Nueva Ley Universitaria

Contra todo pronóstico, veo que el humalismo ha decidido poner en agenda el delicado tema de la universidad peruana. Es cierto que desde hace muchísimo tiempo que  nuestro sistema  universitario necesita de un nuevo marco que ayude a convertirla en verdaderos centros de investigación, ciencia y cultura y no en lo que son ahora la gran mayoría: empresas tipográficas de “títulos profesionales” que se reparten o venden sin ningún sustento académico y mucho menos científico.

Profesional y laboralmente estoy estrechamente ligado al mundo universitario. Es más, siendo autoridad universitaria he visitado y conocido a casi todas, lo cual me ha permitido saber de cerca su calamitosa realidad. Reformar a la universidad, por tanto, es una necesidad urgente pero difícil de acometer, mucho más cuando sabemos que desde la llamada izquierda, las universidades son su principal fuente de sobrevivencia; y desde la derecha, su nueva fuente de enriquecimiento. Es decir, reformar a la universidad en el Perú, no es sólo una cuestión académica y científica, sino también política y económica donde se juegan muchos intereses particulares y/o partidarios.

A pesar de todo, y contra todo pronóstico como lo digo arriba, hay en ciernes una nueva ley universitaria de la cual acaba de resaltar una llamada Superintendencia Nacional de la Universidades Peruanas, que estará bajo el control de Ministerio de Educación. Allí han empezado los problemas, pues el gremio docente universitario ya está en pie de guerra, a la que se ha sumado, también, los dueños de las universidades privadas que también han salido a protestar  por una supuesta violación de su autonomía.

Pero detrás de este nuevo órgano de gobierno, hay mucho más, pues entre las reformas que contempla la nueva ley están las elecciones universales y únicas de todas las autoridades universitarias; la acreditación obligatoria si es que no quieren desaparecer como escuelas profesionales; la certificación del idioma inglés para el ingreso a los estudios superiores; la creación del vicerectorado de investigación; la inclusión de los idiomas nativos para la obtención de maestrías o doctorados; la prohibición de propaganda o militancia terrorista; la obligatoriedad de publicar virtualmente las tesis; el control adecuado de los presupuestos, principalmente del canon, etc.

De todo eso, poco o nada se discute. Los opositores han agitado como única bandera el tema de una mal entendida “autonomía”; es decir, que no se les controle nada. Creo que esa antojadiza definición es una de las causas del descalabro universitario. Creo en la “autonomía”, pero desde el sentido que una auténtica reforma universitaria se producirá sólo cuando la iniciativa nazca del interior de las universidades; es decir, cuando las autoridades, profesores, alumnos y administrativos sean los promotores de ese cambio. Y es allí donde veo el más serio problema de este intento del gobierno, pues ni siquiera veo la motivación en los estamentos universitarios para que la cosa cambie; por tanto, la propuesta del gobierno será vista como una imposición dictatorial, lo cual deslegitimará la ley.

Ojalá el gobierno tenga la inteligencia para sortear estos problemas para que esta necesaria reforma no se paralice. Sería bueno, por ejemplo, que salga a decir cuáles fueron los acuerdos que tuvieron con las diferentes autoridades y gremios universitarios, en las decenas de reuniones de trabajo que han hecho para concluir que, por ejemplo, exista esta Superintendencia que ahora las autoridades y gremios rechazan. Ojalá que desde el interior de las universidades nazca, por lo menos, la intención de reformarlas. Creo que desde las autoridades, eso es imposible, igual desde el gremio docente y administrativo. Solo queda confiar en los estudiantes, pero ojalá que su apatía y cultura alpinchista no los gane.