Es claro que el mar de ingresos por las rentas extractivas no sucede en todas las localidades del Perú. Pero, si es importante tener en consideración que al igual que la capital, donde las instituciones son débiles y la desinformación abunda, cundan los aprovechadores y ante un Estado débil, los que salen ganando son los tiburones.

En ese sentido, algunos mitos se han venido derrumbando en la actividad extractiva, y mejor aun que algunos ciudadanos son mas consientes de esto, pero todavía siguen. Veamos cuales:

a. El canon es la compensación de la contaminación sufrida por parte de la industria extractiva. El que una localidad reciba importantes cantidades de canon o regalías no le da derecho a ninguna empresa a contaminar. En caso que contamine deberá remediar el daño la empresa o entidad que lo causo. El problema es que el Estado no tiene capacidad ni de fiscalizar, sancionar y hacer cumplir las sanciones.

b. Los recursos de las industrias extractivas son eternas. En algunas de mis visitas a las regiones, algunos pobladores creían que el canon va a ser eterno. Esto es peligroso, porque no (quieren) plantean la pregunta del futuro: ¿qué pasará cuando el boom minero se acabe? Algunos dirán siempre han estado solos, sin Estado y así se las han arreglado.

c. Son mis recursos y no del otro. Uno de los grandes problemas es el egoísmo que se refleja al momento de plantearse las medidas para el avance de la descentralización. ¿Qué hubiesen pensado los Cajamarquinos/Moqueguanos/Cusqueños si su vecino es el que tiene importantes recursos en lugar de ellos? Un claro ejemplo del mal diseño de las algunas leyes es la Ley de canon, no se pensó desde una mirada integral de país y de equidad, sino de una mirada compensatoria para obtener la “licencia social para la actividad extractiva”, en otras palabras hubo una mirada de corto plazo y no de largo plazo y de país.

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Las siguientes líneas tratará de resumir algunos puntos, está claro que dejaría muchas aristas en el tintero, en base a una experiencia al moderar un foro sobre Descentralización del Grupo Propuesta Ciudadana (http://www.propuestaciudadana.org.pe/). Bueno, allí va:

a. A varios nos cuesta entender que la Descentralización es un proceso/medio y NO un FIN, así como muchas cosas en la vida por ejemplo el FaceBook. Un medio para poder llegar al desarrollo pleno de los y las ciudadanas (sin distinguir edad y más allá del DNI). Para esto se requiere vivir en un sistema democrático. Donde las personas son agentes de cambio, y que tengan las oportunidades de optar su modo de vida que valoren, y que no le nieguen la vida (como viene sucediendo por ejemplo con los niños y niñas victimas del friaje que se dan todos los años y donde todos somos responsables).

b. Existen coincidencias sobre que TODOS somos los responsables para que este proceso funcione: Estado, Sociedad Civil y las Empresas. Esto se menciona pero no se plasma en la realidad, sin ir muy lejos recordemos los procesos electorales nacionales… contamos con partidos nacionales?

c. Para avanzar en la Descentralización Fiscal-DF, primero se debe entender que es parte de un proceso mayor e irreversible; pero se requiere de un desarrollo de instituciones, entendidos de manera básica como reglas de juegos claras, consecuentes y sencillas.

d. La regionalización y descentralización Fiscal deben caminar de la mano, una se necesita de la otra. En la práctica lo que se tiene es una “falta de voluntad política” no solo del gobierno nacional sino regional en algunos casos, para avanzar en el proceso de Descentralización Fiscal (bueno hasta la fecha se visualiza esto). Nota: la descentralización fiscal no es que tengas más recurso la región!!! Eso es descentralización del presupuesto público lo otro es más exigente y más sostenible.

e. Para lo anterior se puede ir avanzando en la DF y que no esté subordinada a la integración de regiones. Se puede ir avanzando en:
1. Mapa tributario
2. Resolver los problemas de inequidad y falta de transparencia para la asignación de los recursos
3. Desarrollar las conciencias tributarias en ámbitos sub nacionales.
4. Avanzar, consolidar las transferencias de competencias, capacidades y recursos a los GS.
5. Desarrollar un soporte social y de la maduración ciudadana para avanzar el proceso de descentralización de manera responsable.

g. Se entiende también la necesidad de tener macro-regiones viables. En el caso que se agrupan dos o más departamentos, las posibilidades económicas son mejores por las “economías de escala”, esto porque cuanto más grande es una región menos son los costos y mayores son las oportunidades de empleo, negocios y producción. Además, desde un punto de vista político, la regionalización es muy importante porque es el medio para lograr que las regiones puedan manejar sus propios problemas y su propio desarrollo.

