El Perú es el quinto país de América Latina y el Caribe con mayor número de casos diagnosticados de Covid-19; y ocupa también el quinto puesto en cuanto a decesos, pero el indeseado segundo lugar después de México en fallecidos por cada 100 mil habitantes (México 151, Perú 149). Este último dato refleja mejor cómo estamos en la región, y expresa, asimismo, cómo responden los servicios de salud públicos y privados ante la pandemia.

El reporte del BID al 11 de marzo (última actualización al momento de escribir esta columna), da cuenta que los casos confirmados en América Latina y el Caribe representan el 18.9% del total, con una tasa de 113 muertos por cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio mundial de 35. (Más detalles aquí: https://bit.ly/38EE2Nj).

La Comisión Económica para América Latina precisa que, a diciembre de 2020, el 18.6% de los contagios y el 27.8% de las muertes por Covid-19 se concentraban en esta región, a pesar que apenas el 8.4% de la población mundial vivía en esta parte del mundo (CEPAL, marzo 2021).

La desigualdad, desprotección social, pobreza, vulnerabilidad e informalidad laboral son los elementos estructurales que agravan el impacto del nuevo coronavirus al sur del río Grande, en países donde los sistemas de salud son precarios y frágiles, el acceso a los servicios de agua y saneamiento están restringidos, limitados o simplemente no existen, y donde la vivienda saludable es una utopía para los más pobres.

A pesar de las medidas de contención y de protección social ante la emergencia adoptadas por los gobiernos latinoamericanos, que han incluido -como en Perú- la entrega de subsidios temporales, la pobreza extrema subiría a 12,5% y la pobreza total treparía a 33,7% como promedio regional. Tendríamos entonces -siempre a diciembre de 2020- 209 millones de pobres (22 millones más que el año previo), de los cuales 78 millones de personas se encontrarían en condición de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.

¿Qué hacer? La respuesta no es fácil. El grado de incertidumbre es extremadamente alto si consideramos además los efectos sociales y económicos de la pandemia en el 2021 y el lento proceso de vacunación en el hemisferio sur. Economistas y políticos como nunca antes son más cautos a la hora de proponer alternativas o una hoja de ruta. Pero cuidado (y ahora sí pisamos tierra adentro), en el Perú tenemos otro problema, un proceso electoral en condiciones de emergencia sanitaria que lamentablemente no ha facilitado una mayor participación ciudadana ni un necesario, amplio y profundo debate político.