de fuego para la descentralización es la reconstrucción del norte, pues ésta dependerá de la capacidad de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Por un lado, los gobiernos regionales y locales quienes están cerca de los problemas de sus respectivas poblaciones, saben de manera directa cuáles son los temas críticos para reconstruir lo destruido por el niño costero y por otro lado, el gobierno central que maneja los recursos financieros tiene la capacidad de asignar los montos necesarios para la reconstrucción además de las capacidades para intervenir directamente en ciertos sectores.
Hasta el momento, los avances son aún desconocidos y todo parece indicar que las grandes obras no avanzan como deberían hacerlo, a tal punto que el director ejecutivo encargado por el gobierno central para la reconstrucción ha renunciado, al parecer por desavenencias con varios gobiernos regionales. Es decir, no se ha llegado a coordinar con los gobiernos sub-nacionales.
La falta de coordinación es uno de los principales problemas de la descentralización. No se ha logrado construir un sistema descentralizado de gobierno, en el que no solamente se sepa cuáles son las funciones de cada nivel, cuáles son sus responsabilidades, sus recursos, pero sobre todo no se ha llegado a tener un ente técnico coordinador y planificador, que permita una acción concertada y ágil del estado.
El otro problema es que el proceso de descentralización ha estado plagado de corrupción en varios gobiernos regionales y municipales, tanto que no sólo hay varios gobernadores y alcaldes con juicios o directamente en prisión, sino que se ha generado una gran desconfianza en la capacidad del estado de actuar éticamente en todo lo que tengan que ver con el gasto público tanto corriente como de inversión. Por ello, para llevar a cabo cualquier proyecto de reconstrucción de una carretera, puente, o alcantarillado, los procesos de licitación tienen tantos candados y duran tanto tiempo que las obras se han retrasado ya de manera preocupante. Las lluvias ya han comenzado y quién sabe si en el próximo verano se habrán concluido por lo menos las obras de defensas y encausamiento y defensa de los ríos, para evitar la inundaciones que tanto daño hacen, sobre todo a los más pobres. Es decir, un país con altos grados de corrupción, en todos los niveles de gobierno, no puede reconstruir rápidamente.
Además, un gran error legislativo fue prohibir la reelección de gobernadores y alcaldes, pues, la falta de experiencia de las nuevas autoridades retrasa la toma de decisiones, más aún si tienen encima todo el sistema de control al cual tienen que habituarse. Estoy seguro que aquellas regiones o municipalidades que tienen gobernantes experimentados lo harán mejor.
Uno de los principales problemas de la descentralización es que no ha logrado conformar una capa de políticos regionales y locales y una masa de funcionarios capaces de mantener políticas de estado de manera eficaz y moderna. Si a esto agregamos que el segundo gobierno aprista redujo los sueldos de gobernadores, alcaldes y funcionarios, decisión desafortunada que ha impedido la creación de una generación de técnicos y gestores con capacidad de formulación y ejecución de proyectos de inversión y de desarrollo, que hoy hacen falta para la reconstrucción.
En conjunto, el proceso de descentralización, no ha logrado construir una instancia de coordinación y planificación con la que el gobierno central, los gobiernos regionales y los municipales puedan trabajar de manera sincronizada y con “checks and balances”, no ha logrado construir una burocracia descentralizada profesional y efectiva, pero sobre todo debido a todos estos factores se ha llegado a una situación de corrupción endémica, v.g. Lavajato, que ha paralizado obras y obstruye una reconstrucción del norte más rápida..
Quizás la coyuntura actual podría ser el pretexto para repensar la descentralización, no tanto como un proceso de transferencia de funciones, sino como un proceso de reorganización del estado, para lo cual ciertamente se necesita planificación concertada de largo plazo, creación de una burocracia profesionalizada y eficaz y un gran liderazgo político, técnico y ético. Será capaz el gobierno de acometer este desafío?
Lima, 30 de octubre 2017

11/10/17: EL PENSAMIENTO ECONÓMICO DE DERECHA EN EL PERÚ

Hace algunos años llevé a cabo una investigación sobre “el Consenso de Washington” que se utilizó en los años 90 del siglo pasado en América Latina para promover los ajustes estructurales de carácter neoliberal. Uno de los aspectos que estudié, a través de muchas entrevistas en Washington, fue cómo pensaban los economistas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano y del Departamento del Tesoro. No me sorprendí al oír que todos tenían un pensamiento económico estándar y neoclásico. Uno de los economistas del FMI, que se ocupaba del Perú, me sintetizó la idea, me dijo que el Consenso de Washington era lo que pensaban los departamentos de economía de las principales universidades norteamericanas.  Estos departamentos – Chicago, Harvard, MIT, Berkeley, Minnesota, etc.- estaban y están dominados por el pensamiento económico neoclásico que promueve la economía de mercado, la intervención restringida del estado, la propiedad privada y la libertad de decisión de cualquier agente económico.

Pero lo más interesante es que, en esas famosas escuelas de economía, han estudiado y estudian los futuros funcionarios de las entidades arriba indicadas, pero también los futuros ministros funcionarios de economía y hacienda, los futuros presidentes, directores de los bancos centrales e inclusive varios futuros presidentes de nuestros países latinoamericanos. No solamente ello, sino que también en muchos casos, estos economistas han generado relaciones de amistad, en las aulas universitarias e incluso muchos han sido roomates. Obviamente, se ha ido generando una comunidad a la que denominé “la corporación de los economistas neoclásicos” que son los que manejan las economías de nuestros países y funcionan como una corporación.

Dadas las bases filosóficas, teóricas e ideológicas de la escuela neoclásica –en todas sus especialidades- los sectores empresariales y capitalistas que, por alguna razón casi siempre son derecha y de variable conservadurismo, han adoptado este paradigma tanto en sus decisiones empresariales de carácter microeconómico y para fijar su posición frente a las políticas económicas y sociales, porque además le son favorables a sus intereses. Es obvio que estamos frente al paradigma dominante actual sobre otras escuelas de pensamiento económica que tuvieron su momento, el keynesianismo o el estructuralismo.

En este contexto, me he preguntado, como lo hace Jean Tirole en su magnífico libro “La economía del bien común”, cómo se conectan los economistas peruanos con la política y ¿cómo? resultan tomando decisiones muy importantes para la vida y el bienestar todos nosotros. Creo que tienen tres rutas. La primera es perteneciendo y militando en un partido político, en cuyo caso la doctrina y la visión económica partidaria hará que tengan diagnósticos y propuestas de políticas económicas consistentes con su ideología. La segunda es a través de la exposición de sus puntos de vista a través de sus investigaciones, libros, artículos periodísticos, y que los políticos adopten sus visiones. La tercera, que es la situación más corriente en el Perú de hoy, es participar en alguno de los movimientos políticos existentes, que no tienen doctrina definida, pero que llegan al poder y a gobernar. Muchos de ellos son en realidad tecnócratas que ofrecen sus conocimientos y experiencia económica a quien se la pida y les pague.

