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17/10/18: CRISIS MORAL Y DESARROLLO EN EL PERÚ

¿UN PAÍS CON UNA GRAN CRISIS MORAL Y ÉTICA PUEDE ASPIRAR AL DESARROLLO?

Efraín Gonzales de Olarte

Los hechos denunciados en el Poder Judicial peruano han dado suficientes pruebas de un fenómeno casi generalizado en toda la administración pública: la corrupción. En el gobierno central tenemos cuatro ex presidentes con juicios por presunta corrupción, hay varios gobernadores regionales en la cárcel o con juicios por uso indebido de los fondos públicos, igualmente decenas de alcaldes, es decir es casi una bacteria que ha estado infectando la administración pública y, obviamente, ha contaminado  a la sociedad que, para recibir servicios del estado, se confronta a funcionarios cuya moral pública y personal va en contra de los principios éticos sobre los cuales se fundan la Constitución, las leyes, el Estado peruano y la educación cívica de las personas.

Obviamente, la pregunta que se plantea es: ¿Qué ha sucedido en el Perú, que tanto el estado como la sociedad han pasado a una situación de transgresión ética corrosiva, generando una crisis moral que está cambiado los resultados de las relaciones sociales y, sobre todo, está alterando los códigos de conducta social?

Para tratar de responder esta difícil pregunta es necesario recordar los recientes orígenes de la corrupción. Si bien este fenómeno tiene una larga historia, analizada por Alfonso Quiroz, este nuevo ciclo de corrupción comenzó el año 1990, cuando el Perú estuvo a punto de colapsar cuando, durante el gobierno de Alan García, se combinaron tres crisis: la hiperinflación y la incapacidad de pago de la deuda peruana, la crisis política y el debilitamiento de los partidos políticos y la guerra terrorista interna desatada por Sendero Luminoso y el MRTA. De dicha crisis se salió, gracias al apoyo internacional, a la aplicación de las reformas propuestas por el Consenso de Washington y al sufrimiento del pueblo peruano.

Es importante señalar que los ajustes económicos efectuados coincidieron con un ciclo económico internacional muy favorable, lo que permitió superar la crisis financiera, pero sobre todo, las reformas neoliberales -que promovieron las privatizaciones de las empresas públicas- comenzaron a atraer los capitales del exterior y, el gobierno, tuvo ingresos extraordinarios por las privatizaciones, que en parte fueron utilizadas para distintos programas de pobrezas, pero una buena parta fue utilizada de manera “poco santa” por el gobierno fujimorista y su principal asesor Vladimiro Montesinos. Los peruanos vimos cómo dicho asesor comenzó a sobornar a congresistas para que pasen a las filas oficialistas, pagar sueldos extraordinarios a funcionarios del estado por fuera de la administración normal, etc. Es decir, un primer componente para que haya corrupción ha sido la bonanza de las finanzas del estado.

Un segundo componente fue el carácter quasi dictatorial del gobierno que no era fiscalizado por ningún otro poder del estado, lo que permitió un desarrollo de la corrupción sobre todo en la cúpula gubernamental y en las autoridades que se supone debían fiscalizar al gobierno, el congreso, la contraloría, el ministerio público, estuvieron no sólo cooptados por el ejecutivo sino sumisos a él.

Bajo estas circunstancias las principales instituciones del estado se debilitaron, debido al asedio interno, pero sobre todo asistimos a una declinación alarmante del respeto por las normas éticas y, consecuentemente, la conducta moral de gobernantes y funcionarios se contagiaron al punto de generar una de las peores crisis éticas de los últimos tiempos en el Perú. La crisis ética originada en negocios turbios hechos desde el gobierno, ha sido probablemente el peor resultado de un ajuste neoliberal combinado con una pseudo democracia y una total ausencia de equilibrio de poderes (checks and balances) en el estado peruano. Esta primera etapa concluyó con la renuncia intempestiva del Ing. Fujimori en el extranjero, ante la amenaza de juicios y probable vacancia de su presidencia. El resultado de felonía mayor es que el asesor Montesinos había expatriado fondos estatales abriendo cuentas bancarias personales millonarias tanto en Suiza como en Luxemburgo. Hoy sigue en prisión este asesor y el ex presidente fue juzgado y puesto en prisión por temas de derechos humanos, pero no por temas de corrupción.

Luego del impecable gobierno de transición presidido por el Dr. Valentín Paniagua, las elecciones del 2001 favorecieron al Dr. Alejandro Toledo, quien tuvo la suerte de entrar al gobierno durante la fase más expansiva del ciclo económico internacional, lo que obviamente hizo que las finanzas del estado se recuperan después de los últimos años malos del gobierno anterior. Nuevamente, las finanzas del estado florecieron y el gobierno central, los gobiernos regionales (creados por este gobierno) y las municipalidades volvieron a tener ingresos extraordinarios, en consecuencia, el primer requisito para la corrupción –recursos fiscales extraordinarios – estaba dado.

Pero ya habíamos heredado la crisis moral bajo la forma de una cultura proclive a la corrupción, a la impunidad y a aprovecharse del estado. Es sobre esta base que empieza una nueva fase.

La principal puerta para la corrupción de esta nueva etapa fue las múltiples obras de infraestructura que emprendieron los tres niveles de gobierno. Pero la mayor parte de estas inversiones se hicieron desde el gobierno central y apareció en el escenario las empresas brasileñas encabezadas por Oderbrecht, que generaron un modelo de corrupción en los niveles donde se tomaban las decisiones de inversión que generó casi un protocolo de corrupción organizada a nivel internacional. El resto de la historia es conocida. Obviamente, la capacidad de fiscalización de las instituciones que deberían haberlo hecho –contraloría, poder judicial, el ministerio público- simplemente no existió y, en muchos casos, contribuyeron a formalizar las coimas y demás pagos ilegales e inmorales.

El problema es que, actualmente, el Perú se encuentra en una encrucijada que podría ayudar a resolver el problema, si los que participan en las reformas propuestas por el gobierno del presidente Martín Vizcarra no tuvieran intereses particulares que defender frente a la justicia y, aún peor, si no tuvieran la ambición de llegar al gobierno para que las cosas sigan como están y se siga medrando del estado, aunque probablemente con otros métodos.

Mi conclusión es bastante pesimista, pues las bacterias de la corrupción han permeado a casi toda la “clase política” y se ha convertido en una especie de “modos operandi” que es difícil extirpar sin un liderazgo fuerte, un apoyo decidido de la población, una recomposición política y una participación de la intelligentzia mucho menos temerosa y más activa. Un país sin reservas morales es un país sin futuro. Necesitamos de un rearme moral.

