En su mensaje a la nación del pasado 28 de julio, la señora Boluarte hizo un anuncio que para la mayoría de la gente ha pasado desapercibido. Anunció que en el año 2025 se realizaría el XIII Censo Nacional de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas. Dicha noticia sería relevante si no fuera porque aún faltan 3 años para que se deba aplicar un censo. En efecto, el último censo se aplicó en el 2017, por lo que el siguiente se debería ejecutar en el 2027. ¿A qué se debe la premura? ¿Acaso quiere hacer algo importante sin tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos en el tema?

Según las recomendaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), los censos de población y vivienda deben realizarse cada diez años. Esta periodicidad permite obtener datos actualizados sobre la cantidad de personas, su distribución, estructura etaria, condiciones de vida y otras características socioeconómicas. ¿Pero por qué cada 10 años? En primer lugar, porque la población y las condiciones de vida cambian constantemente debido a factores como nacimientos, muertes y migraciones, por lo que es necesario una periodicidad constante para asegurar que los datos reflejen estas dinámicas y proporcionen una imagen precisa y actualizada de la sociedad. En segundo lugar, los datos censales, con una periodicidad constante, son esenciales para la formulación de políticas públicas efectivas y realistas a largo plazo. Por ejemplo, conocer la distribución etaria de la población ayuda a planificar servicios de salud y educación. Sin datos actualizados, las políticas pueden no responder adecuadamente a las necesidades reales de la población. En tercer lugar, una periodicidad constante garantiza estudiar mejor las tendencias demográficas, como el envejecimiento de la población o los patrones migratorios, y entender la lógica de los cambios sociales y económicos a lo largo del tiempo. Finalmente, realizar censos cada diez años permite la comparabilidad de los datos entre países y a lo largo del tiempo. Esto es crucial para estudios supranacionales y para cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales, que buscan estandarizar la recolección de datos para mejorar la cooperación y el desarrollo global.

En el año 2005, el gobierno de presidente Toledo hizo un censo, el mismo que no cumplió con los estándares internacionales, dos años después, el presidente García impulsó el censo del 2007 (dejando en el olvido los datos del censo de Toledo). Planificar y ejecutar un censo cuesta millones de dólares, los mismos que la señora Boluarte parece estar dispuesta a gastar el dinero de todos sin mayor control ni asesoría especializada. Pero, ¿cuándo le ha importado a este gobierno la opinión de los expertos?