Como los partidos políticos peruanos han dejado de ser lo que deberían ser, la mayor parte de economistas entran a la política por la segunda y tercera vías. Dado el paradigma neoclásico dominante, la mayor parte de economistas que adscriben o han sido formados en esta perspectiva son los que “manejan la economía”. No olvidemos que el ajuste estructural neoliberal fue pro mercado, pro empresarial y anti intervencionista y ha sido apropiado por empresarios y capitalistas como el “modelo que funciona”, lo que hace que economistas neoclásicos capitalistas y empresarios compartan una misma visión económica y, hasta cierto punto, política.

Esto me permite afirmar que, hoy, el pensamiento económico de derecha en el Perú es básicamente neoclásico, a diferencia del pensamiento de derecha de fines del siglo XIX y comienzos del XX, que tenía un componente de identidad política y una visión muy distinta sobre el papel del estado.

El problema central de esta situación es que la teoría neoclásica no ha recibido casi ningún aporte teórico de los economistas neoclásicos de países como el Perú. Nuestros economistas son básicamente “consumidores” de las teorías vigentes en el norte, sin espíritu crítico, fundamental en el pensamiento científico, razón por la cual este pensamiento se ha convertido más bien en una ideología, que es defendida y promovida. Lo cual no es ningún pecado, pero si es grave si se aplica a la política económica sin tener una conexión con “la política” y con el contexto socio económico y político del Perú.

No parece existir el menor deseo de contrastar las bases teóricas de los libros de texto con nuestra realidad, salvo honrosas excepciones, para ver que de pronto varias de las teorías aceptadas como axiomas no funcionan tal y cual dicen los textos o los artículos de la American Economic Review, sino de otra manera, razón por la cual varias de las políticas económicas y sociales no dan los resultados esperados.

El pensamiento neoclásico y, en consecuencia, el pensamiento de derecha se vería enriquecido si las teorías “generales” del norte fueran adaptadas a casos particulares. No creo tampoco que haya que inventar teorías nuevas, lo que sí es esencial es desarrollarlas cambiando algunos o todos sus supuestos, algunas funciones de comportamiento, imaginando otros marcos institucionales. Pero este esfuerzo está fuera de la mente de los economistas neoclásicos criollos. Es decir, tenemos una derecha económica poco creativa y bastante dogmática. A tal punto, que basta que algún economista no neoclásico tenga un punto de vista distinto o que compita con “las verdades neoclásicas y neoliberales”, para que inmediatamente sea calificado con distintos adjetivos, ocultando así su falta de argumentos teóricos o empíricos[1], pero sobre todo impidiendo el debate.

En este sentido son casi religiosos y defensores del dogma neoliberal, lo que obviamente no permite avanzar hacia una síntesis de puntos de vista contrarios. Si hubiere más debate y más apertura intelectual e ideológica tanto las políticas económicas, como las decisiones económicas y, quizás incluso la política, podría mejorar muchísimo en el Perú.

Pero obviamente, esto revela la pobreza teórica e ideológica de la denominada derecha en el Perú.

[1] El mejor ejemplo de este pensamiento se encuentra en un sitio web denominado “Lampadia”, que es la versión criolla del Instituto CATO de Washington, Think Tank del conservadurismo americano más rancio.

13/09/17: La casi imposible formalización en el Perú

LA CASI IMPOSIBLE FORMALIZACIÓN EN EL PERÚ

Efraín Gonzales de Olarte

 

La informalidad es un problema que tiene más de diez definiciones, en consecuencia, su tratamiento puede ser tan disperso como definiciones hay. Si realmente no hay unanimidad conceptual y tampoco definición jurídica convencional puesta en algún código o ley, ¿cómo resolverlo?

Se asume que en el Perú el 70% del empleo es informal y no menos del 40%  PBI también es informal. En el primer caso se refiere a aquellos trabajadores que no tienen contrato laboral, que no tienen beneficios sociales y que probablemente reciben salarios por debajo del mínimo legal. En el segundo caso los productores no tienen un RUC, es decir no tienen un registro tributario que los incorpore como contribuyentes.

¿Por qué no se formalizan? En verdad por tres razones: porque el Estado peruano es tan débil que no los puede registrar y controlar, porque sus productividades son tan bajas que no tienen capacidad de pagar impuestos, seguros sociales, y otras cargas, sin perder, y, finalmente, porque hay una ideología de asedio al estado, sacándole la vuelta, no pagando impuestos y beneficiándose con los impuestos no pagados.

Estamos frente a un problema “duro” casi imposible resolver por un estado débil, bajas productividades y la cultura de “pepe el vivo” que atraviesa todas las capas sociales.

El actual gobierno, que había prometido avanzar con la formalización, hasta el momento ha fracasado, como lo han hecho gobiernos anteriores.

En nuestro criterio para poder formalizar es necesario avanzar en estos tres frentes, de lo contrario no es posible. Pero ante todo nos tenemos que preguntar y responder de manera convincente. ¿Qué entendemos por formalización? y ¿por qué es necesaria la formalización?

De las múltiples definiciones sobre formalización nos quedamos con aquella de que un agente económico es formal si está registrado en las instituciones del estado que le corresponden y que, en consecuencia, se rige por el marco legal económico existente. La formalización es necesaria pues asegura que las actividades económicas se realizan dentro de un marco institucional y legal que garantiza igualdad de derechos y obligaciones de los agentes económicos: empresarios, trabajadores, consumidores, estado. Es decir, la formalización es integradora del mercado con el estado y viceversa.

La meta de la formalización no sólo es legal e institucional, es sobre todo una que define ciertos niveles de productividad que garanticen los costos de la formalidad, consecuentemente exige ciertos niveles de inversión, de calificación de los trabajadores y tecnología adecuada, que en su conjunto permitan la competitividad de los productores y de los trabajadores. Es decir, la formalización presiona a mínimos productivos. Esta es la razón por la cual en el Perú la informalidad es tan alta, es decir, la mayor parte de los productores no cuentan con niveles de capital adecuados, sus trabajadores son poco calificados y sus tecnologías son o tradicionales o de baja calidad.

Por estas consideraciones la lucha contra la informalidad es, en realidad, una lucha por mejorar los niveles de desarrollo productivo, con sus tres componentes, mejoras en la productividad, fortalecimiento del estado, en sus tres niveles de gobierno y el cambio de cultura y la ideología del productor y la del trabajador.

En primer lugar, las mejoras de productividad pasan fundamentalmente por una combinación de mayor inversión – la cual a su vez depende de acceso al crédito- mayor calificación de los trabajadores, de acceso a información sobre posibilidades de negocio. Pero, para que estos tres factores sean efectivamente promotores de aumentos de la productividad se requiere discriminar a las empresas y concentrarse en la pequeña y micro empresa, pues la grande y la mediana no sólo tienen acceso a estos factores, sino que ya tienen productividades que las hacen competitivas. Para promover actividades que inicialmente son de pequeña escala se requiere políticas sectoriales-regionales, es decir, es importante escoger qué sectores se debe apoyar y en qué regiones y una política de estado pro productividad.

En segundo lugar, el fortalecimiento del estado tiene dos niveles, por un lado es necesario recuperar la “credibilidad” en el estado, mediante el funcionamiento eficaz de sus instituciones, en sus tres niveles de gobierno. Por otro lado, es necesario simplificar procedimientos y requisitos para la formalización, esto nos lleva a una reforma de segunda generación, pero que tiene un profundo trasfondo ético y moral. La simplificación se debe basar sobre la “confianza”  que a su vez descansa sobre principios éticos como: la honradez, la verdad, el respeto de los derechos de otros. Hoy lamentablemente, estos principios no sólo se han perdido, sino que hacer lo contrario es lo más común.

