Nos acercamos al tramo final de una carrera electoral atípica, sobre una ruta con sobresaltos por las olas devastadoras de la pandemia y agujereada de baches por la crisis política, pero con la esperanza de cerrar una cruda etapa e iniciar otra mejor para el Perú y sus habitantes, aunque las dudas y el desaliento nos asalten cada mañana.

No hay mucho para elegir, el menú está medio raquítico y servido. Son los platos disponibles que esta sociedad fragmentada -caótica a veces- ha producido para el año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del inicio de la segunda década del siglo 21. Restan sólo quince días para votar o botar, eso lo decidimos los electores.

Todavía desconocemos la dimensión real que tomará la expansión del Covid-19, pero sus impactos en la salud, empleo e ingresos, producción, alimentación y educación, son ya devastadores en el mundo y en el Perú sus efectos son aún mayores, entre otras razones, por la debilidad de la infraestructura y los servicios públicos, la limitada capacidad productiva y la baja productividad del país, la pobreza, y la desigualdad estructural.

Ante ello las políticas sociales del Estado, como nunca antes, tienen hoy el enorme desafío de fortalecer los sistemas de protección social, ampliar la estructura de oportunidades económicas que ofrecen los programas y proyectos productivos, y articular ambos servicios para favorecer el tránsito de la población vulnerable y en pobreza hacia espacios más sostenibles para el desarrollo familiar y comunitario. A todas luces, no bastará. El hambre no está tocando la puerta de los hogares más pobres, ha ingresado ya a la vida cotidiana de miles de peruanos, afectando sus capacidades humanas en un escenario con puertas muy estrechas para salir de él.

La estrategia Hambre Cero, lanzada en enero pasado para la lucha “contra la inseguridad alimentaria de manera focalizada, diferenciada y gradual”, es una de las primeras respuestas de emergencia del gobierno de Francisco Sagasti. A sus tres componentes (desarrollo productivo, apoyo alimentario y articulación territorial) deben sumarse los gobiernos regionales y locales, pero estos necesitan desprenderse de prácticas y vicios que por largos años menoscaban programas como el Vaso de Leche y Comedores Populares, los cuales requieren reinventarse para recuperarlos de la ineficiencia, la filtración y del clientelismo político.

Estas y otras urgencias configuran el camino hacia el domingo 11 de abril, se insertarán ineludiblemente en la agenda del nuevo gobierno, y delinearán su perfil y su carácter.

La pandemia del coronavirus y su impacto en la salud y la vida de los peruanos, se ha manifestado en diferente grado en todas las regiones del mundo, pero con muchas divergencias dentro de países como el nuestro.

Hay cuatro indicadores relevantes de las secuelas del Covid-19 que nos acompañan en el dolor, la tragedia familiar y en la enorme incertidumbre sobre el futuro. Estos son el empleo y el ingreso, la seguridad alimentaria, el acceso a la salud, y la conectividad digital.

Tres encuestas realizadas por el Banco Mundial en el Perú (uno de los 13 países de América Latina y el Caribe en donde se llevó a cabo el estudio) a inicios del segundo semestre del año último muestran las tendencias: los trabajadores asalariados y con altos niveles de educación pudieron mantener sus empleos mucho más que los no asalariados y los de baja calificación, pero además fueron los hombres en comparación con las mujeres quienes tuvieron mayores oportunidades para conservarlos (74% y 53%, respectivamente). Perú lidera en América Latina la caída del empleo (casi 30%, por encima de Bolivia y Colombia), y debe considerarse que la opción del teletrabajo es el factor crítico para la preservación de la plaza laboral en este escenario de crisis.

En el mismo periodo, el 80% de los hogares encuestados reportaron una caída significativa del ingreso familiar, y en uno de cada cinco hogares alguno de sus integrantes adultos se saltó una de las comidas del día en el último mes. Por otro lado, en uno de cada cuatro hogares alguno de sus miembros no pudo tomar una consulta médica. Y el 34% de los hogares con miembros en edad escolar no tuvieron opción de acceder a los servicios educativos a distancia del Ministerio de Educación por falta de conectividad (Véase el resumen aquí: https://bit.ly/3qVJ52d).

La forma que ha tomado la crisis más allá de la esfera de la salud, ha puesto sobre la mesa un asunto crucial: la desigualdad estructural del que pocos quieren hablar y muchos buscan eludir; sobre todo porque supone un cuestionamiento al modelo del crecimiento económico y de desarrollo en el país y la región.

El problema de la desigualdad no es el largo y dificultoso camino de alcanzar el nivel socioeconómico de aquellos que disfrutan del bienestar, sino más bien la barrera que impone sobre las personas más vulnerables, el desequilibrio de las oportunidades que bloquean los cambios que el Perú necesita, y las élites políticas y económicas que se resisten a la construcción de un país más justo, equitativo y solidario.

