Fiscal pide 30 años de prisión

Concluyó ayer la exposición del alegato final del Ministerio Público, representado por el fiscal supremo titular, José Peláez, en el juicio que se le sigue al ex presidente Alberto Fujimori, por los supuestos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro.
En su última intervención, el magistrado reiteró su solicitud de imponer al ex mandatario 30 años de prisión por ejercer el máximo poder dentro de la estructura de la organización criminal formada para combatir el terrorismo con “métodos de guerra sucia”.Peláez manifestó que los delitos que se le imputan a Fujimori revisten suma gravedad, y que no existe ninguna circunstancia legal que podría considerarse atenuante a favor suyo.
A su criterio, existen circunstancias que sustentan que la pena deba agravarse de manera proporcional al daño causado.
Asimismo, demandó al tribunal ratificar el pago de la reparación civil de 100 millones de nuevos soles a favor de los agraviados de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y 300 mil nuevos soles al periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Dyer.

Autor de secuestros
Al respecto, el fiscal afirmó que Fujimori, junto a Vladimiro Montesinos, planificó y ordenó los secuestros de ambos personajes en 1992 por parte de personal del SIN y de la Policía.
Peláez sostuvo que tener a su disposición agentes militares y policiales para que cumplieran acciones ilícitas evidencia que Fujimori encabezó un “aparato organizado de poder, debidamente estructurado y jerarquizado”.

Causas del “autogolpe” de 1992
Peláez explicó la tesis del Ministerio Público respecto a las causas que determinaron el “autogolpe” de Estado del 5 de abril de 1992, a partir del cual –dijo– se consolidó el aparato de poder creado para combatir a la subversión con métodos de “guerra sucia”.

El origen fue la negativa del Congreso para aprobar las leyes del Sistema de Defensa Nacional y del Sistema de Inteligencia Nacional, porque rebasaban el ámbito de las facultades otorgadas al Ejecutivo en 1991, señaló.
Además, se tomó en cuenta la denuncia que hizo la ex primera dama de la Nación Susana Higuchi respecto al mal uso que la familia de Alberto Fujimori hacía de donaciones provenientes del Japón.

Pasos previos
1 El fiscal mencionó como una de las causas que desencadenaron el “autogolpe” de Estado al crimen de Barrios Altos, recordando que se atribuía su autoría a elementos militares.

2 Recordó, además, que en las semanas previas al autogolpe de Estado, Fujimori y algunos de sus ministros emprendieron una campaña de desprestigio contra el Congreso, el PJ, el TC, la Contraloría, el MP y otras instituciones, para justificar su intervención.

3 También hizo una argumentación jurídica de los delitos por los que, desde la perspectiva de la Fiscalía, debe ser sancionado el ex mandatario. Estos son homicidio calificado, lesiones graves y secuestro.

Fuente: El Peruano

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