Recuento del año pasado (la última)

Tal como lo advertí, luego de presentarles los balances, a nivel local y nacional, desde nuestra óptica (más concretamente, desde El Búho), les muestro el último arqueo hecho por nuestro colega y amigo Wilfredo Ardito. 2007: Un año de crecimiento, desigualdad y autoritarismo
Enero: Liberación en Ayacucho, liberación en la playa
El viernes 12, una multitud aclama en la Plaza de Armas de Ayacucho a los ocho campesinos liberados después de varias semanas en prisión, acusados injustamente como terroristas por el Ministro de Defensa Allan Wagner. Un hábeas corpus de la Defensoría del Pueblo logra que la Corte Superior de Ayacucho disponga su excarcelación.

El domingo 28, centenares de mujeres vestidas como trabajadoras del hogar (y muchas verdaderas trabajadoras) se lanzan al mar durante la protesta lúdica Empleada Audaz, en un desafío simbólico a las normas y actitudes racistas existentes en el balneario de Asia. La apropiación ilegal de las playas también es cuestionada por los manifestantes.

Febrero: Condenas y Arte
En un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad son sentenciados los militares Collins Collantes y Luis Juárez por la desaparición de varios campesinos de Chuschi. En octubre también serán condenados los responsables del asesinato del periodista Hugo Bustios.

Sin embargo, también son condenados a 10 años de prisión Santos Quispe, alcalde de Parcoy (La Libertad), el dirigente rondero Renán García y el joven campesino Omer Castillo, acusados de haber secuestrado y torturado a un policía. Los tres niegan las acusaciones y sostienen que la empresa Minera Horizonte promovió esta condena, porque Quispe y García habían denunciado sus abusos hacia las comunidades de la zona. Castillo ni siquiera habría estado presente en el lugar de los hechos.

En Barranco, Aristóteles Picho presenta la obra de teatro Iluminados, sobre cómo se vive la intolerancia racial en una universidad privada. A lo largo del año, el racismo sería abordado precisamente por diversos espacios culturales universitarios, como el concurso de historietas convocado por la Universidad Científica del Sur y la impactante obra Alienación, presentada por Andanzas, el grupo de danza teatro de la Universidad Católica.

La Defensoría del Pueblo denuncia penalmente a cuatro docentes de un Instituto Pedagógico de Los Olivos por discriminar reiteradamente a una practicante discapacitada. El caso está a la espera de sentencia en la Corte Superior del Cono Norte de Lima. Según el artículo 323 del Código Penal, la pena para los profesores podría ser de hasta cuatro años de prisión.

Marzo: Temores de ambientalistas, realidad violenta
El abogado Javier Jahncke, de Fedepaz, cuyo compromiso con los campesinos piuranos ha generado el disgusto de la empresa minera Majaz, comienza a recibir amenazas de muerte. Durante el año, las instituciones ecologistas sufren frecuentes calumnias de parte de medios de comunicación como Correo, incrementándose los ataques conforme se acerca la consulta popular sobre Majaz.

En Jaén, dos sicarios asesinan al periodista Miguel Pérez Julca, atribuyéndose inicialmente a esta empresa minera Majaz, pero el difunto tenía muchos enemigos en la ciudad.

Otra muerte no aclarada ocurre en Huachocolpa (Huancavelica): el profesor Octavio Aquino es asesinado por una patrulla militar, aparentemente al ser confundido con un integrante de una columna senderista.

El 30 de marzo, es detenido en Estados Unidos Telmo Hurtado, responsable de la brutal masacre de Accomarca (1985), en la que muchos niños pequeños fueron asesinados. Hurtado será sentenciado a seis meses de prisión por falsificar información para seguir en los Estados Unidos y para el 2008 los sobrevivientes de la masacre esperan poder demandarlo en ese país.

Ese mismo día es proclamado Día Nacional de las Trabajadoras del Hogar, pero al no haberse modificado la legislación, estableciendo sanciones a los empleadores infractores o la posibilidad de comprobar los abusos que se cometen en los domicilios, se trata de un reconocimiento sin consecuencias concretas.

Abril: Nadie está a salvo de los excesos policiales
El Viernes Santo, es secuestrado el empresario Guillermo Li. Dos policías de la comisaría de Monterrico, disparan a quemarropa contra el vehículo de los secuestradores, matando al propio Li, a quien éstos obligaban a manejar. Días después en la carretera a Ilave, la policía realiza un operativo contra el contrabando y dispara contra el parabrisas de un camión que aparentemente no habría escuchado la voz de alto. Muere Imel Huayta, un niño de ocho años que viajaba con sus padres.