Lima, octubre 2018

03/10/18: Reforma constitucional y representación política descentralizada

REFORMA CONSTITUCIONAL, CONGRESO Y DESCENTRALIZACIÓN

Efraín Gonzales de Olarte[1]

La reforma constitucional que está en proceso, propone tener dos cámaras (diputados y senadores) y pretende cambiar la representación de la población en el congreso de manera territorial (regiones y provincias). Es una buena ocasión para conectar el estado con la economía de manera descentralizada, con el propósito de promover un desarrollo descentralizado y redistributivo, además de consolidar el sistema democrático descentralizado.

La idea central que propongo es relacionar las economías regionales y locales con el Estado peruano a través de un nuevo sistema de representación en el gobierno nacional, de tal manera que en el Congreso de la República los diputados y senadores representen a los habitantes de las regiones económicas, para que se den iniciativas legislativas, se fiscalice y se promueva una coordinación del gobierno central con los gobiernos regionales y locales.

La economía fiscal se basa en los impuestos que cobra el estado en sus diferentes niveles de gobierno. Es decir, depende de la base tributaria de cada lugar del país y ésta, a su vez, se basa en la economía regional y local, es decir una región con altos niveles de producción y de ingresos ha de generar los impuestos necesarios para financiar el gasto público tanto nacional como regional y local. Por ello, es imprescindible que la representación política no sólo tome en cuenta aspectos sociales y políticos, sino también que represente los intereses económicos de las poblaciones asentadas en las distintas regiones y localidades del Perú.

Dadas las funciones vigentes de los gobiernos regionales y locales, los primeros deben promover el desarrollo regional, sobre todo a través de la inversión pública y en estrecha asociación con el sector privado. Los segundos deben promover el bienestar de la población local a través de las funciones municipales establecidas. En consecuencia, es importante los aspectos económicos macro-regionales tengan una voz en el Congreso, sobre todo en el senado, y los intereses locales lo tengan en la cámara baja, de tal manera que haya una representación de estos niveles de población en el legislativo para mejorar la supervisión, la coordinación y la promoción del desarrollo regional y del desarrollo humano. Esto además permitiría mejorar la coordinación con al gobierno central, en la medida que los representantes de las regiones provincias tendrían acceso a los altos niveles del gobierno y, en general, del estado.

Por ello, la reforma constitucional debería definir no sólo el número de senadores y de diputados que representen a regiones y provincias, sino también las funciones de ellos en su conexión con sus representados regionales y provinciales, además de su relación con los gobiernos regionales y locales. Es decir, la reforma constitucional debe contribuir a redefinir las relaciones del congreso con los pobladores de las regiones y las provincias, así como con los gobiernos sub-nacionales. Esto permitiría mantener el carácter unitario establecido en la Constitución del Perú y, al mismo tiempo, permitir un ejercicio parlamentario con una proyección descentralizada, de tal manera que el congreso nacional cumpla mejor sus funciones en favor de las regiones y provincias.

El siguiente tema es cómo definir las regiones para que sus senadores respondan a las necesidades de la población regional y a los intereses económicos de cada región. Para ello es necesario pensar en economías regionales, definidas como espacios geográficos de dos o más departamentos, con una o más ciudades de más de 500 mil habitantes, con poblaciones de más de 2 millones de habitantes y, sobre todo, con un mercado regional donde se produce, intercambia y consume entre 2/3 y 4/5 de la producción de la región. Es decir, estamos hablando de economías articuladas territorial y económicamente que tienen potencialidades para crecer y desarrollarse y que tienen una demanda interna con escalas suficientes para promover la inversión, con acción concertada de los tres niveles de gobierno y del congreso.

Obviamente las 25 regiones definidas actualmente (los ex – departamentos) no tienen los requerimientos necesarios. Por ello y basado en nuestros estudios[2] proponemos 9 “regiones integradas”: 1. Piura-Tumbes, 2. Lambayeque-Cajamarca-Amazonas, 3. La Libertad-Ancash, 4. Ica-Ayacucho-Huancavelica, 5. Arequipa-Moquegua-Tacna-Puno, 6. Junín-Pasco-Huánuco, 7. Cusco-Apurímac-Madre de Dios, 8. Loreto-San Martín- Ucayali, 9. Lima-Callao.

Perú: Representación política en función de la población total  y electoral por regiones integradas
PROPUESTA A PROPUESTA B
REGIONES INTEGRADAS Diputados Senadores Diputados Senadores
Lima- Callao 33 10 39 20
Arequipa- Moquegua- Tacna- Puno 12 4 14 7
La Libertad-  Ancash 10 3 12 6
Lambayeque- Cajamarca- Amazonas 10 3 12 6
Junin- Pasco- Huánuco 8 3 10 5
Ica- Ayacucho- Huancavelica 8 2 9 5
Piura- Tumbes 7 2 8 4
Loreto- San Martín- Ucayali 7 2 8 4
Cusco- Apurimac- Madre de Dios 7 2 8 4
Totales 100 30 120 60
Elaboración. Efraín Gonzales de Olarte 2018

Así, el número de representantes en las dos cámaras debería estar en función de la población y del número de electores por cada región. Si fuere así, en el siguiente cuadro presentamos dos hipótesis, A. Una representación política de 130 (30 senadores y 100 diputados) y B. Otra con 180 (120 diputados y 60 senadores), distribuida en las 9 regiones integradas, con sus respectivos números de representantes por región.

Un tema adicional que quedaría por definir es el reparto de senadores y diputados en cada región. Se puede seguir el criterio anterior, sin embargo, para que la representatividad sea equitativa, la hipótesis B de 120 diputados y 60 senadores, es la que más se adecúa, pues cada región actual (ex –departamento) debería tener por lo menos un senador y los diputados serían elegidos en listas agregadas por regiones, de tal manera que los candidatos tengan la obligación de conocer las necesidades de su región actual y de las otras a la que pretende representar. Queda claro que tener dos cámaras con el mismo número de representantes actuales (130) no es ni técnicamente aceptable y menos políticamente viable.

Finalmente, el peso de Lima-Callao se ve en el número de senadores y diputados, sin embargo, resulta siendo minoría frente a la representación regional.

[1] Profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú

[2] Ver: Efraín Gonzales (2003): “Lineamientos económicos y políticos para la ley de incentivos para la conformación e integración de regiones”, en: Walter Alejos (compilador): Regiones Integradas, Fondo Editorial del Congreso del Perú

20/09/18: ¿Divorcio entre economía y política, en un pais con alta corrupción

¿LA POLÍTICA IMPORTA PARA LA ECONOMÍA, EN UN PAÍS ENVENENADO POR LA CORRUPCIÓN?