En tercer lugar, como derivación de lo anterior tenemos uno de los principales problemas que tiene el Perú, su cultura forjada durante el proceso de reformas estructurales combinada con una dictadura en los años 1990 y 2000. La idea liberal que combina libertad con competencia mercantil, ha sido degrada a competencia en base a corrupción, engaño y el comportamiento de Pepe el vivo. Es una cultura chicha donde todo vale, las normas sólo las usamos si nos favorecen y hay que usar del estado para medrar, para asediarlo. Es decir, el estado no es nuestro sino ajeno.

Obviamente, lograr cumplir con estos tres objetivos para la formalización es casi imposible en el Perú. Por ello, cada vez está más vigente que nunca aquella frase: en el Perú los problemas se solucionan solos o no se solucionan.

22/06/17: LA RECONSTRUCCIÓN COMO MEDIO DE DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL

RECONSTRUCCIÓN DEL NORTE: ¿PARA RECUPERAR INFRAESTRUCTURA O PARA NORMALIZAR LA VIDA DE LA GENTE?

Efraín Gonzales de Olarte

La destrucción de las ciudades, poblados y campos del norte ha tenido un impacto enorme sobre las condiciones de vida de las personas y familias, debido a las pérdidas materiales que han sufrido. Por ello, es importante promover una reconstrucción de las condiciones de trabajo y vida de las personas, en función de ello es que hay que plantear la reconstrucción de la infraestructura pública y privada. Plantear como objetivo principal y único la reconstrucción de puentes, calles, carreteras, canales de riego es un camino equivoco basado en una visión según la cual el desarrollo es la acumulación de cosas: maquinarias, casas, edificios, etc. en lugar de plantear recomponer las familias y su vida social y económica, para lo cual se requiere lo anterior. Este es el camino correcto para que la reconstrucción sea efectiva, durable y socialmente responsable. Reconstruir infraestructura es mucho más fácil que reconstruir vidas.

Las metas de reconstrucción deberían ser definidas de la siguiente manera y con los siguientes objetivos: 1. Cómo regenerar el empleo dependiente y cómo facilitar el auto empleo perdidos. 2. Cómo recuperar las viviendas de las familias y aprovechar para ubicarlas mejor y para que tengan acceso a agua, desagüe y electricidad. 3. Cómo recuperar la infraestructura productiva (tierras, talleres, bodegas, etc.). La programación de las inversiones en la reconstrucción debería ser funcionales a estos objetivos, de tal manera que se reconstruya las economías locales y regionales previamente existentes, a través de la reconstrucción de la infraestructura básica y de la productiva.

El segundo tema es cómo incorporar a las personas y familias en la solución de sus problemas, es decir, es importante la participación civil en asociación con el estado y, eventualmente, con el sector privado para que el proceso de “normalización de la vida de la gente” y de la reconstrucción de infraestructura que contribuya a recuperar, sino mejorar, las estructuras sociales y el rol de las personas en cada lugar afectado. Es decir, es fundamental evitar el asistencialismo y el posible clientelismo que, eventualmente, se generan en este tipo de intervenciones del estado. Para ello, los procesos previos de organización de los damnificados, de un planeamiento participativo y de una priorización de las acciones es fundamental. No se puede emprender un proceso de esta naturaleza sin un plan estratégico, sobre todo teniendo en cuenta que los recursos financieros del Estado son limitados.

Es obvio que hay cierta infraestructura cuya recuperación, reparación o construcción se debe hacer de manera inmediata, para afrontar las contingencias posibles del verano del 2018. Pero aún en estas acciones, la contratación de trabajadores debería tener como prioridad a los afectados, para que puedan tener ingresos aun temporales.

En el resto de acciones se requiere de una concertación de acciones entre los afectados, el Estado (gobiernos regionales y locales y la Autoridad para la reconstrucción) y la sociedad civil (ONGs, gremios, asociación de padres de familia, asociaciones de usuarios), para que el proceso tenga “fortaleza social” desde el inicio y se consolide en el proces.

La clave de la reconstrucción socio-económica y material reside en el enfoque que se le dé. Si partimos de la idea de: ¿qué podemos hacer por ellos? estaremos generando un proceso débil, pues la reconstrucción sólo dependerá de lo que hagan terceros y el asistencialismos y clientelismo aparecerá rápidamente. Es más importante partir de la idea ¿qué pueden hacer los afectados por ellos mismos? y combinarla con la anterior. Si se logra esta combinación de enfoques la reconstrucción podrá generar desarrollo sostenible y humano en el largo plazo.

Junio 2017

16/02/17: Concentración económica y centralización institucional. Enemigos del desarrollo.

CONCENTRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN: ENEMIGOS DEL DESARROLLO REGIONAL CONVERGENTE Y EQUITATIVO

Efraín Gonzales de Olarte

Pontificia Universidad Católica del Perú

El Perú es un país centralista y concentrado. La concentración es la aglomeración de las actividades económicas, del capital y de los trabajadores en determinados espacios geográficos, lo que lleva a la concentración del poder económico en algún lugar. La centralización es más bien un fenómeno institucional y político, que consiste en la acumulación de capacidades de decisión política e institucional en los niveles altos de gobierno o de la empresa, es decir aglutinación del poder político. Bajo esta perspectiva la concentración económica en el Perú se da sobre todo en Lima Metropolitana, que produce casi el 50% del PBI, y unas cuantas ciudades del interior, en cambio la centralización estatal se concentra en el gobierno central ubicado en Lima, que maneja el 70% del presupuesto nacional y toma las principales decisiones económicas, políticas e institucionales.

Así, el Perú tiene como característica tener una combinación de concentración-centralización “dura”, no sólo porque concentra la producción y el poder económico y se toman decisiones de gasto y de inversión teniendo como referencia el mercado de Lima-metropolitana, sino también porque las principales decisiones políticas y estatales se toman teniendo en cuenta que el gobierno nacional, asentado en Lima, debe atender prioritariamente al 35% de electores que viven en esta ciudad. El problema esencial es que concentración y centralización se retroalimentan, por lo que cualquier intento de descentralización y desconcentración se enfrenta a esta poderosa configuración económica y política. Por ello, no nos debe llamar la atención las dificultades que tiene el proceso de descentralización para avanzar.

Adicionalmente y debido al atributo de la concentración económica el Perú la economía peruana funciona geográficamente con un sistema de centros y periferias. En primer lugar, el principal centro es Lima que domina al resto del Perú que se considera su periferia, y lo hace basado en su concentración económica. En segundo lugar, las ciudades grandes de las regiones también constituyen centros de sus respectivos espacios regionales, en consecuencia también tienen sus periferias constituidas por zonas rurales y pequeñas ciudades de distintos tamaños pequeños e intermedios. Es decir, el Perú se puede definir como un conjunto de centros y periferias, que funcionan con cierta autonomía económica debido a las distancias, las economías de aglomeración de las ciudades y las productividades de sus sectores.

