El fujimorismo –tanto el abierto como el encubierto– ha defendido la decisión del Congreso y del gobierno de PPK de declarar héroes de la democracia a los comandos a cargo de la Operación Chavín de Huántar, que hace 20 años rescató con vida a 72 rehenes tomados por el MRTA, aunque uno de ellos falleció luego a consecuencia de una herida.
Unos 500 rehenes habían sido tomados cuatro meses antes por 14 terroristas en la residencia del embajador de Japón, pero la mayoría fue liberada de inmediato y el número de rehenes se redujo a 72. A cambio de su liberación, el MRTA pedía que se pusiera en libertad a los miembros de su organización que se encontraban en prisión. Nunca supe si dijeron qué harían si el gobierno no aceptaba sus exigencias, pero –si lo hicieron– resulta ahora claro que luego no tendrían el estómago para llevar adelante sus amenazas con más violencia de la que ya habían perpetrado.
La negativa de Alberto Fujimori de cumplir con las exigencias del MRTA, y la renuencia de los secuestradores a cometer más violencia, llevó a un entrampamiento de la situación y a la formación de una comisión negociadora del gobierno. De forma paralela a las negociaciones, el gobierno preparó la operación en la que murieron dos de 148 comandos, uno de 72 rehenes y catorce de 14 terroristas. Esos resultados no pueden presentarse simplemente como evidencia de la calidad profesional de quienes diseñaron y de quienes ejecutaron la operación, sino que sugieren también la ejecución de heridos que se habrían rendido, esperando no la venganza, sino la misericordia de sus captores.
Lo que ahora nadie parece recordar es que, luego de la operación, Fujimori apareció en la televisión, paseando solo –él solo– entre los muertos, con botas militares, como inspeccionando los cadáveres, con cámaras apuntándolo desde abajo. Era obvio que se trataba de una escena preparada de propaganda política, con la cual el dictador estaba enviando un mensaje a sus detractores (“vean lo que les puede pasar si siguen metiéndose conmigo”) y a las masas (“yo soy el único que puede derrotar al terrorismo”).
La operación, entonces, sirvió de base a una de las “campañas psicosociales” del gobierno de Fujimori –preparadas por el mismo dictador, su asesor Vladimiro Montesinos y el psiquiatra Segisfredo Luza– del tipo que son comentadas por Stucchi y Ladd.
La justicia peruana mostró después lo que era capaz de hacer Fujimori, y lo condenó a 25 años de prisión, no por corrupto sino por mandar a matar gente usando para ello bandas para-militares. Eso es terrorismo de Estado, y convierte a Fujimori en terrorista (y de los que no arriesgan su vida).
El hecho que la operación fuera uno de los mayores éxitos políticos de Fujimori, y la alta probabilidad de que se haya ejecutado heridos, debería ser suficiente para poner en duda la sensatez de la decisión del Congreso. Pero toda duda desaparece, y la estupidez y la perversión resultan innegables si nos damos cuenta que con su decisión de declararlos héroes, el Congreso está poniendo a los comandos al lado de Grau y Bolognesi, que pelearon por su patria y no por órdenes de un dictador. Y lo hicieron sabiendo que iban a morir.
Resulta ahora evidente que, de manera análoga a lo que hizo fujimori con la Operación Chavín de Huántar, el gobierno de PPK está tratando de usar políticamente la celebración de los 20 años para preparar el camino para la liberación del ex-dictador. Se puede aceptar la declaración de héroes de los comandos de Fujimori, pero no podremos aceptar la excarcelación del ex-dictador, quien es el único que puede haber dado la orden de ejecutar heridos.