El fujimorismo –tanto el abierto como el encubierto– ha defendido la decisión del Congreso y del gobierno de PPK de declarar héroes de la democracia a los comandos a cargo de la Operación Chavín de Huántar, que hace 20 años rescató con vida a 72 rehenes tomados por el MRTA, aunque uno de ellos falleció luego a consecuencia de una herida.

Unos 500 rehenes habían sido tomados cuatro meses antes por 14 terroristas en la residencia del embajador de Japón, pero la mayoría fue liberada de inmediato y el número de rehenes se redujo a 72. A cambio de su liberación, el MRTA pedía que se pusiera en libertad a los miembros de su organización que se encontraban en prisión. Nunca supe si dijeron qué harían si el gobierno no aceptaba sus exigencias, pero –si lo hicieron– resulta ahora claro que luego no tendrían el estómago para llevar adelante sus amenazas con más violencia de la que ya habían perpetrado.

La negativa de Alberto Fujimori de cumplir con las exigencias del MRTA, y la renuencia de los secuestradores a cometer más violencia, llevó a un entrampamiento de la situación y a la formación de una comisión negociadora del gobierno. De forma paralela a las negociaciones, el gobierno preparó la operación en la que murieron dos de 148 comandos, uno de 72 rehenes y catorce de 14 terroristas. Esos resultados no pueden presentarse simplemente como evidencia de la calidad profesional de quienes diseñaron y de quienes ejecutaron la operación, sino que sugieren también la ejecución de heridos que se habrían rendido, esperando no la venganza, sino la misericordia de sus captores.

Lo que ahora nadie parece recordar es que, luego de la operación, Fujimori apareció en la televisión, paseando solo –él solo– entre los muertos, con botas militares, como inspeccionando los cadáveres, con cámaras apuntándolo desde abajo. Era obvio que se trataba de una escena preparada de propaganda política, con la cual el dictador estaba enviando un mensaje a sus detractores (“vean lo que les puede pasar si siguen metiéndose conmigo”) y a las masas (“yo soy el único que puede derrotar al terrorismo”).

La operación, entonces, sirvió de base a una de las “campañas psicosociales” del gobierno de Fujimori –preparadas por el mismo dictador, su asesor Vladimiro Montesinos y el psiquiatra Segisfredo Luza– del tipo que son comentadas por Stucchi y Ladd.

La justicia peruana mostró después lo que era capaz de hacer Fujimori, y lo condenó a 25 años de prisión, no por corrupto sino por mandar a matar gente usando para ello bandas para-militares. Eso es terrorismo de Estado, y convierte a Fujimori en terrorista (y de los que no arriesgan su vida).

El hecho que la operación fuera uno de los mayores éxitos políticos de Fujimori, y la alta probabilidad de que se haya ejecutado heridos, debería ser suficiente para poner en duda la sensatez de la decisión del Congreso. Pero toda duda desaparece, y la estupidez y la perversión resultan innegables si nos damos cuenta que con su decisión de declararlos héroes, el Congreso está poniendo a los comandos al lado de Grau y Bolognesi, que pelearon por su patria y no por órdenes de un dictador. Y lo hicieron sabiendo que iban a morir.

Resulta ahora evidente que, de manera análoga a lo que hizo fujimori con la Operación Chavín de Huántar, el gobierno de PPK está tratando de usar políticamente la celebración de los 20 años para preparar el camino para la liberación del ex-dictador. Se puede aceptar la declaración de héroes de los comandos de Fujimori, pero no podremos aceptar la excarcelación del ex-dictador, quien es el único que puede haber dado la orden de ejecutar heridos.

En menos de diez días luego de asumir el cargo, el presidente Donald Trump causó mucho revuelo alrededor del mundo disponiendo con una serie de decretos el retiro de EE.UU. del TPP, la construcción de un muro fronterizo con México, la cancelación del Obamacare, la prohibición temporal de entrada al país de inmigrantes –o simple pasajeros– provenientes de siete países musulmanes. Aunque los dos últimos decretos son medidas políticas, los dos primeros son de carácter básicamente económico, y reflejan la posición proteccionista y anti-globalización de Trump, quien también ha anunciado que renegociará el NAFTA y ha elogiado el Brexit.

Si bien Trump simplemente trata de cumplir las promesas con las que fue elegido, no deja de causar sorpresa el que en efecto trate de llevarlas adelante. Y debo admitir que yo fui el primer sorprendido, pues la idea que yo tenía era muy simple: la clase política y la élite económica norteamericana no le iban a permitir a Trump dar pie atrás en la “revolución capitalista” iniciada hace casi 40 años por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, la cual exige una total dependencia de los mercados, los cuales no admiten nacionalismos ni fronteras nacionales (y mucho menos que se levanten muros en esas fronteras).

Y es que si Trump quiere capitalismo, eso es lo que va a tener, porque el capitalismo, por su propia naturaleza –basado en la producción mercantil y el intercambio–, está orientado a la globalización económica, la cual requiere no solamente del libre comercio entre los países, sino también la libre movilidad del capital, la expansión de las corporaciones multinacionales, la libre migración de la mano de obra, la generalización de las reglas de juego de acuerdo al paradigma neoliberal, etc. Pero mi sorpresa no es que Mr. Trump no entienda eso; lo que me sorprende es la debilidad de la clase política y la élite económica de ese país, que no han sido capaces –al menos hasta el momento– de hacerlo entrar en razón y convencerlo de dejar de lado la demagogia y sus maneras vulgares.

Ante esta situación, queremos aquí plantear dos preguntas. Primero, ¿cómo explicar el descontento de gran parte del electorado norteamericano que lo ha llevado a elegir a Trump por su imagen de outsider y anti-establishment? Ese descontento no es fácil de explicar, sobre todo si tomamos en cuenta que en los últimos años EE.UU. ha sido el país que más rápido ha crecido entre los países del G8, que su tasa de desempleo está por debajo de 5%, y la de inflación por debajo de 2%, para no mencionar que las tasas de interés están por los suelos, facilitando a las familias la compra de sus autos y sus casas.