Siendo el Perú un país grande, las distancias actúan como barreras al comercio, las economías de aglomeración que están en función del tamaño de las ciudades fortalecen los centros grandes y las productividades hacen que aquellas regiones con mayores niveles tengan un espacio económico mayor, el caso más visible es el de Lima-metropolitana, cuyos productos se venden en todo el Perú.

El principal problema de este sistema de centros y periferias, esparcidos en el territorio nacional, es que está débilmente articulado desde el punto económico y espacial. Por un lado, Lima produce una serie de bienes industriales cuyas principales materias primas e insumos provienen del extranjero, en consecuencia la articulación con su entorno rural se limita a la compra de alimentos agropecuarios. Adicionalmente, Lima le vende buena parte de su producción industrial al resto de regiones, aprovechando de las economías de escala que tienen sus industrias su productos son relativamente baratos, sobre todo porque tienen altas productividades en relación a los productos regionales que quisieran competir. Esto configura un fenómeno interesante: la balanza comercial de Lima con el resto de regiones es superavitaria, lo que significa que para el resto de regiones es deficitaria, es decir la concentración económica tiene como una de sus bases clave sus relaciones comerciales asimétricas con el resto del país. Esta situación ha llevado a que el Estado peruano trate de suplir con el gasto público este desequilibrio comercial. Esta es una de las razones ocultas del centralismo estatal, o sea la estructura econo- geográfica genera una situación de desequilibrio económico que se resuelve por medios fiscales, que suplen la debilidad económica de las regiones y que explica también la persistencia de la pobreza en aquellas que observan bajas productividades, para las cuales el nivel de gasto del estado es insuficiente para sacarlos de la pobreza, dadas las limitaciones financieras del Estado peruano y dados los niveles de pobreza existentes sobre todo en las áreas rurales.

El problema es que una situación como la que presentamos define una estructura productiva espacial que hace que la descentralización no sea suficientemente capaz de reducir estos desequilibrios y desigualdades, no sólo por los limitados recursos fiscales con que cuenta el Estado peruano, sino también porque la estructura económica no tiene los mecanismos de integración comercial entre regiones y dentro de cada región, para que tanto el gasto como la inversión pública sean suficientemente efectivos para resolver el problema de la concentración económica y la desigualdad distributiva que subyace.

La principal razón de este problema radica en el modelo primario-exportador y de servicios que tiene el Perú. Es un modelo caracterizado por que los sectores más dinámicos tienen altísimas productividades y sus tecnologías son poco divisibles y en consecuencia poco transferibles, además en el caso de la minería funcionan sobre la base de alta rentas diferenciales, por ejemplo el costo de producción de una onza de oro es de aproximadamente 250 dólares y el precio internacional está por encima de los 1,200 dólares, con esa diferencia los ingresos se desconectan de las productividades y se establece una economía y comportamientos rentísticos, que hacen difícil que otros sectores puedan competir y generan las bases para la concentración económica en Lima y en las principales ciudades. Obviamente, al lado de estos sectores de altísima productividad subsisten sectores con productividades 30 o 40 veces menores, que no logran articularse con los sectores de alta productividad. Todos estos sectores están en la periferia de las regiones. En consecuencia, el modelo primario exportador genera condiciones para la concentración económica, en la medida que produce las divisas que son usadas por los sectores productivos urbanos que casi no exportan.

Por otro lado, los servicios caracterizados por consumirse en el mismo momento de la producción, no se pueden almacenar ni se pueden transportar, lo que hace que las ciudades tengan a autocentrarse, pues los entornos rurales compran servicios urbanos de manera muy limitada. Esta es una razón adicional de porque hay poca integración entre centros urbanos y periferias rurales y que consolidan los centros.

Frente a un panorama así, son pocas las opciones para buscar soluciones capaces de resolver el problema de la desigualdad productiva entre regiones, entres ciudad y campo y entre Lima y el resto del país. Está claro que la concentración económica, debido a la limitada integración regional, no resuelve los problemas de la desigualdad social, ni las disparidades en las productividades y, en consecuencia, genera divergencia socio-económica entre las ciudades y sus respectivos hinterlands y, sobre todo, divergencia entre Lima y el resto del país.

Por estas razones, la única manera de promover el desarrollo regional equitativo y convergente, es decir que todas las regiones, o mejor dicho, los habitantes de todas las regiones puedan tener las mismas oportunidades de empleo, educación, salud y facilidades para vivir, es tratar de cambiar el modelo de crecimiento, pero sobre todo los factores del crecimiento.

Hasta ahora los principales factores del crecimiento peruanos han sido la explotación de recursos naturales, una industrialización dependiente de insumos importados y la promoción de algunos servicios como la gastronomía, el turismo y las finanzas. Hasta ahora no podemos lograr que las capacidades humanas con su creatividad, su capacidad de innovación y sus conocimientos, lo que se conoce como “capital humano”, sea la principal fuente de crecimiento, como lo ha sido en países como Singapur, Bélgica, Corea, Japón, que tienen pocos recursos naturales, pero que su crecimiento se ha debido al uso del conocimiento y la inteligencia humana para crear riqueza. No hay que olvidar que los recursos naturales no renovables se agotan, la industria puede devenir obsoleta. La capacidades humanas, en la era del conocimiento y las TICs, debería ser el principal objetivo de las políticas de desarrollo pues su capacidad de promover el desarrollo es casi infinita.

Por esta razón, la política educativa y la mejora de la calidad de la educación superior, tanto universitaria como técnica, es la clave para incorporar al factor más importante de la producción: el trabajo calificado y creador. Por ello, es importante insistir en la mejora de la calidad de las universidades en todas las regiones, pero nuevamente nos encontramos que las mejores universidades –con niveles internacionales- se encuentran en Lima y concentran a los mejores profesores, la mayor parte de investigadores, los mejores alumnos, es decir, existe también un centralismo universitario.

En el interior hay universidades de mucha menor calidad, porque no existen los suficientes profesores con las capacidades académicas adecuadas, en consecuencia muchas universidades están graduando profesionales cuya formación no está a la altura de las necesidades de capital humano calificado para el desarrollo. Sin embargo, hay un grupo limitado de universidades, sobre todo las públicas más antiguas que si tienen capacidades para progresar y mejorar sus calidades. El Estado haría bien en promover estas universidades con mayores presupuestos y fondos concursables para la investigación, por ejemplo provenientes del canon minero, petrolero o del gas. En cada región las universidades tienen un rol crucial que cumplir para mejorar las productividades, para crear nuevos productos y servicios, para exportar, o sea para contribuir a la desconcentración económica.

Finalmente, es fundamental hacer propuestas para que las universidades se conviertan en las proveedoras de profesionales calificados, innovadores, promotores, investigadores y empresarios. La continuidad de la política universitaria, impulsada por el injustamente censurado Ministro Jaime Saavedra, es fundamental para el desarrollo convergente de las regiones y para resolver los problemas de pobreza y de desigualdad.

Lima, 18 de diciembre de 2016

01/02/17: Desarrollo regional del Cusco y el aeropuerto de Chinchero

EL AEROPUERTO DE CHINCHERO Y EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DEL CUSCO.

Efraín Gonzales de Olarte

En el 2012 publiqué en el diario El Comercio el artículo siguiente:

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AEROPUERTO Y DESARROLLO DEL CUSCO

Efraín Gonzales de Olarte

El proyecto del aeropuerto de Chinchero en el Cusco debe ser tomado como un proyecto de desarrollo regional del Cusco-Apurimac-Madre de Dios. En consecuencia, debe ser considerado como parte de una estrategia mucho más amplia que la sola construcción del aeropuerto.

