Por Ítalo Sifuentes Alemán

En los testimonios de los ocho ‘chuponeadores’ brindados al Ministerio Público y la Dirección Antidrogas (Dirandro) siguen apareciendo nuevos hechos vinculados a esta ilícita actividad realizada por marinos, ex marinos y civiles a través de Business Track (BTR), empresa que habría servido para interceptar las conversaciones telefónicas de varios personajes, entre ellos el ex ministro aprista Rómulo León Alegría y el ex directivo de Perú-Petro, Alberto Quimper.

Uno de los nuevos hechos descubiertos está referido a la sustracción de diagramas de redes telefónicas de la empresa Telefónica del Perú a cargo del ex marino Carlos Tomasio de Lambarri, quien confesó que “extrajo esta documentación de la Dirección de Inteligencia Naval” y que esta forma parte de su archivo junto con equipos tecnológicos para el ‘chuponeo’.

Fuentes de Telefónica del Perú explicaron que los diagramas de redes telefónicas permiten conocer cómo se hace una llamada de números fijos y celulares, información que manejan los expertos en telecomunicaciones.

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El magistrado Hugo Molina Ordóñez escuchó ayer los argumentos de la parte acusadora y de la defensa del general (r) PNP Luis Sánchez Arias, y en los próximos días deberá emitir su voto dirimente en torno a la presunta responsabilidad de este último en el incendio de Mesa Redonda, ocurrido el 29 de diciembre del 2001 y que cobró 290 vidas.

Sánchez era entonces jefe de la Séptima Región Policial y, antes del siniestro, ordenó la disminución de la dotación de agentes en el emporio comercial.

El vocal Molina dará el voto en el caso de Sánchez luego de que, en la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, los magistrados Héctor Rojas, Carlos Zecenarro y Ricardo Vinatea se inclinaran por ratificar la condena al ex policía, y que sus colegas Duberli Apolinar, Martín Santos y Jorge Calderón optaran por absolverlo.

En el Palacio de Justicia, Molina oyó los alegatos de César Nakazaki, abogado de los deudos, quien cuestionó la disminución de policías en las fiestas de fin de año en una zona de venta de pirotécnicos. Por su parte, la defensa de Sánchez sostuvo que ello fue una decisión regular en el marco de sus funciones. También intervino la procuraduría policial.

Ya fue condenado
En octubre del 2007, la Quinta Sala Penal para Reos Libres condenó a Sánchez a cuatro años de cárcel por el caso de Mesa Redonda. El sentenciado apeló a la Corte Suprema.

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El ministerio de Relaciones Exteriores autorizó hoy al embajador del Perú en Estados Unidos contratar los servicios especializados de asesoría legal internacional para defender los intereses del Estado peruano en el juicio que sigue España contra la empresa estadounidense Odyssev Marine Exploration por la propiedad de bienes hallados en un galeón español hundido en los tiempos de la colonia en el Océano Atlántico.

Según una resolución suprema publicada en el diario oficial “El Peruano” la contratación de asesoría legal, peritos y demás profesionales necesarios durante el proceso, se efectuará mediante el sistema de honorarios de éxito.
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El Ejecutivo sugirió al Congreso realizar precisiones a la propuesta de modificatoria del artículo 162 del Código Penal, que sanciona la interceptación de las comunicaciones, para evitar que se interprete erróneamente como una amenaza a la libertad de prensa.
Así lo reveló ayer la ministra de Justicia, Rosario Fernández, tras referir que la preocupación de los periodistas ha sido atendida por el Ejecutivo, que el Consejo de Ministros analizó el texto de la propuesta enviada al Congreso y que de inmediato está enviando al Parlamento algunas sugerencias para su debate.
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Concluyó ayer la exposición del alegato final del Ministerio Público, representado por el fiscal supremo titular, José Peláez, en el juicio que se le sigue al ex presidente Alberto Fujimori, por los supuestos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro.
En su última intervención, el magistrado reiteró su solicitud de imponer al ex mandatario 30 años de prisión por ejercer el máximo poder dentro de la estructura de la organización criminal formada para combatir el terrorismo con “métodos de guerra sucia”. » Leer más …

La creación de una oficina de análisis procesal para identificar las causas de la dilación de los juicios, a fin de evitar casos como la excarcelación de dos agentes del grupo Colina y los actos vandálicos en el Santuario Histórico del Bosque de Pómac, anunció ayer el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein. » Leer más …