¿Qué pensamos de los Decretos de Urgencia?

En relación a los Decretos de Urgencia 001 y 002 publicados recientemente por el gobierno queremos plantear tres variables de análisis: la de los conflictos sociales, la de la gestión ambiental y finalmente de la promoción de la participación ciudadana.

Desde la óptica de la prevención de conflictos sociales, los Decretos de Urgencia, constituyen una incompatibilidad potencial que ha sido percibida por diversos sectores que se han pronunciado respaldando o criticando dichos decretos – con fundamentos de desarrollo y atracción de inversiones los primeros y más bien por consideraciones ambientales y de participación ciudadana los segundos – y como tal podríamos estar en la etapa inicial de un conflicto, si lo entendemos como un proceso. Si bien no estamos ante una crisis, ya que aún no se ha materializado los alcances de los Decretos en un proyecto determinado y por ende no hay una población directa y explícitamente afectada, sin embargo es en el orden de la prevención de conflictos que tenemos una gran oportunidad, especialmente el Consejo de Ministros que debe revisar exhaustivamente estos Decretos. Nos preocupa en especial el caso de las nuevas centrales hidroeléctricas.

Por otro lado, desde la institucionalidad ambiental cuyas bases se quiere fortalecer en nuestro país, los Decretos de Urgencia definitivamente no están encaminados en ese objetivo. Se critica al Estudio de Impacto Ambiental por ser lentos, engorrosos, que entorpecen el normal desarrollo de un Proyecto, sin embargo no porque el procedimiento de aplicación de la herramienta no sea el mejor debamos eliminar la herramienta, lo que está detrás del EIA es lograr una certificación ambiental de un proyecto, es decir cumplir con las aristas del desarrollo sostenible: ambiental, social y económico. Sea el Estudio de Impacto Ambiental u otro instrumento de gestión ambiental, lo que no podemos es simplemente plantearlo como un procedimiento secundario y posterior a la definición económica y técnica del Proyecto, cuando debe acompañar al mismo.

Nuestra tercera reflexión está en relación al proceso de participación ciudadana. El Gobierno debe tener en cuenta la sensibilidad de la población, especialmente de las Comunidades Campesinas y Nativas. Estos actores recurrentes en los proyectos de inversión, esperan ser informados debida y adecuadamente sobre las obras, proyectos o actividades que se realizará en sus territorios y en los cuales muchas veces ellos no tienen margen de decisión sobre si se lleva a cabo o no el proyecto. Desde el 2008 el MINEM han trabajado normas de participación ciudadana y también lo ha hecho el MINAM con el D.S. 002-MINAM-2009, lo que evidencia el esfuerzo de agencias del gobierno que buscan promover y fortalecer la participación ciudadana como respuesta ante las incertidumbres y anticiparse a reclamos sociales de las comunidades. Sin embargo, esta intención se ve mellada por la dación de los Decretos de Urgencia, que de manera indirecta están debilitando estas posibilidades de participación efectiva de la ciudadanía.

Finalmente, debe entenderse que efectivamente debe promoverse la inversión, debe agilizarse el proceso de otorgamiento de permisos, autorizaciones y concesiones, pero el que se agilice no debe significar el alterar la institucionalidad ambiental o limitar la participación ciudadana, en ese sentido la alternativa del Estado debería ser, antes de alterar procedimientos, más bien fortalecer la institucionalidad con canales de información, mecanismos de sensibilización y de respeto a la opinión ciudadana, de tal forma que cualquier conflicto socioambiental pueda ser prevenido o encausado en espacios formales y no en la violencia o en la confrontación.