Todo el personal del gobierno, vice ministros y funcionarios que hasta ayer se encontraban retenidos en la comisaría de Andahuaylas han podido salir con tranquilidad y en las próximas horas arribarán a Lima en el grupo aéreo N8.

Al menos 40 heridos, entre civiles, policías y dos funcionarios del gobierno, son atendidos en el hospital de Andahuaylas tras los enfrentamientos en la región sureste de Abancay. Las manifestaciones se iniciaron cuando la comisión de alto nivel integrada por los ministros de Agricultura y Energía y Mininas, se negó a firmar el acta que recogía lo conversado en el día.

La población exigía que se firme el acuerdo de cese de toda actividad minera en la región, sin embargo los funcionarios de gobierno se negaron a hacerla retirándose de la mesa de diálogo

“Nos han faltado el respeto (..) la Comisión de Alto Nivel no llegó con ningún tipo de solución”, señaló para LaMula el presidente de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Andahuaylas, Pelayo Hurtado.

Los ministros han señalado para la prensa capitalina que tuvieron que abandonar el recinto en el que se realizaba la reunión debido a que sus agentes de seguridad les informaron que los manifestantes estaban cerrando calles aledañas al lugar.

“El acuerdo que en el que se había quedado es que se iba a estudiar la posibilidad de una norma para que no se haga minería en la cabecera de cuenca“, dijo a LaMula, Victor Caballero de la PCM.

El segundo acuerdo fue anular la medida de fuerza pero en ese momento otros dirigentes de la región se levantaron y los ministros se dieron cuenta que eran maniobras dilatorias por lo que decidieron suspender el diálogo, agregó Caballeró.

Durante las manifestaciones de ayer Andahuaylas se quedó sin luz por algunas horas y que se escucharon varios disparos, según informó la prensa local. También se han registrado incendios y tomas de varias emisoras de radio.

Andahuaylas se encuentra en paro desde hace ocho días exigiendo que la minería sea considerada libre de actividad minera, formal e informal; y que se garantice la preservación y calidad del agua.

En Anchash, las comunidades de Huarás y Cátac reclaman una mayor participación en el canon que reciben del grupo minero Antamina.

Rolando Luque, jefe del Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Puebo señaló que no hay un retrado del Estado en responder a preocupaciones sociales que son latentes desde varios meses atrás.

Asimismo, la Defensoría ha publicado un informe en donde advierte que durante el mes de octubre se registraron más de 200 conflicto sociales, la mayoría de estos se encuentran en Puno (20), Ancash y Cajamarca (17 cada uno). Cabe resaltar que el 57.1% de los conflictos son de carácter socio ambiental.