El más reciente escándalo del Cofre Presidencial que involucra a Dina Boluarte ha captado la atención pública debido a las acusaciones de uso indebido de recursos oficiales y el encubrimiento a un prófugo de la justicia. La controversia surgió cuando se reveló que el vehículo oficial de Boluarte fue, presuntamente, utilizado para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido político de gobierno: Perú Libre, durante un operativo policial. Este hecho ha llevado a la Fiscalía de la Nación a iniciar una investigación preliminar para determinar la veracidad de las acusaciones y las posibles implicaciones legales.
El caso ha generado un intenso debate político y mediático en el país, con diversas opiniones sobre la responsabilidad de Boluarte y las posibles consecuencias para su gestión. Es más que evidente que este incidente refleja un abuso de poder, falta de transparencia y encubrimiento a un prófugo de la justicia, ya que incluso el Ministerio del Interior ofrece una jugosa recompensa por información sobre su paradero. A propósito del Ministerio del Interior, el ministro Juan José Santiváñez ha jugado un papel crucial en dicho encubrimiento. Desde que surgieron las acusaciones, el ministro ha ordenado una “investigación exhaustiva” para esclarecer los hechos y determinar si hubo delito alguno. Además, ha reforzado las medidas de control y supervisión sobre el uso de vehículos oficiales para evitar futuros incidentes similares. Su accionar es un intento político por aparentar transparencia; sin embargo, ha prohibido que el chofer del vehículo presidencial vaya a declarar a la comisión de fiscalización del Parlamento. Es realmente cuestionable la actitud del ministro, quien debería permanecer con un perfil bajo, dadas las permanentes denuncias que enfrenta y su nulo accionar para combatir la inseguridad ciudadana. Cada día hay más asesinatos, extorsiones y sicariato, mientras la agenda del ministro está en defender, a capa y espada, a la señora Boluarte y, de esa manera, garantizar su permanencia en el Ministerio del Interior.
Por otro lado, en el Congreso parecen no querer ver lo evidente: la incapacidad moral y de gestión del ministro. ¿Se imaginan qué hubiera sucedido si esta situación se hubiera dado en el gobierno del presidente Castillo? Ya estarían circulando sendas acusaciones constitucionales y mociones de censura y vacancia. La moralidad y la incapacidad parecen tener tintes políticos, como siempre.
Publicado el 05 de octubre del 2024, en Diario Viral.