En el gobierno de Transición del presidente Valentín Paniagua se relanzó el proyecto del aeropuerto de Chinchero que había sido planteado en los años ochenta. Lo primero que se hizo fue rehacer el proyecto inicial, elaborado sobre la base del avión más grande en su momento, el Boeing 707, pero sobre todo se tuvo que proponer que fuera dado en concesión a privados.

Bajo estas consideraciones se estimó que la inversión sólo podría recuperarse si el aeropuerto recibía unos 3 millones de pasajeros al año, como mínimo. Atraer a esta cantidad de viajeros no sería problema dados los nombres de Cusco y Machupicchu como atractivos turísticos. El problema es que el Cusco no está preparado para recibir este flujo, pues pese a las inversiones hechas hasta ahora, faltarán hoteles, restaurantes, etc., pero sobre todo faltarán otras atracciones turísticas. Machupicchu no puede recibir más gente de la que recibe y si se duplica el flujo colapsará, a menos que se generen otros circuitos como Choquequirao y otros atractivos turísticos como un “gran mall cultural” en los terrenos del actual aeropuerto.

Esto significa que se requiere de mucha más inversión y un gran esfuerzo del Estado para establecer un plan de desarrollo regional. Empero, el turismo tal como funciona actualmente tiene efectos multiplicadores sólo en las áreas turísticas, las provincias del Cusco, Calca y Urubamba. Por varias razones, el turismo no es una palanca de desarrollo para las trece provincias del Cusco, parte de Apurimac y Madre de Dios, y lo debería ser.

Por ello, la decisión de construir el aeropuerto debería ser parte de un “plan de desarrollo regional”, con inversiones y acciones que sean capaces de integrar en un modelo de crecimiento diferente al actual, a los habitantes de la región.

Sin embargo, de pronto sería mucho más desarrollista que el aeropuerto se construya en Paruro, provincia pobre y cercana al Cusco, o que los terrenos del aeropuerto Velasco Astete se utilizarán para generar un gran “Mall cultural” con: museos, teatros, centros comerciales, artesanías, hoteles, centro de convenciones. Necesitamos audacia y creatividad para aprovechar de esta oportunidad.

Publicado en el suplemento D1 de “El Comercio” del 3 de setiembre del 2012

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Cinco años después estamos sin comprender la verdadera dimensión de la construcción de este aeropuerto. En primer lugar, el lugar en el que se construirá no es el más adecuado para promover un desarrollo más equitativo y tampoco para tener un menor impacto ambiental. Lo ideal era construirlo en Paruro, muy cerca del actual aeropuerto Velasco Astete, en la provincia de Paruro en una meseta que se divisa cuando un retorna del Cusco a Lima. Hubiera promovido una de las microrregiones más deprimidas del Cusco como es Paruro, no tendría los impactos ambientales como los tendrá Chinchero, tanto en su impacto sobre las actividades agropecuarias de la Pampa de Anta y del Valle Sagrado como el impacto del ruido sobre los habitantes de esta micro región, mucho más poblada de Paruro. Además, los terrenos hubieran tenido menor costo y la inversión habría sido menor.

Pero en fin, la decisión ya ha sido tomada y se construirá en Chinchero, porque además hay una gran expectativa de los cusqueños que constituye una presión difícil de desatender.

A parte de la licitación y de la buena pro dada a Kuntur Wasi, que nos parece que se basa en un contrato de concesión inaudito, pues el riesgo ni siquiera es compartido sino que lo toma el Estado peruano, es decir todos los peruanos, que ayudaremos a crear una empresa privada, que actualmente tiene pocas credenciales financieras y técnicas. El ir o no adelante con este contrato será decisión políticas del gobierno actual.

Sin embargo, el mayor problema es que el aeropuerto es considerado solamente un proyecto para mejorar la infraestructura y conectividad del Cusco, la región del sur y el Perú. Se olvida que dadas la dimensiones del flujo de viajeros que hace rentable a este aeropuerto, por lo menos 3 millones de pasajeros al año, y dado que el Cusco es el principal centro de atracción turística del sud-américa, el recibir a estas personas significa varias cosas: En primer lugar, dotar de mejores carreteras de conexión del aeropuerto con el resto de la región, en segundo lugar se requerirá de una mayor oferta de sitios turísticos, pues Machu Picchu sólo puede recibir 3,500 visitantes por día y si el flujo llega a los tres millones habrán diariamente 8mil turistas tratando de ir a esta Maravilla y tendrán que hacer cola, mientras tanto habrá que ofrecerles otros circuitos como Choquequierao, para lo cual también se requiere inversiones en infraestructura vial y hotelera, mejorar la visita misma a MachuPicchu que tiene más atractivos que los que normalmente se visita en un día, será necesario transformar el aeropuerto Velasco Astete en un gran centro cultural, con teatros, música, danzas, malls artesanales, cines, centros de convenciones, restaurantes, escuelas de arte. Es decir, se requiere de mayores niveles de inversión tanto del estado como del sector privado para responder al “shock” desarrollista del Aeropuerto de Chinchero.

Esto también significa toda una estrategia para la formación de capital humano en todas las áreas, la atracción de empresarios, artistas, especialistas, la mayor integración de las universidades e institutos técnicos, para responder a la nueva demanda de profesionales especializados y de técnicos. Además, se ha de requerir incrementar la producción agropecuaria, agroindustrial, artesanal y eventualmente petroquímica en la medida que el gas de Camisea ha de pasar por el Cusco.

En su conjunto se requiere establecer un esquema financiero capaz de apoyar a todos estos tipos de inversión. Estoy seguro que todos estos temas o no se piensan o simplemente se espera que, como todos los problemas del Perú, se arreglarán solos.

Todo esto requiere un enorme esfuerzo de planeamiento del sector público, pero sobre todo un gran esfuerzo de cooperación con el sector privado, de todos los tamaños y en todos los sectores. Por ello, este aeropuerto es el pivote sobre el que se puede desarrollar toda la región. Sin embargo, si todo esto se quiere dejar a que la mano invisible del mercado asigne, recursos, capitales y personas, estaremos yendo a un desarrollo caótico, mayor al que en este momento ya se nota en el Cusco. Por ello, se requiere de un liderazgo y una visión de largo plazo, para promover el desarrollo humano de todos los cusqueños y no sólo de los afortunados que estarán alrededor del sector turismo. Cómo hacen falta líderes como Daniel Estrada, para encabezar tamaña empresa.

Lima, febrero del 2017

16/09/16: Condiciones para una buena descentralización

DESCENTRALIZACIÓN Y POLÍTICAS DE DESARROLLO, DEL 2016 HACIA ADELANTE[1]

Efraín Gonzales de Olarte

Es un hecho que la descentralización gubernamental se frenó desde el gobierno de Alan García y, aún más, en el de Ollanta Humala, hasta el punto que generar un consenso sobre la “recentralización” del proceso, es decir que las principales decisiones de asignación de recursos públicos se toman en el Ministerio de Economía antes que en las regiones o en las municipalidades. Lo cierto es que casi todos los ministros de economía han desconfiado en la descentralización, como mecanismo institucional de política económica y de desarrollo, pues temen que las cuentas macroeconómicas se desequilibren, además han recibido una gran ayuda de las variadas experiencias de corrupción observadas en varias regiones, para pensar así.