A mediados de mes, la policía mata a Marvin Gonzales, joven agricultor de Chimbote que protestaba contra el retiro del Proyecto Chinecas de la jurisdicción del gobierno regional. Días después, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispone la clausura de los canales de televisión y las emisoras que difundieron cómo Marvin era asesinado por la espalda.

El uso indiscriminado de la fuerza caracteriza la gestión del nuevo Ministro del Interior Luis Alva Castro, quien insiste en exigir a la policía “actuar sin contemplaciones” contra la delincuencia. Pese a existir tantas necesidades sociales, el gobierno destina más de seis millones de dólares a adquirir bombas lacrimógenas, pero la operación se detiene debido a la evidente sobrevaloración.

Mayo: Moldeando la opinión pública: los medios de comunicación
Los medios de comunicación peruanos ocultan totalmente las reflexiones de los obispos latinoamericanos en Aparecida (Brasil) respecto a la injusticia estructural, la discriminación racial o las consecuencias negativas de los Tratados de Libre Comercio, así como los aportes de los obispos peruanos sobre el medio ambiente. El documento final llega a las librerías peruanas en julio, sin obtener ninguna difusión periodística.

En un operativo policial sin precedentes son desalojados los ocupantes del Mercado de Santa Anita, y separados brutalmente de sus hijos, en respuesta a la campaña mediática que los acusaba de pretender emplearlos como “escudos humanos”. Después de mucha tensión, los niños pueden reunirse con sus padres y todos pasan varios días durmiendo a la intemperie. Algunos limeños sensibles deciden ayudar a los perros que siguen en el mercado. Al finalizar el año, el mercado en disputa permanece abandonado y parece que el gran operativo buscaba sólo dar una imagen a la sociedad de respeto por el Estado de Derecho.

Numerosos transeúntes, vendedores ambulantes, estudiantes y activistas participan en San Isidro el operativo Cuerazos Peruanos contra la publicidad de las tiendas Saga Falabella y Ripley, a quienes la Mesa contra el Racismo ha otorgado el antipremio “Al Más Discriminador”. Por la tarde se repite la acción ante uno de los Saga Falabella de Chiclayo.

Entretanto, en Piura se soluciona un caso de discriminación: la cadete Shirley Juárez, a quien se obligó a retirarse de las Fuerzas Armadas por encontrarse embarazada, regresa por disposición de la Corte Superior.

Junio: La globalización ayuda a los derechos laborales
Varios campesinos de Totorococha (Cajamarca) que trabajaban para un service de Minera Yanacocha, son detenidos y golpeados por la policía. En Marcona, son también detenidos Rony Cueto y otros dirigentes sindicales por presiones de la empresa china Shougang. Sin embargo, el conflicto laboral minero más dramático es el generado por la empresa Casapalca, que despide a setecientos trabajadores. Fracasadas las gestiones ante el Ministerio de Trabajo, los mineros bloquean la Carretera Central. En su afán por liberar la pista, la Policía Nacional mata a los obreros Oscar Fernández y Julio Raymundo. Una piedra arrojada por los mineros mata al oficial Carlos Mariluz. Mueren también un niño y un paciente afectados por el bloqueo. Se logra la reposición de los trabajadores, pero persisten las irregularidades en la empresa. En octubre, la resistencia de Casapalca a una auditoría ambiental origina su expulsión de la Sociedad de Energía y Petróleo, una medida sin precedentes.

A fin de mes, las empresas textiles Gap e Inditex advierten a su proveedora peruana Topy Top que no comprarán más sus productos si no repone a 93 trabajadores despedidos por formar un sindicato. Topy Top (ahora llamada Topytop) debe aceptar. Las exigencias del Partido Demócrata para aprobar el TLC llevan a que las empresas agroexportadoras Agrokasa, Damper y Camposol acepten por fin la existencia de sindicatos. El mes pasado, ésta última habría empleado a la policía para irrumpir en las viviendas de los trabajadores y golpearlos.

La creciente intolerancia del régimen también llega al mundo de la cultura, cuando la exposición del artista Piero Quijano en la Casa Museo José Carlos Mariátegui´sufre la censura de las Fuerzas Armadas y del propio Instituto Nacional de Cultura

Julio: Protesta social y respuesta represiva
Un contundente paro es acatado los días 11 y 12 por los habitantes de la sierra y la selva, aquellos lugares donde no se perciben mayores beneficios de las cifras del crecimento económico. En Satipo, un comerciante mata a un integrante de una turba que atacaba los locales abiertos al público.