Efraín Gonzales de Olarte

Hemos sostenido en este Blog, que la economía está desconectada de la política en el Perú. Es decir, mientras la actividad económica tiene su ruta propia, lo que sucede en la política apenas la afecta. El Perú es un barco que ha escogido un rumbo y el timón está en manos del MEF y del BCRP, quienes sólo controlan que la dirección sea la misma. Cualquier variación de la economía viene del exterior, ya sea por subida o bajada de los precios de los minerales, del petróleo, por la variación de la tasa de interés americana o de la bolsa de valores de NY. En cambio, la política, por muy turbulenta que sea, no tiene algún efecto sustantivo sobre el proceso económico, incluyendo la política del gasto. La pregunta es ¿por qué?

Curiosamente, los Estados Unidos de Trump se está pareciendo al Perú en este aspecto, pues la turbulencia desatada por varios libros publicados y el artículo anónimo del NY Times sobre el presidente americano, no ha afectado en nada ni la bolsa, ni las expectativas de corto plazo. Si esto es así, un eventual impeachment tampoco afectaría las tendencias de la economía americana, porque el origen de su dinámica proviene de decisiones tomadas por la anterior administración del presidente Obama y, sobre todo, por las decisiones de los agentes económicos frente a precios relativos pre-Trump y en un mundo con menos proteccionismo. Claro el presidente americano, oportunista como es, se atribuye la buena performance de la economía como si fuera efecto de las decisiones que ha tomado su gobierno. Más bien es muy probable que, en cuanto las medidas proteccionistas que ha tomado comiencen a tener efecto, la tasa de crecimiento de la economía americana comience a declinar. Esto es lo que varios analistas prevén.

Obviamente, hay algo que ha cambiado en los últimos tiempos que hacen que la política no esté conectada con la economía. La principal razón de esta ausencia de causalidad es el grado de institucionalidad que tiene tanto el Perú como EEUU. Curiosamente en el Perú la desconexión se debe básicamente a que las instituciones políticas y gubernamentales son débiles, en cambio en EEUU se debe a que son fuertes. ¿cómo explicar esta paradoja?

La respuesta obvia es que Perú no es EEUU, no sólo porque somos una economía pequeña primario exportadora, sin mucha industria y mayormente informal, mientras que EEUU es todo lo contrario. Es decir, el Perú tiene una economía incompleta[1] y un desarrollo institucional precario, mientras que EEUU tiene una economía con sectores primarios, industriales y de servicios articulados con grandes escalas, es decir una economía completa y tiene una estructura institucional –normas y organizaciones- que funcionan cualquiera que sea el gobierno, es decir tiene un estado fuerte. En el caso peruano la principal institución, el Estado, apenas puede recaudar el 15% del PBI y su gasto público no tiene el impacto suficiente para, por ejemplo, hacer variar el nivel de actividad económica de manera importante, con lo cual su impacto en el ciclo económico es realmente pequeño y aún menor en el empleo. En EEUU una variación de la tasa de interés por la FED tiene impacto tanto en los niveles de consumo e inversión, como en el empleo, es decir tiene un impacto político.

Sin embargo, los acontecimientos recientes en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura y en la Fiscalía de la Nación, nos han mostrado que una de las principales razones porque las instituciones no funcionan es la corrupción, es decir, la corrupción ha hecho que la política ayude a la desconexión de la política de la economía, en la medida que ésta altera los resultados esperables de la justicia, en función de intereses particulares de quienes la administran. En otras palabras, se tiene la sensación que la justicia tiene un precio, en el mercado informal de la corrupción. En consecuencia, estamos frente a un problema moral y ético, que está en la base de la debilidad institucional, pues es obvio que esta cultura corrupta se ha generalizado a casi todos los niveles del estado, en el gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades y muchas empresas. La consecuencia es que todo aquello que podría resolverse por las vías legales tiene dos caminos: la corrupción o la informalidad, que permiten evadir impuestos o generar enriquecimientos ilícitos. Un país con estos dos atributos es muy difícil que se pueda desarrollar y, peor aún, es muy probable que su democracia se debilite progresivamente, tal como ya está sucediendo.

Si bien la corrupción parece ser una “herencia colonial” pues según Alfonso Quiroz ésta existe hace dos o tres siglos, lo que si hemos comprobado es que el pasado gobierno fuji-montesinista potenció la corrupción a niveles tales y tan evidentes, que hoy el Perú se ha convertido en un país donde el comportamiento corrupto se ha vuelto una regla, mientras que la probidad y la honradez es una excepción. Los casos de Oderbrecht, el club de la construcción, las coimas en el poder judicial, las licitaciones fraudulentas en gobiernos regionales y locales, nos ilustran este proceso y desgraciadamente la corrupción parece haberse instalado para quedarse. Pero lo más peligroso es que la heredera de Fujimori maneja el Congreso siguiendo las lecciones y los estilos dejados por su progenitor y su asesor. Lo que significa que se van a oponer a cualquier reforma que vaya en contra de la corrupción, pues, su cálculo político para llegar al poder, y obviamente medrar, se verá comprometido. La peor herencia que dejo el gobierno de Fujimori es la crisis moral que asuela al Perú.

Por estas razones, la iniciativa del Presidente Vizcarra, de reformar el poder judicial, es algo que no sólo hay que apoyar, sino que de no hacerse el Perú se convertirá en una republiqueta dirigida por Pepe el vivo y apañada por Juan el indolente. Es decir, un país chicha y sin futuro civilizado. Pero no basta con reformar el poder judicial, que será verdaderamente una gran tarea, habrá que reformar también el sistema congresal, dotándole de dos cámaras y, lo más importante, siendo más estrictos con los valores morales de quienes quieren llegar al congreso. Luego habrá que encarar también la reforma de la administración del ejecutivo, perfeccionando la descentralización, fortaleciendo la contraloría y dotando a la ciudadanía de una capacidad de vigilancia mayor. Hoy esto es posible con un adecuado uso de las redes sociales y de las tecnologías de la información. Sólo con un poder ejecutivo moderno y eficiente, un congreso realmente representativo de diputados y senadores aptos, tanto en sus niveles de educación, pero también en sus valores éticos y morales, y con un poder judicial confiable, es que podremos hablar del “equilibrio de poderes” que tienen las democracias avanzadas y que permiten una gobernabilidad moderna. Quizás en aquel momento la política se vuelva a conectar con la economía, pues el bien común definido desde el estado y la política deberá dar el marco institucional y legal para que la economía de mercado asigne eficientemente los recursos y reduzca las desigualdades.