h. La DF al final es posible solo si existen las bases económicas y fiscales, es decir, si hay suficiente dinero para que los acuerdos se lleven a cabo y habrá más dinero si las regiones son más grandes y menos dinero si se quedan como departamento. Además, en la actualidad solo seis departamento pueden financiar su gasto descentralizable comparando con el mapa tributario estimado (corrigiendo el sesgo de la dirección fiscal), estos son Lima, Arequipa, Pasco, La Libertad, Ica y Moquegua. Qué hacemos con el resto?

i. Respecto al modelo de financiamiento del gasto regional y local existe encuentros sobre el modelo de coparticipación. Pero, el proponer un esquema único para GR y GL sería desatender la variada complejidad de los diversos procesos que envuelven a la Regionalización y a las propias realidades de nuestro país. Ante esta situación, todos coinciden que la propuesta del modelo la equidad como pilar la asignación de los recursos. El modelo de Coparticipación debe aplicarse en el caso peruano, porque es el modelo más democrático que existe y, con algunas modificaciones para que no exista la duplicidad de funciones, debe implementarse en los GL y GR.

Finalmente, si necesitan de mayor bibliografía para el caso peruano pueden revisar en los siguientes links:

http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/

LaDescentralizacionFiscalenelPeru.pdf

http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/

ProcesosconcertacionDescentralizaci.pdf

http://www.prodescentralizacion.org.pe/downloads/documentos/

0653556001279736283.pdf

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A continuación me tomo la libertada de enlistar algunas recomedaciones para mejorar el Sistema Nacional de Inversión Pública que ha venido siendo vapuleada de manera grotesca desde todos los frentes!!! Pueda que se tire al niño junto con el agua sucia.

Aunque la lista es un poco larga allí va:

1. Trabajar en la apropiación del sistema del usuario final. El éxito del SNIP dependerá de la generación del valor público, que el “ciudadano de a pie” lo entienda!!! Al SNIP hay que evaluarlo con la percepción de la mejora del bienestar que genera al ciudadano. Entender cúal es el fin y cúal es el medio!!! Pequeño detalle que pierden tanto los póliticos como los tecnócratas.
2. Los cambios de la política del SNIP deben formar parte de una reforma del Estado, que van de la mano con la anunciada escuela nacional de administración pública.
3. Se deben mejorar los mecanismos de apoyo administrativos en los Gobiernos Regionales-GR. Incentivar los contratos de gerencia para algunas áreas claves y descentralizadas en los gobiernos regionales. No es solo mejora de los sueldos, sino también las mejoras en los procedimientos administrativos, avanzando en las certificaciones de calidad de las áreas claves.
4. Conciliar los tiempos de los procesos de selección de la OSCE y del SNIP.
5. Se debe estandarizar, el diseño de la OPIs y la UFs, no se cuenta con estudios sobre la capacidad de carga y de respuesta de estas áreas claves a nivel de regiones.
6. Reforzar los mecanismos de supervisión de calidad en la fase de diseño y evaluación ex post de las inversiones. Para el caso de los PIP tradicionales se recomienda flexibilizar la metodología elaborada y difícil de evaluación de costo-beneficio social en la fase de pre inversión, Pero, de la manno va la mejora de las verificaciones muestrales ex post.
7. Desarrollar un inventario de necesidades básicas sociales, tener herramientas de medición de brechas a nivel nacional, como las brechas en salud, educación, agua y saneamiento.
8. Además de mejorar e integrar los sistemas administrativos y de información de la demanda y oferta de los principales servicios básicos (salud y educación) e información ambiental. En esta línea, avanzar en la integración de los sistemas de presupuesto y contabilidad gubernamental, para una mejor programación presupuestal, ojo la vida de un proyecto no muere en la ejecucion de la “obra”, qué pasa con la operación y mantenimiento
9. Elaborar un ranking de las empresas contratistas, donde se califique la calidad del trabajo y que ayude a seleccionar de manera más adecuada a las empresas seleccionadas. Además, debe haber un registro de proveedores, para hacer el seguimiento a las empresas que constituyen consorcios, para participar en una licitación, esto con el objetivo de desincentivar a los consorcios fantasmas.
10. Mejorar el sistema de capacitación a los funcionarios de las UF, OPI y a las autoridades locales y regionales para una apropiación del Sistema. Para esto se recomienda:
a. Avanzar en las capacitaciones sectorizadas y la elaboración de materiales específicos en: proyectos productivos, proyectos culturales, seguridad ciudadana y proyectos sociales con parámetros de acuerdo a la realidad de las regiones. Asimismo, contar con guías para la incorporación del desarrollo de capacidades en los PIP.
b. Avanzar en la capacitación de la fase de inversión y post inversión. Para la parte de pre inversión ya se han venido desarrollando capacidades.
11. Avanzar en los módulo de seguimiento y evaluación ex-post de los PIP.
• Fortalecer la evaluación EX POST, se debe potenciar los mecanismos de seguimiento físico y financiero, no hacerlo atenta contra la calidad y los resultados de la inversión.
• Aprovechar más la información del banco de proyectos, por ejemplo hacer análisis sobre lo estimado y lo que se da en la realidad, como afectan las diferencias entre el VAN (Valor Actual Neto) estimado a priori y el VAN resultante de una evaluación ex post; las diferencias entre los montos programados en los estudios de viabilidad y los montos ejecutados en la inversión y en la operación y mantenimiento. Del análisis se puede mejorar los parámetros de evaluación del Anexo 9, diferenciando los costos por regiones y otras tipologías, por ejemplo los costos de la construcción de un tipo de carretera. Sigue leyendo →

