Ofensiva contra prevaricadores. De forma conjunta, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía denuncian a jueces de casos Sánchez Paredes y Luis Valdez.

De nada sirvieron las múltiples comisiones de reforma del Poder Judicial instaladas en los últimos años, pues los niveles de corrupción en ese poder del Estado –materializados a través de cuestionadas resoluciones– continúan escandalizando a la sociedad en su conjunto.

Ante el silencio –casi cómplice– de las altas esferas de la judicatura, el Ministerio de Justicia decidió informar sobre la ofensiva legal que ha desplegado para contrarrestar –o intentar, al menos– los fallos que han abierto las rejas a presuntos narcotraficantes.

RECHAZO INTERINSTITUCIONAL. El ministro de Justicia, Víctor García Toma, calificó de “barbaridades jurídicas” los sustentos de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel para darle luz verde al pedido de los integrantes del clan Sánchez Paredes para que sean excluidos del proceso penal, en el cual son investigados por el presunto delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Por ello, los jueces Carlos Ventura, Emilio Vigo y Aurora Quintana Gurt Chamorro fueron denunciados ante la Fiscalía Suprema de Control Interno por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y abocamiento ilegal.

“En el Poder Judicial hay nichos de corrupción, al grado que parecen haber confundido a los Sánchez Paredes con la familia Ingalls porque estas resoluciones, en realidad, parecen de película”, dijo el titular de la cartera de Justicia en conferencia de prensa.

A su lado, el director Nacional de Justicia, Daniel Figallo, le tomó la posta para decir que estos fallos producían indignación. “El caso Sánchez Paredes provocó una investigación profunda que involucró a 230 personas, entre naturales y jurídicas, y ahora esta Sala se la pretende traer abajo”.

A esta denuncia se añade el seguimiento a la investigación iniciada por la OCMA a los vocales, y el recurso de agravio constitucional presentado por el procurador del Ministerio Público, Aurelio Bazán, para que el caso llegue hasta el Tribunal Constitucional, previendo desde ya que los reclamos no tendrán eco en el Poder Judicial.

Mientras tanto, el titular de esa instancia, Javier Villa Stein, se mantuvo al margen y se abstuvo de cuestionar –como lo hace con decisiones de otras instituciones– a sus colegas.

SUELTO EN PLAZA. A la par del caso Sánchez Paredes, está la decisión del juez Omar Pimentel Calle, quien excarceló al ex alcalde de Coronel Portillo Luis Valdez, por un supuesto mal estado de salud –sin considerar las acusaciones que penden sobre él–, a quien se le ha detectado un desbalance patrimonial de más de US$10 millones.

“Esto ha producido una indignación en la defensa del Estado. De forma inaudita, la resolución que permite la excarcelación de Valdez recién ha sido notificada el miércoles a la procuradora Sonia Medina, esto produce una fundamentada sospecha sobre la labor de ese juzgado”, argumentó Figallo.

En tanto, ya lejos de las rejas carcelarias, Valdez –cuyo delicado estado de salud hacía peligrar su vida, según el juez Pimentel– ha planteado una apelación al arresto domiciliario que debe cumplir, así como a las medidas de conducta que deberá seguir. La procuradora del caso, Sonia Medina, informó que ya ha planteado la apelación respectiva a la decisión del juez.

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Jefe de Estado aseveró que el Gobierno no cederá a abusos y chantajes de ninguna empresa como Doe Run. Tampoco se subsidiará la exportación del gas.

El Gobierno finalmente confirmó su decisión sobre dos temas controversiales. El cierre de la refinería de Doe Run y la renegociación de las regalías para exportar el gas de Camisea.

Ayer en su discurso por Fiestas Patrias, el presidente Alan García anunció que, “vencido el plazo (para que Doe Run reinicie sus operaciones), se cancelará la licencia de funcionamiento”, por incumplir con el plan para solucionar la contaminación ambiental y por no llegar a un acuerdo con sus acreedores.

En tono enérgico, el jefe de Estado subrayó que “ninguna empresa abusará o chantajeará al país”. El plazo de diez meses otorgado a la refinería venció el 27 de julio.