Aunque una posible explicación de la contradicción entre el estado de ánimo del electorado y la aparente bonanza económica de EE.UU. es el encarecimiento de los servicios de salud, la educación y las viviendas en ese país, una explicación más completa debe llevarnos más allá del corto plazo. En efecto, si vamos al mediano plazo, encontramos que, mientras en los últimos 20 años (1997-2016) los países en desarrollo casi triplicaron su tamaño, la producción de los países ricos aumentó en solo 45% (cifras del World Economic Outlook del FMI). Ha habido, pues, una pérdida de dinamismo económico de los países ricos, que tiene que ver en parte con la pérdida de competitividad de esos países tras el inicio del actual proceso de globalización económica en 1973 con la eliminación de los tipos de cambio fijos y de los controles de capital, proceso que se acelera con la emergencia de los Tigres Asiáticos y la entrada de China en la OMC en 1991. En el caso de los Estados Unidos, el deterioro de sus cuentas externas precedió a la apertura de la economía, y tuvo el último superávit comercial de su historia en 1973. Dicho fenómeno, sin embargo, en parte se explica por el llamado Dilema de Triffin, que señala la necesidad de déficits externos por parte del país emisor de la moneda reserva a fin de satisfacer la demanda de liquidez por los países del resto del mundo

En todo caso, lo que debemos resaltar aquí es que el proceso de apertura económica asociada a la globalización tuvo particular importancia en el caso de EE.UU, país que era una economía básicamente cerrada hace 50 años, con importaciones que representaban apenas el 4% de su producto, pero que se han multiplicado por cuatro desde entonces, siendo actualmente 16%. Este es un fenómeno muy importante porque, de acuerdo con la teoría económica (Teorema de Stolper-Samuelson), la apertura de una economía es de carácter conflictivo, pues debe llevar a un aumento del precio del factor de producción relativamente abundante y a una disminución del precio del factor relativamente escaso. En el caso de EE.UU., esto implica que la mayor apertura económica ha favorecido a los capitalistas y perjudicado a los trabajadores, lo cual se expresa en el retraso de los salarios reales, la disminución del empleo manufacturero y el descontento de los trabajadores en los países ricos en general.

Sin embargo, la pérdida de competitividad que resulta de la globalización no termina de explicar pérdida del dinamismo económico de los países ricos, pues dicho fenómeno precede a la apertura de sus economías. Por ejemplo, si miramos el caso de EE.UU. durante los últimos 50 años encontramos que sus periodos de auge han sido cada vez más cortos y menos expansivos, mientras que sus periodos de recesión se han hecho cada vez más largos y depresivos, de tal manera que la tasa de crecimiento promedio de ese país ha bajado de 5% a 2%, aproximadamente (cifras del Economic Report of the President). Esta situación ha dado lugar a que en la literatura económica se haya empezado a hablar de una condición de “secular stagnation” en EE.UU. y en los países ricos en general. Esta condición sería el resultado de la caída de la rentabilidad del capital productivo, que tendría como causa básica el retraso del progreso tecnológico en esos países: a pesar de la revolución digital en curso, los principales medios de generar energía mecánica siguen siendo el motor de combustión interna, diseñado hace más de 150 años, y el motor eléctrico, introducido hace más de 100 años, lo cual restringe el aumento de la eficiencia de las actividades productivas en general.

La pieza de evidencia más contundente de la pérdida de rentabilidad del capital productivo es la caída persistente a nivel global de la tasa de interés real, que lleva ya más de 30 años (desde mediados de los 80s). En efecto, si consideramos la tasa de interés de los Bonos del Tesoro a 10 años y la tasa de inflación de EE.UU. encontramos que luego de unos 20 años de volatilidad (mediados de los 60s a mediados de los 80s), la tasa de interés real sufre una caída persistente que la lleva de 7% a 0% (cifras del Federal Reserve Bank of St. Louis). Este es un fenómeno muy importante, que compete básicamente al sector productivo, real de las economías, y tiene poco que ver con las políticas monetarias expansivas de los países ricos. Y la razón es sencilla: para poder afectar variables reales más allá del corto plazo en una economía de libre mercado, las autoridades monetarias tendrían que disponer del Santo Grial, pues con ello serían capaces de solucionar todos los problemas económicos.

Así las cosas, nuestra segunda pregunta sería ¿qué podemos esperar en el futuro? Admitimos que una primera posibilidad es que la clase política y la élite económica norteamericanas puedan poco a poco hacer entrar en razón a Donald Trump. Lo más probable, sin embargo, es que el movimiento anti-globalización siga adelante en los países ricos antes de que pueda ser revertido. Al menos eso es lo que nos sugiere el fortalecimiento del populismo de derecha –expresión política del movimiento anti-globalización en esos países. Pero si cada uno de los países ricos cierra su economía, los países en desarrollo tendrían la oportunidad de fortalecer sus economías integrándose más entre ellos, disminuyendo su oferta de exportaciones hacia los países ricos, y reduciendo al mismo tiempo su demanda de importaciones provenientes de esos países, lo cual conllevaría no solo una mejora de sus términos de intercambio y un menor interés por firmar TLCs bilaterales con los países ricos, sino también –y sobre todo– la posibilidad de que desarrollen sus sectores manufactureros con el fin de depender menos de la exportación de sus recursos primarios.

Otra consecuencia muy importante del proteccionismo de Trump sería debilitar el rol del dólar como moneda reserva. Esto llevaría a las demás potencias económicas a presionar por el desmantelamiento del actual Patrón Dólar, de tal manera de lograr la administración multilateral del nivel global de liquidez –cuánto dinero hay en el mundo. Esto es muy importante porque el dólar es tanto o más importante para la economía norteamericana que sus grandes bancos y sus empresas líderes en tecnología.

Obviamente, las consecuencias podrían ser aún más graves por cuanto, además de levantar barreras proteccionistas, Mr. Trump tiene también en mente desmantelar las medidas de regulación financiera (Dodd-Frank 2010), que buscan evitar carnavales especulativos como los que llevaron a la crisis financiera de 2008. Tiene también en mente paralizar las medidas de prevención del cambio climático. Medidas de este tipo perjudicarían no solo a EE.UU., sino a todos los países.