En Lima decenas de maestros son detenidos y denunciados penalmente: desde el Ministerio del Interior, se sostiene actualmente que las manifestaciones deben ser autorizadas. En los siguientes meses, profesores universitarios o manifestantes antitaurinos serán detenidos (y golpeados) por carecer de dicha autorización.

Durante las protestas, la policía mata al campesino Julián Altamirano en Andahyaylas y al profesor Sergio Alanoca en Puno, quien se convierte en la última persona en morir a manos de la policía en lo que va del año. Días antes ha fallecido en Lima la profesora Herminia Herrera. Los integrantes del SUTEP sostienen que falleció debido a la violencia policial, pero la policía insiste en que se trató de un accidente.

Como respuesta al extendido descontento social, el 22 de julio, el gobierno promulga once Decretos Legislativos que disponen hasta 25 años de prisión para quienes bloqueen carreteras y la inimputabilidad de policías y militares que maten civiles. Se distorsiona la noción de flagrancia para facilitar detenciones y se dispone que quienes participen en protestas públicas puedan ser detenidos hasta siete días sin pasar al juez. Otras medidas incrementan el rol de la policía en desmedro del Ministerio Público.

A comienzos de mes, por primera vez, un local racista, el Café del Mar, es sancionado con clausura. Otros locales de Miraflores como Mamá Batata han recibido sendas multas este año, pero un nuevo incidente discriminatorio en La Sede de Miraflores demuestra que estos hechos siguen produciéndose.

La Municipalidad de Lima comienza a cobrar por ingresar al Parque de la Reserva, donde ha instalado costosas fuentes. Las obras millonarias se suceden en el Cono Norte, la avenida Venezuela y un gigantesco foso frente al Palacio de Justicia para instalar un paradero de ómnibus. La ciudadanía reacciona pasivamente frente a los dispendios municipales y sólo expresa su incomodidad meses más tarde por la improvisación que presentan las revisiones técnicas.

Agosto: La tierra tiembla en un país desigual
Mientras los éxitos de la Selección Sub17 incrementan la autoestima de los peruanos, ninguno de los jóvenes futbolistas encaja en los rasgos físicos que la publicidad nacional asocia con éxito y capacidad. Precisamente la mayor sensibilidad hacia el racismo en la publicidad se evidencia este mes con las numerosas críticas hacia el afiche del Festival de Cine de la Universidad Católica.

Un terremoto destruye gran parte de Pisco, Ica, Chincha, Cañete y Yauyos. La lentitud del gobierno para actuar genera que muchas víctimas no sean rescatadas con vida. Una cantidad de donaciones sin precedentes llega del Perú y el extranjero sin que esté claro cuál es su destino, en medio de la desesperación de los damnificados.

El gobierno nombra al empresario fujimorista Julio Favre para dirigir el Forsur, un organismo con más interés en lograr ventajas para los empresarios agroexportadores que ayudar a las víctimas del sismo. Cuatro meses después, sólo el esfuerzo de agrupaciones religiosas, ONGs y otros grupos privados ha logrado paliar el abandono.

En los meses anteriores, el apoyo a las víctimas del intenso frío en la sierra había sido también tan improvisado, que un ex Ministro de Salud considera que se trata de una política encubierta de “control de la natalidad”.

Septiembre: Majaz: se expresa la población y también el gobierno
La mayoría de participantes en la consulta vecinal convocada por las municipalidades de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaypampa, opta por el desarrollo agrícola, frente a la cuestionada empresa minera Majaz. A pesar de este rechazo, el gobierno ha celebrado un convenio de estabilidad jurídica con Majaz y, desconociendo la consulta, pretende que el proyecto sea considerado prioritario. La propuesta, que los propios empresarios mineros consideran inoportuna, es rechazada por el Congreso.

Alan García aprovecha la oportunidad para arremeter contra el Vaticano, porque la emisora católica piurana Radio Cutivalú, no ha transmitido un aviso sin remitente y con información falsa sobre la consulta vecinal, que provenía del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, la libertad de expresión sufre un golpe más efectivo en Pisco: un grupo de soldados clausura violentamente la única emisora radial que criticaba los maltratos que sufren los damnificados del terremoto.

La extradición de Alberto Fujimori representa un avance sin precedentes en la lucha contra la impunidad. Dos días después de su llegada, un grupo de desconocidos atenta contra el monumento El Ojo que Llora, ubicado en el Campo de Marte, generando una reacción de solidaridad en favor de las víctimas de la violencia.