El director de la Sociedad de Minería, José Miguel Morales, calificó de acertada la decisión del Gobierno y aseguró que la empresa estadounidense desaprovechó un sinnúmero de oportunidades. Informó que los acreedores se reunirán la próxima semana para solicitar una entrevista con el Gobierno y conocer los pasos que se seguirán para el cierre de Doe Run.

La empresa dejó sin empleo a 3,500 trabajadores que serán incluidos en el programa de reconversión laboral. Además, tiene una deuda de US$110 millones con sus proveedores.

RECURSO CUSQUEÑO. En otro momento de su discurso, García reconoció que la regalía por la exportación del gas de Camisea es mucho menor que la que se paga en el mercado local. Confirmó que se renegociará el contrato de garantía con el consorcio operador del proyecto. La fecha anunciada es el 5 de agosto.

El mandatario descartó que ello signifique que se “violente el contrato”, y comentó que la compensación actual es injusta porque implica que el mercado nacional está subsidiando a los consumidores extranjeros.

Anotó que el contrato original fijó el pago de regalías considerando un valor de referencia internacional que, en ese momento, tenía un nivel de entre US$10 y US$12. Sin embargo, esa cotización ha disminuido y ello llevaría a que el pago que hace el exportador al Estado se ubique solo en US$0.27, mientras que en el mercado interno el monto asciende a US$0.59.

“Esta política de renegociación la aplicamos también en diciembre de 2006. En ese entonces se rectificó un gravísimo error del contrato original firmado por el anterior gobierno, por el cual el precio interno hubiera alcanzado hasta US$5 (por cada millón de pies cúbicos)”, recordó.

Al respecto, el expresidente Alejandro Toledo respondió en una entrevista con ATV que tal referencia es un acto de “demagogia que no tiene lugar en un discurso presidencial”. Afirmó que García envía señales confusas cuando habla de renegociación y advirtió que podría ser contraproducente para los inversionistas. “No sé por qué no se lo dijo a Ray Hunt (presidente de Hunt Oil, firma que opera el proyecto de exportación), cuando inauguró la planta en Melchorita”, señaló.

Por su parte, el secretario general de la Central de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán, refirió que el gremio espera que el discurso del presidente García no “sea un nuevo anuncio demagógico y que el gas de Camisea no se exporte y sirva para el desarrollo nacional”.

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“Prohibido pescar en el río”, reza un aviso colocado a la entrada del distrito de Huachocolpa, provincia de Huancavelica. Desde el pasado sábado 26, cuando se produjo el desborde de los relaves de la minera Caudalosa Chica hacia los ríos de la zona, este cartel suena a ironía. El río Totora Pampa, también conocido como Huachocolpa, ya no tiene truchas. Sus afluentes más próximos, Escalera y Opamayo, tampoco. Los desechos tóxicos se han extendido a lo largo del cauce de esos tres ríos, que en total suman 70 kilómetros.

Ayer, en vez de aguas claras, en las que abundaban truchas, que eran el sustento de gran parte de la población local, solo se observaba residuos de color rojizo y plomo a lo largo de los pueblos de los distritos de Huachocolpa (provincia de Huancavelica) y Lircay (Tayacaja). Lo más grave es que Huachocolpa, Escalera y Opamayo van a parar al río Urubamba y al Mantaro. Este último llega al río Amazonas por el Ucayali.

En el asiento minero Caudalosa, el origen del desembalse de los relaves, el escenario es aun más dantesco. El depósito de los relaves es ahora un boquerón, una especie de cráter de 200 metros cuadrados de extensión, por el que salieron todos los desechos tóxicos que en primer lugar alcanzaron el cauce del río Escalera. En este afluente se puede observar que los desechos mineros, una suerte de barro color plomo, alcanzaron hasta los 10 metros de altura.

UN PÉSIMO PRONÓSTICO
En medio de ese paisaje, unos 700 obreros de la minera trabajaban ayer en la limpieza del barro y en reforzar el depósito para evitar nuevos deslizamientos. Para ello, aguas abajo del río Escalera, se empezó la construcción de tres diques que intentarán contener el avance de los desechos.