En resumen, en los últimos 50 años ha habido un deterioro de la performance económica de EE.UU. y de los países ricos en general, deterioro que no ha sido causado, pero sí agudizado por la globalización y la pérdida de competitividad de esos países, provocando la emergencia del populismo de derecha y del proteccionismo, lo cual abre la posibilidad para que los países en desarrollo se integren, reforzando su poder de negociación y promoviendo su industrialización.

Finalmente, es evidente que estamos observando un reacomodo de la economía mundial, y que la globalización ha generado una mayor interdependencia entre los países, restringiendo la autonomía de sus políticas económicas, de tal manera que cada país no puede hacer lo que mejor le parece sin afectar –ni ser afectado– por los demás. Es evidente también que EE.UU. no ha sabido jugar el rol que le correspondía como única superpotencia, cual es el de mediador de conflictos, sino que –por el contrario– ha tomado partido en cada conflicto que se ha presentado. Y la incapacidad de Trump no hará sino empeorar las cosas para ese país.

El jueves diciembre 1, pobladores de Huaycán atacaron la comisaría de la zona y realizaron actos de vandalismo luego de que circularan rumores sobre “traficantes de órganos” que habrían estado matando niños con ese propósito. Hay varias cosas que deberíamos explicar, siendo la más importante el hecho de que rumores tan grotescos puedan entrar en la cabeza de la gente y provocar una reacción tan violenta e irracional.

La explicación más difundida gira alrededor de supersticiones populares que son aprovechadas por agitadores –o simples desquiciados– para realizar campañas “psicosociales” a través de las redes sociales. Sería interesante, en este caso, examinar el mito andino de los “pishtacos”, que en su versión actual son los “traficantes de órganos”, mito que al parecer se origina con la llegada de los europeos hace 500 años. Para ello debemos ser comprensivos y entender que la experiencia de la población andina tiene que haber sido espeluznante, incluso aterradora, pues, para empezar, tienen que haber dudado de que se tratara de seres humanos: eran colorados, de narices puntiagudas, ojos que brillaban con el sol, muchos con pelos en la cara y sin pelos en la cabeza, sumamente agresivos, etc.

En todo caso, discutir si es correcto acusar a la gente de ignorante y supersticiosa resulta insuficiente y poco útil. Es más, podríamos discutir por mucho rato sin terminar de ponernos de acuerdo. Es posible, sin embargo, ponernos de acuerdo en por lo menos dos lecciones muy sencillas.

La primera lección es que los medios –diarios, estaciones de radio y TV– casi no tienen credibilidad frente a la gente. Y la evidencia es muy clara: si la gente confiara en los medios, entonces buscaría informarse en dichos medios para saber si ese tipo de rumores son ciertos. Pero no buscan información en los medios, no solo porque no creen que esa información sea objetiva, sino también porque no esperan que los medios se preocupen por sus problemas. La prensa amarilla (“diarios chicha” como El Trome y El Popular) no es tomada en serio ni siquiera por sus propios lectores. La banalidad y procacidad de los medios suele ser justificada con el argumento de es eso lo que “le gusta a la gente”. Pero si no ofrecemos temas más dignos y relevantes a la gente, es difícil que cambien sus preferencias.

La segunda lección es que la gente desconfía de la policía y no espera que esta los proteja de los malhechores, por lo que trata de tomarse la justicia en sus propias manos. Esa desconfianza es endémica en nuestro país, y es obviamente más marcada en las zonas más pobres, marginales. La policía no es vista como un servicio público –y haber visto por mucho tiempo a policías trabajando como “guachimanes” de bancos contribuyó a reforzar esa idea– sino como un cuerpo corrupto y abusivo. Esto último tiene un efecto muy perverso, cual es que los jóvenes que buscan ingresar a la policía no lo hagan pensando en el servicio que van a prestar a la comunidad y el buen sueldo que van a ganar, sino más bien en las fechorías que van a poder cometer.

Dado el impacto que sucesos como los de Huaycán tienen sobre el ambiente político-económico, los gremios empresariales deberían dejar un poco de lado el estribillo de que el Perú no progresa porque no los dejan invertir, y preocuparse un poquito por los problemas de la educación, la inseguridad y la corrupción en nuestro país. Ellos tienen la capacidad para mejorar la calidad de los medios y la integridad de la policía. Si no lo hacen es porque son una clase indolente y sin espíritu cívico.

Donald Trump ha sido elegido presidente de los Estados Unidos y, en principio, deberá asumir el cargo en unos dos meses. Antes de hacerlo, tendrá que dejar de lado sus maneras vulgares y agresivas. Tendrá que dejar de lado también la demagogia y casi todas las promesas desaforadas que hizo al electorado. La imagen de outsider y anti-establishment que le permitió ganar las elecciones se desvanecerá rápidamente, para desencanto de aquellos que fueron fascinados por el “Make America Great Again”. Y para ello hay una razón sencilla.

La razón es que los líderes políticos de alrededor del mundo, los grandes bancos y corporaciones multinacionales, los organismos multilaterales, etc. no le van a permitir a Trump dar pie atrás en la revolución (o contra-revolución) capitalista iniciada hace más de 30 años por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, la cual exige una total dependencia de los mercados en todos los ámbitos de la sociedad. Un elemento clave de ese proceso es la globalización económica, esto es, la integración a nivel mundial de los procesos productivos y de los mercados financieros, lo cual requiere no solamente del libre comercio entre los países, sino también la libre movilidad del capital, la expansión de las corporaciones multinacionales, la libre migración internacional de la mano de obra, la homogenización de las reglas de juego económicas , etc.