 

 

 

[1] Ver mi libro con el mismo nombre, Fondo Editorial PUCP 2015

25/04/18: Pobreza nacional y pobreza regional

LA POBREZA NACIONAL Y LA POBREZA REGIONAL
Efraín Gonzales de Olarte

Al parecer, la reducción de la pobreza en el Perú está relacionada con el crecimiento económico, siempre que sea por lo menos 4% al año. Si baja de esa cifra la pobreza vuelve, como parece que ha sucedido el 2017. El problema es que no sabemos a ciencia cierta a qué se debe el crecimiento, hay varias interpretaciones. Por un lado, hay varios macroeconomistas que sostienen que el crecimiento depende del sector exportador, sobre todo minero, el cual a su vez depende de los precios internacionales. Si esto fuera así el 2018 es probable que se reduzca la pobreza. Por otro lado, hay quienes incluyen, entre los factores del crecimiento, la forma como se maneja la política económica, sobre todo la política del gasto público, que bien utilizado puede activar la economía. Esto quiere decir que probablemente el año 2018 no retroceda la pobreza, en la medida que hay que reducir el déficit fiscal que alcanza un preocupante 3% del PBI. Luego, hay un sector, de ideas básicas, que sostiene que la inversión es el principal factor de crecimiento, lo que haría que el 2018 tampoco se reduzca la pobreza.
Creo que todas estas hipótesis son válidas y hay que hacerlas funcionar en conjunto. Si lo hacemos, probablemente encontremos algunas contradicciones entre una y otro entrada. Por ejemplo, si se requiere más gasto y más inversión, obviamente choca contra cómo reducir el déficit fiscal. Este es uno de los temas críticos que deberá resolver el nuevo ministro. Está claro que si las exportaciones aumentan, tendrán un impacto positivo en la recaudación fiscal y, como corolario, en el gasto público y probablemente en los programas sociales y en la inversión pública. Esto quiere decir, que la reducción de la pobreza dependerá de los precios de los minerales, lo que hace del Perú un país muy vulnerable a la coyuntura internacional y la pobreza un fenómeno cíclico.
Sin embargo, hay algunos temas que no son tomados en cuenta. El primero, es cómo explicar que la región más pobre, según el índice último, tenga la mina más rentable de oro y que genera buena parte de las divisas y de los impuestos a la renta. El segundo, la región que más se ha empobrecido es el Cusco que tiene un flujo turístico que no ha disminuido, al contrario ha aumentado. ¿cómo explicar estas paradojas?
La respuesta está en la débil integración entre sectores y provincias de las regiones del Perú, es decir, lo que suceda en los sectores dinámicos –minería o turismo- no incide en los pobres del campo (que son la mayoría de los pobres). En un estudio nuestro encontramos que no hay relaciones de causalidad entre la dinámica urbana (ciudades grandes) y el entorno rural de las principales regiones del Perú, es decir, si las ciudades crecen no repercute sobre sus entornos. Una explicación de esta situación es que debido a las exportaciones mineras y de gas, el sol peruano se ha convertido en una moneda fuerte, es decir tenemos un dólar barato, lo que hace que sea más fácil importar que producir varios productos de consumo básico y, como consecuencia, los productores de las regiones no puedan competir y en consecuencia, no puedan generar mayor producción, mayor empleo, mayores ingresos y, en consecuencia, reducir la pobreza. Una segunda explicación, es que no ha habido políticas sectoriales para conectar las actividades agrícolas y hacerlas más rentables.
Por estas razones, está claro que en la base de los determinantes de la pobreza están las estructuras productivas de cada región, con productividades muy heterogéneas y muy bajas en los sectores intensivos en mano de obra.
Creo que las políticas para reducir la pobreza pasan por políticas que promuevan la inversión y nuevas tecnologías en las regiones, sobre todo en aquellas que tienen más pobres. Desde nuestro punto de vista estas políticas deben estar orientadas a integrar las ciudades con sus entornos rurales. Si esto se logra la pobreza se reducirá progresivamente y de manera permanente y no estaremos esperando a que suban los precios del oro o el cobre para que esto suceda.
Ojalá, que la nueva administración –con gran presencia de ex gobernantes regionales- sea consciente de esta posibilidad.
Abril 2018

