Estos días el gobierno dice estar tratando de flexibilizar el mercado laboral, eliminando o reduciendo una serie de beneficios en el caso de los jóvenes, con el supuesto propósito de aumentar la contratación de trabajadores (jóvenes) por parte de las empresas.
Digo “supuesto” porque en realidad no creo que las autoridades (funcionarios del MEF, sobre todo) sean sinceros. Ellos, se supone, han tomado y aprobado sus cursos de microeconomía (el ministro Segura en la Universidad Católica y en alguna universidad extranjera), y no creo que no entiendan que el argumento que presentan carece de sentido.
El análisis económico más sencillo (el equilibrio parcial) aplicado al mercado de trabajo nos dice que el nivel de empleo está determinado simultáneamente por la oferta de los trabajadores y la demanda de los empleadores (las empresas), de tal manera que, si el mercado de trabajo estuviese libre de distorsiones podría alcanzarse el pleno empleo, situación bajo la cual, a un salario dado, todo aquél que quisiera trabajar conseguiría empleo, y todas las empresas que quisieran contratar encontrarían los trabajadores que necesitan.
En una situación de ese tipo, la única manera de aumentar el nivel de empleo sería aumentando la oferta y/o la demanda de trabajo. Un aumento de la oferta de trabajo implicaría que, dado un salario, podría conseguirse un mayor número de trabajadores, o que, dado un nivel de empleo, podría pagarse un salario más bajo. Un aumento de la demanda de trabajo implicaría que, dado un salario, las empresas van a querer contratar más trabajadores, o que, dado un nivel de empleo, las empresas van a estar dispuestas a pagar un salario más alto.
Ahora bien, podrían existir distorsiones que afecten el mercado de trabajo. Por ejemplo, un impuesto al salario introduciría una brecha entre el salario pagado por la empresa y el salario recibido por el trabajador, siendo la diferencia entre ambos el impuesto en cuestión (salario recibido = salario pagado menos impuesto), de tal forma que la eliminación del impuesto permitiría no solo el aumento del empleo, sino también la reducción de los costos laborales para las empresas y el aumento del salario recibido por los trabajadores.
Sin embargo, lo que el Ministerio de Economía pretende hacer no es eliminar un impuesto al salario, sino una serie de beneficios percibidos por los trabajadores. Tal medida no afectaría la demanda de trabajo por las empresas, la cuales van a seguir dispuestas a contratar el mismo número de trabajadores si es que incurren en los mismos costos salariales.
La única manera, entonces, de obtener un aumento en el nivel de empleo sería esperar un aumento en la oferta de trabajo como resultado de la eliminación de los beneficios, y eso es algo tonto de esperar, pues la única manera en que eso podría ocurrir es asumiendo que los trabajadores no consideran tales beneficios como parte de lo que ganan.
Se puede argumentar, sin embargo, que, como resultado de distorsiones, existen jóvenes desempleados dispuestos a trabajar sin percibir los beneficios que están siendo eliminados. La única manera en que eso puede estar ocurriendo sería si las empresas no tuvieran otra manera de reducir sus costos salariales, si no es eliminando los beneficios, lo cual podría resultar, por ejemplo, de la existencia de un salario mínimo. Pues bien, entonces, la reducción de los beneficios sería una manera alternativa y encubierta del gobierno de reducir el salario mínimo, lo cual es algo que no se atreve a hacer abiertamente por los costos políticos que ello conllevaría.
Pero, aún si el gobierno pudiese (y se atreviese) a reducir el salario mínimo, el resultado final podría no ser el esperado. Habría que suponer, para empezar, que efectivamente existen jóvenes desempleados dispuestos a trabajar por un salario real más bajo. Pero ello no tomaría en cuenta que la decisión de un joven de entrar al mercado de trabajo es básicamente una decisión económica, por lo que salarios más bajos podrían simplemente inducir a los jóvenes a no trabajar y seguir dependiendo de sus padres. O a buscar otras formas de sobrevivencia, como, por ejemplo, la delincuencia.
Podríamos darle al gobierno el beneficio de la duda, y creer que su propuesta es sincera, y que de veras creen que de esa manera pueden aumentar el nivel de empleo. En parte eso tiene que ver con la confianza casi supersticiosa de los economistas que con medidas de política pueden resolver cualquier problema económico.
El problema del empleo en nuestro país, sin embargo, es muy complicado, pues bien podría ser que el equilibrio de nuestro mercado de trabajo, en la ausencia de toda distorsión, conlleve un salario real por debajo del nivel de subsistencia. Bajo esa situación no existen soluciones mágicas. De todas maneras, lo que se debe buscar es reducir los costos en general, y no los costos salariales en particular, y eso puede hacerse, por ejemplo, reduciendo la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV). De la misma manera, una forma de aumentar el nivel de actividad es amentando el ingreso (y el gasto) de las familias, y a ello se puede contribuir pagando la deuda que el gobierno tiene con los fonavistas.