Y es que si quieren capitalismo, eso es lo que van a tener. Los mercados no admiten nacionalismos ni fronteras nacionales, y mucho menos que se levanten muros en esas fronteras. Es decir, el capitalismo, por su propia naturaleza –basado en la producción mercantil y el intercambio–, está orientado a la globalización económica. Es más, de acuerdo con la ortodoxia económica, los mercados no están para garantizarle empleo y salario decente a nadie, y tratar de dar esa garantía no solo sería ilusorio, sino contraproducente. Así, pues, tratar de competir con países donde los salarios son el 5% o 10% del salario de los trabajadores americanos menos calificados es nadar contra la corriente.

En todo caso, algo que debemos evitar es exagerar el poder del presidente norteamericano en relación a su capacidad para manejar la política económica de ese país. Los representantes de los grandes bancos y empresas, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo, tienen el poder, aptitud y experiencia para educar a Mr. Trump y aplacar su demagogia en cuestiones económicas. Y para ello no solo realizarán sus actividades de lobbying –directamente o empleando políticos profesionales–, sino que también contarán con el apoyo de la burocracia de la Reserva Federal (el banco central) y del Tesoro (el ministerio de economía) de ese país, y de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y la Organización Mundial de Comercio. En nuestro país ya tenemos los casos de Alberto Fujimori, de Alan García y de Ollanta Humala como ejemplos de candidatos que, luego de ser elegidos, dejaron de lado por completo sus promesas electorales.

Ahora, ¿y qué pasaría si Trump no puede ser domesticado? Pues bien, eso complicaría el panorama económico internacional, que sin necesidad de Trump ya presenta serios problemas. La expansión del gasto fiscal en Estados Unidos puede, efectivamente, aumentar la demanda agregada, los salarios y el nivel de precios, que es algo que las actuales políticas de expansión monetaria han estado buscando infructuosamente por mucho tiempo. El problema es que la expansión fiscal no solo es más difícil de calibrar y revertir que la expansión monetaria, sino también que otro de sus resultados sería el agravamiento de los desequilibrios externos, poniendo más dólares en manos de países extranjeros, y habría que esperar qué deciden hacer esos países con esos dólares.

Es decir, la globalización ha generado una mayor interdependencia entre los países, y ningún país –especialmente los más grandes– puede manejar su política económica sin afectar a los demás, ni sin ser afectados por la manera cómo los demás países reaccionen. Además, la globalización ha hecho necesaria la administración multilateral de una serie de cuestiones, tales como el nivel global de liquidez –cuánto dinero hay en el mundo– y el cambio climático, entre otros. Pero eso es algo que, al parecer, Mr. Trump no será capaz de entender.

Finalmente, tratar de expulsar a los trabajadores ilegales de Estados Unidos simplemente dará lugar a una situación de enredo y confusión aún mayor, perjudicando no solo a los países de origen de dichos trabajadores, sino también –o sobre todo– a los Estados Unidos. Un efecto análogo tendría el desechar los acuerdos comerciales firmados por ese país, no solo por su efecto sobre los flujos comerciales, sino también sobre la percepción de riesgo alrededor del mundo.

Los candidatos presidenciales están haciendo toda clase ofertas y promesas en relación a muchos problemas que preocupan al electorado: el desempleo, la violencia e inseguridad, las deficiencias en la infraestructura de salud y educación, el medio ambiente, la corrupción, etc.

Sin embargo, todos sabemos muy bien que los candidatos pueden hacer promesas sin tener siquiera la intención de cumplirlas. Pero en relación al tema de la corrupción, hay una medida que los candidatos no tienen que prometer, pues la pueden tomar ahora, sin necesidad de ser elegidos. Me refiero al secreto bancario. Entiendo que Verónika Mendoza fue la única candidata en primera vuelta que por lo menos ofreció renunciar a su secreto bancario. En la situación actual, debemos exigir a los dos candidatos que renuncien a su secreto bancario de por vida, y que lo hagan ya. Es algo indispensable si de veras van a luchar por la transparencia y contra la corrupción.

El presidente Humala ha promulgado la ley que permite a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones retirar hasta el 95.5 % de sus fondos al jubilarse, y se ha anunciado que el 4.5% restante será transferido a EsSalud.

La aprobación de esta ley responde a la presión de los afiliados, que ven con desconfianza a las AFP, entre otras razones por el bajo monto de las pensiones que se han estado otorgando. Hay, pues, cierto alborozo por parte de los afiliados al SPP, que obviamente prefieren tener la posibilidad de disponer de su dinero al momento de jubilarse. Las AFP y las compañías de seguros, por su parte, han manifestado su disgusto al respecto.

Aparentemente, pues, los grandes ganadores serían los afiliados y los perdedores serían las AFP y los grupos económicos a los que pertenecen. Sin embargo, es claro que si hay un ganador indiscutible, este sería el Estado peruano. En efecto, lo que la ley hace en la práctica es cobrarle un impuesto de 4.5% a los afiliados por tener el derecho a disponer de sus fondos de manera inmediata al momento de jubilarse. Decir que ese 4.5% sería transferido a EsSalud no le quita el carácter de impuesto.

Es más, esta norma no sería sino un caso más del impuesto favorito de todos los gobiernos desde 1990, cual es el impuesto a los sueldos y salarios. Otro caso de impuesto al trabajo vinculado al sistema de pensiones fue el de los Bonos de Reconocimiento otorgados a los afiliados al sistema público (SNP) por un monto inicuo al momento de trasladarse el sistema privado (AFP). Y no solamente se trata del monto inicuo, sino también del hecho que dichos bonos no pagan intereses.

Pero el ejemplo más grosero de un impuesto a la mano de obra vinculado al sistema de pensiones en nuestro país lo constituye el requerimiento de que los trabajadores afiliados al sistema público de pensiones (ONP) deben haber contribuido por lo menos 20 años para tener derecho a recibir una pensión, y eso es un simple despojo para quienes no logran cumplir esa condición.

Podríamos seguir con los ejemplos de impuestos a los sueldos y salarios en nuestro país –el Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI, es otro de ellos– pero es claro pues que los diferentes gobiernos ven a la mano de obra como una de sus fuentes preferidas de ingresos fiscales.

