Desde la invasión española en el siglo XVI, y de manera persistente, la minería ha sido la actividad económica favorita de las clases dominantes de nuestro país. Durante los últimos 20 años, esta predilección se vio acentuada, primero con la privatización de las empresas públicas de ese sector, y luego con la entrada de empresas extranjeras, y también con el aumento de los precios de los minerales en los mercados internacionales.

La minería, como cualquier otro tipo de actividad económica, sin embargo, conlleva conflictos de intereses de diversos tipos. El conflicto en la provincia de Islay, en Arequipa, en relación al proyecto minero Tía María, refleja una situación de ese tipo. De hecho, ya tenemos el antecedente de Conga, en Cajamarca. Pero la duración de los conflictos y la intransigencia de las partes nos hacen ver que no se trata de situaciones “normales”. Es más, el hecho que este tipo de eventos no parece ocurrir en ningún otro lugar del mundo nos hace pensar que se trata de situaciones especiales.

Pues bien, ¿qué factores explican que este tipo de conflictos –que no ocurren en otros países– sí ocurren en el nuestro? Obviamente, una cuestión importante es la larga tradición de lucha en defensa de sus intereses del pueblo arequipeño. Pero, el pueblo arequipeño es solo uno de los tres actores principales de este conflicto, siendo los otros dos la empresa minera Southern Peru Copper Corporation y el gobierno de Ollanta Humala.

En el caso de Southern (propiedad de la empresa mexicana Minera México), que viene operando en la región hace más de 60 años, están su extrema codicia y su larga tradición de desprecio por los intereses locales, y que han generado la desconfianza de la población local, que no ha percibido mayores beneficios de la actividad minera, y cuya agricultura se ha visto perjudicada por los residuos tóxicos que Southern encontró muy costosos de eliminar. Justamente, el asunto de la contaminación ha sido el detonante del actual conflicto: aunque un primer estudio de impacto ambiental presentado por Southern al Ministerio de Energía y Minas en el 2009 fue dos años después cuestionado en un informe de UNOPS (una oficina de las Naciones Unidas de servicios a proyectos de este tipo), el año pasado el gobierno de Humala aprobó un nuevo estudio de impacto ambiental favorable a Southern, sin pedir en este caso la opinión de UNOPS.

Del lado del pueblo de Islay, que viene luchando abiertamente contra Southern desde hace cuatro años, está su indignación por la traición de Ollanta Humala (el “beso de Ollanta”), que ahora está aliado con la empresa minera extranjera, y que no se atreve a viajar a Islay a responder por su oferta como candidato de apoyar a los agricultores. Detrás de esta lucha está también el ejemplo del pueblo de Cajamarca, que con su lucha obligó a Yanacocha (cuyo principal accionista es la empresa norteamericana Newmont Mining Corporation, acusada de tener vinculaciones con Vladimiro Montesinos) a suspender en el 2012 el proyecto minero Conga, luego de que Humala hubiese proclamado su apoyo a la empresa minera (“Conga va”).

El gobierno de Humala, por su parte, ve con temor la mayor fuerza que van adquiriendo los movimientos populares, pues no solamente están los casos de Tía María y de Conga, sino también el de las manifestaciones protagonizadas por los jóvenes que iban a ver recortados sus beneficios laborales, y que en enero pasado obligaron al Congreso a derogar la “Ley Pulpín”; y previamente estuvo el referéndum de noviembre del 2010 que obligó al gobierno a devolver los impuestos del FONAVI a los trabajadores; y también, en agosto del 2013, el rechazo de los trabajadores que obligó al gobierno a suspender la afiliación obligatoria de los trabajadores independientes al Sistema Privado de Pensiones (para no mencionar que el intento de revocatoria de la alcaldesa Villarán también fue rechazado en una consulta popular en marzo del 2013).

Ante este avance de recursos de democracia directa, el gobierno de Humala y la Southern están dispuestos a usar la violencia, y van a recurrir a medios tales como “sembrar” armas en manifestantes caídos, hablar de “terrorismo anti-minero”, y a acusar de corrupción a los dirigentes populares. En noviembre de 2013, la Fiscalía de Cajamarca acusó al presidente regional Gregorio Santos por presuntos actos de corrupción; habiendo sido reelecto, está ahora en prisión preventiva de 14 meses. Y ahora, el abogado de Southern Jesús Gomes, quien fuera antes un ambientalista, y que ha sido conquistado por la empresa minera, ha acusado de extorsión a ciertos dirigentes populares de Islay. Pero debemos tener claro que la posible corrupción de algunos dirigentes no resta legitimidad a la lucha de los productores agrícolas, cuya intuición los lleva a rechazar actividades extractivas, que solo buscan explotar recursos que no producimos ni podemos producir, y que no constituyen una base sólida para el desarrollo de nuestro país.