Por
Epifanio Baca
Nilton Quiñones
Lima, Mayo 2008

El retorno a la democracia en el Perú tras la caída del régimen Fujimorista el año 2000 reabrió el debate sobre las reformas requeridas para recuperar el funcionamiento y la legitimidad del sistema democrático en el Perú. Siendo uno de estas reformas la Descentralización. El objetivo de este artículo es revisar los principales avances y limitaciones en la implementación de esta importante reforma en el período 2001-2008

1. Lanzamiento del proceso de descentralización

Durante el gobierno de transición liderado por el presidente Paniagua (noviembre 2000 a julio 2001) los partidos políticos, los movimientos regionales, actores sociales y políticos diversos, lograron un consenso al identificar a la Descentralización como una de las reformas más importantes del proceso de democratización del país. Los nueve meses que duró este gobierno – que incluyó a la campaña electoral del año 2001- fueron de intenso debate para definir tanto la agenda descentralista como la lucha contra la corrupción.

El gobierno del presidente Alejandro Toledo – que resulta ganador de las elecciones del 2001 – se encargó de concretar tanto la Reforma Constitucional del capitulo 14 que abre paso a la descentralización como de importantes leyes que permitan el inicio del proceso. Entre ellas, la Ley de bases de descentralización, la Ley de creación de los gobiernos regionales, la Ley Orgánica de gobiernos regionales, la Ley de descentralización fiscal, así como de normas que crean mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública y de rendición de cuentas por parte de las autoridades.

En noviembre del 2002 se convoco a elecciones para elegir los presidentes de las 25 regiones, los cuales iniciaron su gestión en enero del 2003 por un periodo de 4 años, aun cuando faltaban algunas importantes leyes para completar el marco normativo de la descentralización. Debido a ello algunos sectores criticaron a este proceso por su apresuramiento. La mayoría de autoridades electas ese año pertenecían a organizaciones políticas distintas, entre ellas Perú Posible (el partido de gobierno), el Partido Aprista obtuvo doce gobiernos regionales. Por otra parte un número importante de gobiernos regionales fueron electos con porcentajes inferiores a 30% de votos, lo que afectaba su legitimidad de origen.

Hasta el 2004 el gobierno del presidente Toledo mostró voluntad política por impulsar la reforma descentralista. De allí en adelante fue perdiendo interés en el tema – tanto porque no tenía claridad sobre el rumbo que debía tomar el proceso como por la presión de sectores que miraban esta reforma con recelo y desconfianza – y en consecuencia el proceso se fue aletargando.
Al finalizar su gobierno en julio de 2006 los logros a resaltar son: a) La transferencia de funciones a los gobiernos subnacionales avanzó muy poco, según el CND se habrían transferido 120 funciones de las 185 establecidas en la Ley Orgánica de Regiones; b) se transfirió a los gobiernos regionales la mayor parte de los proyectos especiales de inversión que manejaba el INADE; c) se inició con la transferencia de los programas sociales a las municipalidades pero esta avanzó poco en medio de marchas y contramarchas. Los gobiernos locales estuvieron prácticamente ausentes en este proceso.