05/02/18: Agricultores, papas y regiones en el Perú 2018

AGRICULTORES Y PAPAS
Efraín Gonzales de Olarte

Un buen año agrícola es un mal año para los agricultores productores de papa. Parece paradójico, pero no lo es. Veamos porqué. La producción de papa y otros tubérculos tiene algunas características cuyo tratamiento no es tan simple como se cree. Un mal diagnóstico del problema puede llevar a medidas desesperadas como la de comprar los excedentes.
La primera característica es que hay una enorme variedad de papas, se estima que diariamente en los mercados del Perú habría más de cien variedades en venta. La segunda es que la papa se produce desde el nivel del mar hasta casi 4mil m.s.n.m., de ahí las variedades que se adaptan a diversas altitudes y variados eco-climas. La tercera. es el producto por excelencia de los campesinos, sobre todo de los pobres, porque es una fuente alimenticia importante y en general producen para su autoconsumo. La papa es la base de la economía y de la vida de los campesinos. La cuarta es que la papa no se puede almacenar de un año para el otro, como es el caso del maíz, las habas o el arroz, la única manera de hacerlo sería deshidratándola y produciendo chuño o moraya. La quinta es que las unidades productivas –comunidades, familias comuneras, pequeños y medianos agricultores y grandes empresas- rebasan el millón, esto quiere decir que hay productores de papa en cada valle costeño, interandino y en las tierras de ladera. La sexta es que la papa tiene un valor relativamente bajo por kilo y su mercado espacial está limitado por el costo de transporte, es decir, un productor de papa blanca de Huánuco o Junín no puede vender su papa en Tacna o Tumbes, porque las distancias son grandes y los costos de transporte harán que el precio de la papa al llegar a destino sea mucho mayor que la papa producida en los valles de Tacna o el norte. En consecuencia, los mercados de la papa son regionales y, en muchos casos, micro-regionales cuando las carreteras son malas y las productividades bajas.
La agricultura depende en gran parte del clima y de la disponibilidad de agua. Un buen año tiene ambos atributos y el resultado es que la producción es mayor a la esperada, en consecuencia, en el mercado hay una mayor oferta. Sin, embargo por el lado de la demanda de papa hay dos tipos: la demanda para consumo directo, que es la mayor parte de ella, y la demanda para la transformación industrial, que es la menor. Los peruanos tenemos establecido un consumo anual de papa para la alimentación que es más o menos fija, nadie va a comer más papa fresca si los precios bajan, es decir la demanda por papa es “inelástica”. En el mercado nos encontramos frente a una mayor oferta frente a una demanda rígida, la consecuencia no sólo es una disminución del precio sino que, además, se genera un excedente que no se puede vender en el mercado local, pero tampoco se puede vender o exportar en otros mercados, porque en cada región ocurre lo mismo y los costos de transporte limitan el ámbito del mercado, es decir, el kilogramo de papa blanca hoy está a 40 centavos de sol, mientras que una buena papa amarilla o huayro de exportación podría valer 3 a 4 soles, en cualquiera de los casos el costo del transporte por kilo y por cada 100 kilómetros está a casi un sol, obviamente la proporción del costo de transporte es de 250% en el primer caso y de 25% en el segundo caso. Saque sus conclusiones.
El problema adicional para los agricultores modernos y los campesinos tradicionales en un buen año la reducción del precio puede ser tan crítica que no llegan a cubrir los costos de producción, en consecuencia tendrán pérdidas. Un buen año agrícola es un mal año comercial.
Situación como esta no se da todos los años, pero cuando ocurre obviamente los productores de papa están en problemas financieros.
Frente a una situación así surgen varios comentarios. Primero, el número y la heterogeneidad de los productores de papa es tan grande, tanto como la desigualdad de su producción, que los precios se fijan en función de la demanda en cada mercado local, en las ciudades, es decir que los precios son distintos en cada región o microrregión, por lo que las políticas deberían ser sectoriales y, sobre todo, regionales. Se trata pues de mercados acotados por la geografía.
Segundo, el principal problema de la papa es que no se ha logrado industrializarla o darle mayor valor agregado, por ejemplo en las ofertas gastronómicas. La demanda de la papa como insumo tiene una elasticidad demanda mucho más alta, es decir que una sobre producción puede bajar el precio pero no tanto como cuando sólo se usa para el consumo directo. Si por ejemplo, la papa se utilizara para producir etanol y este sirviera como combustible automotor, los precios de la papa serían mayores, muy estables y no habría sobre excedentes. Además, si la economía crece, la demanda por papa crecerá también. Esta sería la solución para erradicar la pobreza de los campesinos. Mientras la papa tenga una baja demanda industrial, el problema de sobreproducción y precios bajos será una constante.
Tercero, una de las principales ausencias en la política agraria es que no hay un sistema de seguros que permita a los agricultores recuperar su inversión en caso de revés comercial. Por alguna, razón la orientación neoliberal de la política económica está en contra de las políticas sectoriales, que en el caso de la agricultura es una necesidad imperativa y que existe en todos los países, salvo en el Perú.
Cuarto, en casi todos los países desarrollados los agricultores son subsidiados por el estado por razones de seguridad alimentaria. La producción que alimenta a una nación debe estar asegurada y el estado, es decir toda la sociedad, asume los riesgos que conlleva la agricultura, tan dependiente de fenómenos naturales no controlables por nadie. Es conocido los cientos de millones de dólares que gastan los Estados Unidos para subsidiar el trigo y la leche o el Japón para subsidiar el arroz. En el Perú la palabra subsidio está vedada por razones ideológicas de los que creen que la economía de mercado se parece a los libros de texto.
Es obvio que hay dos planos en los que hay actuar. En el corto plazo, la compra de los excedentes de papa por el Estado peruano debería estar dirigida a los campesinos más pobres y no tanto a los agricultores comerciales que aprovechan de la ocasión para asediar a un estado débil como el peruano. Hay varios comentaristas que dicen que la compra de estos excedentes se hará con la plata de todos los peruanos (nuestros impuestos) lo que se olvidan es que todos los peruanos estamos comprando papa más barata, es decir hay una compensación. En el mediano y largo plazo, lo que cabe es tener un política agrícola-regionalizada, que incluya el planeamiento de cultivos, el manejo del agua, el acceso al crédito y a seguros de producción, pero sobre todo se requiere de una política que está más allá, en la industria, los servicios y la exportación de papas exóticas y ecológicas cuya calidad puede ser pagada por consumidores externos fácilmente.
Finalmente, es importante la investigación para encontrar nuevos usos a la papa: alcoholes, chips, harina, deshidratación y otras aplicaciones que sólo la investigación puede ofrecer.
La papa fue domesticada por los antiguos peruanos y nosotros lo modernos peruanos no hemos hecho mucho para mejorar su uso.
Lima, febrero 2018

17/01/18: El Papa Francisco y el desarrollo humano

DESARROLLO HUMANO EN EL PERÚ
A PROPÓSITO DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO

Efraín Gonzales de Olarte
El enfoque convencional de la economía parte de la idea que un país mejora si su producto bruto o sus ingresos mejoran, es decir, la medida del progreso y del desarrollo económico es el crecimiento del PBI, es decir, el fin último pareciera ser que la producción material e inmaterial crezca. El enfoque del desarrollo humano pone las cosas de otra manera, lo importante de una economía es cuánta oportunidad crea para que sus habitantes estén mejor, o simplemente, que puedan elegir entre una u otra opción de trabajo. Es decir, el indicador económico en este enfoque es cuántas personas logran tener un empleo decente (formal, con salario adecuado y con buenas condiciones de trabajo), cuántos estudiantes logran aprobar sus cursos en el colegio o la universidad, cuántas personas tienen acceso a un buen servicio de salud, independientemente de su nivel de ingresos, o cuanto niños tienen una buena alimentación. Obviamente, para todo esto es importante el crecimiento del PBI, pero no cualquier crecimiento. Si el PBI crece a 3% al año y genera 3% adicional de empleo decente, o si gracias al crecimiento económico los rendimientos educativos y el nivel de estudios mejoran, estamos frente a una economía al servicio de la gente, y no al revés la gente al servicio de la economía.

Precisamente, el Papa Francisco es un promotor de una sociedad con una economía que genere mayores oportunidades para los que menos tienen, es decir promueve una economía redistributiva y solidaria. Pero además, señala que el crecimiento económico no debe depredar más los recursos naturales y no debe ahondar el problema del cambio climático. La propuesta del Papa, en este sentido es todo un desafío, pues nos obliga a conciliar tres grandes objetivos: ser eficientes en lo económico, ser equitativos en lo social y promover la sostenibilidad de la naturaleza. Es decir, promueve un triángulo que en la actualidad es imposible de lograr, pues si quieres ser más eficiente en economía debes maximizar tus ganancias, si lo haces probablemente tienes que pagar menos salarios o debes sobre utilizar los recursos naturales o quemar petróleo para generar energía barata, en consecuencia, no se puede lograr los tres objetivos al mismo tiempo, a menos que cambies de valores y cambies de racionalidad económica y del uso de recursos naturales. Este el verdadero desafío de la humanidad hoy, como morigerar las ansias de ganancias, cómo pensar más en “el otro” y como mantener “nuestra casa común”.

Por ello, la venida del Papa al Perú es un momento importante para reflexionar sobre el futuro nuestro, de todos los peruanos y de todos los suramericanos, pues nos hemos acostumbrado a promover el crecimiento económico sin reparar en sus efectos distributivos y en sus efectos sobre la naturaleza.

