El propósito entreguista declarado abiertamente por el presidente García, en sus tesis sobre el perro del hortelano, de subastar las riquezas naturales del país a corporaciones transnacionales con cuya presencia identifica ahora el progreso (liquidando el antiimperialismo de Haya y, por tanto, al APRA), experimentó el año pasado su mayor derrota por la movilización de los pueblos amazónicos. Fiel a sus compromisos (los reales; aquellos establecidos con los grupos de poder), García desplegó una contraofensiva con dispositivos legales amañados. Como sólo parece reconocer la existencia de derechos para los pueblos cuando se movilizan y toman carreteras o instalaciones, desde hace cuarenta días las comunidades amazónicas le están dando una nueva lección de dignidad, reclamando derechos establecidos en la propia Constitución y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que el Presidente, solícito con los agentes del proyecto de transnacionalización de la Amazonía, debiera ser el primero en hacer cumplir.