“Todo ser vivo que haya podido existir en dichos ríos ha tenido que ser destruido por los desechos de minerales que se precipitaron a sus cauces porque estos son altamente tóxicos y contienen toda clase de reactivos químicos (ácidos) que se utilizan en el tratamiento de los concentrados de minerales”, refirió ayer el ingeniero Juan Ospina Núñez, especialista en cuencas hidrográficas y miembro de la Mesa de Diálogo de la Descontaminación del Río Mantaro.

Estimó que los relaves mineros continuarán matando toda la biodiversidad que exista aguas abajo. “La contaminación es total hasta la desembocadura del río Opamayo en el Urubamba”, sostuvo el especialista.

Sin embargo, el ingeniero Salvador Robles, superintendente de la mina Caudalosa, señaló que los desechos derramados no significan ningún peligro para la naturaleza porque no contienen elementos tóxicos ya que en sus operaciones no usan ácidos, como el cianuro.

“El relave es una separación de minerales, como el plomo, zinc, cobre y plata. Lo desechable es el desmonte que en este caso es barro fino y libre de químicos”, dijo Robles.

El gerente de Defensa Civil de la región Huancavelica, Rafael Rojas, manifestó ayer su malestar porque la minera Caudalosa Chica no está cumpliendo con llevar agua y forraje para el ganado de las zonas afectadas por el vertimiento de los relaves.

EN PUNTOS
Comunidades afectadas protestan
Hoy se reunirán en Lircay los pobladores de las comunidades afectadas por el desborde del relave para adoptar las medidas de protesta contra la mina Caudalosa Chica.

La mina Caudalosa fue creada en 1942 por pequeños mineros agrupados por el Banco Minero. Recién en 1989 Caudalosa Chica, con capitales peruanos de propiedad del grupo Raffo, asumió el control de dicho asiento minero.

Las autoridades del Gobierno Regional de Huancavelica, del Ministerio Público y de los ministerios del Ambiente y de Energía y Minas se reunirán hoy en la zona de este nuevo desastre ecológico para determinar la mejor manera de remediarlo.

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(Reuters)

Bruselas (EFE).- . La Comisión Europea (CE) rechazó legislar a nivel europeo la prohibición del uso del burka en lugares públicos pese a las iniciativas que se han promovido en varios países de la Unión Europea como España, Bélgica o Francia.

“No veo la necesidad de legislar el uso del burka a nivel europeo”, afirmó hoy en rueda de prensa la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom.

La pasada semana, el pleno del Senado español aprobó una moción del grupo parlamentario popular que instaba al Gobierno a realizar “las reformas legales y reglamentarias necesarias” para prohibir el uso del velo integral islámico (burka o niqab) en los espacios públicos que no tengan una finalidad estrictamente religiosa.

En Francia, el proyecto de ley para prohibir el velo integral en todos los espacios públicos del país, incluida la calle, pasó hoy sin ninguna oposición un primer trámite parlamentario en la comisión legislativa de la Asamblea Nacional (cámara baja).

La Cámara de Diputados belga aprobó a finales de abril un proyecto de ley para prohibir el uso de estos tipos de velo en todos los lugares públicos, aunque la aprobación en el Senado no llegó debido a la disolución del Parlamento por la convocatoria de las elecciones anticipadas del pasado día 13.

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Diversas autoridades y especialistas coincidieron ayer en rechazar las declaraciones del presidente Alan García, quien dijo -tratando de sobredimensionar la actividad de Sendero Luminoso en San Marcos para bajar el tono al paro del sur por el gas-, que su gobierno ingresará por la fuerza a la referida Universidad en caso ese activismo pase a mayores.

El presidente del Poder judicial, Javier Villa Stein, dijo estar en contra de la intervención de LA PRIMERA Universidad del Perú y la Decana de América y exhortó otra vez al rector sanmarquino, Luis Izquierdo, para tomar las acciones que correspondan a fin de poner orden y no se repitan las acciones del pasado.

