07 de noviembre, 2011.- El Instituto de Defensa Legal de Lima presenta una propuesta articulada de reglamento de ley de consulta bastante descompensada por situar al Estado como representante del “interés público” netamente por encima de los derechos de los pueblos indígenas, afectándoles. Más que el derecho a la consulta, lo que se configura es la obligación de someterse a ella.Se restringen al máximo los supuestos en los que se requiere consentimiento sin previsión de garantías sobre la apreciación de su existencia. Queda en manos del Estado. El consentimiento previo, libre e informado se transmuta en “la obligación del Estado de realizar todos los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas en torno a la implementación de la medida legislativa o administrativa consultada”, hasta tal punto, entre evocaciones que no faltan del derecho a la libre determinación, se posterga y degrada la agencia indígena.