En el plano de la descentralización presupuestal se avanzó mediante la transferencia de recursos de inversión hacia los gobiernos regionales y las municipalidades, pero no debido a las medidas del gobierno, sino a la legislación preexistente. Nos referimos principalmente a las transferencias por concepto de Canon, sobrecanon y regalías provenientes de las industrias extractivas y también Fondo de Compensación Municipal FONCOMUN. La particularidad de esta descentralización del gasto mediante el canon es que beneficia solamente a las regiones productoras de minerales o hidrocarburos y por tanto, ha ido generando inequidades entre regiones.

2. Entre el discurso y la realidad hay una gran distancia.
Como era de esperar cuando el APRA llega al gobierno en julio del año 2006 con Alan García a la cabeza, lo hace en medio de una intensa campaña electoral en la cual lo que sobraron fueron las ofertas de campaña. La mayor parte de las propuestas de campaña y los anuncios realizados luego de asumir el poder – a través del “shock descentralista”- estuvieron referidos a continuar con la transferencia de funciones y recursos, así como de programas sociales y proyectos, ambos iniciados – y continuamente postergados – desde la gestión anterior. Por otra parte, están las medidas referidas a la descentralización del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y al desarrollo de capacidades para la gestión regional y local.
En un contexto de bonanza fiscal heredada del gobierno anterior el presidente García anunció en septiembre del 2006 el llamado “shock de inversiones” como una medida para impulsar las inversiones descentralizadas (con 300 millones de dólares adicionales). Sin embargo, al cabo de un año, las instituciones públicas del nivel nacional, regional y local han mostrado serias dificultades para ejecutar a tiempo estos recursos de inversión. Los informes de la Contraloría General de la República sobre el escaso avance en la ejecución de las obras previstas pusieron el tema en la opinión pública. Ante el relativo fracaso de esta iniciativa, a la que también se sumaron hechos de corrupción en la compra de patrulleros y ambulancias, el gobierno aprista salió culpando a los gobiernos regionales y municipales, así como al sistema nacional de inversión pública SNIP de este atraso.

Para hacer frente a este problema tomó medidas – apresuradas y poco consistentes – destinadas a descentralizar el sistema de inversión pública lo que es positivo, pero también a flexibilizar y relajar las reglas del SNIP y del sistema de adquisiciones y contrataciones del Estado, lo cual conllevaba el riesgo de bajar la calidad de las inversiones y aumentar la corrupción. Desde Propuesta Ciudadana demostramos que el escaso avance de las inversiones no sólo tocaba a los gobiernos subnacionales sino también al gobierno nacional y que el principal factor que generaba este problema era el déficit en las capacidades técnicas e institucionales del Estado para gestionar recursos de inversión crecientes. Pero, en lugar de actuar sobre esta causa, el gobierno la emprendió contra el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), señalándolo como el principal obstáculo para el avance de las inversiones en lugar de fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de los gobiernos. La evidencia más clara de ello es que el gobierno peruano tiene un préstamo del BID por 30 millones de dólares desde el 2005 precisamente para financiar el desarrollo de capacidades técnicas e institucionales en los gobiernos subnacionales que están en gran parte sin utilizar.

En lo que respecta a la transferencia de funciones y competencias, mediante el D.S. 068-2006-PCM, el gobierno decreta la culminación de la transferencia de funciones a los gobiernos regionales y locales antes del 2008. Para tal fin, el gobierno declara la necesidad de cuantificar los recursos presupuestales que deberán acompañar la transferencia de funciones, así como la simplificación de los procedimientos de transferencia. Sin embargo, no se llega a cuantificar los costos de las funciones a transferir tampoco se define con claridad un mapa para la distribución de funciones entre los tres niveles de gobierno ni se establecen mecanismos eficaces de coordinación y negociación del proceso.

Por otra parte el gobierno lanzó una propuesta piloto para municipalizar los servicios de educación y salud, comprendiendo a 50 municipalidades en el primer caso y unas 100 en el segundo. Sin embargo, en los hechos esta propuesta no ha funcionado por ausencia de una estrategia clara para llevarlo adelante. En el caso de Educación la mayor parte de las autoridades municipales involucradas en este programa trabajaron solos, huérfanos de asesoría de parte del Ministerio de Educación y enfrentados con la oposición activa que ejercía el gremio de los profesores, el SUTEP.