“Mucha gente aplaudió la intervención (en el pasado durante el régimen Fujimorista) porque terminó siendo la única manera de poner orden, pero ahora no es necesario que ingrese de afuera cuando se puede poner orden desde adentro y eso le corresponde al rector porque la Universidad es autónoma”, manifestó.

Agregó además que el rector de San Marcos está facultado para llamar al ministerio Público y a la Policía en caso haya algún problema de seguridad y advirtió que una intervención externa podría ser violatoria de la ley y de la autonomía universitaria.

Lourdes
La candidata pepecista a la alcaldía de Lima, Lourdes Flores, dijo estar de acuerdo con poner orden en San Marcos; pero con prudencia y sin recurrir a medidas extremas con la intervención cuando para solucionar los problemas hay ya formas establecidas.

Asimismo señaló estar segura que los sanmarquinos rechazan a los senderistas, lo cual quedó evidenciado cuando el pasado lunes alumnos de la Facultad de Letras impidieron al grupo de supuestos senderistas ingresar a la facultad. “Estoy segura de que los estudiantes de San Marcos están en una causa de paz, progreso y rechazan este tipo de acciones”, aseveró.

Especialistas consultados por este diario dijeron que debe haber una investigación imparcial sobre el caso porque hay, dijeron, una exageración en decir que Sendero ha vuelto a San Marcos, cuando, según testigos, la noche del lunes sólo un grupo de menos de 30 manifestantes gritaron por la amnistía de Abimael Guzmán, ex líder de Sendero Luminoso y consignas a favor de presos senderistas, sin referirse a la lucha armada, que la organización ha abandonado, con excepción de los remanentes que operan en el Vrae y el Alto Huallaga.

Estudiantes sanmarquinos y trabajadores de la Facultad de Sociales consultados por LA PRIMERA indicaron que en la demostración no participaron estudiantes.

Por su parte, el ex ministro de Educación, Javier Sota Nadal, dijo que las autoridades de San Marcos deben restablecer el orden y el control en la casa de estudios.

“Creo que en este momento las actuales autoridades tienen la gran responsabilidad de restituir la autoridad universitaria; si no lo hacen y si fuera cierto que el comedor y la residencia de estudiantes están dominados por grupos violentistas y (las autoridades universitarias) no tomaran acciones y retomaran el control, entonces el presidente de la República y el Congreso tienen capacidades de poder intervenir en el caso de la observancia de un delito”, refirió.

Habla San Marcos
La Universidad San Marcos dijo ayer en un comunicado que la manifestación a favor de la amnistía de Abimael Guzmán “fue realizada por un pequeño grupo de personas, tras la celebración de la conferencia en homenaje a José Carlos Mariátegui a la que habían asistido individuos ajenos a San Marcos”.

El comunicado indica que San Marcos sigue funcionando con normalidad en todas sus facultades. Sin embargo, ayer los alumnos de la Facultad de Economía tomaron el local en rechazo a la elección del decano cercano al rector.

Asimismo en la Facultad de Letras los estudiantes aún no reanudan sus clases, que han paralizado para exigir que renuncie el Tercio Estudiantil, que incumplió sus compromisos en la elección del decano. Estudiantes de Letras informaron que ayer realizaron una manifestación pacífica contra la reelección del decano, Marco Martos, y contra la presencia de Sendero en la Universidad.

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Según testimonios e información de Inteligencia, otro grupo controlado por estudiantes cercanos al grupo terrorista es el Comité de Comensales del Comedor Universitario
Viernes 18 de junio de 2010 – 07:34 am
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Terrorismo, Sendero Luminoso, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Unidad de investigación

Los trapos rojos que portaban medio centenar de manifestantes, en la marcha difundida el lunes pasado para pedir la libertad del cabecilla senderista Abimael Guzmán, fueron confeccionados en el interior de la residencia universitaria que funciona en el campus de San Marcos, entre las avenidas Venezuela y Colonial.