Octubre: La ideología se hace pública
En otra medida autoritaria, 28 millones de personas son obligadas a permanecer recluidas durante diez horas. Ancianos y enfermos se encuentran entre las principales víctimas de un censo nacional lleno de improvisaciones.

Hablando de reclusión, es reabierto el penal de Challapalca (Tacna), cuyas condiciones infrahumanas afectan a los propios vigilantes. Había sido clausurado debido a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El gobierno hace méritos para que la Comisión siga ocupándose del Perú: se realiza una sesión especial para debatir sobre los Decretos Legislativos promulgados el 22 de julio, mientras en Lima comienza una campaña para pedir su inconstitucionalidad.

El Presidente Alan García publica su artículo “El Perro del Hortelano”, responsabilizando a los campesinos y nativos amazónicos por el atraso del país. García plantea que sus tierras pasen a empresarios privados en abierta violación al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas que el propio gobierno ha impulsado.

En los últimos meses, se ha otorgado en concesión vastas áreas de la Amazonía a empresas petroleras, sin consultar a sus habitantes. Afortunadamente, el rechazo de la población logra que el gobierno retroceda en recortar la zona reservada de Candamo. Sin embargo, insiste a través de un proyecto de ley en proponer que exista actividad minera en zonas agrícolas y urbanas.

Noviembre: Nuevas muertes en el sur del país
Decenas de estudiantes que realizaban el anhelado viaje de promoción a Macchu Pichu fallecen en sucesivos accidentes de carretera generados por la irresponsabilidad de las empresas de transporte, la falta de señalización y la ausencia de control por parte del Ministerio de Transportes en la zona sur del país. Al finalizar el año, por primera vez empresas como CIAL, Molina y Enlaces, responsables de numerosos accidentes, serán suspendidas provisionalmente.

Cuatro policías son asesinados en Tayacaja (Huancavelica), aparentemente por narcoterroristas, que durante el año matan a otros siete policías en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. El último crimen ocurrirá en pleno 24 de diciembre a pocos kilómetros de Huanta. Salvo las familias de las víctimas, el resto de la sociedad no parece muy preocupada por ello.

Crece el conflicto de Moquegua con sus tres vecinos (Arequipa, Puno y Tacna), en otro capítulo de los interminables conflictos de límites entre distritos, provincias y departamentos.

Las expresiones ofensivas del empresario y funcionario público José Chlimper hacia los estibadores en huelga le generan una prolongada ovación por parte de los asistentes al CADE en Trujillo, que precisamente abordaba la problemática de la exclusión. Los empresarios otorgan el 97% de respaldo a Alan García, quien ha presentado su solicitud para ser socio del Club Regatas Lima, avalado por Hernán Garrido Lecca, entonces Ministro de Vivienda y luego Ministro de Salud.

Diciembre: Se juzga un horror, pero otros horrores se mantienen
Fujimori recibe una primera sentencia a seis años de prisión por allanamiento de domicilio, mientras comienza a ser juzgado por las masacres de Barrios Altos y Cantuta.

Pese al incremento de las inspecciones laborales, ocho obreros se suman a la larga lista de víctimas accidentes laborales al morir sepultados en un derrumbe en La Victoria. El propietario del inmueble se entrega a la policía después de dos semanas. El dueño de la empresa constructora sigue prófugo. La obra no tenía ninguna licencia y ninguna medida de seguridad. Sin embargo, una nueva norma reduce los controles municipales respecto a las construcciones, pese que la informalidad fue la causa de la mayoría de muertes en el sismo de agosto.

El nombramiento de Antero Flores Araoz como Ministro de Defensa genera serios temores por sus antecedentes conservadores y sus expresiones racistas, lo cual coincide con la nueva norma que autoriza el uso letal de la fuerza por los militares aún sin declaratoria de Estado de Emergencia. El caso de Flores Araoz recibe un análisis especial en el libro de Jorge Bruce “Nos habíamos choleado tanto. Psicoanálisis y Racismo”, publicado dos días antes del nombramiento ministerial.

Miles de personas atiborran las nuevas tiendas Plaza Vea de Arequipa, Trujillo y Chiclayo para sus compras navideñas. El grupo Wong adquiere los supermercados Merpisa de Trujillo y El Centro de Chiclayo. A su vez, es adquirido por una empresa chilena, generando hondo descontento entre sus clientes que califican lo ocurrido de traición al Perú. La mayoría de peruanos, sin embargo, jamás habían entrado a uno de sus supermercados.

Interbank y La Tiendecita Blanca señalan que no volverán a incluir requisitos alusivos a “excelente presencia” en sus ofertas de empleo.