En relación a los Decretos de Urgencia 001 y 002 publicados recientemente por el gobierno queremos plantear tres variables de análisis: la de los conflictos sociales, la de la gestión ambiental y finalmente de la promoción de la participación ciudadana.

Desde la óptica de la prevención de conflictos sociales, los Decretos de Urgencia, constituyen una incompatibilidad potencial que ha sido percibida por diversos sectores que se han pronunciado respaldando o criticando dichos decretos – con fundamentos de desarrollo y atracción de inversiones los primeros y más bien por consideraciones ambientales y de participación ciudadana los segundos – y como tal podríamos estar en la etapa inicial de un conflicto, si lo entendemos como un proceso. Si bien no estamos ante una crisis, ya que aún no se ha materializado los alcances de los Decretos en un proyecto determinado y por ende no hay una población directa y explícitamente afectada, sin embargo es en el orden de la prevención de conflictos que tenemos una gran oportunidad, especialmente el Consejo de Ministros que debe revisar exhaustivamente estos Decretos. Nos preocupa en especial el caso de las nuevas centrales hidroeléctricas.