Fuentes de inteligencia de la Policía Nacional e indagaciones realizadas por este Diario determinaron que, días antes de la marcha, cuya fecha no está precisada, allegados al Partido Comunista del Perú agrupados bajo el nombre de Por el Luminoso Sendero de José Carlos Mariátegui acumularon en la vivienda estudiantil trapos rojos, pintura amarilla y papel satinado amarillo, con los que realizaron su acto proselitista en el pabellón de la Facultad de Ciencias Sociales.

SIN CONTROL
Dichos implementos fueron introducidos en sus mochilas, como parte de una operación hormiga, sin que los vigilantes de las diversas puertas del campus universitario se percataran de ello. Se conoce que los agentes raras veces piden documentos de identificación a los que ingresan y no revisan los maletines ni las mochilas.

El poco o nulo celo de los vigilantes apostados en las puertas se evidencia desde hace varios años, en que fueron incorporados a la planilla de la universidad. Antes habían pertenecido a una empresa privada de seguridad que se hacía responsable de lo que adentro pudiese ocurrir.

Actualmente, los agentes pertenecen al denominado Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Marcos (Sitrausm) y mantienen una relación amical con los integrantes de otros sindicatos de trabajadores y organizaciones gremiales de alumnos.

En el interior de la vivienda universitaria la vigilancia la ejerce un grupo de residentes, integrantes de un denominado comité de seguridad, que son los que controlan quiénes ingresan o salen de dicho edificio, el cual está muy cerca de las sedes de la Facultad de Educación y de la Biblioteca Central.

En los diferentes pasadizos se percibe un ambiente tenso que impide la toma de fotografías de los diferentes actos en los que participan los estudiantes.

Según nuestras fuentes, la mayor parte de las acciones y actividades senderistas, como la difundida el lunes pasado, se programa en la residencia universitaria. Hace un mes, dicho lugar fue invadido por varios sujetos cercanos a Sendero, quienes tomaron el control de ese edificio en desmedro de otros pocos estudiantes que legalmente estaban instalados allí.

Se calcula que son unas 120 personas las que habitan en la residencia universitaria, de las cuales no más de 20 cumplen los requisitos para vivir allí, por ser de provincias, tener pocos recursos económicos y haber acreditado buenas notas en sus estudios. Los demás no reúnen estas exigencias, están altamente politizados e incluso hay foráneos.

Se ha podido identificar a por lo menos una docena de activistas prosenderistas que radican en la mencionada vivienda estudiantil, desde la cual se desplazan a otros lugares estratégicos (como el comedor estudiantil) para realizar sus labores de propaganda.

IDENTIFICADOS
Aunque se cuenta con las identidades, estas se mantendrán en reserva hasta acumular todas las pruebas legales de su accionar prosenderista. Ellos son estudiantes de las facultades de Sociología, Derecho, Educación, Economía, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecánica de Fluidos, Psicología y Contabilidad, además de algunos egresados.

Estas personas —según las fuentes consultadas— están infiltradas en supuestos grupos de estudio, como el denominado Círculo de Estudios Ocho de Enero, que organizó el conversatorio José Carlos Mariátegui y la Realidad Peruana, en el auditorio Jorge Eugenio Castañeda de la Facultad de Derecho, al que fue invitado Manuel Fajardo, ex abogado de Abimael Guzmán.

Asimismo, existen otras organizaciones que también promueven conversatorios, conferencias, charlas, exposiciones y debates de contenido ideológico, en los que se evidencian posiciones a favor de Sendero Luminoso.

En el homenaje por el aniversario 116 del natalicio de José Carlos Mariátegui varios grupos se unieron para promover el ciclo Conferencias Polémicas, bajo el auspicio de la Universidad Socialista José Carlos Mariátegui, Círculo Siete de Octubre, Movimiento José María Arguedas, Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y Colectivo Los Amautas, entre otros.

NADIE PONE ORDEN EN EL COMEDOR
El denominado Comité de Comensales del Comedor Universitario es otro de los focos controlados por estudiantes cercanos a Sendero Luminoso.