En lo referente a la conducción del proceso el gobierno optó por desactiva el Consejo Nacional de Descentralización CND en febrero del 2007, remplazándolo por la Secretaría de Descentralización, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en lugar de reformarlo y constituir una instancia de conducción intergubernamental que operara con mayor eficiencia. Con esta decisión el gobierno privilegia la interlocución directa con cada autoridad y descarta una relación institucionalizada con los presidentes regionales y los alcaldes.

Las reacciones frente a esta medida controvertida no se dejaron esperar y vinieron de todos lados. Es más, en contra de lo que el gobierno esperaba, los presidentes regionales constituyeron la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (marzo del 2007), con la finalidad de discutir y plantear colectivamente e institucionalmente los temas pendientes de la agenda descentralista. Desde esta plataforma –y con bastante rapidez– han logrado establecer mecanismos de coordinación con el ejecutivo y han planteado temas de agenda relevantes (la descentralización fiscal, transferencia efectiva de funciones y recursos, integración de regiones, entre otros). En lo que va de este año, la Asamblea ha logrado establecer reuniones periódicas con el presidente Garcia y todo su gabinete para abordar estos temas, lo cual resulta un logro notable.

En noviembre del 2006 el mapa político regional se modifica por las elecciones regionales, dando como resultado el predominio de los movimientos o partidos locales en la conducción de los gobiernos regionales y municipalidades; en consecuencia la presencia de los denominados partidos nacionales ha quedado muy reducida (tres sobre un total de 25 gobiernos regionales). Pero el cambio más significativo se dio en la representación del partido aprista (partido de gobierno), que de haber tenido 12 gobiernos regionales se quedó solamente con dos, situación que influye decisivamente en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales. Si bien estos movimientos pueden tener la voluntad de ejercer la política a partir de las dinámicas sociales y económicas de sus regiones, son grupos heterogéneos sin mecanismos de articulación, incluso entre quienes comparten enfoques programáticos similares.

En relación a la gestión de los gobiernos regionales, cabe señalar que, con diferencias entre ellos, estos han mejorado su capacidad de gasto, así como en la implementación de sus portales de transparencia Asimismo, algunos de ellos vienen implementando medidas de reforma institucional para mejorar su organización y su capacidad de gestión. En efecto, a partir de la evaluación de las fortalezas y debilidades, han iniciado procesos de reestructuración orgánica y administrativa del gobierno regional que les permita gestionar con mayor eficacia y eficiencia los crecientes recursos de inversión, así como las funciones nuevas a su cargo. Entre estos podemos citar a los gobiernos regionales de Cajamarca y Arequipa. En Piura y La Libertad también están realizando medidas para fortalecer el planeamiento estratégico con miras a promover la competitividad y el desarrollo sostenible.

Finalmente, cabe resaltar que en diciembre del 2007, el Congreso de la República aprobó finalmente la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con lo cual se completa el marco legal del proceso de descentralización. La importancia de la norma radica en que ordena la intervención del gobierno nacional en el desarrollo de las políticas nacionales y sectoriales. Para ello, toma tres decisiones importantes. En primer lugar, define las competencias exclusivas del Gobierno Nacional y establece las relaciones de coordinación y cooperación intergubernamental en cuanto a las competencias compartidas. En segundo lugar, crea el Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI), cuyas principales funciones son la coordinación y definición de políticas públicas, y la supervisión de los avances del proceso de descentralización, estará presidido por el Presidente del Consejo de Ministros, con la participación de los Presidentes Regionales y una representación de alcaldes. En tercer lugar, establece que las competencias compartidas entre los tres niveles de gobierno serán definidas en las Leyes Orgánicas de los sectores.

A partir de lo expuesto podemos concluir que el proceso descentralista enfrenta un doble desafío. Por otro lado, el de renovar un consenso social y político respecto de su consolidación y profundización, tarea nada fácil teniendo a un gobierno que más allá del discurso tiene muy poca voluntad política para hacer avanzar la reforma. Por otro lado, los gobiernos regionales y municipales necesitan mostrar resultados concretos de su gestión, lo cual esta todavía por evidenciar.
Desafíos en la descentralización

1. La implementación del Consejo de Coordinación Intergubernamental como espacio de coordinación de políticas entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Desde esta instancia el gobierno nacional debe asumir la conducción del proceso y las relaciones de diálogo y concertación con los gobiernos regionales y municipales.
2. La transferencia de competencias, responsabilidades y recursos hacia los gobiernos regionales y municipales
3. La puesta en marcha de la descentralización fiscal y de una reforma tributaria que la favorezca y que comprenda el incremento de la recaudación.
4. Un Plan Nacional de Regionalización concertado que haga viable el diseño de unidades territoriales con mejores posibilidades para el desarrollo integral.
5. Las necesarias reformas electorales para que las autoridades regionales y municipales cuenten con mayor legitimidad y representatividad.
6. Liderar y promover reformas institucionales que fortalezcan la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y municipales, incentivando la asociación o integración que permitan economías de escala.
7. La afirmación de la participación y la vigilancia ciudadana para una gestión pública eficiente, responsable, transparente y concertadora.