Hoy, pasadas las elecciones y dadas las conversaciones que han tenido los gobernadores regionales con el presidente electo, tomando en cuenta su propuesta de crear un Ministerio de la Descentralización, el tema ha vuelto a la agenda. Todo parece indicar, que hay voluntad política para retomar el proceso, con la esperanza que pueda ayudar a mejorar la asignación del gasto corriente y de inversión en función de las necesidades regionales y locales.

Lo que hasta ahora no tenemos es una evaluación de los efectos de la descentralización en tres campos: 1. La asignación del gasto corriente ¿es más eficiente y redistributivo que antes? 2. La ejecución de las inversiones ¿ha sido más eficaz y ha mejorado las condiciones para el crecimiento de las regiones? 3. La descentralización puede ser una palanca para el desarrollo territorial o sólo es una reforma institucional. Al no contar con estas evaluaciones, es normal pensar que la descentralización es un proceso que se ha hecho a tientas, por falta de información y planificación y relanzarlo con esta información limitada y con un pobre balance de lo avanzado, no asegura el alcanzar sus objetivos.

La idea de fondo de la descentralización era que al cambiar los sistemas de identificación de prioridades de desarrollo, el sistema de decisiones de asignación, ejecución y supervisión, en los gobiernos locales y regionales, tendría un efecto en inversiones en infraestructura más eficaces para el desarrollo de las actividades económicas territoriales, en una mejora de la educación para la producción en cada región, en una mayor actividad tecnológica y de innovación en las universidades de las diferentes ciudades. No sabemos cuánto se ha avanzado en las distintas regiones sobre estos temas.

La otra cara de la medalla en el proceso de descentralización, ha sido el proceso político y social desencadenado por la aplicación de la ley de la descentralización. Por un lado, ha obligado a generar organizaciones políticas para participar en las elecciones de los distintos gobiernos municipales y regionales, es decir ha generado una dinámica socio-política en todo el territorio nacional, con el gran defecto de la atomización de estas organizaciones, que ha generado una competencia descarnada por controlar el gobierno local o regional y, sobre todo sus recursos presupuestales. Esto ha conducido a una perversión de la participación política, cuyo peor resultado ha sido las centenas de problemas de corrupción y de malversación de fondos públicos. Todo esto en ausencia de una ética política y de una moral pública, debido a la ausencia de verdaderos partidos políticos.

Por otro lado, la descentralización ha generado un proceso de aprendizaje para gobernar, que no ha sido acompañado de una efectiva descentralización administrativa para apoyar a los gobiernos electos, en los procesos de gestión, de gestación de proyectos de inversión y en las ejecuciones presupuestales. Además, en cada cambio de gobierno ha habido una rotación del personal administrativo que ha incidido en la eficiencia y eficacia de los gobiernos. Esto se debido básicamente a dos factores: la falta de una ley sobre la carrera pública y a la tendencia de los gobernantes a colocar a sus partidarios y parientes en los puestos públicos, lo que no favorece el desempeño de los gobiernos descentralizados.

Frente a este panorama, al mismo tiempo poco claro y tan enmarañado, la cuestión es cómo se vuelve a la senda de la descentralización y cómo se hace para que una reforma tan prometedora para transformar los estilos de gobierno y para construir una plataforma pública, sea capaz de convocar al empresariado y a la sociedad civil para conjuntamente promover procesos de desarrollo y democratización local y regional. Este es el gran desafío del gobierno de Peruanos Por el Kambio.

Nos parece que la principal vía para retornar a la senda descentralista es a partir de ciertas políticas públicas, tanto económicas como institucionales. En nuestro criterio hay dos vías o, quizás tres, de relanzamiento. La primera es a través de políticas de gasto y sectoriales, la segunda es a través de reajustes institucionales y, la tercera, a través de una combinación de ambas.

La primera es la vía fiscal –mejora de los mecanismos de asignación del gasto corriente y de inversión y mejora de su calidad – que debe ir acompañada de políticas sectoriales que orienten el esfuerzo fiscal hacia los sectores o factores productivos que promoverían el desarrollo regional o local. Aquí el problema es ¿qué modelo de desarrollo regional se quiere promover?. Hasta ahora el modelo que ha generado el neoliberalismo a la peruana (mucho mercado y poco estado) es el primario exportador y de servicios (PESER) que se replica en la mayor parte de regiones, a excepción de algunas que son más de transformación productiva. En estas últimas, el crecimiento es mayor y más redistributivo, por ejemplo Lima, La Libertad o Arequipa, son regiones que de alguna manera se han promovido políticas de diversificación sectorial. Estoy convencido que la fórmula para generar “desarrollo territorial con equidad social” es cuando la descentralización estatal genera desconcentración económica y ello sólo se puede generar si las políticas del gasto e inversión pública se concentran en apoyar aquellos sectores con mayores potencialidades productivas en cada región y/o aquellos que generen un proceso de innovación y cambios tecnológicos para promover nuevos sectores productivos.

La segunda vía es la institucional. La creación de un ministerio es la alternativa propuesta por el gobierno de PPK como medio para asignar mejor y más rápido los recursos públicos. Se trata de una propuesta de ajuste institucional, que parte de la idea que la descentralización no está funcionando porque hay demasiada traba a los proceso de inversión, demasiados trámites o demasiada burocracia, adicionalmente, hay una falta de coordinación entre los cuatro niveles de gobierno existentes. Sin embargo, crear un ministerio en el gobierno central para descentralizar, no sólo es una contradicción, si no que puede ser interpretada como una reconcentración para descentralizar, lo que llevaría a una conducción centralista del proceso desde de Lima. En nuestro criterio, bastaría con hacer dos cosas: reactivar el Consejo Nacional de la Descentralización (CND) quizás incorporando algunos mecanismos de coordinación con el MEF e incorporar la Asamblea Nacional de Regiones y de Municipalidades como un organismo colegiado con representación en el Consejo de Ministros. Obviamente, la esencia de esta vía es que el problema de la actual descentralización es la falta de coordinación, la asimetría de la información entre niveles de gobierno y las trabas burocráticas para la inversión pública.

Creo que lo adecuado es la combinación de ambas vías, lo cual se debería plasmar en una “política de descentralización para la desconcentración económica”, que debería integrar una política fiscal, una política sectorial-regional y un sistema de coordinación institucional de estas políticas entre los cuatro niveles de gobierno existentes.

Lima, agosto 2016

 

[1] Publicado en la Revista Intercambio N° 35, pp. 8-12

30/06/16: El futuro de la descentralización y el desarrollo regional en el Perú

DESCENTRALIZACIÓN, REGIONES Y POLÍTICAS DE DESARROLLO, DEL 2016 HACIA ADELANTE

Efraín Gonzales de Olarte

Es un hecho que la descentralización gubernamental se ha frenado, hasta el punto que se habla de la “recentralización” del proceso, es decir que decisiones de asignación de recursos públicos se toman en el Ministerio de Economía antes que en las regiones o en las municipalidades. Lo cierto es que casi todos los ministros de economía desconfían, y hasta no creen, en la descentralización como mecanismo institucional de política económica, pues temen que las cuentas macroeconómicas se desequilibren, además han recibido una gran ayuda, para pensar así, de las variadas experiencias de corrupción observadas en varias regiones.