Pero solo la falta de inteligencia y de honestidad puede explicar que las autoridades prefieran otorgar incentivos tributarios al capital -como actualmente se viene haciendo- con el pretexto de reactivar la demanda y contrarrestar la desaceleración económica, mientas por otro lado mantienen o aumentan los impuestos pagados por los trabajadores, quienes constituyen la fuente más importante de demanda que tiene nuestro país.

En un artículo publicado en el diario Gestión el 19 de enero de 2016, p. 21, el Prof. Jorge González Izquierdo nos ha invitado a repensar el rol de los factores externos en la desaceleración económica de nuestro país en los últimos dos años. Nos explica que un régimen de tipo de cambio flotante como el nuestro no solamente permite a las autoridades controlar las políticas fiscal y monetaria, sino que también aísla al país de eventuales shocks externos.

La primera cuestión es conocida en la Teoría Económica como la Trinidad Imposible, en el sentido de que las autoridades pueden controlar simultáneamente a lo más dos de los tres instrumentos básicos de política económica: gasto fiscal, oferta de dinero y tipo de cambio, de tal manera que –por ejemplo–si las autoridades fijan el tipo de cambio perderán el control de la política monetaria, pues la oferta de dinero se hace endógena al ser afectada por un stock de reservas internacionales que no está bajo el control de las autoridades. Ello no ocurre con un tipo de cambio flotante, bajo el cual el precio de la moneda extranjera se determina por la condición de balance externo, situación que implica un nivel constante de reservas.

La segunda cuestión resultaría del hecho que el balance externo asociado a un tipo de cambio flotante implica que nuestras cuentas externas no afectan la demanda agregada doméstica. En este caso, la idea es sencilla: si la demanda agregada doméstica es la suma de los gastos de consumo de las familias (C), del gasto de inversión de las empresas (I), del gasto público (G), y de la demanda neta externa o diferencia entre exportaciones (X) e importaciones (M), resulta que la demanda agregada debe ser igual a C + I + G +X – M, y está determinada únicamente por los componentes domésticos del gasto agregado (C, I y G), pues X – M debe ser igual a cero. Sin embargo, el asunto es un poco más complicado, para empezar, porque un tipo de cambio flotante no garantiza el balance comercial, pues hay otras variables que afectan la oferta y la demanda de moneda extranjera, de tal manear que, por ejemplo, la inversión extranjera, al aumentar la oferta de dólares, puede llevarnos a un déficit comercial (X – M < 0).

Pero más importante aún es el hecho que en un modelo Mundell-Fleming estándar (como denomina el Prof. González Izquierdo al modelo básico) todas las variables son medidas nominalmente, pues se asume que todos los precios (incluyendo los de las importaciones y de las exportaciones) permanecen constantes, de tal manera que dicho modelo no puede ser utilizado para evaluar los efectos de una caída del precio de las exportaciones, como el que hemos estado observando en nuestro país en los últimos dos años.

Debemos tomar en cuenta, además, que cualquier modelo de la Teoría Pura del Comercio Internacional (Ricardiano o Neoclásico) muestra que, bajo libre comercio, el bienestar de un país resulta directamente afectado por eventos que ocurren en los países con que intercambiamos, y no hay aislamiento posible. Así, si nuestros socios comerciales experimentan una contracción económica, nuestro país se vería afectado por la disminución de la demanda externa por nuestras exportaciones y de la oferta externa de los productos que importamos.

El propósito del Prof. González Izquierdo parece ser no solamente restar importancia a los factores externos detrás de los problemas actuales de nuestra economía –pues eso implicaría que nuestra inserción en la economía global podría no ser siempre muy confortable– sino también restar importancia al hecho que el crecimiento de la economía peruana desde el año 2002 no hubiera sido posible si los precios de nuestras exportaciones no hubiesen subido, año tras año durante diez años (excepto por 2008), de tal manera que básicamente se cuadruplicaron entre 2001 y 2011.

Es más, otro factor externo que posibilitó la expansión económica de nuestro país fue la inversión extranjera por un total de 90,000 millones de dólares en el periodo 2007-2015, fenómeno que no debemos considerar como el resultado puro y simple de nuestra política económica, sino como básicamente exógeno, pues no hubiera sido posible si –por ejemplo– las tasas de interés internacionales no hubieran estado tan bajas.

Otro factor ligado a nuestras relaciones económicas con el resto del mundo que facilitó la expansión económica de nuestro país fue la salida del país de 2.5 millones de peruanos en los últimos 25 años, lo cual no solamente sirvió como válvula de desfogue al aliviar el problema del desempleo, sino que también nos ha permitido recibir remesas por 3,000 millones de dólares al año.

Y de manera similar a la emigración, el sector informal en nuestro país debe ser visto como otra válvula de desfogue al ofrecer empleo a los trabajadores que no lo encuentran el sector formal o moderno. Pero no solamente eso, sino que es también una importante fuente de demanda de bienes y servicios, y de oferta de mano de obra barata disponible al sector formal o moderno.

Desde la invasión española en el siglo XVI, y de manera persistente, la minería ha sido la actividad económica favorita de las clases dominantes de nuestro país. Durante los últimos 20 años, esta predilección se vio acentuada, primero con la privatización de las empresas públicas de ese sector, y luego con la entrada de empresas extranjeras, y también con el aumento de los precios de los minerales en los mercados internacionales.

La minería, como cualquier otro tipo de actividad económica, sin embargo, conlleva conflictos de intereses de diversos tipos. El conflicto en la provincia de Islay, en Arequipa, en relación al proyecto minero Tía María, refleja una situación de ese tipo. De hecho, ya tenemos el antecedente de Conga, en Cajamarca. Pero la duración de los conflictos y la intransigencia de las partes nos hacen ver que no se trata de situaciones “normales”. Es más, el hecho que este tipo de eventos no parece ocurrir en ningún otro lugar del mundo nos hace pensar que se trata de situaciones especiales.

Pues bien, ¿qué factores explican que este tipo de conflictos –que no ocurren en otros países– sí ocurren en el nuestro? Obviamente, una cuestión importante es la larga tradición de lucha en defensa de sus intereses del pueblo arequipeño. Pero, el pueblo arequipeño es solo uno de los tres actores principales de este conflicto, siendo los otros dos la empresa minera Southern Peru Copper Corporation y el gobierno de Ollanta Humala.