Sus dirigentes hacen y deshacen en el interior de ese local. Por ejemplo, cada vez que se les ocurre cierran las puertas o instalan megáfonos para exponer supuestas reivindicaciones estudiantiles.

En la puerta principal suelen colgar banderolas alusivas a actividades políticas o seudoculturales. Actualmente hay una que convoca a una serie de actos por el natalicio de Mariátegui.

Los dirigentes de este comité son los mismos que controlan la residencia universitaria. Se los ve todos los días en las largas colas de alumnos que se forman desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

Otro grupo, que algunos consideran afín a este comité, toca música andina o vernacular. Son los sikuris, integrados por intérpretes de zampoñas y tambores.

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El ministro del Ambiente, Antonio Brack, denunció que más de 18 mil hectáreas de bosque han desaparecido y alimentos para el consumo humano como el pescado están contaminados

Domingo 04 de abril de 2010 – 08:51 pm
(Andina / elcomercio.pe).- El ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, denunció que durante ocho meses de estudios, su portafolio logró determinar que el impacto de la minera informal en la naturaleza y en la salud de la población del departamento de Madre de Dios es de extrema preocupación.

El titular del Ambiente mencionó, por ejemplo, que el pescado que se comercializa en el mercado de Puerto Maldonado tiene hasta tres veces más contenido de mercurio de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el consumo humano.

Brack informó, igualmente, que más de 18 mil hectáreas de bosque han desaparecido totalmente y que otras 400 mil hectáreas están al borde de la desaparición.

Precisó que la actividad minera que se practica en muchos relaves de Madre de Dios ya dejó de ser considerada minería artesanal, ya que existen dragas que están valoradas en más de medio millón de dólares.

“Esa no es ni pequeña ni minería artesanal. Eso es minería grande camuflada en pequeña minería, y estas dragas generan la destrucción del ecosistema de los ríos, impiden la reproducción de los peces y echan el mercurio y desechos a los ríos”, aseveró.

Destacó que existen seis asociaciones de mineros de Madre de Dios que apoyan el Decreto de Urgencia promulgado por el gobierno sobre la minería en ese departamento y desean su formalización.

Señaló que lo único que se pretende es que se formalice esta minería para trabajar juntos en un proceso para “controlar la contaminación ambiental”.

Aclaró que dicho decreto de urgencia no busca quitarle los derechos mineros a nadie en esa zona, sino que está dirigido a formalizar una serie de obligaciones como el pago de impuestos, la aprobación de licencia ambiental, licencia social y restituir el paisaje de la zona una vez concluida la actividad minera.

De otro lado, Brack dijo que se ha logrado identificar a través de un video a las congresistas del Partido Nacionalista, Yaneth Cajahuanca y Susana Vilca, incitando al desorden a los trabajadores mineros, y llamando a rechazar el decreto de urgencia.

ACUSAN A DIRIGENTES MINEROS DE AZUZAR PROTESTAS
A su turno, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, denunció la existencia un sector de dirigentes mineros que están aprovechando la coyuntura para ampliar la protesta a otras zonas distintas a Madre de Dios, pese a que el decreto de urgencia busca formalizar la minería artesanal en dicho departamento.

“Son motivaciones que buscan levantar el trabajo que viene realizando algunos dirigentes azuzados por otra gente”, anotó.

Pedro Sánchez recalcó que desde marzo del año paso, el Ministerio de Energía y Minas suspendió el otorgamiento de concesiones mineras en Madre de Dios por un periodo de dos años.

“Esto ha permitido establecer las condiciones bajo las cuales se puede operar legalmente. El decreto de urgencia lo que hace también es establecer un área donde se puede trabajar sujeto al cumplimiento de las normas ambientales y de todos los requisitos que requiere la ley”, subrayó.

El ministro Sánchez aclaró que la pequeña minería y la minería artesanal están a cargo de los gobiernos regionales, a los que el Ministerio de Energía y Minas viene apoyando con un trabajo sostenido y eficaz en los procesos de formalización.