Hoy, pasadas las elecciones y dadas las conversaciones que han tenido los gobernadores regionales con el presidente electo,  tomando en cuenta su propuesta de crear un Ministerio de la Descentralización, el tema ha vuelto a la agenda. Todo parece indicar, que hay voluntad política para retomar el proceso  con la esperanza que pueda ayudar a mejorar la asignación del gasto corriente y de inversión en función de las necesidades regionales y locales.

Lo que hasta ahora no tenemos es una evaluación de los efectos de la descentralización en tres campos: 1. La asignación de gasto corriente es más eficiente y redistributivo que antes. 2. La ejecución de las inversiones han sido más eficaces y han mejorado las condiciones para el crecimiento de las regiones. 3. La descentralización puede ser una palanca para el desarrollo territorial o sólo es una reforma institucional. Es decir, si cambian los sistemas de identificación de prioridades de desarrollo y el sistema de decisiones de asignación, ejecución y supervisión, esto tendrá efecto en una mayor inversión en capital físico, en una mejora de la educación para la producción, en una mayor actividad tecnológica y de innovación. Estos son los temas centrales de la descentralización, sobre los cuales apenas tenemos percepciones o hipótesis. Es decir, es un proceso que se ha hecho a tientas, por falta de información y planificación y se lo quiere relanzar con esta información limitada y con poco balance de lo avanzado.

Frente a panorama tan enmarañado, la cuestión es cómo se remoza el proceso a partir de ciertas políticas públicas, tanto económicas como institucionales. En nuestro criterio hay dos vías o, quizás tres, de relanzamiento. La primera es a través de políticas de gasto y sectoriales, la segunda es a través de reajustes institucionales y, la tercera, a través de una combinación de ambas.

La vía fiscal –mejora de los mecanismos de asignación del gasto corriente y de inversión y mejora de su calidad – debe ir acompañada de políticas sectoriales que orienten el esfuerzo fiscal hacia los sectores o factores productivos que se quiere promover. Aquí el problema es ¿qué modelo de desarrollo regional se quiere promover? Hasta ahora el modelo predominante es el primario exportador y de servicios (PESER) que se replica en la mayor parte de regiones a excepción de algunas que son más de transformación productiva. En estas últimas, el crecimiento es mayor y más redistributivo, por ejemplo Lima, La Libertad o Arequipa. Las regiones deben promover los sectores que generarían más crecimiento y más empleo, la descentralización fiscal debería ser funcional a este modelo y no al revés.

La creación de un ministerio  es la alternativa propuesta por el gobierno entrante como medio para asignar mejor y más rápido los recursos públicos. Se trata de una propuesta de ajuste institucional, que parte de la idea que la descentralización no está funcionando porque hay demasiada traba a los proceso de inversión, o demasiados trámites o demasiada burocracia, adicionalmente, hay una falta de coordinación entre los cuatro niveles de gobierno existentes. Sin embargo, crear un ministerio en el gobierno central para descentralizar, no sólo es una contradicción, si no que puede ser interpretada como una reconcentración para descentralizar, lo que llevaría a una conducción centralista del proceso desde de Lima. En nuestro criterio, bastaría con hacer dos cosas: reactivar el Consejo Nacional de la Descentralización (CND) quizás incorporando algunos mecanismos de coordinación con el MEF e incorporar la Asamblea Nacional de Regiones y de Municipalidades como un organismo colegiado con representación en el Consejo de Ministros.

19/04/16: A propósito del modelo económico peruano

MODELO ECONÓMICO O MODELO DE DESARROLLO

Efraín Gonzales de Olarte 

Cambiar o no cambiar de modelo: that is the question. Este uno de los temas que nos ha traído a la agenda nacional, el último proceso electoral. El Frente Amplio ha enarbolado la propuesta de que para resolver varios de los problemas de inequidad, falta de oportunidades e inclusión social es necesario cambiar el modelo económico. Los partidos denominados de derecha, pero sobre todo los formadores de opinión de los diarios conservadores como El Comercio y otros han editorializado señalando que el principal resultado de las elecciones del 10 de abril ha sido que el 70% de la población ha votado por la continuidad del modelo. Obviamente, la “amenaza” de un cambio de modelo puso nerviosos tanto al mercado de valores como a los economistas y políticos neoliberales/conservadores.

Sin embargo, nadie se ha dado el trabajo de explicar y menos de teorizar sobre ¿en qué consiste el modelo económico peruano? La mayor diferencia entre izquierda y derecha es el tamaño y el rol tanto del mercado como del estado. Para el “mainstream” liberal el modelo actual, definido como que el estado sólo representa el 18 a 20% del PBI y el sector privado el 80% es la fórmula que nos ha dado crecimiento y estabilidad. Para la renacida izquierda, esta combinación no es capaz de resolver los problemas de desigualdad, inclusión, empleo y seguridad social, por ello proponen un estado más grande, probablemente incrementando los impuestos al patrimonio y a las rentas. Es aquí donde radica su primera amenaza, pues reduciría las ganancias netas del sector privado. La otra amenaza es que el estado incremente su rol en la producción, lo que le quitaría mercado al sector privado. Como se puede inferir el problema central del modelo en esta coyuntura electoral es un problema distributivo tanto de riqueza, ingresos y, sobre todo, de poder.

Pero, ¿por qué? el modelo económico peruano no ha logrado tener los atributos de más equitativo, más inclusivo y más creador de empleo “decente” como señala la OIT, de tal manera que la izquierda se quede sin argumentos para pedir su modificación o cambio. La razón es que no se reconoce todas las aristas que constituyen un modelo económico, o mejor, las características que debería tener un modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo es un modelo en el cual lo económico está combinado con lo social y lo político y organizado por una estructura institucional capaz de producir crecimiento, con equidad, inclusión y progreso social. Es más complejo de lo que piensan los editorialistas y economistas “gurúes”.

El Perú tiene una estructura productiva donde predominan los sectores primario-exportadores y los no transables (servicios y construcción), son estos sectores, sus tecnologías y su propiedad los que generan producción, empleo y distribución del ingreso con dos características esenciales: 1. una gran desigualdad en las productividades, que está a la base de 2. una alta desigualdad distributiva. Estos sectores no logran generar una articulación interna que permita que la dinámica de unos se multiplique a otros, en este sentido la economía peruana es una economía incompleta. Más bien los sectores exportadores están más ligados a los mercados internacionales de los cuales son dependientes, hoy por ejemplo los precios de varias materias primas se han reducido, al compás del estancamiento europeo o de la reducción del crecimiento chino. Por otro lado, los sectores de servicios y la construcción casi no se pueden exportar (por ello son no transables) y su efecto multiplicador se circunscribe a las ciudades.

Adicionalmente, estos sectores funcionan dentro de una estructura institucional en la que el estado tiene un carácter subsidiario y no tiene un gran tamaño, pues su presión tributaria (impuestos/PBI) no pasa del 18%, que es una de las más bajas de América Latina, Chile tiene casi 24%. Con estos recursos es bien difícil que el estado pueda ser un igualador de oportunidades y de ingresos, peor aún si es dependiente de los niveles productivos generados por el modelo primario exportador, de servicios y construcción.