En el caso de Southern (propiedad de la empresa mexicana Minera México), que viene operando en la región hace más de 60 años, están su extrema codicia y su larga tradición de desprecio por los intereses locales, y que han generado la desconfianza de la población local, que no ha percibido mayores beneficios de la actividad minera, y cuya agricultura se ha visto perjudicada por los residuos tóxicos que Southern encontró muy costosos de eliminar. Justamente, el asunto de la contaminación ha sido el detonante del actual conflicto: aunque un primer estudio de impacto ambiental presentado por Southern al Ministerio de Energía y Minas en el 2009 fue dos años después cuestionado en un informe de UNOPS (una oficina de las Naciones Unidas de servicios a proyectos de este tipo), el año pasado el gobierno de Humala aprobó un nuevo estudio de impacto ambiental favorable a Southern, sin pedir en este caso la opinión de UNOPS.

Del lado del pueblo de Islay, que viene luchando abiertamente contra Southern desde hace cuatro años, está su indignación por la traición de Ollanta Humala (el “beso de Ollanta”), que ahora está aliado con la empresa minera extranjera, y que no se atreve a viajar a Islay a responder por su oferta como candidato de apoyar a los agricultores. Detrás de esta lucha está también el ejemplo del pueblo de Cajamarca, que con su lucha obligó a Yanacocha (cuyo principal accionista es la empresa norteamericana Newmont Mining Corporation, acusada de tener vinculaciones con Vladimiro Montesinos) a suspender en el 2012 el proyecto minero Conga, luego de que Humala hubiese proclamado su apoyo a la empresa minera (“Conga va”).

El gobierno de Humala, por su parte, ve con temor la mayor fuerza que van adquiriendo los movimientos populares, pues no solamente están los casos de Tía María y de Conga, sino también el de las manifestaciones protagonizadas por los jóvenes que iban a ver recortados sus beneficios laborales, y que en enero pasado obligaron al Congreso a derogar la “Ley Pulpín”; y previamente estuvo el referéndum de noviembre del 2010 que obligó al gobierno a devolver los impuestos del FONAVI a los trabajadores; y también, en agosto del 2013, el rechazo de los trabajadores que obligó al gobierno a suspender la afiliación obligatoria de los trabajadores independientes al Sistema Privado de Pensiones (para no mencionar que el intento de revocatoria de la alcaldesa Villarán también fue rechazado en una consulta popular en marzo del 2013).

Ante este avance de recursos de democracia directa, el gobierno de Humala y la Southern están dispuestos a usar la violencia, y van a recurrir a medios tales como “sembrar” armas en manifestantes caídos, hablar de “terrorismo anti-minero”, y a acusar de corrupción a los dirigentes populares. En noviembre de 2013, la Fiscalía de Cajamarca acusó al presidente regional Gregorio Santos por presuntos actos de corrupción; habiendo sido reelecto, está ahora en prisión preventiva de 14 meses. Y ahora, el abogado de Southern Jesús Gomes, quien fuera antes un ambientalista, y que ha sido conquistado por la empresa minera, ha acusado de extorsión a ciertos dirigentes populares de Islay. Pero debemos tener claro que la posible corrupción de algunos dirigentes no resta legitimidad a la lucha de los productores agrícolas, cuya intuición los lleva a rechazar actividades extractivas, que solo buscan explotar recursos que no producimos ni podemos producir, y que no constituyen una base sólida para el desarrollo de nuestro país.

Estos días el gobierno dice estar tratando de flexibilizar el mercado laboral, eliminando o reduciendo una serie de beneficios en el caso de los jóvenes, con el supuesto propósito de aumentar la contratación de trabajadores (jóvenes) por parte de las empresas.

Digo “supuesto” porque en realidad no creo que las autoridades (funcionarios del MEF, sobre todo) sean sinceros. Ellos, se supone, han tomado y aprobado sus cursos de microeconomía (el ministro Segura en la Universidad Católica y en alguna universidad extranjera), y no creo que no entiendan que el argumento que presentan carece de sentido.

El análisis económico más sencillo (el equilibrio parcial) aplicado al mercado de trabajo nos dice que el nivel de empleo está determinado simultáneamente por la oferta de los trabajadores y la demanda de los empleadores (las empresas), de tal manera que, si el mercado de trabajo estuviese libre de distorsiones podría alcanzarse el pleno empleo, situación bajo la cual, a un salario dado, todo aquél que quisiera trabajar conseguiría empleo, y todas las empresas que quisieran contratar encontrarían los trabajadores que necesitan.

En una situación de ese tipo, la única manera de aumentar el nivel de empleo sería aumentando la oferta y/o la demanda de trabajo. Un aumento de la oferta de trabajo implicaría que, dado un salario, podría conseguirse un mayor número de trabajadores, o que, dado un nivel de empleo, podría pagarse un salario más bajo. Un aumento de la demanda de trabajo implicaría que, dado un salario, las empresas van a querer contratar más trabajadores, o que, dado un nivel de empleo, las empresas van a estar dispuestas a pagar un salario más alto.

Ahora bien, podrían existir distorsiones que afecten el mercado de trabajo. Por ejemplo, un impuesto al salario introduciría una brecha entre el salario pagado por la empresa y el salario recibido por el trabajador, siendo la diferencia entre ambos el impuesto en cuestión (salario recibido = salario pagado menos impuesto), de tal forma que la eliminación del impuesto permitiría no solo el aumento del empleo, sino también la reducción de los costos laborales para las empresas y el aumento del salario recibido por los trabajadores.

Sin embargo, lo que el Ministerio de Economía pretende hacer no es eliminar un impuesto al salario, sino una serie de beneficios percibidos por los trabajadores. Tal medida no afectaría la demanda de trabajo por las empresas, la cuales van a seguir dispuestas a contratar el mismo número de trabajadores si es que incurren en los mismos costos salariales.