El Perú es el quinto país de América Latina y el Caribe con mayor número de casos diagnosticados de Covid-19; y ocupa también el quinto puesto en cuanto a decesos, pero el indeseado segundo lugar después de México en fallecidos por cada 100 mil habitantes (México 151, Perú 149). Este último dato refleja mejor cómo estamos en la región, y expresa, asimismo, cómo responden los servicios de salud públicos y privados ante la pandemia.

El reporte del BID al 11 de marzo (última actualización al momento de escribir esta columna), da cuenta que los casos confirmados en América Latina y el Caribe representan el 18.9% del total, con una tasa de 113 muertos por cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio mundial de 35. (Más detalles aquí: https://bit.ly/38EE2Nj).

La Comisión Económica para América Latina precisa que, a diciembre de 2020, el 18.6% de los contagios y el 27.8% de las muertes por Covid-19 se concentraban en esta región, a pesar que apenas el 8.4% de la población mundial vivía en esta parte del mundo (CEPAL, marzo 2021).

La desigualdad, desprotección social, pobreza, vulnerabilidad e informalidad laboral son los elementos estructurales que agravan el impacto del nuevo coronavirus al sur del río Grande, en países donde los sistemas de salud son precarios y frágiles, el acceso a los servicios de agua y saneamiento están restringidos, limitados o simplemente no existen, y donde la vivienda saludable es una utopía para los más pobres.

A pesar de las medidas de contención y de protección social ante la emergencia adoptadas por los gobiernos latinoamericanos, que han incluido -como en Perú- la entrega de subsidios temporales, la pobreza extrema subiría a 12,5% y la pobreza total treparía a 33,7% como promedio regional. Tendríamos entonces -siempre a diciembre de 2020- 209 millones de pobres (22 millones más que el año previo), de los cuales 78 millones de personas se encontrarían en condición de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.

¿Qué hacer? La respuesta no es fácil. El grado de incertidumbre es extremadamente alto si consideramos además los efectos sociales y económicos de la pandemia en el 2021 y el lento proceso de vacunación en el hemisferio sur. Economistas y políticos como nunca antes son más cautos a la hora de proponer alternativas o una hoja de ruta. Pero cuidado (y ahora sí pisamos tierra adentro), en el Perú tenemos otro problema, un proceso electoral en condiciones de emergencia sanitaria que lamentablemente no ha facilitado una mayor participación ciudadana ni un necesario, amplio y profundo debate político.

Sólo el 8.6% de los 3,184 centros poblados del departamento de Arequipa cuenta con acceso al paquete completo de servicios básicos: agua, saneamiento, electricidad e internet. Apenas el 36.4% tenía energía eléctrica; 25,8% agua potable (823 localidades); y sólo un 18.4% servicios de saneamiento (586), según el Censo Nacional 2017 del INEI.

La encuesta de diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural realizada por el Ministerio de Vivienda, actualizado a febrero de 2018, muestra que sólo el 5.7% de las viviendas de centros poblados rurales tenían sistemas de agua potable y apenas el 1,8% contaban con sistemas funcionando de manera normal o regular.

Desde otra perspectiva, el 33.9% de niños y niñas entre los 6 y 35 meses de edad padecían anemia en la región Arequipa, y aunque la cifra está por debajo del promedio nacional (40.1% según la ENAHO 2019), no cabe duda que la situación de salud es grave en ese segmento poblacional.

Las cifras dan cuenta que tenemos una pobreza monetaria total de 6.0% (20.2% como promedio nacional), y una pobreza extrema de 0.4%, con una condición de vulnerabilidad de 36.3% (ENAHO 2019 y 2018). Es decir, de acuerdo a estos datos la situación de la región no es tan crítica como en otros territorios. Esto es verdad, pero cuidado, los promedios ocultan las diferencias.

Mirar cómo vamos por dentro nos acerca mejor a la realidad. Un ejemplo. Puyca en La Unión y Tisco en Caylloma, encabezan la lista de los distritos más pobres con un 52.2% y 47.8%, respectivamente (Mapa de Pobreza 2018).

Hoy a un año del inicio la pandemia del Covid-19, los datos se han movido de una manera dramática.  De acuerdo a últimos estudios disponibles y sus proyecciones, la pobreza monetaria total en el país habría crecido de 20.2% en el 2019 a 30.3% al cierre del 2020. El caso de niñas, niños y adolescentes de zonas rurales es alarmante, trepó de 48.3% a 62.3% (UNICEF Perú, Reporte Técnico, octubre 2020). Los números expresan sólo el lado frío y crudo de la realidad, y los promedios matemáticos ocultan las brechas de la desigualdad y exclusión.

Pero el drama del hambre de quienes se quedaron sin empleo, el dolor de quienes perdimos familiares y amigos, la angustia sobre el futuro de los hijos, no aparecen en los cuadros estadísticos; tampoco la solidaridad y la esperanza de los sobrevivientes.