“Dentro de esa línea de trabajo, hemos establecido una oficina en Piura y otra en Madre de Dios, que vienen trabajando intensamente en este proceso”, expresó.

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Deberán ser reincorporados en las empresas del Estado correspondientes a más tardar el miércoles.

El Ejecutivo reubicará a 453 trabajadores cesados irregularmente por el gobierno de Alberto Fujimori en 83 entidades y empresas públicas, la misma que deberá hacerse efectiva en los siguientes tres días hábiles.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó sobre la culminación del proceso de implementación y ejecución de la reubicación de los ex trabajadores estatales cesados irregularmente durante la década del 90.

En la Resolución Ministerial 089-2010-TR se establece que los ex trabajadores beneficiarios deben ser incorporados en las empresas del Estado y entidades públicas correspondientes, dentro de los tres días hábiles posteriores a la presente publicación.

Estos ex trabajadores corresponden a la cuarta lista de ceses colectivos.

Anteriormente, en diciembre del 2008, el gobierno reubicó a 845 trabajadores cesados irregularmente en 61 entidades y empresas públicas, pertenecientes a las tres listas de ceses colectivos, que buscaban el beneficio de la reincorporación laboral.

La Dirección Nacional de Promoción del Empleo y Formación Profesional culminó recientemente con la etapa de calificación del proceso de reubicación general proponiendo la lista de ex trabajadores que deben ser reubicados por haber cumplido con el perfil requerido.

De esta forma, se publicó la relación de ex trabajadores que han alcanzado plaza presupuestada vacante, de acuerdo al proceso de reubicación general.

Son 453 el total de ex trabajadores reubicados en el marco de la Ley 27803, referida a la revisión de los ceses colectivos efectuados durante el gobierno de Fujimori.

El ministerio informó que en su página web (www.mintra.gob.pe) se puede visualizar el informe final del proceso de implementación y ejecución de los beneficios creados por la Ley 27803 sobre

La mayor cantidad de reubicaciones se realizará en EsSalud, donde se incorporará a 36 ex trabajadores.

También se realizarán reubicaciones en el Banco de la Nación, Editora Perú, Defensoría del Pueblo, Electro Norte, Electro Sur Este, Electro Perú y en la Empresa de Generación Eléctrica del Sur (Egesur).

Además en los Gobiernos Regionales de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Madre de Dios, Junín, Ica, Huánuco, San Martín, Ucayali y Pasco.

Asimismo en el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Instituto Nacional de Cultura (INC) e Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA).

Los ex trabajadores se reubicarán también en los ministerios de Agricultura, de Economía y Finanzas, de Energía y Minas, de Justicia, de la Mujer y Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores, de Transportes y Comunicaciones, de Vivienda, Construcción, y Saneamiento, de Comercio Exterior y Turismo y en el Ministerio Público.

Los ex trabajadores también serán reubicados en Petróleos del Perú (Petroperú), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

Finalmente, en las universidades La Molina, Villarreal, Nacional Mayor de San Marcos, entre otras entidades y empresas públicas.

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Enrique Cornejo dijo que la regulación de esa actividad depende exclusivamente del Ministerio de Transportes.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, presentó una demanda de conflicto de competencia contra el Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional (TC), a fin de determinar la regulación del ingreso de vehículos usados al país.

En declaraciones a la prensa, Cornejo reiteró que dicha competencia depende exclusivamente de su portafolio.

Detalló que también se planteó una demanda de inconstitucionalidad en contra de ordenanzas municipales emitidas por las comunas de Cajatambo, Yauyos y Canta que declaran la inaplicabilidad de la Ley Nº 28325, que regula el traslado de las inscripciones de vehículos menores y su acervo documentario de las municipalidades a la Sunarp.

“El Poder Judicial ha venido considerando diversas solicitudes de medidas cautelares, dentro de sendos procesos constitucionales de amparo, dictando mandatos de suspensión de normas regulatorias y permitiendo así el ingreso al país de vehículos y autopartes usados que exceden la antigüedad normada, lo cual se convierte en un atentado contra la seguridad vial del país”, afirmó.

Fuente: Gestión

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