La única manera, entonces, de obtener un aumento en el nivel de empleo sería esperar un aumento en la oferta de trabajo como resultado de la eliminación de los beneficios, y eso es algo tonto de esperar, pues la única manera en que eso podría ocurrir es asumiendo que los trabajadores no consideran tales beneficios como parte de lo que ganan.

Se puede argumentar, sin embargo, que, como resultado de distorsiones, existen jóvenes desempleados dispuestos a trabajar sin percibir los beneficios que están siendo eliminados. La única manera en que eso puede estar ocurriendo sería si las empresas no tuvieran otra manera de reducir sus costos salariales, si no es eliminando los beneficios, lo cual podría resultar, por ejemplo, de la existencia de un salario mínimo. Pues bien, entonces, la reducción de los beneficios sería una manera alternativa y encubierta del gobierno de reducir el salario mínimo, lo cual es algo que no se atreve a hacer abiertamente por los costos políticos que ello conllevaría.

Pero, aún si el gobierno pudiese (y se atreviese) a reducir el salario mínimo, el resultado final podría no ser el esperado. Habría que suponer, para empezar, que efectivamente existen jóvenes desempleados dispuestos a trabajar por un salario real más bajo. Pero ello no tomaría en cuenta que la decisión de un joven de entrar al mercado de trabajo es básicamente una decisión económica, por lo que salarios más bajos podrían simplemente inducir a los jóvenes a no trabajar y seguir dependiendo de sus padres. O a buscar otras formas de sobrevivencia, como, por ejemplo, la delincuencia.

Podríamos darle al gobierno el beneficio de la duda, y creer que su propuesta es sincera, y que de veras creen que de esa manera pueden aumentar el nivel de empleo. En parte eso tiene que ver con la confianza casi supersticiosa de los economistas que con medidas de política pueden resolver cualquier problema económico.

El problema del empleo en nuestro país, sin embargo, es muy complicado, pues bien podría ser que el equilibrio de nuestro mercado de trabajo, en la ausencia de toda distorsión, conlleve un salario real por debajo del nivel de subsistencia. Bajo esa situación no existen soluciones mágicas. De todas maneras, lo que se debe buscar es reducir los costos en general, y no los costos salariales en particular, y eso puede hacerse, por ejemplo, reduciendo la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV). De la misma manera, una forma de aumentar el nivel de actividad es amentando el ingreso (y el gasto) de las familias, y a ello se puede contribuir pagando la deuda que el gobierno tiene con los fonavistas.

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Las últimas elecciones municipales han mostrado que uno de los problemas que más preocupa a los limeños es el transporte, y –más específicamente– la congestión del tráfico, y el aumento del número de accidentes de tránsito y de la contaminación ambiental que resulta del mayor número de vehículos motorizados en circulación.

Aunque los conductores suelen acusar de las malas condiciones del tráfico principalmente a la alcaldesa Susana Villarán (pero también a los microbuses, combis, taxis, mototaxis y motocicletas), obviamente el asunto es más complicado, y hay muchos otros factores que contribuyen al problema, como son los malos hábitos de los conductores; el mal estado de las pistas; los numerosos “rompemuelles” (que no existirían si los conductores estuvieran más predispuestos a cumplir con las normas de tránsito, especialmente los PARE y los límites de velocidad); la ocupación no solo de las aceras, sino también la calzada por las empresas constructoras, etc.

El Tamaño del Parque Automotor

Pero, en realidad, la principal causa de la congestión del tráfico (los embotellamientos) ha sido el rápido crecimiento del parque automotor. En el Perú hay actualmente entre 2.5 y 3 millones de vehículos (sin incluir motocicletas), según cuál sea la fuente que utilicemos (Ministerio de Transportes, INEI o SUNARP), de los cuales aproximadamente un 60% circula en Lima Metropolitana, siendo alrededor de un 70% vehículos ligeros de uso no comercial. Por otro lado, según ARAPER, la venta anual de vehículos nuevos está alrededor de 200,000 unidades, cuando hace 10 o 12 años no pasaba de 10,000.

El crecimiento del parque automotor, a su vez, tiene varias explicaciones: el crecimiento de la población y su mayor poder adquisitivo; los menores precios de vehículos nuevos y usados (un vehículo usado en condiciones operativas puede obtenerse en Lima por menos de 1,000 dólares); el gran número de marcas (casi 100) que resulta en una gran fuerza de ventas; la facilidad con que se obtienen los créditos vehiculares en los bancos; etc. El hecho es que el auto, al igual que el teléfono móvil, ha dejado de ser un lujo, aunque sigue siendo un importante símbolo de status.

Pero la congestión del tráfico resulta no solamente del mayor número de vehículos, sino también de la mayor frecuencia del uso del vehículo propio, la cual a su vez se ha visto favorecida por una serie de factores, tales como el precio relativamente bajo de los combustibles (especialmente el gas); el libre estacionamiento de los vehículos en la vía pública (pues no hay parquímetros); el bajo costo de las infracciones de tránsito; el gran número de grifos (Petroperú subsidió la instalación de grifos de gas en Lima); la mala calidad del transporte público (incluyendo el servicio de taxis); y, por cierto, el hecho que para los limeños es un sueño ir a trabajar conduciendo un auto propio (a pesar de las malas condiciones del tráfico).

Con el propósito de aliviar el problema de la congestión vehicular se viene invirtiendo en infraestructura (puentes y túneles vehiculares, puentes peatonales, semáforos, etc.), muchas veces a costa de áreas verdes, buscando de esa manera facilitar la circulación de vehículos motorizados, sin tomar en cuenta que de esa manera también se incentiva el uso del vehículo propio, por lo que el resultado final podría ser contrario al efecto buscado.

