El Congreso contraataca nuevamente. Terminamos esta semana con la propuesta del congresista Waldemar Cerrón de crear la Comisión de Fiscalización de Jueces y Fiscales, la cual se encargaría de investigar y sancionar los delitos cometidos por los fiscales y jueces, en una clara, ilegítima e inconstitucional intención política por controlar también al Poder Judicial, violando el principio democrático de la separación de poderes.

El principio de separación de poderes es fundamental en todo país que se diga democrático, ya que busca evitar la concentración del poder en un solo ente y garantizar un equilibrio. Este principio se basa en la idea de que cada poder constitucional (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) debe tener funciones y responsabilidades distintas y actuar como un contrapeso para las otras. La independencia de poderes es crucial para el funcionamiento de un sistema político saludable y para la protección de las libertades y derechos de los ciudadanos. Sin embargo, somos testigos del pacto de supervivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, para mantenerse en el poder por lo menos hasta el 2026. Esto conlleva a situaciones en las que no se ejerce un control real sobre las acciones del gobierno ni del parlamento, y donde las decisiones políticas no son debidamente fiscalizadas. La nula capacidad del Congreso para interpelar y censurar a los ministros es un ejemplo de cómo el Legislativo ha claudicado en su rol de fiscalizar al Ejecutivo. Si este mecanismo de control se debilita o se utiliza de manera ineficaz, puede resultar en una falta de rendición de cuentas y en una gestión gubernamental que no responde a las necesidades y preocupaciones de la población. La observación de leyes por parte del Ejecutivo es otro mecanismo importante que permite el debate y la revisión de las leyes propuestas. Sin embargo, el Ejecutivo raramente observa las leyes o, cuando lo hace, el Legislativo ignora las observaciones presentadas, perdiendo la oportunidad de mejorar las políticas y asegurar que reflejen los intereses de toda la sociedad.

Ahora el Legislativo intenta controlar al poder Judicial, ya sea a través de investigaciones o sanciones políticas a los administradores de la justicia, este nuevo intento de copamiento podría afectar la independencia de los jueces y la imparcialidad de sus decisiones. La autonomía del poder Judicial es esencial, ya que actualmente es el único y verdadero contrapeso. Es nuestro deber defender la poca democracia que nos queda