En los últimos veinticinco años hemos tenido, ciertamente un crecimiento importante que ha mejorado muchas cosas en el Perú, pero no ha sido un crecimiento equitativo para todos, algunos son mucho más ricos que antes y es verdad que hay menos pobres, pero si la pobreza hubiera disminuido con la misma intensidad con la que los sectores ricos vieron crecer sus ingresos, ese sería el modelo a promover. Pero, esto no ha sucedido, por ello debemos pensar en hacer serios ajustes al modelo de vida y cultura que tenemos, pero esto no pasa solamente por una decisión política, pasa sobre todo por un cambio de forma de pensar la economía, por un cambio ideológico más acorde con que nuestro planeta y sus recursos naturales son finitos. Aquí la ecuación se cierra, pues necesitamos un crecimiento con equidad humana y con sostenibilidad de nuestra casa común.

02/11/17: Descentralización, corrupción y reconstrucción

DESCENTRALIZACIÓN, CORRUPCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
Efraín Gonzales de Olarte

La prueba de fuego para la descentralización es la reconstrucción del norte, pues ésta dependerá de la capacidad de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Por un lado, los gobiernos regionales y locales quienes están cerca de los problemas de sus respectivas poblaciones, saben de manera directa cuáles son los temas críticos para reconstruir lo destruido por el niño costero y por otro lado, el gobierno central que maneja los recursos financieros tiene la capacidad de asignar los montos necesarios para la reconstrucción además de las capacidades para intervenir directamente en ciertos sectores.
Hasta el momento, los avances son aún desconocidos y todo parece indicar que las grandes obras no avanzan como deberían hacerlo, a tal punto que el director ejecutivo encargado por el gobierno central para la reconstrucción ha renunciado, al parecer por desavenencias con varios gobiernos regionales. Es decir, no se ha llegado a coordinar con los gobiernos sub-nacionales.
La falta de coordinación es uno de los principales problemas de la descentralización. No se ha logrado construir un sistema descentralizado de gobierno, en el que no solamente se sepa cuáles son las funciones de cada nivel, cuáles son sus responsabilidades, sus recursos, pero sobre todo no se ha llegado a tener un ente técnico coordinador y planificador, que permita una acción concertada y ágil del estado.
El otro problema es que el proceso de descentralización ha estado plagado de corrupción en varios gobiernos regionales y municipales, tanto que no sólo hay varios gobernadores y alcaldes con juicios o directamente en prisión, sino que se ha generado una gran desconfianza en la capacidad del estado de actuar éticamente en todo lo que tengan que ver con el gasto público tanto corriente como de inversión. Por ello, para llevar a cabo cualquier proyecto de reconstrucción de una carretera, puente, o alcantarillado, los procesos de licitación tienen tantos candados y duran tanto tiempo que las obras se han retrasado ya de manera preocupante. Las lluvias ya han comenzado y quién sabe si en el próximo verano se habrán concluido por lo menos las obras de defensas y encausamiento y defensa de los ríos, para evitar la inundaciones que tanto daño hacen, sobre todo a los más pobres. Es decir, un país con altos grados de corrupción, en todos los niveles de gobierno, no puede reconstruir rápidamente.
Además, un gran error legislativo fue prohibir la reelección de gobernadores y alcaldes, pues, la falta de experiencia de las nuevas autoridades retrasa la toma de decisiones, más aún si tienen encima todo el sistema de control al cual tienen que habituarse. Estoy seguro que aquellas regiones o municipalidades que tienen gobernantes experimentados lo harán mejor.
Uno de los principales problemas de la descentralización es que no ha logrado conformar una capa de políticos regionales y locales y una masa de funcionarios capaces de mantener políticas de estado de manera eficaz y moderna. Si a esto agregamos que el segundo gobierno aprista redujo los sueldos de gobernadores, alcaldes y funcionarios, decisión desafortunada que ha impedido la creación de una generación de técnicos y gestores con capacidad de formulación y ejecución de proyectos de inversión y de desarrollo, que hoy hacen falta para la reconstrucción.
En conjunto, el proceso de descentralización, no ha logrado construir una instancia de coordinación y planificación con la que el gobierno central, los gobiernos regionales y los municipales puedan trabajar de manera sincronizada y con “checks and balances”, no ha logrado construir una burocracia descentralizada profesional y efectiva, pero sobre todo debido a todos estos factores se ha llegado a una situación de corrupción endémica, v.g. Lavajato, que ha paralizado obras y obstruye una reconstrucción del norte más rápida..
Quizás la coyuntura actual podría ser el pretexto para repensar la descentralización, no tanto como un proceso de transferencia de funciones, sino como un proceso de reorganización del estado, para lo cual ciertamente se necesita planificación concertada de largo plazo, creación de una burocracia profesionalizada y eficaz y un gran liderazgo político, técnico y ético. Será capaz el gobierno de acometer este desafío?
Lima, 30 de octubre 2017

11/10/17: EL PENSAMIENTO ECONÓMICO DE DERECHA EN EL PERÚ

Hace algunos años llevé a cabo una investigación sobre “el Consenso de Washington” que se utilizó en los años 90 del siglo pasado en América Latina para promover los ajustes estructurales de carácter neoliberal. Uno de los aspectos que estudié, a través de muchas entrevistas en Washington, fue cómo pensaban los economistas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano y del Departamento del Tesoro. No me sorprendí al oír que todos tenían un pensamiento económico estándar y neoclásico. Uno de los economistas del FMI, que se ocupaba del Perú, me sintetizó la idea, me dijo que el Consenso de Washington era lo que pensaban los departamentos de economía de las principales universidades norteamericanas.  Estos departamentos – Chicago, Harvard, MIT, Berkeley, Minnesota, etc.- estaban y están dominados por el pensamiento económico neoclásico que promueve la economía de mercado, la intervención restringida del estado, la propiedad privada y la libertad de decisión de cualquier agente económico.

Pero lo más interesante es que, en esas famosas escuelas de economía, han estudiado y estudian los futuros funcionarios de las entidades arriba indicadas, pero también los futuros ministros funcionarios de economía y hacienda, los futuros presidentes, directores de los bancos centrales e inclusive varios futuros presidentes de nuestros países latinoamericanos. No solamente ello, sino que también en muchos casos, estos economistas han generado relaciones de amistad, en las aulas universitarias e incluso muchos han sido roomates. Obviamente, se ha ido generando una comunidad a la que denominé “la corporación de los economistas neoclásicos” que son los que manejan las economías de nuestros países y funcionan como una corporación.