El Problema de la Contaminación Ambiental

Otro resultado del aumento del transporte motorizado en Lima es la mayor contaminación ambiental que está provocando. En el caso de la contaminación del aire, un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que hace un análisis de la calidad del aire en 1,600 ciudades de 91 países, encontró que Lima es la ciudad de América Latina que presenta los niveles de contaminación de aire más elevados. Para ello la OMS midió la cantidad de partículas contaminantes PM 2,5 (las más pequeñas y más perjudiciales, ya que pueden penetrar directamente en los pulmones), encontrando que el nivel general de la ciudad es de 38 microgramos de PM 2,5 por metro cúbico, cuando el nivel “razonable” de estas partículas es una media anual de hasta 10 microgramos por metro cúbico.

La contaminación del aire producida por los vehículos motorizados está ligada no solo a su uso de combustibles fósiles, sino –o sobre todo– a la baja eficiencia termodinámica del motor de combustión interna, cuyo diseño básico data de hace 150 años. Dicha eficiencia mide la relación entre la energía contenida en el combustible consumido y el trabajo mecánico que produce el motor. En el caso del motor de combustión interna, el ratio trabajo producido/energía consumida es de solo 20%; el 80% de la energía restante se pierde básicamente en el aumento de la temperatura del motor. La pérdida resulta aún mayor si tomamos en cuenta la potencia que pierde el vehículo al enfrentar la resistencia del viento. Es más, si tomamos en cuenta una relación de 10 a 1 entre el peso del vehículo y su carga útil (el conductor y un pasajero), tenemos que la eficiencia neta de un automóvil es de menos de 2%, lo cual es absurdo.

Por supuesto, el problema se agrava por el uso de vehículos enormes (camionetas SUV), con motores de más de 3 litros y que pueden pesar más de 2 toneladas. Este problema afecta menos a los vehículos motorizados ligeros (como las motocicletas), en los cuales la relación peso del vehículo/carga útil puede ser menor que 1, pero el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para dicho tipo de vehículos suele costar más de 5 veces lo que cuesta para los automóviles.

Otro tipo de contaminación ambiental es el ruido, sobre todo las bocinas, que son usadas por muchos conductores no como medio de advertencia y prevención, sino generalmente con el propósito de hostigar a otros conductores, de tal manera que solo manifiestan su exasperación por las condiciones del tráfico, así como también su muy mala educación.

Algunas Medidas de Solución

Parte de la solución es reducir el tráfico de vehículos motorizados encareciendo el uso del carro propio, para lo cual se pueden adoptar una serie de medidas, tales como: prohibir el uso de combustibles baratos (como la gasolina de 84 octanos y el diesel 2 que generan mayor contaminación y que están prohibidos en otros países); implantar el desguace (chatarreo o descarte) de vehículos viejos; instalar parquímetros o cobrar un derecho a la gente que compra vehículos nuevos sin demostrar que tienen cochera propia (pues van a dejar el auto en la calle, generalmente mal estacionado); cobrar peajes para el ingreso de vehículos motorizados a ciertas vías o zonas de la ciudad; introducir un impuesto específico a los combustibles; castigar con más rigor las infracciones de tránsito (se puede imponer un cepo a los vehículos infractores, sin necesidad de llevarlos a un centro de retención); hacer más rigurosas las revisiones técnicas, prohibir la importación de vehículos usados; etc.

Conjuntamente al encarecimiento del uso del carro propio se debe promover el uso de medios alternativos, no motorizados, de transporte urbano, tales como la bicicleta. De hecho, en grandes urbes alrededor del mundo (sobre todo en Europa y Estados Unidos), no solamente se ha levantado infraestructura (pueden tener cientos, e incluso miles de kilómetros de ciclovías) sino también se han implementado programas especiales, tales como el uso compartido de bicicletas como una manera de estimular su uso. Básicamente en casi todas las calles de Lima hay un carril usado por carros estacionados, que en muchos casos podrían ser convertidos en ciclovías.

Si bien proveer la infraestructura apropiada –ciclovías; barras de aseguramiento de bicicletas en edificios, colegios y supermercados; etc.– y tomar otro tipo de medidas puede ser muy útil, la mejor manera de promover el uso de la bicicleta es hacer que los niños descubran la magia del ciclismo, y eso no debería ser difícil en una ciudad como Lima, pues –por sus características naturales– Lima es un paraíso para el ciclismo: la ciudad es básicamente plana y a nivel del mar, no llueve, no corre viento, no hace ni el frío ni el calor que hace en casi cualquier otro lugar del mundo, no existen cambios abruptos en el estado del tiempo, y el brillo solar nunca incomoda a pesar que Lima está en medio de un desierto. Además, el suave viento que corre en realidad es beneficioso para el ciclismo, pues en general viene de la dirección del mar, o sea que lo tenemos en la espalda cuando vamos de subida. Curiosamente, dos de los factores que hacen ventajoso el uso de la bicicleta (la ausencia de viento y de lluvia) son precisamente los que hacen que el impacto ambiental negativo del transporte motorizado sea más perjudicial, pues no hay lluvia que “lave” el aire sucio, ni viento que se lleve la suciedad.

Lamentablemente, para lograr un sistema de transporte más sano y eficiente, tenemos ante nosotros una tarea cuesta arriba, pues la absurda situación del tráfico evidencia también el desinterés del público por el problema ambiental (lo cual se refleja, por ejemplo, en el hecho que la publicidad de los concesionarios generalmente no menciona el rendimiento del motor (kilómetros por galón de combustible), la emisión de CO2, ni la relación peso/potencia).

Necesitamos, pues, entre otras cosas: educar al público sobre el peligro de la contaminación del aire (es de veras indignante ver a policías de tránsito –generalmente mujeres– dirigiendo el tráfico sentadas en medio del aire tóxico); aconsejar a los ciclistas que no se dejen expulsar de la calzada, amedrentados por los vehículos motorizados (y que los lleva a usar las veredas); hacer notar a los peatones que no deben permitir que los grifos rompan las veredas para ponerlas el nivel de la calzada y facilitar el acceso de los vehículos (con el peligro que ello conlleva para los transeúntes); exigir a las autoridades que parte del servicio de vigilancia policial se haga en bicicletas; no dejar que las farmacias y restaurantes presten su servicio de delivery en motocicletas cuando bien lo pueden hacer en bicicletas; etc.

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