Bibliografía
Congreso de la República; Evaluación Anual al Proceso de Descentralización, 2005. Lima-Perú.
Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES); Economía y Sociedad Nº 59. Marzo 2006
Eduardo Ballón; Balance del Proceso Peruano de descentralización desde los gobiernos regionales. 2008
Grupo Propuesta Ciudadana; Reportes Nacional de Vigilancia a la Descentralización Nº 11 y 14; Reporte Nacional de Vigilancia a las Industrias Extractivas Nº 5 y 7
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Informe sobre Desarrollo Humano/Perú 2006.
PRODES; El Proceso de la Descentralización. Balance y Agenda a septiembre 2007.
Raúl Lizárraga Bobbio; Descentralización y desarrollo regional. Contexto, avances y retos pendientes. 2007
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A continuacion presento las recomendaciones del documento Vigilancia a la Descentralización, Balance 2007 (pueden bajarlo de http://www.participaperu.org.pe/n-vigilaperu.shtml)

1. El aumento significativo del gasto público se ha mantenido durante el 2007 y se espera que continúe en el 2008. Para saber si este gasto camina en buena dirección y si esta produciendo los resultados e impactos esperados, se hace necesaria la implementación de un efectivo sistema de monitoreo de la calidad del gasto. Se deben definir indicadores para medir no solo la eficiencia financiera del gasto realizado sino también para evidenciar si los estimados de rentabilidad económica y social definidos en el proyectos viabilizado por el SNIP están siendo alcanzados y en que medida.

2. Los gobiernos regionales deben orientar mayores recursos de inversión a los proyectos de mayor impacto que en muchos casos estos no serán los convencionales. Estos nuevos proyectos se deben dirigir a: promoción productiva, fortalecimiento de cadenas de productores, calidad de la educación y de la salud, planificación para la competitividad y otros. Para esto las entidades deberían de incluir en sus procesos de reforma institucional elementos de innovación en sus unidades de planificación estratégica y en sus oficinas de formulación de proyectos.

3. El CONSUCODE debe implementar acciones de capacitación al personal que alimenta de información al SEACE así como mecanismos de control de la calidad de la información para que esta sea confiable. Así mismo, debe publicarse en el SEACE la información sobre el detalle de los procesos adjudicados: montos, proveedores y modalidad del proceso.

4. Los gobiernos regionales deben implementar normas, mecanismos y acciones, en el marco de los procesos de rediseño institucional, que mejoren y consoliden el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información a fin de adecuar las exigencias al diseño propio del gobierno regional.

5. Los gobiernos regionales deben ampliar la representación de las organizaciones regionales y encargarle funciones importantes al CCR en temas como el diseño e implementación de planes temáticos regionales y el presupuesto. Así mismo, los actores de la sociedad civil deben fortalecer sus capacidades de información, participación y vigilancia para poder participar eficazmente en el CCR y las audiencias públicas de rendición de cuentas.

6. El Estado debe mejorar las capacidades legislativas y fiscalizadoras de los gobiernos regionales fortaleciendo la institucionalidad del Consejo Regional a fin de que sea una instancia autónoma y crítica frente al poder ejecutivo que consolide su institucionalidad más allá de las iniciativas individuales de los consejeros.

7. Se debe de implementar un sistema de transferencia de capacidades y asistencia técnica a los gobiernos regionales teniendo en cuenta que su personal iniciara el ejercicio de nuevas funciones sectoriales. Para ello, la Secretaría de Descentralización debe jugar un rol articulador entre los ministerios y los gobiernos regionales que permita mantener un acompañamiento efectivo.

8. Los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales deben priorizar la implementación de sus Proyectos Educativos Regionales y sus Planes Regionales de Salud y, paralelamente, facilitar las acciones de trabajo del COPARE y CRS en su nuevo reto de vigilancia y monitoreo de los PER y PRS.

Saludos,
Equipo de Vigila Peru
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