Dadas las bases filosóficas, teóricas e ideológicas de la escuela neoclásica –en todas sus especialidades- los sectores empresariales y capitalistas que, por alguna razón casi siempre son derecha y de variable conservadurismo, han adoptado este paradigma tanto en sus decisiones empresariales de carácter microeconómico y para fijar su posición frente a las políticas económicas y sociales, porque además le son favorables a sus intereses. Es obvio que estamos frente al paradigma dominante actual sobre otras escuelas de pensamiento económica que tuvieron su momento, el keynesianismo o el estructuralismo.

En este contexto, me he preguntado, como lo hace Jean Tirole en su magnífico libro “La economía del bien común”, cómo se conectan los economistas peruanos con la política y ¿cómo? resultan tomando decisiones muy importantes para la vida y el bienestar todos nosotros. Creo que tienen tres rutas. La primera es perteneciendo y militando en un partido político, en cuyo caso la doctrina y la visión económica partidaria hará que tengan diagnósticos y propuestas de políticas económicas consistentes con su ideología. La segunda es a través de la exposición de sus puntos de vista a través de sus investigaciones, libros, artículos periodísticos, y que los políticos adopten sus visiones. La tercera, que es la situación más corriente en el Perú de hoy, es participar en alguno de los movimientos políticos existentes, que no tienen doctrina definida, pero que llegan al poder y a gobernar. Muchos de ellos son en realidad tecnócratas que ofrecen sus conocimientos y experiencia económica a quien se la pida y les pague.

Como los partidos políticos peruanos han dejado de ser lo que deberían ser, la mayor parte de economistas entran a la política por la segunda y tercera vías. Dado el paradigma neoclásico dominante, la mayor parte de economistas que adscriben o han sido formados en esta perspectiva son los que “manejan la economía”. No olvidemos que el ajuste estructural neoliberal fue pro mercado, pro empresarial y anti intervencionista y ha sido apropiado por empresarios y capitalistas como el “modelo que funciona”, lo que hace que economistas neoclásicos capitalistas y empresarios compartan una misma visión económica y, hasta cierto punto, política.

Esto me permite afirmar que, hoy, el pensamiento económico de derecha en el Perú es básicamente neoclásico, a diferencia del pensamiento de derecha de fines del siglo XIX y comienzos del XX, que tenía un componente de identidad política y una visión muy distinta sobre el papel del estado.

El problema central de esta situación es que la teoría neoclásica no ha recibido casi ningún aporte teórico de los economistas neoclásicos de países como el Perú. Nuestros economistas son básicamente “consumidores” de las teorías vigentes en el norte, sin espíritu crítico, fundamental en el pensamiento científico, razón por la cual este pensamiento se ha convertido más bien en una ideología, que es defendida y promovida. Lo cual no es ningún pecado, pero si es grave si se aplica a la política económica sin tener una conexión con “la política” y con el contexto socio económico y político del Perú.

No parece existir el menor deseo de contrastar las bases teóricas de los libros de texto con nuestra realidad, salvo honrosas excepciones, para ver que de pronto varias de las teorías aceptadas como axiomas no funcionan tal y cual dicen los textos o los artículos de la American Economic Review, sino de otra manera, razón por la cual varias de las políticas económicas y sociales no dan los resultados esperados.

El pensamiento neoclásico y, en consecuencia, el pensamiento de derecha se vería enriquecido si las teorías “generales” del norte fueran adaptadas a casos particulares. No creo tampoco que haya que inventar teorías nuevas, lo que sí es esencial es desarrollarlas cambiando algunos o todos sus supuestos, algunas funciones de comportamiento, imaginando otros marcos institucionales. Pero este esfuerzo está fuera de la mente de los economistas neoclásicos criollos. Es decir, tenemos una derecha económica poco creativa y bastante dogmática. A tal punto, que basta que algún economista no neoclásico tenga un punto de vista distinto o que compita con “las verdades neoclásicas y neoliberales”, para que inmediatamente sea calificado con distintos adjetivos, ocultando así su falta de argumentos teóricos o empíricos[1], pero sobre todo impidiendo el debate.

En este sentido son casi religiosos y defensores del dogma neoliberal, lo que obviamente no permite avanzar hacia una síntesis de puntos de vista contrarios. Si hubiere más debate y más apertura intelectual e ideológica tanto las políticas económicas, como las decisiones económicas y, quizás incluso la política, podría mejorar muchísimo en el Perú.

Pero obviamente, esto revela la pobreza teórica e ideológica de la denominada derecha en el Perú.

[1] El mejor ejemplo de este pensamiento se encuentra en un sitio web denominado “Lampadia”, que es la versión criolla del Instituto CATO de Washington, Think Tank del conservadurismo americano más rancio.

13/09/17: La casi imposible formalización en el Perú

LA CASI IMPOSIBLE FORMALIZACIÓN EN EL PERÚ

Efraín Gonzales de Olarte

 

La informalidad es un problema que tiene más de diez definiciones, en consecuencia, su tratamiento puede ser tan disperso como definiciones hay. Si realmente no hay unanimidad conceptual y tampoco definición jurídica convencional puesta en algún código o ley, ¿cómo resolverlo?

Se asume que en el Perú el 70% del empleo es informal y no menos del 40%  PBI también es informal. En el primer caso se refiere a aquellos trabajadores que no tienen contrato laboral, que no tienen beneficios sociales y que probablemente reciben salarios por debajo del mínimo legal. En el segundo caso los productores no tienen un RUC, es decir no tienen un registro tributario que los incorpore como contribuyentes.

¿Por qué no se formalizan? En verdad por tres razones: porque el Estado peruano es tan débil que no los puede registrar y controlar, porque sus productividades son tan bajas que no tienen capacidad de pagar impuestos, seguros sociales, y otras cargas, sin perder, y, finalmente, porque hay una ideología de asedio al estado, sacándole la vuelta, no pagando impuestos y beneficiándose con los impuestos no pagados.

Estamos frente a un problema “duro” casi imposible resolver por un estado débil, bajas productividades y la cultura de “pepe el vivo” que atraviesa todas las capas sociales.

El actual gobierno, que había prometido avanzar con la formalización, hasta el momento ha fracasado, como lo han hecho gobiernos anteriores.

En nuestro criterio para poder formalizar es necesario avanzar en estos tres frentes, de lo contrario no es posible. Pero ante todo nos tenemos que preguntar y responder de manera convincente. ¿Qué entendemos por formalización? y ¿por qué es necesaria la formalización?

De las múltiples definiciones sobre formalización nos quedamos con aquella de que un agente económico es formal si está registrado en las instituciones del estado que le corresponden y que, en consecuencia, se rige por el marco legal económico existente. La formalización es necesaria pues asegura que las actividades económicas se realizan dentro de un marco institucional y legal que garantiza igualdad de derechos y obligaciones de los agentes económicos: empresarios, trabajadores, consumidores, estado. Es decir, la formalización es integradora del mercado con el estado y viceversa.

