La desaceleración de la economía peruana empezó el año pasado como consecuencia de los precios más bajos de los minerales, lo cual ha afectado uno de los pilares básicos del crecimiento económico, cual fue el aumento del valor de las exportaciones de materias primas. Este año, la saturación del mercado inmobiliario y la carga de deuda que soportan las familias están afectando otro de los pilares del crecimiento de los últimos años, cual fue el crecimiento del crédito inmobiliario y de consumo. Las familias tienen ahora que pagar esas deudas, y deben reducir su gasto de consumo.
El Ministro de Economía Luis Castilla está aprovechando la distracción de la Copa Mundial de Fútbol y usando la desaceleración económica como pretexto para tomar una serie de medidas que, según él, servirán para promover la inversión privada. Dichas medidas comprenden la condonación de deudas tributarias por 20,000 millones de nuevos soles, la “flexibilización” de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la reducción de las regulaciones ambientales.
Es obvio que no solo la efectividad, sino también la legitimidad y transparencia de dichas medidas son fuertemente cuestionables. Eso nos hace pensar que el ministro Castilla, sabiendo que la fiesta del crecimiento ya se está acabando, en realidad está pensando en renunciar, pero antes de hacerlo quiere otorgar algunos jugosos beneficios a sus amigos en el sector privado, para los cuales seguramente irá ahora a trabajar.
En el caso de la condonación de deudas tributarias, 20,000 millones de nuevos soles es un montón de dinero, casi 4% del PBI, o sea, más de lo que crecería la economía peruana este año. Se aduce que habrían unos 180,000 beneficiados, lo cual implica un promedio de más de 100,000 soles por beneficiado, lo cual nos hace pensar que mientras algunos podrían beneficiarse con algunos miles de soles, otros podrían hacerlo con cientos de millones. Un mínimo de transparencia exigiría ahora que se publique qué empresas resultarán beneficiadas y en qué montos. Alguien debería advertir al ministro Castilla que, si va adelante con su proyecto, podría terminar en una situación como la que enfrenta actualmente Alan García por los “narcoindultos” que otorgó.
En el caso de la “flexibilización” de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las regulaciones ambientales, se busca básicamente eliminar el derecho de los trabajadores a controles y exámenes médicos periódicos y –por otro lado– otorgar a las empresas mineras el libre derecho a intoxicar el medio ambiente en el que operan. El ministro Castilla sabe perfectamente que este tipo de medidas son fuertemente impopulares, y que deben tomarse tratando de no llamar la atención del público, lo cual nos hace pensar en la Copa Mundial de Futbol.
Obviamente, las medidas del ministro Castilla cuentan con el apoyo de gremios empresariales como la Confiep y de sus mastines en los medios. La jerga que usan ya la conocemos: promover la “confianza” del inversionista, eliminar costos regulatorios que son “confiscatorios”, reducir “sobrecostos” laborales, “favorecer” a las pequeñas y medianas empresas, etc. El fariseísmo de esta gente es impresionante: ya no exigen ahora estabilidad jurídica, como lo hacen cuando lo que está en discusión son medidas que podrían perjudicar sus intereses.
Uno de los problemas más importantes del capitalismo es que carece de mecanismos automáticos de defensa propia, que protejan su legitimidad. De esta manera, si el mayor beneficio de las empresas requiere en el corto plazo de salarios miserables, condiciones de trabajo indignas y altas tasas de desempleo, pues eso será lo que el libre mercado producirá. Y, lamentablemente, el largo plazo es simplemente la suma de los cortos plazos.