Por si fuere poco, el Estado peruano tiene dos características desfavorables, por un lado es muy poco eficiente para suministrar justicia, seguridad, servicios, supervisiones, bienes y, por otro, está atravesado por un halo de corrupción –heredado de gobiernos anteriores- que lo corroe y lo limita en sus principales roles. Si algo falta es una reforma radical del estado, que nadie se atreve a encararla.

Finalmente, la estructura política peruana caracterizada por la existencia de movimientos electorales, antes que partidos políticos, con doctrina, organización y militancia, no constituye una fuente de mejora del modelo de desarrollo, en la medida que estos movimientos tienen una visión de corto plazo, se guían más por criterios micro-económicos que políticos y su precariedad sólo los faculta a administrar el estado y no a dirigirlo, como sería si en su lugar existieran partidos políticos sólidos.

Así, el modelo de desarrollo actual es una combinación de los factores anteriores, dentro de los cuales el denominado “modelo económico” se caracteriza por generar crecimiento sectorial desigual y, como consecuencia, desigualdad de ingresos y de riqueza. Adicional y desafortunadamente, el ente capaz de corregir estos problemas no sólo no tiene las capacidades burocráticas, técnicas y materiales para hacerlo, sino que es un estado precario y atravesado por la corrupción.

Lo que sorprende en estas elecciones es que se prometan tantos cambios desde el estado, sin tomar en cuenta esta complejidad y la debilidad del mismo. Esto obviamente se debe a que la estructura política

06/04/16: PROBLEMAS URGENTES DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ

EFRAIN GONZALES DE OLARTE

(Entrevista de Punto Edu marzo 2016)

 

1.- ¿Cuáles son los temas más urgentes que el país debe resolver en temas de educación?

Cobertura, calidad e integración del sistema educativo. Es imprescindible completar la cobertura de la educación secundaria, la educación superior y la educación técnica. En estos tres niveles hay sectores que no acceden a la educación. Esta debería ser la meta del próximo gobierno. Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles es una prioridad, pues si bien la educación es el medio para reducir desigualdades y crear oportunidades de desarrollo humano, una mala educación y sobre todo de calidad heterogénea puede generar más desigualdad. Las políticas de mejora de la calidad están en el Plan Educativo Nacional y sólo hay que implementarlas, pero para ello se requiere de una continuidad en los esfuerzos que se están haciendo, tanto en temas de mejora de la calidad de los profesores y de la infraestructura, pero sobre todo en los temas pedagógicos como mayor número de horas en aula. El sistema educativo está relativamente desintegrado, entre primaria y secundaria hay diferencias de calidad, pero sobre todo existe una bache entre secundaria y la universidad, falta un año de estudios o el volver a la idea del bachillerato al terminar el quinto de media. Este bache hace que los ingresantes a universidades tengan un déficit tanto en conocimientos como en madurez, lo que hace que se tarden mucho más de los cinco años para graduarse. Esto es obviamente un desperdicio económico y social.

2.- Hace poco la OCDE analizó algunos puntos de las reformas que viene haciendo el Minedu en la carrera docente, infraestructura educativa, entre otros. ¿Qué necesita fundamentalmente el Estado para que esta reformas sigan funcionando y mejorando? Los requisitos son muy difícil de alcanzar aún. 

En primer lugar, requieren de continuidad en el tiempo. La mejora en la educación tiene que ser una política de Estado y debería ser seguida por el gobierno de turno. El Acuerdo Nacional aboga en este sentido, pero debería haber un pacto político serio para pensar en 20 años de plazo para alcanzar las metas propuestas. Para este fin, se requiere de voluntad política de los próximos gobiernos para respetar este acuerdo. En segundo lugar, se requiere de una burocracia muy técnica y muy ética capaz de llevar a cabo las metas de manera autónoma y sin interferencias políticas. En tercer lugar, se requiere de más recursos presupuestales, el Perú debería llegar al 6% del PBI en gasto e inversión en educación, sólo así se podrá completar la infraestructura, pagar mejor a los maestros de calidad y tener una buena burocracia. En cuarto lugar, el Ministerio de Educación requiere de un reajuste, por ejemplo es imprescindible crear el Viceministerio de Educación Superior y Técnica, pues la implementación de la ley 30220 (la que además requiere de varias correcciones) ha de requerir una dirección académica y política de alto nivel, para convertir el heterogéneo mundo universitario en uno que cumpla con su misión, para ello es impostergable el licenciamiento y, sobre todo, la acreditación de la calidad de las universidades. Además, se requiere de una mayor participación de los gobiernos locales, regionales y de las asociaciones de padres de familia para la fiscalización y acompañamiento de las metas. El logro de las metas que plantea la OCDE no es sólo responsabilidad del MINEDU es responsabilidad de la comunidad educativa, alumnos, profesores, padres de familia, funcionarios y autoridades. Falta una verdadera mística educativa en el Perú.

3.- ¿Por qué es difícil para el Perú traducir progreso económico en progreso social, en este caso educativo? 

Porque la educación tiene una calidad desigual, en consecuencia, sigue perpetuando la desigualdad económica y social. Igualar las calidades tanto en colegios públicos como privados, con los mejores colegios debería ser una objetivo prioritario, para lograr mayor equidad. Porque, actualmente, el progreso económico no proviene del capital humano, proviene de la disponibilidad de recursos naturales, de una economía básicamente rentista (renta urbana, renta minera, renta petrolera, renta agrícola) cuya productividad depende o de la propiedad, de la posición en el mercado o de la calidad de los recursos naturales y no de la calidad profesional, técnica o científica de las personas.  Si no conectamos progreso económico a la calidad de las capacidades humanas o más bien si el progreso económico no depende de las capacidades humanas es difícil un progreso en sociedad y, aún meno la reducción de las desigualdades.

4.- La inclusión es un concepto que atraviesa también a las mejoras en acceso a educación en el país.  ¿Un aumento del PBI al sector podría ser el paso siguiente para seguir incluyendo? ¿O el país no cuenta con la estructura institucional para canalizar bien mayor inversión? 

La capacidad y calidad de las instituciones también se construye, pero para ello se requiere de tiempo, de persistir en un modelo educativo y en ciertas metas. Actualmente, el MINEDU no podría administrar un gasto e inversión en educación más allá del 4% del PBI. Para ello, como dije antes, es importante ajustes en su organización y la creación de una burocracia eficiente, ética y bien pagada. Por ello, como parte del proceso de reforma es importantísimo mejorar la calidad de gestión y dirección del MINEDU, de los gobiernos locales y regionales en sus competencias educativas. Sin ello, será muy difícil gastar más y mejor. La plata no soluciona todo, debe ir combinada con quien sabe gastar, invertir y administrar.  Por ello, la inclusión social, a través de la educación, el empleo, la salud o la cultura, depende en primer lugar de la calidad de las instituciones y, sólo en segundo lugar, de la mayor disponibilidad  presupuestal. Esto me lleva a un tema final, la mejora de la educación no puede provenir de la sola mejora del sector, se requiere de una mejora de todo el Estado y repito, de una “mística educativa” compartida por todos.

 

16-03-2016