La meta de la formalización no sólo es legal e institucional, es sobre todo una que define ciertos niveles de productividad que garanticen los costos de la formalidad, consecuentemente exige ciertos niveles de inversión, de calificación de los trabajadores y tecnología adecuada, que en su conjunto permitan la competitividad de los productores y de los trabajadores. Es decir, la formalización presiona a mínimos productivos. Esta es la razón por la cual en el Perú la informalidad es tan alta, es decir, la mayor parte de los productores no cuentan con niveles de capital adecuados, sus trabajadores son poco calificados y sus tecnologías son o tradicionales o de baja calidad.

Por estas consideraciones la lucha contra la informalidad es, en realidad, una lucha por mejorar los niveles de desarrollo productivo, con sus tres componentes, mejoras en la productividad, fortalecimiento del estado, en sus tres niveles de gobierno y el cambio de cultura y la ideología del productor y la del trabajador.

En primer lugar, las mejoras de productividad pasan fundamentalmente por una combinación de mayor inversión – la cual a su vez depende de acceso al crédito- mayor calificación de los trabajadores, de acceso a información sobre posibilidades de negocio. Pero, para que estos tres factores sean efectivamente promotores de aumentos de la productividad se requiere discriminar a las empresas y concentrarse en la pequeña y micro empresa, pues la grande y la mediana no sólo tienen acceso a estos factores, sino que ya tienen productividades que las hacen competitivas. Para promover actividades que inicialmente son de pequeña escala se requiere políticas sectoriales-regionales, es decir, es importante escoger qué sectores se debe apoyar y en qué regiones y una política de estado pro productividad.

En segundo lugar, el fortalecimiento del estado tiene dos niveles, por un lado es necesario recuperar la “credibilidad” en el estado, mediante el funcionamiento eficaz de sus instituciones, en sus tres niveles de gobierno. Por otro lado, es necesario simplificar procedimientos y requisitos para la formalización, esto nos lleva a una reforma de segunda generación, pero que tiene un profundo trasfondo ético y moral. La simplificación se debe basar sobre la “confianza”  que a su vez descansa sobre principios éticos como: la honradez, la verdad, el respeto de los derechos de otros. Hoy lamentablemente, estos principios no sólo se han perdido, sino que hacer lo contrario es lo más común.

En tercer lugar, como derivación de lo anterior tenemos uno de los principales problemas que tiene el Perú, su cultura forjada durante el proceso de reformas estructurales combinada con una dictadura en los años 1990 y 2000. La idea liberal que combina libertad con competencia mercantil, ha sido degrada a competencia en base a corrupción, engaño y el comportamiento de Pepe el vivo. Es una cultura chicha donde todo vale, las normas sólo las usamos si nos favorecen y hay que usar del estado para medrar, para asediarlo. Es decir, el estado no es nuestro sino ajeno.

Obviamente, lograr cumplir con estos tres objetivos para la formalización es casi imposible en el Perú. Por ello, cada vez está más vigente que nunca aquella frase: en el Perú los problemas se solucionan solos o no se solucionan.

22/06/17: LA RECONSTRUCCIÓN COMO MEDIO DE DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL

RECONSTRUCCIÓN DEL NORTE: ¿PARA RECUPERAR INFRAESTRUCTURA O PARA NORMALIZAR LA VIDA DE LA GENTE?

Efraín Gonzales de Olarte

La destrucción de las ciudades, poblados y campos del norte ha tenido un impacto enorme sobre las condiciones de vida de las personas y familias, debido a las pérdidas materiales que han sufrido. Por ello, es importante promover una reconstrucción de las condiciones de trabajo y vida de las personas, en función de ello es que hay que plantear la reconstrucción de la infraestructura pública y privada. Plantear como objetivo principal y único la reconstrucción de puentes, calles, carreteras, canales de riego es un camino equivoco basado en una visión según la cual el desarrollo es la acumulación de cosas: maquinarias, casas, edificios, etc. en lugar de plantear recomponer las familias y su vida social y económica, para lo cual se requiere lo anterior. Este es el camino correcto para que la reconstrucción sea efectiva, durable y socialmente responsable. Reconstruir infraestructura es mucho más fácil que reconstruir vidas.

Las metas de reconstrucción deberían ser definidas de la siguiente manera y con los siguientes objetivos: 1. Cómo regenerar el empleo dependiente y cómo facilitar el auto empleo perdidos. 2. Cómo recuperar las viviendas de las familias y aprovechar para ubicarlas mejor y para que tengan acceso a agua, desagüe y electricidad. 3. Cómo recuperar la infraestructura productiva (tierras, talleres, bodegas, etc.). La programación de las inversiones en la reconstrucción debería ser funcionales a estos objetivos, de tal manera que se reconstruya las economías locales y regionales previamente existentes, a través de la reconstrucción de la infraestructura básica y de la productiva.

El segundo tema es cómo incorporar a las personas y familias en la solución de sus problemas, es decir, es importante la participación civil en asociación con el estado y, eventualmente, con el sector privado para que el proceso de “normalización de la vida de la gente” y de la reconstrucción de infraestructura que contribuya a recuperar, sino mejorar, las estructuras sociales y el rol de las personas en cada lugar afectado. Es decir, es fundamental evitar el asistencialismo y el posible clientelismo que, eventualmente, se generan en este tipo de intervenciones del estado. Para ello, los procesos previos de organización de los damnificados, de un planeamiento participativo y de una priorización de las acciones es fundamental. No se puede emprender un proceso de esta naturaleza sin un plan estratégico, sobre todo teniendo en cuenta que los recursos financieros del Estado son limitados.

Es obvio que hay cierta infraestructura cuya recuperación, reparación o construcción se debe hacer de manera inmediata, para afrontar las contingencias posibles del verano del 2018. Pero aún en estas acciones, la contratación de trabajadores debería tener como prioridad a los afectados, para que puedan tener ingresos aun temporales.

En el resto de acciones se requiere de una concertación de acciones entre los afectados, el Estado (gobiernos regionales y locales y la Autoridad para la reconstrucción) y la sociedad civil (ONGs, gremios, asociación de padres de familia, asociaciones de usuarios), para que el proceso tenga “fortaleza social” desde el inicio y se consolide en el proces.

La clave de la reconstrucción socio-económica y material reside en el enfoque que se le dé. Si partimos de la idea de: ¿qué podemos hacer por ellos? estaremos generando un proceso débil, pues la reconstrucción sólo dependerá de lo que hagan terceros y el asistencialismos y clientelismo aparecerá rápidamente. Es más importante partir de la idea ¿qué pueden hacer los afectados por ellos mismos? y combinarla con la anterior. Si se logra esta combinación de enfoques la reconstrucción podrá generar desarrollo sostenible y humano en el largo plazo.

Junio 2017